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  • PNC detiene a hombre acusado de llevar marihuana en un tóper

    PNC detiene a hombre acusado de llevar marihuana en un tóper

    Víctor José Escalante Catalán fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por supuestamente transportar droga en un recipiente de plástico.

    Las indagaciones policiales señalan que el hombre movilizaba marihuana en el recipiente de plástico, cuando fue intervenido por agentes en el cantón Las Chinamas, en Ahuachapán Centro.

    La PNC dijo este sábado que el hombre será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.

    Ayer, también fue detenido Kevin Alexander Espinoza Escobar, de 19 años, acusado de posesión y tenencia de drogas.

    A Espinoza Escobar se le incautaron 18 porciones de marihuana en su casa, así como cocaína, dinero en efectivo y trabuco (arma de fuego de gran calibre).

    La Policía dijo que el hombre se encarga de vender drogas en el distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste.

    El hombre también será remitido por el delito de fabricación, portación y tenencia de arma de fuego o explosivos caseros o artesanales.

     

    Pandillas

    En las últimas horas, los agentes de la PNC detuvieron a Miguel Enrique López Soriano, presunto miembro de la clica Harrison Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha (MS-13), en la comunidad San Roque, San Jacinto, San Salvador Centro.

    Según las investigaciones policiales, el hombre “resguardaba las armas” que la pandilla utilizaba para delinquir en San Salvador.

    López Soriano será procesado por las autoridades por el delito de agrupaciones ilícitas.

     

     

     

     

     

     

  • Asamblea prorroga por 44ª vez régimen de excepción: “Hay remanentes no capturados”

    Asamblea prorroga por 44ª vez régimen de excepción: “Hay remanentes no capturados”

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la 44ª prórroga del régimen de excepción, que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales desde marzo de 2022 en El Salvador.

    La prórroga fue aprobada por 57 diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC; Arena no votó y Vamos votó en contra.

    Los diputados del oficialismo argumentaron que después de tres años de la implementación del régimen aún hay «remanentes no capturados».

    La nueva prórroga inicia este 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.

    El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, citó la reciente captura de una supuesta pandillera como prueba de que “hay remanentes todavía” “que no se han capturado”. “Por eso la necesidad de seguir aprobando el régimen de excepción”, indicó.

    «Hace dos días fue capturada esta pandillera que salió en ese documental de La Vida Loca, esto hace dos días, fue capturada esta peligrosa pandillera, en San Martín. Esto quiere decir que hay remanentes, todavía hay remanentes de pandilleros que no han sido capturados y existe la necesidad de seguir prorrogando el régimen de excepción», aseguró.

    Navarro cuestionó “de dónde nace” el argumento de la oposición que “ya no se necesita el régimen de excepción” y señaló que los trataban como “actores de Hollywood”.

    El diputado Walter Alemán, también de la bancada cian, aseguró que ha habido 932 días sin homicidios desde la aprobación del régimen de excepción y 89,875 capturados, además de 1,046 días sin homicidios durante la gestión del gobierno actual.

    Por su parte, la diputada Claudia Toledo, también de Nuevas Ideas, aseguró que gracias al régimen ahora tranquilidad en el país.

    «Ahora podemos andar el celular en la mano en el Centro Histórico. Hoy por hoy estamos creciendo en todas las áreas y queremos seguirlo haciendo y vamos a seguir apoyando lo bueno. Este régimen de excepción nos permite vivir tranquilos», expresó Toledo.

    La votación fue nominal y pública en la que los diputados oficialistas y aliados, como ya es costumbre, se levantaron para aplaudir por la aprobación de la nueva prórroga.

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • PNC detiene a menor por fotografiarse haciendo señas alusivas a pandillas en Chalatenango

    PNC detiene a menor por fotografiarse haciendo señas alusivas a pandillas en Chalatenango

    Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron el lunes a una menor de edad identificada como Katherine M. de 17 años de edad, quien es señalada de publicar videos y fotografías en sus redes sociales realizando señas alusivas a la Mara Salvatrucha 13 (MS-13).

    La detención de la menor se realizó en la calle principal del barrio El Centro, justo enfrente del Parque Municipal del distrito de La Laguna, ubicado en Chalatenango Sur, informó la institución a través de su cuenta de la red social X.

    En el video publicado por la corporación, se muestra a la menor realizando una seña alusiva a dicha pandilla, tras su captura las autoridades detallaron que será remitida ante los tribunales por el delito de resistencia.

     

    Este incidente, en el que un menor fue arrestado, se suma al caso de Mario J. C. P., quien fue detenido el 15 de octubre por hacer gestos relacionados con pandillas, según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro. 

    El funcionario no especificó la ubicación ni la fecha exacta de la captura, pero afirmó que este último menor será procesado como integrante de una «organización terrorista».

    Más arrestos

    Esta no fue la única captura reportada en las últimas horas, ya que la PNC, junto con la Fuerza Armada, arrestó a Kevin Alexander Rivas Mercado, quien es un presunto “homeboy” (miembro) de la pandilla 18 facción Sureño (18S).

    El arresto se efectuó en el caserío Santa Lucía, cantón Maquilishuat, de Ilobasco, Cabañas Oeste, y presuntamente distribuía drogas en dicha zona de acuerdo al reporte policial.

    Asimismo, la PNC reportó que Rivas Mercado ha sido procesado anteriormente por posesión y tenencia de drogas.

  • El presidente de Guatemala cambia a su gabinete de seguridad tras fuga de 20 pandilleros

    El presidente de Guatemala cambia a su gabinete de seguridad tras fuga de 20 pandilleros

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles una renovación en el gabinete de seguridad tras la fuga de 20 reclusos, presuntamente miembros de la pandilla Barrio 18, considerada organización terrorista internacional por el Gobierno de Estados Unidos.

    “La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo. Es una falta grave contra cada guatemalteco que confía en el Estado para protegerlo”, afirmó Arévalo en un mensaje dirigido a la nación, luego de varios días sin pronunciarse debido a un viaje oficial a Europa.

    El mandatario aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y el viceministro de Seguridad, José Portillo. Los nombres de sus sustitutos serán anunciados “próximamente”, indicó.

    Como parte de las medidas para enfrentar la crisis carcelaria, Arévalo anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad para 2,000 reclusos, que estará listo en un plazo de doce meses. Además, se reforzarán las capacidades de las cárceles existentes para evitar que el control caiga en manos de los criminales.

    El gobierno guatemalteco también iniciará un censo nacional de la población penitenciaria, y pondrá en marcha una fuerza de tarea especial para revisar procesos administrativos, combatir la corrupción interna y corregir fallos en la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

    Arévalo aseguró que estas acciones contarán con el respaldo del FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses, en una colaboración directa para desarticular redes del crimen organizado y evitar nuevas fugas.

    Fuga durante viaje oficial

    La fuga masiva ocurrió durante el fin de semana, mientras el presidente se encontraba de gira en Europa, lo que retrasó su respuesta ante un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos a su administración. En su mensaje, denunció la existencia de actores políticos “oportunistas” vinculados a redes delincuenciales, que estarían buscando aprovecharse de la crisis.

    El caso ha generado gran preocupación en la población guatemalteca, que demanda respuestas contundentes ante la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

     

  • Haití suma otra misión internacional sin garantía de éxito

    Haití suma otra misión internacional sin garantía de éxito

    El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes una nueva misión internacional en Haití, luego del fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que concluye esta semana. Pese a su objetivo de combatir la violencia armada, la MSS no logró frenar a las pandillas, responsables de más de 16,000 muertes desde 2022, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

    La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, autoriza el despliegue de hasta 5,500 agentes bajo la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de contener a los grupos criminales que controlan vastas zonas del país.

    Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), lamentó la falta de resultados de la MSS.

    “No es una sorpresa que la MSS no tuviera éxito. Nos preocupaba la forma en que se decidió llevarla a cabo”, declaró Auguste Ducéna a EFE.

    También criticó que la misión llegara sin equipamiento adecuado para enfrentar a las bandas armadas.

    La activista apuntó que la MSS tenía como objetivo inicial asegurar las carreteras y proteger infraestructuras críticas, pero en la práctica “ni siquiera se les ve”. Mencionó el caso del departamento de Artibonite, donde “más del 50 % de los 15 municipios han sido atacados o están bajo control de pandillas”.

    Un integrante de la Policía haitiana patrullando, en Liancourt, Haití, frente a una patrulla baleada por pandilleros. EFE

    En cuanto a la GSF, Ducéna reconoció que hay un diseño distinto que podría jugar a su favor, con más apoyo internacional y mejor preparación para ejecutar operaciones.

    “Estará mejor equipada y tendrá mayor autonomía que la MSS”, indicó. Sin embargo, subrayó que el problema de fondo sigue sin resolverse.

    “Cuando hablamos de seguridad a mediano y largo plazo, se trata ante todo de una cuestión de gobernanza. La seguridad va de la mano del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Si no se hace nada al respecto, la llegada de más fuerzas extranjeras no cambiará la situación estructural”, explicó Ducéna.

    Desde 1990, Haití ha sido escenario de más de diez misiones internacionales, ninguna con resultados duraderos. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), activa entre 2004 y 2017, dejó un recuerdo amargo: provocó un brote de cólera que mató a unas 10,000 personas y fue acusada de casos de explotación sexual y represión civil.

    Para Ducéna, “son las autoridades haitianas las que deben decidir qué quieren hacer con este país”, advirtiendo que, sin voluntad política y fortalecimiento institucional, Haití continuará atrapado en el ciclo de inseguridad, dependencia y violencia.

  • La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    Más de 16,000 personas han muerto en Haití desde 2022 como consecuencia directa de la violencia desatada por bandas criminales (pandillas), reveló este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Türk alertó sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad haitianos, cuya actuación estaría detrás de más de la mitad de los asesinatos registrados en lo que va de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior.

    “La situación de los derechos humanos en Haití ha llegado a un punto crítico”, declaró el alto comisionado, tras afirmar que los abusos y violaciones se han intensificado desde marzo pasado.

    Las pandillas armadas han extendido su dominio más allá de Puerto Príncipe, abarcando regiones como Centro y Artibonito, lo que ha incrementado el tráfico de armas, drogas y personas, exacerbando la crisis de seguridad en la región. Entre las violaciones documentadas se incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de alimentos y destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas.

    El alto comisionado denunció que la Policía Nacional ha ejecutado sumariamente a al menos 174 personas por presuntos vínculos con las bandas, mientras que otras 500 han sido asesinadas en linchamientos o a manos de grupos de “autodefensa” formados espontáneamente. A esto se suma el uso creciente de drones explosivos por parte del gobierno, con los que han muerto al menos 559 personas —incluidos 11 niños— desde marzo.

    Türk exhortó a las autoridades haitianas a investigar estos abusos y recordó que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. También pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar el cumplimiento del embargo de armas, ya que se estima que circulan entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en el país.

    En medio de esta emergencia, el país enfrenta un colapso humanitario sin precedentes. Según datos de la ONU, 6 millones de personas —la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria, entre ellas 3.3 millones de niños. Además, al menos 1.3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

    Crisis sanitaria agrava el drama humanitario

    La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también alertó sobre el aumento de víctimas civiles atendidas en sus instalaciones de Puerto Príncipe, donde casi el 40 % de la población necesita atención médica urgente. Entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud han dejado de operar debido a ataques, saqueos, incendios o amenazas.

    MSF informó que entre enero y junio de 2025 brindaron atención a 13,300 pacientes en emergencias, trataron a 2,267 víctimas de violencia y atendieron a 2,600 sobrevivientes de violencia sexual. De esas víctimas, el 26 % eran menores de edad, cifra más del doble que en 2024.

    Uno de cada tres niños lesionados por violencia presentó heridas de bala, reveló la organización. “La población está atrapada entre los drones explosivos del Estado y la brutalidad de los grupos armados que aterrorizan barrios enteros”, advirtió la ONG en su comunicado.

    MSF también denunció que el único hospital público que sigue en funcionamiento es el Hospital Universitario La Paz, el cual opera con gran dificultad. Muchos residentes temen salir de zonas controladas por bandas para buscar atención médica, lo que ha colapsado los pocos centros que aún operan, como el hospital de traumatología de MSF en Tabarre, que ha ampliado su capacidad en un 50 %.

    La organización reportó que el 20 de septiembre atendieron a 17 personas heridas tras un ataque con drones en el barrio Cité Soleil. Entre los fallecidos había tres niños, varias mujeres y hombres que no sobrevivieron al traslado o murieron al llegar al hospital.

    “Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono. Los pocos actores humanitarios que quedan se sienten rebasados por las crecientes necesidades”, concluyó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití.

     

  • La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear una nueva fuerza internacional para combatir a las pandillas que aterrorizan Haití, está supuesta a prosperar y dejar atrás una estela de misiones similares que no han podido garantizar la seguridad en el país más pobre del continente.

    El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en el país caribeño de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.

    La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dirigida por Kenia, abandonará el país en los próximos días sin haber logrado los resultados esperados.

    Muy diferente a lo esperado, las bandas armadas haitianas se han hecho con nuevos territorios en ciudades, amén de que controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

    Asimismo, la fuerza no ha logrado ayudar a la Policía Nacional a recuperar los territorios controlados por las bandas desde hace muchos meses, a pesar de las operaciones llevadas a cabo, ninguna de las cuales ha resultado con la detención o la muerte de un jefe de banda.

    Se trata de un duro revés para la MSS, que deja lecciones que la nueva fuerza deberá aprender para poder hacerlo mejor en un país en el que las expectativas de un retorno a la calma apenas encuentran respuesta más allá de los discursos, las notas y las ruedas de prensa, donde las promesas no dejan de multiplicarse.

    ¿Será esta la oportunidad?

    La Fuerza de Eliminación de Pandillas está supuesta a contar con 5.500 miembros militares o policiales. La MSS debió estar conformada por unos 2.500 efectivos, pero solo alcanzó los 1.000, debido a que varios países no enviaron los miembros que habían anunciado y no tuvo el respaldo económico previsto.

    La misión que finaliza carecía de apoyo logístico, por lo tanto, esta nueva fuerza anunciada corre el riesgo de enfrentarse a las mismas dificultades, si no hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional.

    Aunque, según lo anunciado, esta nueva fuerza tendrá autoridad para llevar a cabo operaciones activas contra las pandillas y realizar detenciones y arrestos selectivos. Una tarea a la que la misión saliente no se dedicaba realmente.

    Con esta nueva fuerza, las bandas deben esperar ataques e incluso represalias violentas. Debe infundir miedo a las bandas que aterrorizan a la población civil. Debe actuar de forma concreta y debe ser capaz de vencer.

    A su llegada, con fecha aún por definir, esta fuerza debe enviar una señal contundente como sería la detención de los líderes de las bandas o su muerte en operaciones militares.

    Desde al menos 2018, este país caribeño no ha conocido la paz. Una inseguridad reforzada por una inestabilidad política sin precedentes.

    El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que apuesta por un «rápido despliegue» de la nueva misión internacional para combatir las bandas armadas en Haití e hizo un llamado para que otros países se sumen a este esfuerzo.

    De su lado, el presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), Andrew Holness, llamó este miércoles un «paso significante» la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para establecer una fuerza de eliminación de las bandas armadas que siembran el terror en Haití.

    El martes, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, expresó su «gratitud a los miembros del Consejo» que han dado apoyo a esta iniciativa y, en especial, a los Estados Unidos y Panamá.

  • EE.UU. reconoce “esfuerzos significativos” contra la trata de personas en El Salvador pero señala deficiencias

    EE.UU. reconoce “esfuerzos significativos” contra la trata de personas en El Salvador pero señala deficiencias

    Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado

    «Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.

    El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.

    El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.

    Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.

    “El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.

    El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.

    El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.

    El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.

    Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.

    Recomendaciones

    El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.

    Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.

    También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.

    Nuevas dinámicas delictivas

    El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.

    Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.

    “Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.

     

     

     

     

     

     

     

  • Alejandro Gutman habla en Nueva York del “modelo de desarrollo” de El Salvador y critica a la ONU

    Alejandro Gutman habla en Nueva York del “modelo de desarrollo” de El Salvador y critica a la ONU

    El director de Integración, Alejandro Gutman, presentó en una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas lo que llamó un nuevo modelo de desarrollo en El Salvador y aseguró que la ONU “no está a la altura” en el tema.

    Gutman participó en la plenaria de la reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, celebrada el jueves en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York y a la que aún no asistió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    Señaló que la ONU “en desarrollo social no está a la altura ni en conocimientos, ni en resultados, ni en eficiencia, ni en prácticas en el terreno».

    Consideró que la ONU «debe actualizarse y abrirse a nuevos conceptos y prácticas que resulten verdaderamente transformadoras” «para que los pueblos puedan salir de la pobreza.

    Según Gutman, él ha intentado “una y mil veces durante las últimas tres décadas” un mejor involucramiento de la ONU.

    “Los esperamos para que conozcan y acompañen el nuevo modelo de desarrollo social que está llevándose a cabo en El Salvador”, remarcó al final de su breve discurso.

    «Primer país» en garantizar educación superior: Gutman

    Alejandro Gutman sostuvo en su discurso que El Salvador es el primer país en Latinoamérica que garantiza “el acceso a la educación superior” a los bachilleres del sistema público.

    “La educación superior en El Salvador ha dejado ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos. Hoy todos los jóvenes que cursan el bachillerato en las escuelas públicas tienen garantizadas la continuidad de sus estudios superiores en las universidades, escuelas técnicas o cursos vocaciones. Esto no solo representa un cambio trascendental en nuestra historia sino que posiciona a El Salvador como el primer país en Latinoamérica en garantizar el acceso a la educación superior para todos los bachilleres provenientes de la educación pública”, fueron sus palabras.

    Presentó a El Salvador como un país en donde se trata de promover una “mirada política distinta” a los jóvenes y en donde trabajan no para hacer “mejores pobres” sino “menos pobres”, aseveró que maestros y directores han empezado “a sentirse más cómodos”, que las familias están acompañando y que las universidades y las comunidades están siendo parte de esos desarrollos.

    Gutman sostuvo que “históricamente solo entre 1 % y 5 % de los jóvenes que egresaban del bachillerato en el sistema de educación pública tenían la posibilidad de ingresar a la universidad” y elogió la visión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como la seguridad pública.

    La Dirección de Integración es una institución pública vigente desde 2024 que recibe el 40 % de los ingresos del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) de las cotizaciones que aportan los patronos del sector privado y las autónomas, antes absorbidas por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).

    La Dirección de Integración prometió en diciembre de 2024 la entrega de 9,000 becas universitarias a bachilleres salvadoreños, firmando convenios con ocho universidades y tres escuelas técnicas.

    El 8 de septiembre pasado, anunció un convenio con la Universidad Francisco Gavidia que desde 2026 otorgará, si cumplen ciertos requisitos, becas a 500 bachilleres.

    Los beneficiados son parte del Programa Proceso Formativo de la Dirección de Integración, que les da refuerzos académicos y un curso de “ADN de la pobreza y cultura de la integración”.

    El Programa Proceso Formativo de la Dirección de Integración tiene registrados 19,356 estudiantes de bachillerato, un 45 % ha dicho Gutman, según un comunicado de la institución.

    En los últimos tres años, la cantidad de estudiantes aspirantes y examinados en la Universidad de El Salvador (UES), la universidad estatal del país, cayó en los últimos tres años en al menos un 25 %.

    Para el año 2022, un total de 22,000 retiraron solicitudes pero se examinaron solo 18,000; para el año 2025, retiraron 15,500 solicitudes y se examinaron 13,500. Para el año 2025, de los 13,500 estudiantes que se examinaron solo 4,500 aprobaron.