Etiqueta: Narcotráfico

  • EEUU critica lujosa narcoquinceañera organizada por alcaldesa guatemalteca

    EEUU critica lujosa narcoquinceañera organizada por alcaldesa guatemalteca

    La Embajada de Estados Unidos en Guatemala exigió el viernes «tolerancia cero» contra el narcotráfico y cuestionó a la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, por organizar una lujosa fiesta de quince años para su hija, denominada por la representación diplomática como una «narcoquinceañera», que generó polémica en el país centroamericano.

    La sede diplomática estadounidense criticó públicamente la celebración y recordó los antecedentes judiciales de familiares de la funcionaria municipal, al considerar que los guatemaltecos merecen autoridades honestas y condiciones de seguridad que garanticen su tranquilidad.

    «Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una ‘narcoquinceañera’ de lujo valorada en millones», expresó la embajada a través de sus canales oficiales de comunicación.

    La representación estadounidense también señaló los vínculos familiares de Ovalle con personas relacionadas con el narcotráfico, entre ellas su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como «el Gordo», y su cuñado, Haroldo Waldemar Lorenzana Terrazas, alias «Haroldito», quien permanece prófugo de la justicia estadounidense.

    «El esposo de la alcaldesa fue condenado en EEUU por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, ‘Haroldito’, es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala. Nuestra tolerancia: Cero. Punto», manifestó la embajada.

    La fiesta se celebró el pasado 24 de octubre en un hotel del departamento de Chiquimula, ubicado aproximadamente a 170 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala. El festejo provocó indignación en redes sociales por sus elementos de lujo, entre ellos vestidos de diseñador, una limusina Hummer y carrozas tiradas por caballos.

    El esposo de la alcaldesa, quien anteriormente fue concejal de Zacapa, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023. Posteriormente, se declaró culpable de traficar 450 kilogramos de cocaína procedentes de Suramérica y recibió una condena de 90 meses de prisión en octubre de ese mismo año, aunque recuperó su libertad en 2024. Mientras tanto, su cuñado, Haroldo Lorenzana, continúa prófugo y es señalado por las autoridades estadounidenses como líder de una organización familiar dedicada al narcotráfico.

    La embajada advirtió que las personas vinculadas al narcotráfico no deben ocupar espacios de poder público ni influir en los procesos democráticos guatemaltecos, especialmente ante las elecciones generales previstas para 2027.

    «De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!», concluyó la representación diplomática.

    Guatemala es considerada un punto estratégico para el tránsito de drogas producidas en Suramérica con destino a Estados Unidos, debido a su ubicación geográfica.

     

  • Alarma en Costa Rica hallazgo de armas impresas en 3D durante operativo antidrogas

    Alarma en Costa Rica hallazgo de armas impresas en 3D durante operativo antidrogas

    Las autoridades de Costa Rica alertaron el jueves sobre una nueva amenaza para la seguridad del país, luego de descubrir por primera vez cuatro armas de fuego con componentes fabricados mediante impresión 3D durante un operativo contra el narcotráfico, en el que también fueron decomisados 357 kilos de cocaína y detenidos dos ciudadanos costarricenses.

    El hallazgo ocurrió el miércoles durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) en una lujosa vivienda ubicada en Uvita de Osa, en la provincia de Puntarenas, sobre la costa del Pacífico. Los dos detenidos se encontraban custodiando la propiedad donde fueron localizadas las armas y el cargamento de droga.

    El viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, advirtió que el uso de esta tecnología representa un nuevo desafío para las autoridades, debido a las dificultades que plantea para identificar la procedencia del armamento.

    “Estas armas vienen a evadir toda la trazabilidad regional e internacional, todos los controles los evade. Esto quiere decir que las bandas criminales se están modernizando”, declaró el funcionario.

    El Ministerio de Seguridad explicó que las piezas elaboradas mediante impresión 3D pueden combinarse con componentes de armas convencionales, lo que permite fabricar dispositivos con una capacidad de fuego y letalidad similares. Esta modalidad también dificulta los controles aduaneros y los mecanismos tradicionales para rastrear el origen de las armas utilizadas por organizaciones criminales.

    Narcotráfico y homicidios preocupan a Costa Rica

    El descubrimiento ocurre en medio de un aumento de la violencia vinculada con el narcotráfico en Costa Rica, país que durante los últimos años registró alrededor de 900 homicidios anuales. Según las autoridades, aproximadamente el 70 % de estos crímenes están relacionados con el tráfico de drogas y la mayoría se comete utilizando armas de fuego.

    Las fuerzas de seguridad costarricenses desarticularon diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas el denominado ‘Cártel del Caribe’, identificado como la primera estructura de este tipo en el país y vinculado con organizaciones criminales de México y Colombia.

    Las autoridades judiciales reconocen que la ubicación geográfica de Costa Rica favorece su utilización como punto de tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Suramérica hacia Norteamérica y Europa.

    Las estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) indican que, hasta agosto de 2026, las autoridades habían decomisado 40.6 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 49.5 % frente al mismo período del año anterior. Durante 2025, los decomisos alcanzaron las 46.5 toneladas, la segunda cantidad más alta registrada en el país, únicamente superada por las 47.1 toneladas incautadas en 2020.

    Ante el avance de las organizaciones criminales, Costa Rica fortaleció en los últimos años su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. En marzo pasado, el país se incorporó a la iniciativa regional ‘Escudo de las Américas’, promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca combatir a los carteles de la droga en el continente.

     

  • Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de ingreso al país contra 61 ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

    El Departamento de Estado informó que las restricciones de visados afectan a 21 personas de Colombia, a quienes vincula con actividades que perjudican el funcionamiento de las instituciones democráticas.

    La institución estadounidense señaló que los sancionados «mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».

    Entre los colombianos incluidos en la medida se encuentran el expresidente de la empresa petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien permanece detenida en Colombia por su vinculación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

    Las restricciones también alcanzan a los exsenadores colombianos Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Estas personas forman parte del grupo de 21 ciudadanos a quienes las autoridades estadounidenses decidieron limitar el acceso a su territorio.

    Estados Unidos también restringe visados a 40 bolivianos

    El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, extendió las restricciones migratorias a otras 40 personas de Bolivia, entre ellas antiguos integrantes del Ministerio Público y funcionarios del sistema judicial, como parte de la misma campaña contra la corrupción y el tráfico de drogas.

    En la lista de ciudadanos bolivianos aparecen los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, quien está al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz, según la información divulgada sobre las nuevas restricciones.

    La medida también comprende al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; al juez Julio Alba y al director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz. A ellos se suman los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, quienes también figuran entre las personas afectadas por la decisión estadounidense.

    Entre los funcionarios de seguridad y migración incluidos se encuentran el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.

    Las restricciones forman parte de las acciones de Washington contra personas a las que relaciona con corrupción y narcotráfico en la región.

     

  • Entre cemento y uniformes naranja, la megacárcel de Costa Rica espera por 5,100 presos

    Entre cemento y uniformes naranja, la megacárcel de Costa Rica espera por 5,100 presos

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que albergará hasta 5,100 reclusos vinculados con el narcotráfico y otras organizaciones criminales.

    El complejo penitenciario, ubicado en la provincia de Alajuela, en el centro del país, representó una inversión gubernamental cercana a $35 millones. Las instalaciones están divididas en cinco módulos, cada uno con capacidad para poco más de 1,000 internos. Durante la inauguración fueron habilitados los primeros dos pabellones, que comenzarán a recibir privados de libertad a finales de octubre.

    Las autoridades costarricenses prevén que los cinco módulos estén funcionando a su máxima capacidad en diciembre próximo. El diseño del establecimiento contempla estrictas condiciones de vigilancia y espacios destinados a mantener bajo custodia a los presos considerados de mayor peligrosidad.

    Celdas de cemento y camas metálicas

    Las instalaciones se caracterizan por sus paredes y pabellones de cemento gris, camas metálicas con colchones de espuma delgada y uniformes de color naranja para los reclusos. Cada módulo cuenta con varias celdas diseñadas para alojar aproximadamente a 60 personas, además de techos elevados y pasillos superiores desde donde los agentes penitenciarios podrán vigilar a los internos.

    Dentro de las celdas se encuentran las duchas y los servicios sanitarios, sin puertas ni espacios de privacidad. En la parte posterior existe una pequeña área de patio, rodeada por paredes y un techo que permite el ingreso de luz solar y parte del calor característico de Alajuela. El complejo también dispone de espacios para visitas conyugales y encuentros convencionales, estos últimos separados por cristales.

    Durante el acto inaugural, Fernández aseguró que la construcción del centro representa un cambio en la política de seguridad penitenciaria de Costa Rica y destacó la influencia del modelo salvadoreño. «Estoy segura que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria», expresó Fernández en el acto de inauguración.

    Fotografía que muestra un uniforme de reo en el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), en Alajuela. EFE

    Narcotráfico impulsa preocupación por homicidios

    El CACCO está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida en El Salvador para recluir a integrantes de pandillas como parte de la estrategia de seguridad impulsada por Bukele. Fernández, quien considera al mandatario salvadoreño un referente en esta materia, tiene previsto reunirse con él el próximo viernes durante una visita a El Salvador.

    La inauguración ocurre en medio de la preocupación por el incremento de la violencia homicida en Costa Rica durante la última década. Según cifras oficiales, el país contabilizó 873 homicidios en 2025, la tercera cantidad más alta de su historia, con una tasa de 16.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

    En 2024 registró 876 homicidios, mientras que en 2023 alcanzó el récord de 905. Las autoridades atribuyen el 70 % de estos crímenes al narcotráfico, considerado el principal problema de seguridad del país. Fernández afirmó que el nuevo establecimiento recibirá a los delincuentes más peligrosos y aseguró que su funcionamiento respetará los derechos humanos.

     

  • Costa Rica inaugura megacárcel inspirada en modelo salvadoreño

    Costa Rica inaugura megacárcel inspirada en modelo salvadoreño

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con la que el Gobierno pretende enfrentar el avance del narcotráfico y las organizaciones criminales en el país centroamericano.

    La nueva prisión, cuya construcción representó una inversión aproximada de $35 millones, tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Los reclusos permanecerán bajo estrictas medidas de seguridad y deberán utilizar uniformes de color naranja.

    El complejo está ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

    El proyecto comenzó a construirse en enero de este año, durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, quien participó junto a Nayib Bukele en el acto oficial que marcó el inicio de las obras.

    Chaves ocupa actualmente los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda en el Gobierno de Fernández, quien mantiene la estrategia de endurecimiento de las medidas penitenciarias impulsada por su antecesor.

    Durante la inauguración, la mandataria defendió la implementación de un régimen penitenciario más estricto, aunque aseguró que las autoridades mantendrán el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad.

    «El Cacco es un modelo nuevo, un modelo de mano dura, Costa Rica será un referente mundial de la seguridad penitenciaria, vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales que deben mantener las personas que van a vivir aquí», destacó Fernández en la inauguración.

    ¿Por qué Costa Rica construyó una megacárcel?

    La construcción del Cacco responde al incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, un país históricamente reconocido por sus niveles de estabilidad y seguridad.

    Durante los últimos años, las autoridades registraron alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales atribuyen un 70 % a actividades vinculadas con organizaciones criminales y el tráfico de drogas. Las investigaciones también permitieron desarticular estructuras con conexiones con carteles mexicanos y colombianos.

    La posición geográfica de Costa Rica convirtió al país en un punto estratégico para el tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, según las autoridades judiciales. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor incautación de su historia, únicamente superada por las 47.1 toneladas registradas en 2020.

    Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el pasado 16 de septiembre a Costa Rica entre los 23 países señalados en la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 sobre las principales rutas de tránsito de drogas ilícitas.

    Como parte de las acciones contra el narcotráfico, el Congreso costarricense aprobó en mayo de 2025 una reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos nacionales. Entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos figuran Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, conocido como Pecho de Rata, y Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, colombiano naturalizado costarricense.

    El Gobierno pretende recluir en el Cacco a delincuentes de perfiles similares, incluidos integrantes de organizaciones dedicadas a la distribución de drogas, operaciones logísticas y sicariato.

    Gobierno endurece restricciones en las cárceles

    La administración de Fernández también implementó nuevas disposiciones para limitar «privilegios» dentro del sistema penitenciario. Entre las medidas destacan la reducción de visitas conyugales, restricciones a los recipientes de alimentos y prendas de vestir entregados por familiares, el retiro de enchufes y cables eléctricos de las celdas y el cierre de establecimientos comerciales dentro de las prisiones. Paralelamente, las autoridades desarrollaron programas para que los reclusos participen en labores de limpieza de maleza en carreteras.

    La presidenta también solicitó este miércoles al Congreso avanzar en la aprobación de un paquete de reformas de seguridad, entre ellas una iniciativa para permitir que los privados de libertad trabajen de manera remunerada en empresas.

    Según la propuesta, los ingresos obtenidos se destinarían a financiar su manutención, contribuir al sostenimiento de sus familias, reparar a las víctimas y constituir un ahorro personal, como parte de la política gubernamental para combatir la criminalidad.

     

  • Los conciertos musicales, en la mira de las autoridades de Costa Rica por lavado de dinero

    Los conciertos musicales, en la mira de las autoridades de Costa Rica por lavado de dinero

    Las autoridades de Costa Rica capturaron este miércoles a dos productores de conciertos y eventos masivos, sospechosos de lavar dinero procedente de una organización dedicada al narcotráfico, durante un operativo que dejó 22 detenidos y el mismo número de allanamientos en el país centroamericano.

    El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, identificó a los productores como Benavides Barboza y un hombre de apellido Stockwell, quienes presuntamente recibieron al menos $859,000 de una estructura criminal dirigida por un sujeto de apellido Vargas, conocido con el alias de ‘Sobrino’, detenido desde enero de 2025.

    Las investigaciones apuntan a que los fondos fueron entregados en efectivo para financiar tres conciertos o eventos masivos realizados entre 2024 y 2025, aunque las autoridades todavía investigan si hubo otros espectáculos involucrados.

    La operación policial incluyó 22 allanamientos y la captura de igual número de personas señaladas de pertenecer o colaborar con la organización criminal. Las autoridades también buscan incautar bienes valorados en unos 700 millones de colones, equivalentes a $1.5 millones.

    Entre los investigados figuran personas relacionadas con la comercialización de oro fundido hacia Estados Unidos, inversiones inmobiliarias, actividades ganaderas, lotería clandestina, extorsiones y préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’.

    Soto evitó identificar los conciertos que presuntamente recibieron financiamiento de la estructura criminal, debido a que, según explicó, los artistas que participaron en esos espectáculos no tienen ninguna relación con las actividades ilícitas investigadas. El funcionario señaló que las pesquisas continúan para determinar si los productores utilizaron otros eventos para introducir recursos del narcotráfico en actividades comerciales.

    El operativo también provocó una controversia política que involucró a la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien el pasado 28 de marzo, cuando todavía era presidenta electa, asistió a un concierto organizado por la promotora de Benavides Barboza.

    Fotografías y videos difundidos durante aquella jornada mostraron a la mandataria compartiendo algunos momentos con el empresario. Fernández reconoció este miércoles que, «después de la foto», hubiera preferido no asistir al espectáculo, pero sostuvo que desconocía cualquier posible vínculo del productor con actividades ilegales.

    «Llegó el promotor, saludé al cantante, bailé, canté, me dieron una plaquita y esa es la historia», comentó la presidenta al referirse a su participación en el evento. La mandataria insistió en que no existía manera de conocer previamente las presuntas actividades ilícitas del organizador, cuya detención forma parte de las investigaciones contra la red de narcotráfico.

    Por su parte, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, destacó que el operativo representa un golpe contra las finanzas de la organización, que presuntamente mantenía sus operaciones pese a que su principal dirigente permanece encarcelado desde enero de 2025.

    «Es fundamental, le quitamos el músculo a esta organización. Aunque los líderes están detenidos, seguían manejando desde las cárceles», dijo el funcionario al explicar la importancia de las capturas y las acciones contra el patrimonio de los sospechosos.

    La investigación ocurre en medio del deterioro de la seguridad en Costa Rica, donde el narcotráfico se convirtió en uno de los principales problemas para las autoridades durante los últimos años.

    El país centroamericano, reconocido por su tradición democrática y por carecer de ejército desde 1948, registró recientemente sus niveles más elevados de homicidios, atribuidos en su mayoría a enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales que disputan el control de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

     

  • Bolivia acusa a fiscal general de liderar organización criminal de protección a los narcos

    Bolivia acusa a fiscal general de liderar organización criminal de protección a los narcos

    El Gobierno de Bolivia acusó este jueves al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de supuestamente encabezar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público destinada a proteger al “narcoterrorismo” en el país, luego de que fuera detenido la víspera en la región oriental de Santa Cruz.

    El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró en una rueda de prensa en La Paz que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves “se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración” del Ministerio Público y que estaba supuestamente “encabezada por Roger Mariaca”.

    Oviedo, acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales, afirmó que esta “organización criminal” estaba “destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

    Las autoridades reportaron la detención de 14 personas en diferentes operaciones, entre ellas cuatro funcionarios de nivel jerárquico de la Fiscalía General y de las fiscalías de Santa Cruz y La Paz.

    El Gobierno acusa a Mariaca de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

    Oviedo sostuvo que el fiscal general fue detenido “porque el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente” y afirmó que “era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas”.

    El ministro mencionó como parte de sus señalamientos el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde permanece detenido. Según Oviedo, Marset había sido detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero fue liberado rápidamente.

    “Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, agregó.

    Entre los otros detenidos figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; un fiscal superior; un mayor de la Policía; cuatro personas interceptadas en el condominio donde residía Mariaca con “ingentes cantidades de dinero”, y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar retirar documentación de la vivienda del fiscal general.

    Oviedo negó que el exministro de Gobierno y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, hubiera sido detenido, aunque confirmó que “se lo está buscando”. Según medios locales, los fiscales arrestados en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en instalaciones de la fuerza antidrogas en la ciudad vecina de El Alto.

    Las detenciones se produjeron después de que el Gobierno de Estados Unidos informara el lunes que decidió revocar las visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

    Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, en la que aparecen Mariaca y Zeballos.

    Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión estadounidense con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público. Entre ellas figuran procesos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros señalamientos, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

     

  • Colombia y Costa Rica acuerdan reforzar lucha contra narcotráfico

    Colombia y Costa Rica acuerdan reforzar lucha contra narcotráfico

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, acordaron este martes fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, durante su primera reunión bilateral celebrada en Barranquilla, Colombia.

    «Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones», expresó la presidenta costarricense.

    Fernández aclaró que la cooperación no implica que «Costa Rica vaya a recibir a la basura» que De la Espriella «está limpiando de su patria», sino reforzar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y evitar que las organizaciones criminales extiendan sus operaciones hacia territorio costarricense.

    «Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral. He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (…) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria», añadió Fernández.

    La agenda del encuentro incluyó mecanismos para fortalecer el intercambio de información y la coordinación de las instituciones de seguridad de ambos países.

    De la Espriella señaló, por su parte, que Colombia y Costa Rica trabajan en una estrategia conjunta de seguridad regional vinculada al denominado Escudo de las Américas.

    «Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y otros países para fortalecer el Escudo de las Américas», afirmó.

    El mandatario colombiano destacó la importancia de la coordinación internacional para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

    En opinión de De la Espriella, «esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia» bajo el liderazgo de Fernández.

    La reunión se desarrolló en la sede presidencial de Barranquilla, ciudad a la que Fernández llegó este martes acompañada por funcionarios de seguridad, justicia, inteligencia y comunicación de su Gobierno. La Cancillería colombiana confirmó que se trató del primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios.

    El encuentro forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por ampliar la cooperación regional en seguridad. Las autoridades habían adelantado que la agenda estaría centrada en el combate al narcotráfico, el intercambio de información y las acciones contra estructuras criminales que operan en distintos países de la región.

     

  • Cárteles mexicanos reducen violencia visible ante mayor presión

    Cárteles mexicanos reducen violencia visible ante mayor presión

    El mapa criminal de México atraviesa una transformación dos años después de que la fractura del Cártel de Sinaloa desencadenara una disputa entre Los Chapitos y La Mayiza. Los operativos de las autoridades, el fortalecimiento de organizaciones rivales y la presión de Estados Unidos empujaron a los grupos criminales a ejercer una violencia menos visible, aunque varios estados continúan registrando altos niveles de homicidios.

    La reconfiguración presenta un contraste: mientras la disputa interna convirtió a Sinaloa en uno de los principales focos de violencia desde septiembre de 2024, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en todo México disminuyó un 53 %, al pasar de 86.9 a 40.8 entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, según cifras del Gabinete de Seguridad.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la reducción como uno de los principales resultados de sus dos años de Gobierno.

    «Si medimos de septiembre de 2024, llegamos al primero de octubre de 2024, agosto de 2026 la reducción es del 53%. (Son) 46 homicidios menos cada día», remarcó la mandataria.

    La oposición, sin embargo, cuestionó las estadísticas y el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, acusó al Gobierno de que «cambia a los muertos de casilla».

    Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte y especialista en seguridad, explicó que la disminución responde a diferentes factores, entre ellos las acciones gubernamentales, cambios en el registro de las muertes violentas y la reorganización de las estructuras criminales.

    “Cuando se va consolidando un monopolio criminal ya no tenemos ese factor de competencia que hace que por naturaleza se reduzcan los homicidios”, explica a EFE.

    La presión de Estados Unidos también aumentó ante las exigencias de mayores resultados contra el narcotráfico y, especialmente, el tráfico de fentanilo.

    «Antes los carteles creían que cruzando fronteras se protegían y lavando recursos se protegían. Pero hoy les decimos que no, no más”, declaró el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien destacó la cooperación entre los gobiernos de Sheinbaum y del presidente estadounidense Donald Trump.

    Las capturas, decomisos y operaciones contra organizaciones criminales también modificaron su comportamiento. Sumano señaló que estos grupos buscan “tratar de mantener un perfil bajo, de no ofrecer una violencia tan visible para precisamente no llamar la atención”.

    Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, las autoridades reportaron 67,253 detenciones por delitos de alto impacto, el decomiso de 34,353 armas de fuego y 534 toneladas de drogas en operaciones terrestres, además de la inhabilitación de 2,771 laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas.

    Pese a la reducción nacional, la violencia permanece concentrada en determinados territorios. Entre enero y agosto de 2026, siete estados acumularon el 49.3 % de los homicidios dolosos: Guanajuato representó el 8.5 %; Baja California, el 8.4 %; Chihuahua, el 8 %; Sinaloa, el 7.5 %; Estado de México, el 6.1 %; Guerrero, el 5.6 %; y Morelos, el 5.3 %.

    Sumano consideró que una reducción sostenible de la violencia requiere enfrentar también las relaciones de protección y tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales.

    “Más que un tema de capacidades, es un tema de corrupción, y ahí es en donde hay que atender”, concluye Sumano.

     

  • Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este miércoles que el narcotráfico logró infiltrarse en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales del país, por lo que anunció una rotación de agentes para evitar su arraigo en determinadas comunidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

    «Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo», declaró Fernández durante su conferencia de prensa semanal.

    Las declaraciones se producen después de que en los últimos meses salieran a la luz casos de policías, jueces y fiscales presuntamente relacionados con grupos dedicados al narcotráfico y señalados de realizar acciones para favorecerlos. Fernández ya había formulado críticas similares que provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial.

    La mandataria planteó que también sería «bonito» que el Poder Judicial aplicara una rotación de jueces y fiscales en el territorio costarricense, similar a la medida anunciada para los agentes policiales, con el objetivo de que «no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico».

    «Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo», expresó Fernández.

    Costa Rica enfrenta actualmente elevados niveles de homicidios relacionados con el narcotráfico y reportes sobre una posible infiltración del crimen organizado en la Policía.

    Fernández prometió durante su campaña aplicar medidas de mano dura contra la delincuencia e incluyó en su plan de Gobierno la posibilidad de impulsar un estado de excepción en zonas «conflictivas» si empeora la situación de seguridad. En agosto también emitió un decreto que declaró secreto de Estado la información, documentos y archivos de organismos de inteligencia y seguridad, incluidos contratos y presupuestos.

    Las autoridades de seguridad señalan que Costa Rica se convirtió en una plataforma logística utilizada por organizaciones narcotraficantes para recibir y almacenar cargamentos procedentes de Suramérica y posteriormente enviarlos hacia Estados Unidos y Europa, principalmente mediante contenedores.

    Según cifras del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), durante 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en la historia del país. El volumen quedó únicamente por debajo de las 47.1 toneladas incautadas en 2020, en medio del desafío que representa el narcotráfico para la seguridad costarricense.