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  • Autorizan préstamo de BCIE de $65 millones para estas obras de infraestructura y tratamiento de agua en zona de playas de La Libertad

    Autorizan préstamo de BCIE de $65 millones para estas obras de infraestructura y tratamiento de agua en zona de playas de La Libertad

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen 142 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financiará el programa «Surf City fase II» en el departamento de La Libertad por $65 millones.

    El plazo del financiamiento de este préstamo es 20 años y tendría 4 años de gracia. El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP).

    La subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, dijo que los fondos servirán “para mejorar la infraestructura vial y el tratamiento de aguas residuales en la zona turística y costera de La Libertad”.

    Se espera mejorar las condiciones de infraestructura para la movilidad de personas y mercancías como un eje de atracción para oportunidades de negocio, para fines turísticos y también para efectos residenciales, constituyéndose en un ancla para atraer visitantes. También mejorar las condiciones de salubridad en las playas.

    Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público.

    Reyes sostuvo que los objetivos específicos del proyecto son: “mejorar las condiciones de la infraestructura vial para el transporte de carga y de personas a fin de estimular la inversión privada y la competitividad favoreciendo el acceso a zonas de producción y el turismo” y también “disminuir los niveles de contaminación en ríos, bocanas, playas a través de implementación de redes de saneamiento y aguas residuales”.

    ¿Qué incluye el programa Surf City fase II financiado por el BCIE con $65 millones?

    Estudios de diseño de obras

    El préstamo financiará estudios de diseño final de las siguientes obras:

    -Red de alcantarillado

    -Planta de tratamiento de aguas residuales

    -Diseño actualizado de un puente sobre el río Huiza.

    -Estudios topográficos

    -Metodología hidrológica e hidráulica

    -Planes de reingeniería

    Mejoras en infraestructura

    Mejoramiento de infraestructura pública en el Litoral del departamento de La Libertad mediante obras viales y sistemas de saneamiento:

    -Ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la vía costera Surf City de La Libertad.

    -Construcción de aceras.

    -Bahía para autobuses.

    -Miradores.

    -Zonas de estacionamiento.

    -Retornos en U.

    -Ciclovías.

    -Construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como en El Palmar y en El Zonte.

    Mejoramiento de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

    -Mejoramiento de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.

    -Construcción de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.

    Monitoreo de tráfico

    -Gestión de movilidad inteligente para mejorar el flujo de tráfico y seguridad, antenas para monitoreo y evaluación del tráfico.

    -Medidas de adaptación climática: integración de medidas en la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales, que incluye instalación de sistemas de drenaje, barreras naturales, sistemas de tratamiento de aguas residuales e incorporación de carriles para bicicletas y aceras accesibles.

    -Supervisión de las obras, auditoría externa y administración del programa.

  • Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Este pasado martes 30 de septiembre, el exalcalde de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de cárcel acusado de haber negociado con las pandillas para obtener votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    Se le consultó al diputado de Arena, Francisco Lira, su opinión al respecto. Lira aseveró que, si alguien ha cometido delito, debe pagar por ello, indistintamente del partido que sea pero que no se debe solo condenar a los que no sean del partido de gobierno.

    «La justicia no puede ser esa cloaca, donde todas aquellas acciones que cometan los políticos la tienen que cubrir, estoy hablando de todos los partidos políticos. El que haya cometido un error, que lo pague, pero realmente la justicia aquí es selectiva, ya que algunos que han cometido errores, ya están condenados, pero otros tienen la venia de este gobierno, para seguir en libertad», cuestionó el diputado.

    Puso de ejemplo una investigación que llevaba la Fiscalía General de la República que luego se conoció como «Caso Catedral» en el que supuestas investigaciones de fiscales concluían a que funcionarios del gobierno actual negociaron con pandillas.

    «¿Dónde están los acusados  señalado por la Fiscalía en el Caso Catedral? ¿Dónde está la persona señalada, con un audio, que es funcionario público que sacó a pandilleros de la cárcel? ¿Dónde están todos esos casos de corrupción y que hasta este momento la justicia salvadoreña no ha sido orientada a condenarlos?, ¿y saben por qué no lo han hecho?, porque pertenecen al partido de Nuevas Ideas y están tapando todos esos abusos y arbitrariedades que tiene este gobierno. Entonces, acusan solamente a unos, pero otros disfrutan la impunidad», aseveró el diputado.

    Junto con Muyshondt, fue condenado el exministro de Seguridad, Benito Lara, a 28 años de cárcel, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, cometidos supuestamente cuando se reunieron con pandilleros entre los años 2014 y 2015.

    También, fueron condenados el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, a 28 años de cárcel, mientras que al periodista Paolo Lüers recibió una condena de 18 años de cárcel. La quinta persona procesada, Wilson Alvarado, supuesto mediador, fue condenado de igual manera a 18 años en prisión.

    Sobre lo mencionado por Lira, el periódico digital El Faro señaló en mayo de 2021 que la Fiscalía tenía una investigación abierta denominada “Catedral”, en el momento que la bancada del partido Nuevas Ideas removiera a Raúl Melara de la Fiscalía y lo sustituyera por Rodolfo Delgado.

    A finales de diciembre de 2021, el exfiscal anticorrupción, German Arriaza, dijo a la agencia internacional de noticias Reuters que el gobierno salvadoreño cerró la investigación que la Fiscalía General de la República llevaba por pactar con pandillas y él y el resto de fiscales de la unidad antimafia tuvieron que autoexiliarse.  

    Arriaza confirmó estos datos a la agencia Reuters y señaló que el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, “ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero”.

  • Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».

    El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.

    La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.

    La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».

    «Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).

    El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.

    «Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.

    El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.

    Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

     

  • Asamblea aprueba estas tres reformas al presupuesto 2025: Indes, Integración y energía

    Asamblea aprueba estas tres reformas al presupuesto 2025: Indes, Integración y energía

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles tres reformas presupuestarias para incorporar fondos de deuda y de cotizaciones pagadas por privados para la formación laboral a los presupuestos de: Dirección de Integración, al Instituto Nacional de los Deportes (Indes) y al recién creado Fondo de Mitigación de la Energía.

    De los fondos, $80 millones que se destinan al Fondo de Mitigación de Energía provienen de deuda emitida por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); $1.7 millones que se reorientan a la Dirección de Integración provienen de las cotizaciones obligatorias pagadas por los patronos del sector privado al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF); y los recursos para el Indes provienen de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

    Estas fueron las tres reformas que hicieron los diputados al presupuesto 2025 este miércoles:

    Un total de $1,750,978.95, recursos provenientes de las cotizaciones que pagan las empresas privadas al INCAF, se destinarán para las actividades de visitas a comunidades que realiza la Dirección de Integración del Ministerio de Gobernación. Fue aprobado como dictamen 133: 54 votos y uno en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

    Un total de $680,756.15, del préstamo del BCIE para mejorar el Complejo de Ecuestre, San Juan Opico, La Libertad. Fue aprobado como dictamen 132 con 58 votos, incluido uno de Arena. Vamos no votó.

    Un total de $80,000,000, de deuda emitida por la CEL, serán destinados para pagar obligaciones relacionadas al sector de energía, para lo cual se creó un Fondo de Mitigación de Energía para administrar los subsidios de electricidad y telefonía, y que dependerá del Ministerio de Hacienda. Fue aprobado como dictamen 134 con 57 votos y 1 voto en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

    Reorientan fondos de cotizaciones obligatorias pagadas por los patronos del sector privado a la Dirección de Integración.

    La reorientación aprobada para la Dirección de Integración, dirigida por Alejandro Gutman, provienen de las cotizaciones obligatorias pagadas por los patronos del sector privado y por las instituciones oficiales autónomas que empleen 10 o más trabajadores, que es el 1 % sobre el monto total de las planillas mensuales de sueldos y salarios, excepto el sector agropecuario, que cotiza un cuarto del 1 % sobre las planillas de trabajadores permanentes.

    Con la aprobación de la nueva ley del INCAF, en noviembre de 2023, de esas contribuciones de los privados, un 20 % le queda al INCAF, un 40 % se destina a la Dirección de Integración y el restante 40 % ingresarán al Fondo General para “cerrar la brecha digital” con equipamiento, currícula y entrenamiento tecnológico. Esta ley disolvió el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).

     

  • TSE con retrasos en inicio de contrataciones para voto electrónico 2027

    TSE con retrasos en inicio de contrataciones para voto electrónico 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene retrasos en dos fases de la contratación de las empresas que desarrollarán y auditarán el voto electrónico para los salvadoreños en el extranjero en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.

    Dos fuentes internas del Tribunal aseguraron a Diario El Mundo que la institución no ha iniciado ninguna de las fases previstas en el calendario electoral para el voto electrónico. La primera ya tuvo que haber culminado y la segunda tendría que estar en ejecución según la programación.

    El calendario electoral establece que el 2 de junio debió haber iniciado la formulación de los términos de referencia que debió concluir el 31 de julio. Con esta etapa terminada, el 11 de agosto, se debió dar luz verde al proceso para elegir a las empresas que desarrollarán el sistema del voto electrónico y que auditarán el mismo.

    Una de las fuentes consultadas reveló que el Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) aún no ha sido conformado por el colegiado.

    El PEO es conformado por jefes técnicos de la institución para que evalúen las ofertas que las empresas interesadas envían para adjudicarse el contrato de implementación o de auditoría.

    Miembros del PEO en 2024:

    • Jefe de la Unidad de Compras Públicas (UCP).
    • El solicitante.
    • Un analista financiero.
    • Expertos.
    • Un analista jurídico.
    • Un analista de razonabilidad de precios.

    Otra fuente indicó que los plazos actuales del calendario electoral para la contratación del voto electrónico no serán modificados, ya que solo se añadirán las fechas correspondientes al proceso electoral presidencial  según las reformas a la Constitución aprobadas el 31 de julio por la Asamblea Legislativa.

    Para los comicios de 2024, el PEO evaluó a las empresas oferentes en situación financiera, capacidad técnica y capacidad económica. En 2024, el TSE le pagó $32 millones a la empresa española Indra por el diseño, desarrollo e implementación del voto electrónico. Además, pagó $4.3 millones a la empresa CGTS por la auditoría, que hasta hoy no se publicó.

  • Diputados reportan 67 dictámenes y 180 expedientes pendientes de estudio

    Diputados reportan 67 dictámenes y 180 expedientes pendientes de estudio

    Los diputados de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa reportaron al pleno que en tres meses de trabajo emitieron 67 dictámenes favorables, hicieron 26 reuniones con invitados y que tienen un total de 180 expedientes “pendientes de estudio”.

    Según las lecturas de los informes realizadas por diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN), la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, presidida por la diputada Ana Figueroa, es la que tiene la mayor cantidad de expedientes pendientes de estudio, 43. Esta comisión reportó que tuvo cuatro reuniones y emitió seis dictámenes favorables durante el trimestre que comprende los meses de mayo, junio y julio.

    La siguiente comisión con más expedientes pendientes de estudio es la de Hacienda y General de Presupuesto, con 40; esta, sin embargo, es la que más dictámenes ha emitido, 29, y se reportó nueve reuniones.

    La siguiente comisión con más trabajo pendiente es la Comisión de la Niñez e Integración Social, que reportó 14 reuniones; seguidas de las comisiones de Infraestructura, Tecnología, Salud y Seguridad.

    La Asamblea Legislativa tiene ocho comisiones permanentes que tienen la obligación de presentar ante el pleno, cada tres meses, un “informe claro y sucinto sobre el trabajo realizado”.

    Según el reglamento interno, son los secretarios de cada comisión los obligados a “supervisar el trámite adecuado de los expedientes en estudio o dictaminados por la comisión” y “verificar su envío al archivo después de dictaminado”.

    Los secretarios de las comisiones son William Soriano (Hacienda), Elisa Rosales (Infraestructura), Lorena Fuentes (Niñez e Integración Social), Alexia Rivas (Política), Salud (Juan Rodríguez), Salvadoreños en el Exterior (Reynaldo López), Seguridad Nacional (Walter Coto) y Tecnología (William Soriano).

    Las comisiones reportan así el trabajo entre mayo y julio, excepto la Comisión de Seguridad que entregó el 8 de agosto pasado un informe de su trabajo entre febrero y abril de 2025, y la Comisión Política, cuyo informe más reciente data de “marzo de 2025” y no detalla cuántos expedientes pendientes de estudio tiene. El informe de esta comisión reporta la aprobación de dos expedientes relacionados a la elección del fiscal general de la República y del presidente de la Corte de Cuentas de la República.

  • Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    Oposición propone prohibir reelección indefinida y minería metálica, NI responde que faltan firmas para reforma constitucional

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió derogar la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio con la cual se pretende habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    La petición fue realizada luego de la solicitud del diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, para prorrogar el régimen de excepción por 30 días más. Guevara pidió a los diputados de Arena no ausentarse durante la votación.

    La diputada de Arena, que suele abstenerse en las votaciones por el régimen de excepción, reclamó que la junta directiva de la Asamblea les cambia el voto, ya que en mayo pasado los votos de Arena fueron registrados “en contra” cuando votaron en “abstención”.

    “Nos cambian el voto y votan como ustedes quieren, no como nosotros hemos decidido como diputados… Quieren exponer a los diputados. Son tan cínicos y chabacanes que lo que hacen es que nos andan persiguiendo, que ya ni al baño podemos ir, cuando ustedes pasan horas, días y plenarias que ni siquiera asisten”, reclamó la legisladora de oposición.

    Explicó que no interponen una demanda de inconstitucionalidad porque no es una Sala independiente. “Si no estuviera secuestrada por este gobierno, ese voto que ustedes cambiaron, fuera inconstitucional. La Constitución es clara, esa Constitución ustedes la agarran como que fuera cualquier cosa”, señaló. En su intervención también aclaró que no están a favor de que los pandilleros sean puestos en libertad.

    “Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, los pandilleros deben estar presos, es un compromiso de todos no permitir que ellos vuelvan a las calles, dejen de tergiversar información. Nadie quiere volver a ese pasado, es un compromiso que tenemos que tener”. Marcela Villatoro (Arena).

    El diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que han actuado «de una manera legal», que en la Asamblea Legislativa «hay solo dos formas de votar, a favor o en contra» y que no están facultados para interpretar la Constitución de la República.

    ¿Usted cree que nos vamos a detener porque ‘fíjese que a mí no me gusta’. Hasta el día de ahora, nosotros vamos a seguir tomando las decisiones de una manera legal”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    Villatoro presentó en el pleno la propuesta de reforma constitucional para derogar las reformas aprobadas el 31 de julio. “Yo no puedo recibir una solicitud si no viene acompañada de 10 firmas”, le respondió Castro.

    La diputada Claudia Ortiz aseguró en pleno que estaba dispuesta a firmar la solicitud de acuerdo constitucional propuesto por Arena y aprovechó para solicitar otra reforma constitucional para prohibir la minería en El Salvador.

    “Cuando consigan las otras ocho, con todo gusto, nosotros les vamos a aceptar ambas solicitudes”. Ernesto Castro, diputado presidente de la Asamblea Legislativa.

    La reforma constitucional para supuestamente permitir la reelección presidencial indefinida fue aprobada el 31 de julio antes de las vacaciones de agosto. Mientras, la ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024, antes de Navidad, en la aprobación de una Ley general de minería metálica.

  • Nuevas Ideas aprueba informes de labores de Economía, Trabajo y Turismo; Vamos les pregunta: “¿Ya los leyeron?”

    Nuevas Ideas aprueba informes de labores de Economía, Trabajo y Turismo; Vamos les pregunta: “¿Ya los leyeron?”

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes los informes de labores de los ministerios de Economía, Trabajo y Turismo, ante los reclamos de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, por no haberlos leído y no haber llamado a los ministros de dichas carteras de Estado para hacerles preguntas.

    Los legisladores Elisa Rosales, Sharon Salazar y Mauricio Ortiz leyeron los dictámenes favorables para aprobar los tres informes de labores, que fueron aprobados por la Comisión considerando que estos “cumplen con los requerimientos de forma y de fondo”. La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que los informes se habían recibido el 31 de julio y que cada diputado los ha analizado y lo han «verificado en el territorio».

    Luego de la lectura de cada dictamen, la diputada Claudia Ortiz reclamó que no habían leído los informes de labores que constaban de 500, 125 y 186 páginas, ni habían citado a los funcionarios para hacer un debate sobre los mismos, si ya analizaron o confrontaron los datos.

    “¿Ya lo leyeron?, tiene 500 páginas, lo que acaba de leer la colega diputada no es el informe de labores, es un dictamen que ustedes ya tienen preelaborado sin que se haga el procedimiento de revisar cuál ha sido la gestión de cada uno de los ramos del Órgano Ejecutivo”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Ortiz consideró que están incumpliendo el reglamento de la Asamblea Legislativa porque los ministros no han comparecido a defender su informe de labore y comparó esta Asamblea a lo que pasaba en las asambleas legislativas anteriores, que recibían memorias de labores “que solo eran fotos, algunos datos pero nunca se les contaron costillas realmente a los ministros y ministras de Estado”.

    “Aquí perdemos una oportunidad muy importante de pedirle cuentas al Ejecutivo”, advirtió.

    La diputada de Vamos pidió que se sometiera a votación la convocatoria a la ministra de Economía o un representante del Ministerio para realizar un debate “real” del informe. No logró votos.

    Mientras, los diputados de Nuevas Ideas continuaron aprobando los informes de labores de los ministerios de Trabajo y de Turismo.

    La diputada Dania González, quien preside la Comisión, pidió leer el segundo dictamen a la diputada Sharon Salazar, de Nuevas Ideas, para aprobar el informe de labores del Ministerio de Trabajo.

    Luego de la lectura del dictamen, Ortiz les preguntó si ya habían leído las 125 páginas del informe del Ministerio de Trabajo.

    “Aquí no hay una verdadera rendición de cuentas. Este no es un tema cosmético”, insistió la diputada de Vamos, quien pidió nuevamente someter a votación que se cite al ministro de Trabajo o un representante.

    La diputada González sometió a votación la petición de Ortiz, sin lograr votos suficientes y Nuevas Ideas continuó con la aprobación del tercer informe, del Ministerio de Turismo; esta vez, el dictamen fue leído por el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas.

    La diputada Ortiz pidió una votación similar para este informe; tampoco logró votos.

    Nuevas Ideas defiende los informes

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, leyó algunos de los datos del Ministerio de Turismo: 3.9 millones de visitantes extranjeros y 2.5 millones en el Centro Histórico de San Salvador durante el año 2024. “Eso nos llena de orgullo, este proyecto ha puesto el nombre de nuestro país en alto”, dijo.

    Rosales dijo que el trabajo de 2025 “ha superado” el realizado en 2024, leyó que el turismo ha generado “$2,200 millones de divisas en siete meses” y que El Salvador tuvo 91,000 turistas durante las vacaciones agostinas de 2025.

    “La inversión privada ha aumentado de manera exponencial en el Centro Histórico, vienen a dinamizar toda la economía de nuestro país, son datos que nos llenan de esperanza”. Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

    La diputada Claudia Ortiz cuestionó que es necesario preguntarle a los titulares de Economía, Trabajo y Turismo, y no a los diputados, cómo está la inversión extranjera directiva que aún no es significativa y la pobreza en El Salvador. «La economía no está funcionando para la mayoría, tal vez para un grupo, sí», afirmó.

    Agregó que no tiene nada de malo que vengan ministros a responder preguntas que «no estén bajo un guion».

    Rosales aseguró que el sector Turismo genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos, y que la Organización Mundial de Turismo calificó a El Salvador como el sector turístico que más «creció» después de la pandemia covid-19 de 2020.

    La diputada Elisa Rosales dijo que el trabajo de 2025 “ha superado” el realizado en 2024, que el turismo ha generado “$2,200 millones de divisas en siete meses” y que El Salvador tuvo 91,000 turistas durante las vacaciones agostinas de 2025.

    “La inversión privada ha aumentado de manera exponencial en el Centro Histórico, vienen a dinamizar toda la economía de nuestro país, son datos que nos llenan de esperanza”. Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

    La diputada Dania González aseveró que en el primer trimestre de 2025 se han recibido $322.24 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), 64.7 % más que los $195.65 millones del primer trimestre de 2024, “gracias a inversiones de servicios de información, almacenamiento y apoyo logístico al transporte”. Agregó que el Producto Interno Bruto real ha mostrado un aumento del 2.3 % en el primer trimestre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024, sobre todo por el sector construcción, con un aumento del 17.3 %. La legisladora también afirmó que las exportaciones aumentaron un 8 % llegando a $1,683 millones.

    “La Asamblea ha brindado marcos jurídicos, le ha brindado seguridad jurídica a las inversiones”. Dania González (Nuevas Ideas).

     

  • Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados de Nuevas Ideas defendieron este jueves las disposiciones obligatorias implementadas en los centros escolares públicos por la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, quien ordenó que desde el 20 de agosto los estudiantes ingresen con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y un saludo respetuoso, bajo supervisión directa de los directores.

    Las medidas, formalizadas en un memorándum enviado el 18 de agosto, han provocado reacciones divididas en redes sociales, con opiniones que califican las disposiciones como necesarias para reforzar la disciplina, mientras otros critican una supuesta «militarización de la educación».

    “He visto comentarios en redes queriendo asustar a la población diciendo que vamos a militarizar la educación pública y no pueden estar más lejos de la realidad… la verdad que estamos trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños”, dijo la diputada Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

    Por su parte, la legisladora Diana Fuentes afirmó que las disposiciones refuerzan la disciplina: “En el Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos, en San Salvador, más de 940 estudiantes ingresaron puntualmente con uniforme completo y presentación adecuada. Cada paso en la formación de nuestra niñez y juventud es por un mejor El Salvador”, publicó en su cuenta de X.

    Otros diputados como Walter Alemán y Raúl Chamagua insistieron en que las medidas fomentan el civismo y los valores en las nuevas generaciones. Chamagua destacó que la ministra personalmente verificó el cumplimiento en la entrada de los centros escolares.

    La diputada Alexia Rivas agradeció el apoyo de los padres de familia: “La familia ejerciendo su rol, la escuela ejerciendo su rol, el Estado ejerciendo su rol. Parece un sueño el país que está por venir”, expresó en redes.

    Mientras tanto, el jefe de fracción cian, Christian Guevara, respaldó el perfil militar de Trigueros y señaló que las críticas provienen de quienes antes toleraban la presencia de pandillas cerca de los centros educativos. “Los que ahora se preocupan porque llegue la Ministra a una escuela son los mismos que estaban felices cuando había un marero reclutando niños a la entrada”, aseveró.

    El memorándum advierte que los directores que omitan estas disposiciones incurrirán en una falta grave de responsabilidad administrativa, que podría dar lugar a sanciones.

  • Ernesto Castro: «Acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de Salud»

    Ernesto Castro: «Acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de Salud»

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, defendió ayer la vinculación de la Red Nacional de Hospitales con la Presidencia de la República, la contratación de médicos extranjeros en dicha red y el próximo desmantelamiento de un sistema antiguo de salud.

    Me parece una decisión sumamente inteligente. Como bien lo decían, acá no se está desmantelando, todavía, ese sistema viejo de salud, sino que se está creando uno nuevo. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

    El diputado aseveró que «poco a poco» irá avanzando el nuevo sistema de salud y que «lo que había antes no ha servido». «Si este sistema da resultado, los que más van a ganar son los más pobres de este país, nadie más», prometió el funcionario.

    Castro consideró que algunos «no logran entender» cómo se maneja el Ejecutivo, en donde «todas las carteras de Estado dependen de Presidencia». «En el Minsal (Ministerio de Salud) no hay una oposición, por ejemplo, que esté tomando decisiones, haciendo balances», indicó.

    La junta directiva de la nueva Red Nacional de Hospitales será conformada por el ministro de Salud, un presidente y un director nombrados por el presidente de la República, un designado de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y un designado de la Dirección Nacional de Compras Públicas.

    «No es para que atiendan a los diputados»

    Castro defendió la contratación de médicos extranjeros, argumentando que estos no atenderá a los diputados ni a los funcionarios públicos, sino a la población pobre de El Salvador.

    Que por qué traen médicos extranjeros. Si los médicos extranjeros que van a venir no es para que atiendan a los diputados, no es para que atiendan a los funcionarios, sino a la gente pobre de este país. No logro entender por qué se oponen. Ernesto Castro, presidente de Asamblea.

    El legislador aseguró que «es cierto» que «cuesta conseguir especialistas que quieran ir al sistema de salud pública». «Porque vivimos en un país libre y, a lo mejor, los médicos toman la decisión de ir al sector privado, nadie los puede obligar», expresó.

    La nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales aprobada la noche del martes por la Asamblea Legislativa permite la contratación de médicos extranjeros por 10 años prorrogables y, si se considera que el médico extranjero proviene de un país que tenga un sistema de salud superior, se le eximirá de realizar el trámite de homologación de su título si lo presenta autenticado o apostillado.

    «Estarán habilitados para practicar la carrera y su especialidad, así como prescribir medicamentos y tratamientos, sin otro requisito más que la suscripción del contrato de prestación de servicios con la Red Nacional de Hospitales y el inicio de sus labores con la institución», indica el artículo 30.

    Castro también defendió las compras directas de medicinas, mecanismos que la oposición considera que abren la puerta a la corrupción.

    «Imagínense lo que están diciendo, no quieren que se compre medicinas de manera rápida para la gente pobre, obviamente van a ser medicinas que están aprobadas por la FDA. Son medicinas dignas para la población… Se escuchan tantos argumentos que solamente confirman y dejan ver que aquí hay un pequeño sector todavía que lo único que quiere es que sigamos como estábamos antes porque ellos vivieron de eso muchísimos años», señaló.

    El diputado de Arena, Francisco Lira, aseveró que el mecanismo de compras establecido en la ley de la nueva Red Nacional de Hospitales es una copia del régimen de compras que tiene la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

    «Esta ley no responde a una verdadera modernización del sistema, sino a un nuevo intento de centralizar el poder en la Presidencia, replicando el modelo de la DOM. La supuesta autonomía que plantea es solo de fachada, con una Junta Directiva sometida al Ejecutivo y con un riesgo real de privatización de los servicios mediante concesiones», consideró Lira, quien cree que la normativa abre la puerta a la privatización de la salud, ya que autoriza a la nueva Red Nacional de Hospitales a aprobar concesiones relacionadas al servicio de salud.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que la falta de controles hacia la Red Nacional de Hospitales da “más espacios a esquemas de corrupción”.