La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, pidió la tarde de este jueves 31 de julio iniciar el proceso de reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, extender el periodo presidencial, eliminar la segunda vuelta electoral presidencial y reducir el periodo presidencial actual.
La reforma incluiría una medida transitoria para reducir dos años el actual periodo presidencial 2024-2029 para que concluya en mayo de 2027, con el fin de que a partir de ese año pueda iniciar un nuevo ciclo electoral; el objetivo sería que las elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.
“Lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente”, argumentó hace unos minutos.
“La única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículo 75 y 152 propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos”, agregó.
“Solamente ustedes van a tener el poder hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, incluyendo su presidente”, fueron sus palabras.
Figueroa propuso que, en el artículo 154 de la Constitución, se extienda el periodo presidencial a seis años, actualmente de cinco años. Explicó que la reforma busca una “mayor estabilidad” a los ciclos electorales.
También, solicitó reformar el artículo 80 para “eliminar todo lo concerniente a la segunda vuelta electoral” por el costo de las elecciones.
El acuerdo de reforma constitucional fue firmado por 57 diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Requeriría una segunda votación que puede ser en la actual legislatura o en la próxima.
La Asamblea Legislativa inició este jueves el proceso de reforma a la Constitución de la República para separar a El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) luego de una solicitud del diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.
El proceso de reforma inició en la sesión plenaria de este jueves con la discusión del acuerdo de reforma constitucional que fue respaldado por 57 diputados del mismo partido y sus aliados, y que podrá ser ratificado en la misma legislatura.
El acuerdo de reforma constitucional fue votado a las 2:35 p.m. con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. La reforma requerirá ser ratificada en la misma legislatura o en la próxima.
Zaldaña exhortó a los diputados a firmar la iniciativa y a aprobarla el mismo jueves «con dispensa de trámite”.
“Para continuar profundizando en las transformaciones necesarias, a solicitud del pueblo salvadoreño, este día he traído una solicitud para que podamos reformar el artículo 80 y 133 de la Constitución y de esta manera separarnos del Parlamento Centroamericano que ningún beneficio está generando al pueblo salvadoreño”, anunció.
Agregó que el Parlacen no ha dado “ni un tal solo beneficio” para la integración centroamericana o para el país.
Si algo no funciona, pues se quita. Desarticulamos un modelo de corrupción. Pero, les cuento, la corrupción también está en otros países. Crearon el Parlacen para sus políticos corruptos. Geovanny Zaldaña, diputado de Nuevas Ideas.
“En lo particular pienso sumarme ahora mismo”, respondió el diputado Ernesto Castro, quien bajó de la directiva y caminó hacia la curul del diputado Zaldaña. Atrás lo seguía la diputada Elisa Rosales, también directiva legislativa. También se acercaron a firmar otros diputados como Alexia Rivas, Ana Figueroa, Caleb Navarro, Christian Guevara, Edgardo Mulato, Evelyn Merlos, Raúl Chamagua, Serafín Orantes, entre otros.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció a favor del contenido de la iniciativa pero rechazó que se apruebe con dispensa de trámites. Recordó que Vamos es el único partido político de El Salvador que no postuló candidatos para el Parlacen.
«Esa es la forma legítima en la que El Salvador debe reformar la Constitución», dijo, respecto a la forma de aprobación de reformas constitucionales que fue derogada por Nuevas Ideas. Ortiz pidió declarar el derecho al agua y la prohibición de la minería en la Constitución de la República. «Hipócritas», dijo.
Un total de 57 diputados votaron por el acuerdo de reforma para quitar el Parlacen de la Constitución de El Salvador. / Imagen de video Asamblea.
Luego de la lectura de la pieza de Nuevas Ideas, Zaldaña aseguró que el Parlacen se ha convertido «reducto de políticos» y de «delincuentes declarados buscando escaños en este tipo de identidades». Mencionó al diputado Roberto Silva Pereira, del PCN, condenado a 22 años de prisión por lavado de dinero y cohecho activo. También mencionó a Norman Quijano, de Arena, condenado a 13 años de prisión y cuatro meses por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. También mencionó a Mauricio Funes, Eugenio Chicas y Schafik Hándal, del FMLN.
El diputado Francisco Lira, de Arena, lamentó que no se apruebe una asignación de fondos a proyectos sociales y la falta de una política del agro. «Podríamos estar de acuerdo, ¿pero por qué todo lo hacen a la carrera?», cuestionó. Aseveró que Nuevas Ideas preside actualmente el Parlacen y señaló «ineficiencia». «Esperemos que puedan presentar adónde se va ir ese dinero», indicó.
El Parlacen está compuesto por 20 diputados de El Salvador, 22 diputados de Guatemala, 20 diputados de Honduras, 20 diputados de Nicaragua, 20 diputados de Panamá y 22 diputados de República Dominicana.
Según su sitio web, el Parlacen ha emitido 26 acuerdos en seis meses: 8 pronunciamientos, 14 recomendaciones, además de resoluciones, y una declaración. El Salvador posee una bancada compuesta por 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. Las decisiones del organismo no son vinculantes.
En noviembre de 2023, se conoció que el Parlacen gestionaba la compra de un seguro de vida y médico para los diputados y empleados administrativos del Parlacen, de tal forma que los diputados tuvieran durante el año siguiente un seguro de vida de $50,000 para los diputados y de $20,000 para los empleados administrativos. El beneficio gestionado para el Parlacen iba dirigido a 132 diputados o parlamentarios, 92 empleados administrativos y 30 exdiputados o exparlamentarios, un total de 254 personas de la región que laboran en el Parlacen.
Los artículos en proceso de reforma, 80 y 133, mencionan al Parlacen al definirlos como funcionarios de elección popular (80) y al declarar que tiene iniciativa de ley por medio de sus diputados en materia de integración centroamericana (133).
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, nombró a nuevos integrantes en las Juntas de la Carrera Docente de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, mediante acuerdos emitidos el pasado 16 de mayo de 2025.
Los nombramientos durarán por cinco años contados a partir del 2 de junio de 2025 según los acuerdos publicados en el Diario Oficial.
Junta de la Carrera Docente del departamento de Sonsonate:
1- Harold Enrique Cook Aguiñada, propietario
2- Úrsula Guadalupe García Cerón, suplente
Ambos fueron nombrados mediante acuerdo 15-0780/2025, del 16 de mayo de 2025, publicado el 21 de julio.
Junta de la Carrera Docente del departamento de Ahuachapán:
1- María Elizabeth Silva Alvarado, propietaria
2- Vladimir Edilson Serrano Orellana, suplente
Ambos fueron nombrados mediante acuerdo 15-1781/2025, del 16 de mayo de 2025, publicado el 21 de julio.
Harold Enrique Cook es docente graduado de Licenciatura en Educación en Ciencias Sociales. En 2020 fue candidato a diputado suplente del Parlamento Centromericano (Parlacen) de Nuevas Ideas y estuvo dentro de la nómina de afiliados al partido para su constitución.
También fue candidato a director propietario por el sector docente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) en noviembre de 2024.
Úrsula Guadalupe García Cerón ha sido directora del centro escolar cantón Los Mangos, Armenia, en Sonsonate, y directora suplente por el sector docente de la Caja Mutual de Empleados del Ministerio de Educación.
Harold Enrique Cook Aguiñada, propietario en la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate. / FB.
Las Juntas de la Carrera Docente están integradas por tres miembros propietarios nombrados por el Ministerio de Educación, uno designado por el titular de Educación, un segundo electo por los educadores y un tercero propuesto por la Corte Suprema de Justicia; de la misma manera son nombrados tres suplentes.
Los nombramientos fueron realizados, según el Ministerio luego de que los anteriores integrantes presentaran sus renuncias.
El 18 de noviembre de 2024, Susana Magdalena Menjívar de Pérez, integrante propietaria de la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de 2024, renuncia que fue legalizada el 3 de diciembre de ese mismo año. El nuevo nombramiento de Harold Enrique Cook Aguiñada fue autorizado por Hacienda el 18 de marzo de 2025.
En Ahuachapán, la renuncia fue presentada el 30 de julio de 2024 por César Arturo Romero Castaneda, de su cargo como miembro propietario de la Junta de la Carrera Docente, renuncia que se hizo efectiva a partir del 12 de agosto de 2024. Según el nombramiemto la renuncia se legalizó mediante acuerdo 01-0580 del 8 de agosto de 2024. También, el nuevo nombramiento fue autorizado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda el 18 de marzo de 2025.
Funcionarios de Cancillería, así como el diputado pecenista Reynaldo López Cardoza señalaron ayer que las empresas que contratarán a los salvadoreños retornados a su país aprovecharán que son «mano de obra calificada» debido a la experiencia laboral que han tenido en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.
“La empresa privada tiene esta gran oportunidad de poder aprovechar esta mano de obra súper calificada con técnicas que no han venido al país y que pueden venir a capacitar a sus empleados a través de nuestro Departamento de Atención a las Personas Retornadas”, consideró la viceministra de la diáspora y movilidad humana, Cindy Portal.
Los salvadoreños retornados, según Portal, vienen con experiencia pero no tienen cómo demostrarlo, por lo que Cancillería ha realizado convenios con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) para que otorgue las certificaciones respectivas.
El jefe del Departamento de Atención a la Persona Migrante de la Cancillería, Wilber Alfaro, también consideró que las personas retornadas tienen una experiencia que puede aprovecharse.
“Este es un enfoque de trabajo ganar-ganar porque va a haber una transferencia de conocimiento, en el marco de la migración inversa, buscamos fortalecer toda la estructura empresarial y otras áreas de El Salvador para que los salvadoreños con las características que hemos mencionado encuentren ese asidero que les genere desarrollo personal pero también desarrollo comunitario”, aseveró Alfaro.
Ambos funcionarios opinaron de esta forma luego de que el diputado del Partido de Concertación Nacional, Reynaldo López Cardoza, aseguró que Estados Unidos fue una “universidad” para los salvadoreños que han emigrado y laborado en dicho país.
“¿Por qué decía que las empresas se van a beneficiar? Porque viene en los deportados, porque lamentablemente hay mucha gente que está viniendo y que por las leyes de otros países los están deportando, las empresas que contraten estos deportados van a tener beneficios fiscales pero aparte van a tener una mano de obra de primera calidad”, prometió el diputado, quien también mencionó que muchos salvadoreños quieren regresar a El Salvador.
López Cardoza aseguró que él trabajó durante ocho años en “demolition roofing” (remoción de techos) en Estados Unidos. “Usted no sabe cuánta gente hay experta en materia laboral en Estados Unidos, es que Estados Unidos es una universidad para aprender a trabajar”, insistió.
Agregó que tuvo “una empresa fuerte, grande”. “Tenía como 80 personas que yo las andaba a mi cargo, y ahí andaban de diferentes países, el único que sabe trabajar de manera adecuada, de manera rápida, ordenada, es el salvadoreño”, indicó.
La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, indicó: “Esta migración inversa es inédita”.
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, solo durante los primeros seis meses del año 2025, El Salvador ha recibido un total de 9,806 salvadoreños deportados, de los cuales 9,798 se han deportado vía aérea.
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que regula beneficios a salvadoreños retornados, empresas que los contraten y regula a las agencias de trabajo que contraten a salvadoreños beneficiados en programas de movilidad laboral.
Los diputados aprobaron el dictamen favorable luego de una explicación de la normativa que les dio la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal.
El Ministerio de Trabajo creará el registro “Empleos para Salvadoreños Retornados” para que los empleadores se inscriban.
Los empleadores deberán tener al menos seis meses de haberse formalizado y una vez autorizados podrán deducir de su renta diferentes montos según la cantidad de salvadoreños retornados que hayan contratatado en cada año fiscal, así:
Deducciones de renta de los contratantes de retornados en El Salvador:
Tres salarios mínimos: si han contratado de 2 a 6 retornados.
Cuatro salarios mínimos: si han contratado de 7 a 12 retornados.
Cinco salarios mínimos: si han contratado al menos 13 retornados.
Las deducciones se restan del ingreso o renta «imponible» a la que se le aplica el Impuesto sobre la Renta.
La ley, además, amplía la exención fiscal de la que se benefician salvadoreños en el exterior que introduzcan sus bienes domésticos a El Salvador, actualmente aplicado a inmuebles por hasta un valor de $70,000 y que se ampliará a $100,000.
La normativa también obliga a las entidades financieras a abrir cuentas bancarias o dar servicios financieros a los salvadoreños amparados bajo la normativa y establece que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República emitirá lineamientos específicos.
Así mismo, la normativa permite que los salvadoreños en el exterior puedan constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, según la Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Según esta normativa, se inscribirían en el Registro de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y sus donaciones serán exentas de impuestos.
Y también esta normativa regulará las agencias reclutadoras de salvadoreños en el exterior que participan en los procesos de movilidad laboral y deberán presentar “informes periódicos detallados sobre sus actividades y los contratos gestionados”.
La ley también establece derechos de personas extranjeras como libre movilidad, identificación, protección internacional.
Los salvadoreños en el exterior se han beneficiado con una exención fiscal de $17.8 millones desde el 9 de noviembre de 2023 hasta el 28 de julio de 2025, informó este martes el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
Con esta exención, regulada hasta hoy por la «Ley especial transitoria de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación de salvadoreños», ha beneficiado a 1,873 familias, quienes introdujeron menaje por $44,333,726.96 durante ese periodo.
La ley permite la introducción de menaje de casa o bienes domésticos hasta por un valor de $70,000 por grupo familiar y de dos vehículos en buen estado por familia.
“Hay muchos compatriotas que se están beneficiando con esto, ya con esto se van a beneficiar más”. Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.
La información fue proveída por el legislador durante la reunión de la Comisión con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, para aprobar el dictamen de la nueva «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana», que amplía a $100,000 el valor de los bienes a introducir sin impuestos.
La nueva normativa busca dar incentivos a las empresas que contratan empresas retornadas y permitir a la diáspora constituir asociaciones a través del Ministerio de Gobernación.
El menaje de casa es exento de impuestos como el Derecho Arancelario al Importador (DAI) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en bienes usados y nuevos. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, se debe realizar una declaración ante aduana de los bienes que se están importando al país con los documentos requeridos y el pago de impuestos si aplica.
Los técnicos contratados por nuevos inversionistas en El Salvador, residan o no dentro del país, pagarán un impuesto sobre la renta del 10 % de sus remuneraciones que perciban de dichas inversiones, cuando estas no superen los $100,000 mensuales; por los excedentes de esa cantidad no pagarán Impuesto sobre la Renta (ISR).
Actualmente, la tasa de Impuesto sobre la Renta aplicada a los ingresos superiores a $2,038.11 mensuales –el tramo superior que existe– es un cobro del 30 % sobre el exceso de $2,038.10 más una cuota fija de $288.57 por cada mes, según la tabla de retención publicada en el Diario Oficial del 30 de abril de 2025.
El dictamen favorable 113 para aprobar el nuevo decreto “Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador” recibió una votación unánime este lunes en la Comisión de Hacienda.
Esta tasa de retención será aplicada por nuevas inversiones que realicen pagos a personal técnico que esté domiciliado dentro o fuera del territorio salvadoreño, y aplicará a toda clase de remuneraciones o compensaciones, honorarios, comisiones.
“Se aplicará una retención en concepto de pago definitivo de Impuesto sobre la Renta, equiparada a la tasa establecida en el artículo 156 del Código Tributario sobre las sumas pagadas o acreditadas”, indica el artículo 4 del decreto, en referencia a la retención del 10 % establecido en el artículo 156 del Código Tributario para personas contratadas “que no tengan relación de dependencia laboral con quien recibe el servicio”.
El nuevo decreto indica que este porcentaje retenido por el inversionista al técnico será el “pago definitivo de Impuesto sobre la Renta” sobre las sumas pagadas a dicho empleado.
El diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, preguntó al ministro de Hacienda, Jerson Posada, “si actualmente en el país ya hay personas que perciban un salario de esa cantidad por persona natural”.
El funcionario no respondió si hay personas que perciben $100,000 y reiteró en qué consiste la reforma: se equipara la retención de la tasa de ISR del 10 % al personal contratado por servicios profesionales de personal técnico contratado por estas nuevas inversiones.
Además, señaló que a las remuneraciones de los técnicos que sobrepasan los $100,000 mensuales solo les aplicarán la tasa únicamente sobre los $100,000, no sobre el excedente de los mismos.
“Si tienen un salario de $100,000 o más, no van a pagar sobre el excedente de los $100,000. Esos casos serán muy pocos, serán los altos ejecutivos de esas nuevas inversiones que podrán tener salario de esa naturaleza o personal muy calificado de empresas de tecnología o informática”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.
Para aplicar a esta tasa, los nuevos inversionistas deberán presentar al Ministerio de Hacienda un informe que contenga la planilla del personal técnico domiciliado o no, y deberán informar de toda incorporación o salida del personal dentro del plazo de cinco días hábiles.
También, para el proceso de clasificación como inversionistas, deberán presentar la solicitud a través de un formulario electrónico, adjuntar la planilla respectiva y debe haberse inscrito en el Registro de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable del decreto “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador”, que beneficiaría a nuevas inversiones cuya cuantía sea igual o mayor a $2,000 millones en inversión o su patrimonio supere ese valor en cualquier actividad económica.
Los beneficiados serán las personas naturales extranjeras o las personas jurídicas constituidas en el extranjero que realicen nuevas inversiones de alto valor en El Salvador y las trasladen del extranjero, y también inversionistassalvadoreños radicados en el extranjero por más de un año ininterrumpido que trasladen sus inversiones a El Salvador.
“Lo que buscamos es hacer más atractivo al país para estas nuevas inversiones, otorgando algunos beneficios tributarios. Esto solo aplica a nuevas inversiones, no aplica a inversiones existentes en el país”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.
La exención se aplicará a las empresas por el traslado de sus inversiones a El Salvador cuyos montos de inversión sea igual o mayor a los $2,000 millones o que tengan un patrimonio igual o mayor a $2,000 millones para cualquier actividad económica.
¿Cuáles serán los beneficios?
1- Exención total del Impuesto sobre la Renta (ISR)
La exención del ISR será respecto a utilidades, dividendos, regalías, rentas, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos cuando sean titulares de las inversiones de alto valor o de empresas con patrimonio igual o superior a los $2,000 millones. No estarán obligados a declarar el pago o anticipo a cuenta por dichos ingresos.
2- Exención total de impuesto a la compra de inmuebles
Exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces en la compra de bienes inmuebles a ser utilizados en el desarrollo de sus actividades económicas.
3- Exención total de impuestos municipales
Exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado por los beneficiados.
4- Exención total de aranceles
Exención total del pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) para bienes, insumos, maquinaria, equipo y herramientas para sus actividades.
El ministro de Hacienda aseveró que actualmente “no existe en el país ni por cerca una empresa o institución que tenga un capital o patrimonio de esta cantidad”; “actualmente no hay ninguna empresa nacional que alcance ni la mitad de ese monto”, insistió.
Antes de la aprobación, algunos diputados hicieron preguntas. El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional, preguntó si «la empresa no necesariamente tiene que traer a El Salvador los $2,000 millones». El ministro reiteró que el requisito es que que «traiga una inversión de $2,000 millones o que tenga un patrimonio de $2,000 millones». También consultó si la empresa puede ser de cualquier rubro y cualquier país, a lo cual el funcionario respondió afirmativamente: «Puede venir inversión de cualquier parte del mundo».
El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que en México, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, India, Brasil, Australia, Arabia Saudita y Catar ya hay inversiones de $2,000 millones o superiores. El diputado citó que Amazon invirtió $4,400 millones en la India en 2023 y que Apple anunció en 2021 un programa de inversiones de $430,000 millones en Estados Unidos. Mencionó también inversiones en energía y petróleo, como Chevron en Estados Unidos.
Pasos para aplicar a la exención total a las nuevas inversiones del extranjero
1- Presentar atestados de constitución legal si es persona jurídica, unión de personas o cualquier otro sujeto de derecho, debidamente apostillados o legalizados.
2- Certificación de los estados financieros o balance inicial autorizado por contador público en el país del inversionista extranjero o de la sucursal que refleje el monto de la inversión.
3- Demostrar el traslado de la inversión o del patrimonio al país.
4- Inscribirse en el Registro de Contribuyentes.
5- Presentar un escrito a la Dirección General de Impuestos Internos dentro de 30 días calendarios posteriores al inicio de sus operaciones.
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.
Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.
La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.
Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.
El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.
Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.
La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.
Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.
Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.
Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.
Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.
Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.
“Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.
Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.
La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.
Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.
