Etiqueta: pandillas

  • La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    Las familias que vivían hasta a 50 metros de distancia de las zonas más conflictivas por presencia de pandillas vieron afectado su nivel educativo y sus ingresos, destacó un estudio del Banco Mundial.

    El informe, publicado este jueves, sostiene que el capital humano no solo se construye en las escuelas o clínicas, sino también en los entornos donde las personas viven e interactúan diariamente. El hogar, el vecindario y el lugar de trabajo se constituyen como tres espacios críticos para desarrollar habilidades y salud a lo largo de la vida.

    La investigación señala que la violencia ejercida por las pandillas en San Salvador afectó la acumulación de capital humano, conclusión obtenida a partir de consultas presenciales realizadas en El Salvador.

    “Un entorno local con violencia generalizada puede deprimir el capital humano. Esto se evidencia en datos históricos de San Salvador, donde las pandillas restringieron la movilidad, limitaron el acceso de los residentes a mejores oportunidades laborales y redujeron sustancialmente las tasas de graduación de la escuela secundaria”, indica el informe.

    Las familias salvadoreñas en vecindarios controlados por pandillas en San Salvador tenían menos activos, menores ingresos y un nivel educativo más bajo en comparación con personas que vivían a tan solo 50 metros de distancia, fuera del territorio controlado.

    De esta manera, la probabilidad de que un joven se graduara después de 10 años era menor en una zona bajo control de pandillas, mientras que fuera de esos territorios las posibilidades eran mayores.

    Mapa publicado por el Banco Mundial en su informe «Building Human Capital in Homes, Neighborhoods, and Workplaces».

    Involucrar a los vecinos

    Para el organismo multilateral con sede en Washington, el impacto de las políticas de desarrollo humano requiere coordinación entre sectores, la cual es más eficaz cuando se implementa a nivel de barrios, con la participación de actores de educación, salud y protección social.

    En el caso de El Salvador, el Banco Mundial menciona que el Programa de Escuelas Seguras redujo la deserción escolar y el reclutamiento por pandillas al colocar agentes policiales en los centros educativos durante las horas de entrada y salida.

    “Estos ejemplos subrayan la importancia de la planificación integrada de barrios para garantizar que actores y organismos locales de todos los sectores colaboren en mejorar los resultados en materia de capital humano. La forma más eficaz de apoyar la acumulación de capital humano puede, en ocasiones, implicar priorizar un sector que tradicionalmente no es el foco de la política social”, agrega el informe.

    La vigilancia policial en la entrada y la salida de estudiantes comenzó en 2018 como parte de un plan de prevención. En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele implementó el régimen de excepción, que se prorroga mensualmente y que, según las autoridades de seguridad, ha permitido una reducción drástica de la violencia y los homicidios.

    “Una importante ofensiva gubernamental lanzada en 2022 redujo drásticamente el crimen, pero aumentó dramáticamente la tasa de encarcelamiento en El Salvador”, menciona el estudio del Banco Mundial.

  • Capturan en EE.UU. a pandillero salvadoreño acusado de cinco asesinatos

    Capturan en EE.UU. a pandillero salvadoreño acusado de cinco asesinatos

    Agentes federales de inmigración de Estados Unidos capturaron el 31 de diciembre en Alexandria, Virginia, a Edwin Antonio Hernández, un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en el asesinato de cinco miembros de la pandilla rival Barrio 18 en El Salvador, informaron este sábado medios estadounidenses.

    Hernández, de 27 años, conocido con los alias “Demente” y “Crazy”, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertara sobre su estatus migratorio irregular, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    De acuerdo con la información oficial, el salvadoreño ingresó de forma ilegal a territorio estadounidense en 2015 por la zona de Hidalgo, Texas. Aunque fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza, posteriormente quedó en libertad mientras enfrentaba procesos en tribunales migratorios.

    Durante entrevistas con agentes federales, Hernández habría admitido su participación en cinco homicidios cometidos en El Salvador contra miembros del Barrio 18. En al menos dos de los casos, aseguró que disparó a las víctimas en el pecho y la cabeza. En otro hecho, relató que un rival fue torturado, apuñalado en el pecho y posteriormente desmembrado mientras aún estaba con vida.

    La pandilla Barrio 18 es considerada una de las estructuras criminales más grandes y violentas de Centroamérica. Tanto esta organización como la MS-13 fueron catalogadas el año pasado por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

    El arresto se produjo en medio de un contexto político tenso en Virginia, luego de que la gobernadora Abigail Spanberger firmara, en su primer día en el cargo, una orden ejecutiva que elimina la obligación de cooperación entre policías estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

    Las autoridades estadounidenses mantienen a Hernández bajo custodia mientras avanzan los procesos legales en su contra por ingreso ilegal y permanencia irregular en el país.

     

  • México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

    México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

    Agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas realizan labores de vigilancia y seguridad en el sur de México, ante el estado de sitio declarado por la ola de violencia en Guatemala con recorridos en los distintos puntos irregulares en las márgenes del río Suchiate, frontera natural entre ambos países.

    Desde Tapachula, en el estado de Chiapas y la mayor ciudad de mexicana de la frontera, el empresario Roberto García Zenteno, pidió que se refuerce aún más la seguridad, al asegurar que la declaración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se hizo porque se estaba haciendo «más peligrosa cada día» la vida en el país centroamericano.

    «Claro, que se siga reforzando la seguridad y que no solo se siga reforzando, sino que realmente observen y analicen. Recuerden que hace 12 o 13 años tuvimos el problema de los ‘Maras’ (pandillas) donde amenazaron que iban atacar Tapachula.Tal vez en esa época fue una amenaza como un volado al viento, pero todo se detuvo a tiempo, estamos hablando de delincuencia organizada”, advirtió en declaraciones a EFE.

    Por su parte, el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, reconoció que la situación en la zona es «delicada» y subrayó que «toda la frontera es como una coladera, no es que sea segura, hay puntos donde hay control, pero la mayor parte es un río y se acabó».

    El obispo reconoció el temor de que si el gobierno de Guatemala está poniendo más presión «contra gente del mal pudiera ser que caminen para acá (México)».

     

    La frontera del Río Suchiate

    Desde el ámbito económico también se empiezan a percibir los efectos de la situación en el país vecino.

    A juicio de José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), es algo «preocupante», ya que complica el ingreso y la visita de guatemaltecos que dejan una derrama económica importante.

    “Si, se ha disminuido, no hemos visto los autobuses o las camionetas que ellos traen en las calles, esto nos habla que no están ingresando a Tapachula de manera normal. Nos preocupa este hecho que pudiera extenderse”, indicó Herrera.

    Sobre los operativos que realizan las autoridades mexicanas en el río Suchiate, el representante empresarial remarcó que todo lo que «abone a seguridad es bueno, porque en Guatemala hay una persecución de delincuentes».

    Por esta situación, consideró que los delincuentes no se van a ir al Salvador y «lo más seguro es que vengan a México, donde es fácil el ingreso por la frontera sur, por lo que es importante contener a la delincuencia».

    El país centroamericano cumple ya casi dos semanas desde la implantación de un estado de sitio, después de que el fin de semana pasado fueran asesinados 10 policías a manos de presuntos pandilleros, medida que estará en vigor durante 30 días y que habilita la detención de cualquier persona señalada por terrorismo o sedición sin necesidad de una orden judicial.

    El Gobierno de Guatemala y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios de Administraciones anteriores.

  • Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 124 años de prisión a varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), responsables del asesinato de una mujer embarazada y de su bebé, además de otros delitos vinculados a la estructura criminal.

    La pena más alta fue impuesta a Alexis Omar González Rodríguez, alias Little Trucha, sentenciado a 124 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, aborto sin consentimiento, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    En el mismo proceso, Mauricio Antonio Moreno, alias Druppy, recibió una condena de 63 años de prisión por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Asimismo, Moris Omar Castellón Santamaría, alias Spanky, fue condenado a 34 años de cárcel por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas. Según la sentencia, Spanky ostentaba el rango de corredor de clica dentro de la estructura delincuencial.

    El tribunal también impuso penas que oscilan entre 15 y 23 años de prisión a otros cinco pandilleros, todos identificados como miembros activos de la MS-13 y con base de operaciones en distintas zonas de San Salvador.

    Entre los hechos probados se encuentra el homicidio agravado de una mujer en estado de gestación, así como la planificación para asesinar a un sacerdote, a quien los pandilleros consideraban que mantenía comunicación con una estructura rival.

     

  • Miembro del COENA: «A los nuevos, como los de antes que negociaron con criminales, la justicia los alcanzará

    Miembro del COENA: «A los nuevos, como los de antes que negociaron con criminales, la justicia los alcanzará

    El exdiputado suplente y actual encargado de Asuntos Electorales y Defensa del Voto del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena (Coena), César Reyes, realizó su publicación un día después que Norman Quijano fuera deportado de Estados Unidos a El Salvador.

    «La verdad siempre sale a la luz. A los nuevos que al igual que los de antes pactaron y negociaron con criminales para hacerse con el poder. Más pronto que tarde la justicia los alcanzará. La embriaguez del poder los hace sentirse impunes, pero nada es para siempre.», publicó Reyes este martes en su perfil de X.

    Norman Quijano, exalcalde, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial y diputado inhabilitado de Parlamento Centroamericano por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue deportado este pasado 26 de enero de Estados Unidos.

    Al llegar a El Salvador, autoridades le notificaron formalmente su condena de 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a pactos con cabecillas de pandilleros según la acusación.

    El 18 de diciembre de 2021, los diputados le retiraron la protección constitucional y, en octubre de 2022, La Fiscalía General de la República lo acusó formalmente por esos delitos.

    La Fiscalía General de la República informó en cuenta de X, que luego de notificarle formalmente su condena, Quijano sería trasladado a un centro penitenciario, en donde cumplirá la pena impuesta por la justicia salvadoreña.

  • El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.

    Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.

    Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.

    Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.

    “Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.

    Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.

    “Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.

    Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz

    La alerta continúa

    Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.

    Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.

    Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.

    Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.

     

  • Cárceles en Guatemala operan como centros de mando del crimen

    Cárceles en Guatemala operan como centros de mando del crimen

    Las cárceles en Guatemala se han convertido en el principal centro de operaciones de las pandillas, que desde hace años organizan desde sus celdas un lucrativo esquema de extorsiones a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas, según denunció este jueves Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

    De acuerdo con Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización, el sistema penitenciario guatemalteco ha sido penetrado históricamente por la corrupción, permitiendo a estructuras criminales operar con total impunidad.

    “Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino de dirección criminal”, afirmó.

    La situación se agravó tras los disturbios recientes, donde diez policías fueron asesinados luego de que autoridades retomaran el control de tres prisiones dominadas por pandilleros.

    El fenómeno de las extorsiones alcanza niveles críticos. Solo en 2025, se interpusieron 25,961 denuncias, un aumento del 3.9 % respecto a las 24,978 de 2024, según el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN). Estas cifras reflejan una tasa de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes, concentrándose casi la mitad en el departamento de Guatemala.

    El sistema carcelario es considerado una “bomba de tiempo permanente” por el mismo Gobierno. El país cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6,000 reclusos, pero actualmente albergan a más de 23,000, superando un 300 % de ocupación. A ello se suma una custodia insuficiente, con apenas 3,997 guardias, lo que facilita el acceso a teléfonos celulares, armas y otras herramientas para coordinar crímenes desde el encierro.

    Aunque el Gobierno trasladó a cabecillas pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, el CIEN advierte que persisten fallas graves. En cada requisa se siguen encontrando teléfonos y dispositivos electrónicos, lo que evidencia que el combate a la corrupción sigue siendo la mayor deuda institucional.

    Casos como el de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de Barrio 18, revelan cómo los reclusos exigen comodidades como aire acondicionado, alimentos de restaurantes y camas tipo ‘king size’, evidenciando el deterioro del control estatal.

     

  • Pandillero es condenado a 74 años de cárcel por participar en al menos cuatro conspiraciones de homicidio

    Pandillero es condenado a 74 años de cárcel por participar en al menos cuatro conspiraciones de homicidio

    Roberto Funes fue condenado a 74 años de cárcel por participar en al menos cuatro conspiraciones para cometer homicidio, aseguró este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

    La institución señaló en sus redes sociales que esta sentencia es parte de otras cadenas interpuestas a cuatro pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos que se cometieron en el 2018.

    Las autoridades fiscales aseguraron que Funes también fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, por su parte Benigno López López recibió una sentencia de 39 años de prisión por el homicidio de una víctima con un arma blanca.

    Por su parte, Franklin Eduardo Rodas Ramos recibió 34 años de prisión por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas, mientras que Erick Alexis Villegas Merino fue condenado a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

     

     

     

    Antecedentes

    Esta no es la primera condena interpuesta a Funes, en diciembre pasado la FGR lo condenó a 14 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas.

    La Fiscalía dijo que el hombre tenía la función de palabrero en la clica Demonios Maniacos Locos Salvatruchos y que operaba en diferentes sectores del distrito de El Rosario, en el municipio de La Paz Centro.

    López López también tiene otros delitos por los que ya fue condenado. En septiembre de 2022, por ejemplo, fue sentenciado a otros 30 años de prisión por homicidio agravado.

    La FGR indicó en su momento que el hombre asesinó a una mujer en agosto de 2018 en Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

    Además, en febrero de 2024 recibió 19 años más por el delito de amenazas con agravación especial; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.

    Estos últimos delitos se cometieron en febrero de 2022, según la FGR.

    Por su parte, Rodas Ramos fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2021, junto a otros cinco pandilleros, por el homicidio de Elsy Antonio Lozano, en noviembre de 2018.

  • Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso una pena de 15 años de prisión a Moris Alexander Bercián Manchón, alias “Barney”, identificado como financista y líder de la pandilla MS-13, por el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico del país.

    La sentencia se basó en una investigación desarrollada entre los años 2003 y 2015, en la cual se comprobó que Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado. Durante ese período, adquirió al menos ocho vehículos, 21 inmuebles y realizó múltiples transacciones financieras de alto valor.

    Según la pericia técnica presentada en el juicio, el mayor movimiento económico ocurrió entre 2004 y 2009, cuando el acusado aumentó su patrimonio en $656,585.93. A pesar de estas cifras, sus registros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan un salario mensual que oscilaba entre $158 y $198 entre los años 2005 y 2008, sin capacidad demostrada para justificar ese volumen de adquisiciones.

    La condena fue aplicada bajo el marco del Código Penal anterior, y se dictó en ausencia del imputado, conforme a reformas recientes que permiten juzgar a procesados ausentes.

    Un reportaje de Diario El Mundo de junio de 2013 relata la incautación de droga a «Barney».

    Figura clave del crimen organizado

    Bercián Machón fue  sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel como operador financiero de estructuras criminales en junio de 2013.

    Bercián Manchón formaba parte entonces de una célula conocida como La Normandia y era señalado desde 2013 como jefe de las operaciones pandilleriles en Santa Tecla, Puerto La Libertad, Ateos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Quezaltepeque y Lourdes.

    También era considerado como el líder en mover la droga por todo el corredor del Pacífico hasta la frontera con Guatemala y de recibir drogas por botes.

    En junio del año 2007, Moris Alexander Bercián Machón fue señalado por un testigo criteriado en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate como el responsable de haber ordenado el homicidio de 19 personas en ese departamento, pero no fue procesado y en cambio, 15 de sus aliados fueron condenados a penas de hasta 60 años. A pesar del señalamiento, la Fiscalía de entonces nunca lo procesó.

    Dos años más tarde, en 2009 fue detenido por tráfico ilícito de seis kilos de cocaína, (el caso recién absuelto en 2023) y en 2010 enfrentó un juicio por ese caso, donde fue absuelto por un tecnicismo jurídico, debido a que la droga no fue embalada; la Fiscalía presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal y ésta ordenó un nuevo juicio.

    Bercián Machón tenía medidas sustitutivas pero el 25 de septiembre de 2015 no llegó a firmar y el tribunal le giró una orden de captura que hasta el momento sigue vigente. Alias Barney es uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil, y mantiene una orden de captura internacional.

    En El Salvador, también enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

    En agosto de 2022, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó seis inmuebles en el departamento de Sonsonate y tres vehículos a Bercián Machón.

     

     

  • Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.

    Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

    “El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

    El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.

    Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.

    El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.

    Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.