El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a los ecuatorianos Rubén Darío Acevedi e Hipólito Perlaza Moreno, así como al colombiano Nolberto Valencia Arroyo, tras declararlos culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
La sentencia fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el proceso judicial, las cuales establecieron la participación de los tres extranjeros en el transporte de un cargamento de cocaína valorado en $33 millones.
Los ahora condenados fueron detenidos el 11 de julio de 2025 durante un patrullaje preventivo realizado por la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas de la costa salvadoreña.
Las autoridades interceptaron la embarcación en la que viajaban los imputados y localizaron 1,326 kilogramos de una sustancia que, tras los análisis periciales, dio resultado positivo a cocaína.
La droga incautada fue valorada en aproximadamente $33 millones, según las estimaciones de las autoridades, evitando que el cargamento continuara su ruta hacia mercados internacionales.
Durante el procedimiento también fueron decomisados una embarcación de bajo perfil (LPV), una antena para servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos dispositivos GPS y un rastreador satelital, equipos que presuntamente eran utilizados para facilitar el transporte de la droga y mantener comunicación durante la travesía.
Ecuador y Colombia pondrán en marcha operaciones conjuntas contra el crimen organizado y el narcotráfico a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, según anunció este martes el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.
El funcionario aseguró que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya sostuvo conversaciones con el equipo del mandatario electo para coordinar las primeras acciones de seguridad en la frontera común, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales que operan entre ambos países.
«El presidente Daniel Noboa ha tenido conversaciones, parte del equipo también. Esto es un tema que debe comenzarse desde el día número uno. Esa es la voluntad que entiendo que el Gobierno electo colombiano tiene. Acá estamos listos, las fuerzas están listas», declaró Reimberg al finalizar un acto oficial en Quito.
El ministro sostuvo que durante los últimos cuatro años Colombia permitió el fortalecimiento de estructuras vinculadas al narcotráfico y grupos armados ilegales, por lo que consideró necesario ejecutar una respuesta conjunta entre las fuerzas de seguridad de ambos países.
«Hay que entrar con fuerza, con determinación, y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno», afirmó el funcionario, aunque no ofreció detalles sobre las operaciones previstas.
A lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia operan organizaciones criminales vinculadas con disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Las relaciones entre ambos países atravesaron tensiones entre febrero y junio de este año debido a una guerra comercial impulsada por el Gobierno de Noboa, que elevó progresivamente los aranceles a productos colombianos para presionar por un mayor control fronterizo frente al ingreso de cocaína hacia territorio ecuatoriano.
El conflicto comercial concluyó tras la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). No obstante, Noboa atribuyó el acercamiento bilateral al entendimiento alcanzado previamente con De la Espriella, quien, según el mandatario ecuatoriano, expresó su disposición de impulsar una estrategia conjunta para combatir el narcoterrorismo en la región.
Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos tras ser declarado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo.
La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, varios meses después de que el narcotraficante mexicano, de 76 años, aceptara su responsabilidad por los delitos que le imputaba la Fiscalía estadounidense.
Antes de escuchar el fallo, Zambada leyó una carta en español en la que pidió perdón a las víctimas de sus acciones, llamó a poner fin a la violencia en México y exhortó a los jóvenes a no seguir el camino del crimen organizado.
«Nadie gana en este tipo de guerra», afirmó durante la audiencia. También expresó: «No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad».
Además de la cadena perpetua, el juez ordenó el decomiso de $15,000 millones, tal como lo había solicitado la Fiscalía. No obstante, la resolución no contempla la imposición de una multa adicional contra el histórico líder del narcotráfico.
Semanas antes de la audiencia, la defensa de Zambada envió una carta al tribunal en la que aceptó que el acusado pasaría el resto de su vida en prisión, independientemente de que se le impusiera formalmente una condena de cadena perpetua. Asimismo, solicitó que fuera trasladado a una prisión con atención médica especializada debido a su deteriorado estado de salud.
Aunque el juez Brian Cogan decidió no recomendar un centro penitenciario específico, pidió que las autoridades tomaran en consideración la condición física del condenado al momento de asignarle el lugar donde cumplirá la sentencia. La decisión final corresponde al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.
Durante la audiencia, la Fiscalía expresó reservas sobre la petición de la defensa al señalar que Zambada aún mantiene contactos e influencia dentro de organizaciones criminales. Los abogados del narcotraficante buscan evitar que sea enviado al penal de máxima seguridad de Colorado, donde permanece recluido Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Según los reportes de la audiencia, «El Mayo» ingresó a la sala con visibles dificultades para caminar y mostró molestias físicas al tomar asiento. Vestido con un uniforme color caqui y una camiseta naranja, también evidenció problemas para comprender algunos momentos del proceso, pese a contar con traducción simultánea durante la lectura de la sentencia.
La Fiscalía federal de Estados Unidos solicitó este lunes a un juez de Nueva York ordenar el decomiso de $15,000 millones al narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, además de imponerle una condena de cadena perpetua, tras su declaración de culpabilidad por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
La petición fue presentada ante el juez Brian M. Cogan, quien tiene a cargo el caso. Según la moción, la confiscación millonaria forma parte del acuerdo alcanzado cuando Zambada, de 76 años, aceptó su responsabilidad penal en agosto de 2025. La sentencia será dictada el próximo 20 de julio.
En el documento, la Fiscalía sostiene que la magnitud de los delitos cometidos por el histórico líder del Cártel de Sinaloa es difícil de dimensionar. “Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo”, señala el escrito judicial.
Los fiscales también rechazaron una solicitud presentada por la defensa para evitar que Zambada sea enviado a una prisión de máxima seguridad y para que se priorice su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.
Aunque las autoridades indicaron que no se oponen a que el juez considere las condiciones médicas del acusado al emitir una recomendación, insistieron en que el narcotraficante representa un alto riesgo para la seguridad y advirtieron que las cárceles propuestas por la defensa no serían adecuadas para mantenerlo bajo custodia.
La Fiscalía argumentó que “El Mayo” aún conserva una amplia red de colaboradores leales, entre ellos uno de sus hijos, quien actualmente lidera una facción del Cártel de Sinaloa. Por ello, advirtió sobre el riesgo de que continúe dirigiendo operaciones criminales desde prisión si no permanece bajo estrictas medidas de seguridad.
Asimismo, recordó que la decisión final sobre el centro penitenciario donde cumplirá la condena corresponde al Buró Federal de Prisiones, institución que evaluará tanto el perfil criminal del acusado como sus condiciones de salud antes de determinar su destino.
La solicitud de decomiso supera la orden emitida contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, a quien se le confiscaron $12,600 millones. Según la Fiscalía, la diferencia corresponde a las ganancias ilícitas acumuladas por Zambada durante los años en que continuó al frente de la organización criminal tras la captura de su antiguo socio.
Las autoridades de Seguridad de El Salvador presentaron este miércoles el decomiso de 6.68 toneladas de cocaína realizado en junio pasado, considerado el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país, según el Gobierno. El cargamento está valorado en aproximadamente $167 millones.
La presentación de la droga y de los seis extranjeros capturados —cuatro ciudadanos colombianos y dos ecuatorianos— se realizó en la Capitanía de Puerto La Concordia, en el departamento de La Paz, donde las autoridades detallaron el operativo ejecutado por la Marina Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, el cargamento era transportado en dos embarcaciones que fueron interceptadas en aguas de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, una zona del Pacífico salvadoreño donde en los últimos años se han registrado importantes incautaciones de droga.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que el decomiso representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes y destacó el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad durante los últimos años.
«Este nuevo golpe histórico contra el narcotráfico marca esa firmeza y esa valentía de este Gabinete de Seguridad» que lleva «más de siete años golpeando a estas organizaciones criminales», expresó el funcionario.
Villatoro también resaltó la estrategia regional impulsada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y aseguró que otros países se han sumado a estos esfuerzos.
«Celebramos que de un tiempo acá, gracias a la visión y firmeza del presidente (Donald) Trump, otros países del continente ya se han sumado a la lucha y no somos los únicos, los salvadoreños dando estos golpes», manifestó.
El decomiso de junio se suma a otra incautación de más de 6.6 toneladas de cocaína realizada en febrero de este año. Ambos operativos representan algunos de los mayores golpes contra el narcotráfico registrados por las autoridades salvadoreñas.
Según datos oficiales, durante 2025 fueron decomisadas más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, valoradas en más de $618.7 millones. En 2024, las autoridades incautaron más de 17.2 toneladas con un valor superior a $422.7 millones.
El informe Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que El Salvador continúa siendo un país de tránsito para el narcotráfico, aunque las acciones de interdicción han reducido significativamente el uso de rutas terrestres y obligado a las organizaciones criminales a trasladar sus operaciones hacia las vías marítimas.
En marzo pasado, El Salvador se sumó junto a Estados Unidos y otros países de América Latina y el Caribe a un acuerdo regional para fortalecer el combate contra los grupos vinculados al narcotráfico.
La producción mundial de cocaína pura superó las 4,000 toneladas en 2024, la cifra más alta registrada hasta la fecha y cuatro veces superior a la reportada hace una década, según el Informe Mundial sobre Drogas divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El organismo internacional señaló que el incremento responde tanto a la expansión de los cultivos de coca como a la implementación de procesos más eficientes para transformar la hoja de coca en cocaína, lo que ha permitido elevar significativamente la oferta mundial.
De acuerdo con el informe, los cultivos alcanzaron unas 385,000 hectáreas en América del Sur durante 2024, región que continúa siendo el principal origen de esta droga y concentra el 64 % de las incautaciones realizadas a nivel mundial.
La ONU indicó que las organizaciones del crimen organizado están ampliando sus operaciones hacia mercados emergentes en África y Asia, mientras mantienen el abastecimiento de destinos tradicionales como Europa, América y Australia con el objetivo de incrementar sus ganancias y captar nuevos consumidores.
En 2024 las autoridades decomisaron más de 2,400 toneladas de cocaína en todo el mundo. Colombia encabezó las incautaciones con 966 toneladas, consolidándose como el país con el mayor volumen de droga confiscada.
El informe también advierte cambios en las estrategias del narcotráfico hacia Europa. Los grandes cargamentos ya no ingresan exclusivamente por puertos altamente vigilados como Amberes, Róterdam y Hamburgo, sino que son desviados hacia terminales de menor tamaño en Francia, Portugal y España.
Además, las organizaciones criminales han optado por dividir los cargamentos en alijos de hasta 150 kilos, ocultos en compartimentos de contenedores refrigerados, reduciendo así el riesgo de ser detectados por las autoridades.
La ONU estima que alrededor de 25 millones de personas consumieron cocaína durante 2024, un incremento del 38 % respecto a hace diez años. El organismo también alertó sobre el creciente uso de semisumergibles o «narcosubmarinos» para transportar hasta 10 toneladas de cocaína hacia Europa, una modalidad que se ha consolidado en la ruta transatlántica.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
«La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.
El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.
«Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.
Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala
Más músculo financiero y logístico
Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.
«Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.
Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.
Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.
La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.
Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE
Cooperación militar y desafíos judiciales
La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.
La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.
La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.
A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.
El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.
«Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el país atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años y relacionó las protestas y bloqueos que afectan varias regiones con estructuras vinculadas al narcotráfico y sectores que, según dijo, buscan desestabilizar el orden democrático.
Las declaraciones fueron realizadas durante la juramentación de Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, en medio de una crisis marcada por más de un centenar de bloqueos que desde hace varias semanas afectan principalmente a La Paz y El Alto.
Paz sostuvo que las autoridades han identificado movimientos de recursos económicos procedentes de zonas asociadas a la producción de narcóticos, los cuales presuntamente habrían servido para financiar algunas de las movilizaciones registradas en el país.
«No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos», afirmó el mandatario.
El presidente aclaró que no todas las protestas tienen el mismo origen y diferenció a los grupos que considera vinculados a intereses ilícitos de organizaciones sociales y sindicales que ejercen legítimamente su derecho a manifestarse. En ese sentido, reiteró su disposición al diálogo con diversos sectores.
Según Paz, el Gobierno cuenta con pruebas que respaldan las acusaciones sobre el financiamiento de las protestas y también sobre la supuesta participación de colaboradores cercanos al expresidente Evo Morales en algunas de estas acciones.
El mandatario también denunció la existencia de intereses extranjeros que, a través de redes sociales, estarían contribuyendo a la difusión de información falsa para incrementar la tensión política y social en Bolivia.
«Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia», expresó Paz al referirse a las campañas de desinformación que, según indicó, buscan profundizar la división entre los bolivianos y debilitar las instituciones del Estado.
Ante la crisis, el presidente informó que presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a fortalecer las capacidades institucionales del Estado, incluyendo medidas para otorgar mayor respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas y herramientas para enfrentar situaciones excepcionales.
Asimismo, anunció que la incorporación de Justiniano al Ministerio de Defensa forma parte de una reestructuración más amplia dentro de su gabinete, cambios que continuarán en las próximas semanas.
«Esta es la batalla de todas las batallas. O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con el narcotráfico acorralado, o vuelve un pasado donde todo vale», advirtió el mandatario al referirse al escenario político que enfrenta Bolivia.
La justicia de Costa Rica autorizó la extradición hacia Estados Unidos de Gilbert Bell Fernández, conocido como «Macho Coca», un presunto narcotraficante requerido por una corte federal de Nueva York por delitos relacionados con tráfico internacional de cocaína.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones de Sentencias, que revocó una resolución emitida en marzo por un tribunal de la provincia de Limón que había rechazado la entrega del sospechoso a las autoridades estadounidenses.
El Poder Judicial costarricense informó que la extradición procederá siempre que Estados Unidos garantice formalmente que Bell no recibirá una condena superior a los 50 años de prisión, que constituye la pena máxima permitida por la legislación de Costa Rica.
La Fiscalía apeló el fallo inicial al considerar que la reforma constitucional que habilita la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo sí era aplicable al caso. El Tribunal de Apelaciones acogió esos argumentos y dejó en firme la entrega del acusado.
«Macho Coca», de 62 años, es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de dirigir una organización dedicada al almacenamiento y distribución de grandes cargamentos de cocaína con destino al mercado estadounidense.
De acuerdo con la investigación, el presunto narcotraficante habría sostenido negociaciones con agentes encubiertos para coordinar el envío de aproximadamente 700 kilos de cocaína hacia Nueva York. Las autoridades también señalan que participó en la entrega de muestras de droga durante esas operaciones.
Bell se convirtió en noviembre de 2023 en el primer costarricense sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo identifican como una figura clave en la transformación de Costa Rica en una importante ruta para el tránsito de narcóticos.
Las sanciones incluyeron el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para ciudadanos y empresas de Estados Unidos de realizar transacciones con él o con entidades vinculadas a sus actividades.
Según el Departamento del Tesoro, Bell también es conocido por la violencia atribuida a su estructura criminal en la provincia caribeña de Limón. El narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales se han convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para Costa Rica, que en los últimos años ha registrado cifras récord de homicidios vinculados a estas actividades ilícitas.
Con esta decisión, Bell se sumará a otros tres presuntos narcotraficantes costarricenses extraditados tras la entrada en vigor de la reforma constitucional. Entre ellos figuran el exministro de Seguridad Celso Gamboa, Edwin López, alias «Pecho de rata», y José Johnny Angulo, alias «John Cadenas».
El Gobierno de Guatemala habría acordado ejecutar ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra estructuras del narcotráfico dentro del territorio guatemalteco, según una publicación del diario The New York Times divulgada este jueves.
El medio estadounidense aseguró que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sostuvo una llamada telefónica el pasado 19 de mayo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, donde ambos funcionarios habrían pactado el inicio de operaciones militares y otras acciones de seguridad a partir del próximo mes.
De acuerdo con la publicación, Guatemala también remitió una carta oficial al funcionario estadounidense en la que solicitó formalmente la “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico”.
Si la información se confirma, Guatemala se convertiría en el segundo país latinoamericano, después de Ecuador, en permitir operaciones militares coordinadas con la Administración del presidente Donald Trump dentro de su propio territorio para combatir al crimen organizado.
Actualmente, en Ecuador, las fuerzas estadounidenses participan brindando asesoría a tropas ecuatorianas durante redadas y ataques aéreos contra supuestos grupos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, esas operaciones han generado cuestionamientos luego que una investigación del propio The New York Times revelara que un bombardeo efectuado en marzo impactó una granja lechera sin relación con estructuras criminales.
El operativo ocurrió en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, y abrió nuevamente el debate sobre los riesgos de las intervenciones militares conjuntas y posibles afectaciones a civiles durante operaciones antidrogas.
La administración Trump también ha intentado impulsar este tipo de acuerdos con México. No obstante, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó permitir ataques estadounidenses en territorio mexicano al considerar que vulnerarían la soberanía nacional.
Según The New York Times, Washington busca fortalecer la cooperación militar con Guatemala y Honduras para aumentar la presión diplomática sobre México y lograr que acepte futuras operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
En marzo pasado, Trump anunció la creación del Escudo de las Américas, una coalición regional enfocada en el combate al crimen organizado y conformada por gobiernos aliados como Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. Sin embargo, países con gobiernos progresistas como Brasil, Colombia, Guatemala y México no se incorporaron inicialmente a esa iniciativa.
