Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: pandillas

  • Guatemala prorroga estado de prevención limitado a seis departamentos

    Guatemala prorroga estado de prevención limitado a seis departamentos

    El Gobierno de Guatemala prorrogó este jueves por otros 15 días el estado de prevención como parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado, aunque ahora la medida se limitará a seis de los 22 departamentos del país.

    El acuerdo, firmado por el presidente Bernardo Arévalo de León en Consejo de Ministros, mantiene la disposición en el departamento de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango, zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

    El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la decisión responde a una estrategia de “desescalada” enfocada en los territorios con mayor actividad criminal.

    «Nos estamos enfocando en estos departamentos precisamente por la cantidad de actividad delictiva que se genera en los mismos, que básicamente acumula el mayor porcentaje a nivel de la república», afirmó el funcionario.

    Villeda detalló que en áreas como Escuintla y la capital se han implementado planes de seguridad como “Centinela”, logrando periodos de hasta 12 días sin homicidios en zonas consideradas críticas.

    Asimismo, justificó la continuidad de la medida en departamentos fronterizos para frenar el ingreso de estructuras vinculadas al narcotráfico y mantener el control del tráfico de drogas.

    Como resultado de los últimos 15 días, las autoridades reportaron la incautación de 22 armas de fuego, 892 teléfonos celulares y la neutralización de 35 enrutadores de Wi-Fi dentro de centros penales, tras operativos dirigidos a limitar las comunicaciones de grupos criminales.

    Guatemala permanece bajo medidas excepcionales desde el 18 de enero, luego de ataques de pandillas que dejaron 11 policías muertos, en respuesta a la intervención estatal en cárceles controladas por reos amotinados.

    Inicialmente, el Ejecutivo decretó un estado de sitio, que permite acciones más restrictivas como detenciones sin orden judicial, militarización de servicios y disolución de reuniones.

    Sin embargo, tras un mes, el Gobierno optó por el estado de prevención, que no requiere aval del Congreso y permite mantener operativos de seguridad sin suspender garantías constitucionales de forma severa.

    El presidente Arévalo de León aseguró que estas medidas han contribuido a reducir los homicidios y a recuperar el control del sistema penitenciario.

     

  • Condenan a pandilleros MS-13 hasta 340 años cárcel

    Condenan a pandilleros MS-13 hasta 340 años cárcel

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel condenó a varios integrantes de la MS-13 por múltiples delitos cometidos en la zona oriental del país, imponiendo penas que alcanzan hasta los 340 años de prisión.

    El principal condenado es Alex Oklely Romero, quien recibió una pena de 340 años de cárcel tras ser declarado culpable de varios casos de extorsión agravada en perjuicio de comerciantes y ciudadanos.

    En el mismo proceso judicial, Francisco Antonio Herrera fue sentenciado a 152 años de prisión, mientras que César Omar Hernández Quintanilla recibió una condena de 62 años.

    De acuerdo con la investigación fiscal, validada durante la vista pública, los imputados formaban parte de una estructura criminal que operó entre 2010 y 2016, dedicada a ejecutar extorsiones y al menos 12 robos agravados.

    Las pruebas periciales y testimoniales demostraron que los pandilleros utilizaban llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas, principalmente en el departamento de San Miguel.

    Los delincuentes exigían pagos mensuales de dinero en nombre de la pandilla, bajo amenazas de muerte o de causar daño a las familias de quienes se negaran a cumplir con las exigencias.

    Entre 2010 y 2016, los sujetos contactaban a sus víctimas para imponer las cuotas, advirtiendo que podrían quitarles la vida si no accedían a los pagos y permitiéndoles continuar con sus actividades a cambio del dinero.

    Además, los condenados participaron en al menos 12 robos agravados en el centro de la ciudad, donde portaban armas de fuego para despojar a las víctimas de sus pertenencias.

    Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, que determinó la responsabilidad penal de los imputados tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

     

  • Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó este jueves a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar los asesinatos cometidos por pandillas entre 2000 y 2019, período en el que, según afirmó, murieron más de 41,000 salvadoreños.

    Los comentarios de Ulloa fueron difundidos en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregara el martes un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento sostiene que existe “base razonable para creer” que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.

    “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, cuestionó Ulloa sobre la ausencia de denuncias internacionales por los homicidios ocurridos durante años de violencia criminal en el país.

    El miércoles, el presidenteNayib Bukele, rechazó las acusaciones presentadas ante la CIDH y aseguró que algunas organizaciones defienden “únicamente” los derechos “de los criminales”.

    Durante la audiencia, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) denunciaron que el régimen de excepción ha generado persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y que ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.

     

  • FBI captura en EEUU a salvadoreño acusado del homicidio de un pastor

    FBI captura en EEUU a salvadoreño acusado del homicidio de un pastor

    Un ciudadano salvadoreño acusado de homicidio en El Salvador fue capturado el martes en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos, según informó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

    El detenido fue identificado como Danny Antonio Granados García, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto miembro de la organización criminal MS-13 y buscado por la justicia salvadoreña por el asesinato de un pastor.

    De acuerdo con el FBI, el sospechoso tenía una orden de captura activa emitida por El Salvador y una notificación azul de INTERPOL por el delito de homicidio agravado.

    La captura se realizó el 10 de marzo de 2026 con la asistencia de la oficina del FBI en San Salvador (LEGAT), que colaboró en la identificación del fugitivo dentro del proceso de investigación.

    Las autoridades indicaron que la víctima era un pastor y además familiar de un agente de la Policía salvadoreña.

    Granados García fue detenido sin incidentes durante el operativo realizado en Connecticut y posteriormente fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

    Según el FBI, el sospechoso será deportado a El Salvador para enfrentar los cargos pendientes por el homicidio que se le atribuye.

    “Los miembros de la MS-13 son conocidos por su brutalidad, violencia e intimidación”, dijo el agente especial a cargo del FBI en New Haven, P.J. O’Brien.

    “Sin importar cuán comprometidos estén con sembrar el caos en nuestras comunidades, el FBI y nuestras fuerzas del orden nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de perseguir sin descanso a los miembros y asociados de la MS-13 y obtener justicia para las víctimas de sus crímenes”, agregó el funcionario.

     

  • Condenan a cinco sujetos por extorsión en playa El Majahual

    Condenan a cinco sujetos por extorsión en playa El Majahual

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Moris Mauricio Lara Monge, Julio César García, Yan Carlos Hernández García, José Omar Hernández Barahona y Marvin Alexander Marín Hernández por el delito de extorsión agravada contra un trabajador en la playa El Majahual, en La Libertad Costa.

    De acuerdo con la sentencia judicial, Marvin Alexander Marín Hernández fue condenado en calidad de reo rebelde, mientras que los otros imputados enfrentaron el proceso judicial de forma directa.

    Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que los cinco condenados paguen $90 como responsabilidad civil a favor de la víctima, en concepto de resarcimiento por el daño causado.

    Según el fallo, los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2021 en la playa El Majahual. Durante ese período, los acusados llegaron en varias ocasiones al lugar de trabajo de la víctima y, mediante amenazas de muerte e intimidación, le exigieron el pago de $30 mensuales.

    La víctima decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió iniciar la investigación e identificar a los responsables de las amenazas y el cobro de la extorsión.

    Durante el proceso judicial se presentaron pruebas testimoniales y documentales que confirmaron la participación de los acusados en el delito, lo que llevó al tribunal a emitir la sentencia condenatoria contra los cinco implicados.

     

  • Condenan a 16 años de cárcel a pandillero por extorsión

    Condenan a 16 años de cárcel a pandillero por extorsión

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 16 años de prisión a Mauricio Alexander Márquez Sagastizado, miembro de la pandilla MS-13, tras declararlo culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.

    De acuerdo con la relación de los hechos probados en el juicio, el 13 de enero de 2016 la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas de integrantes de la estructura criminal, quienes le exigían el pago de la denominada “renta”.

    Los pandilleros dieron un ultimátum al comerciante y lo amenazaron con asesinarlo si no entregaba el dinero el 3 de febrero de ese mismo año.

    Ante las amenazas, la víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió organizar un operativo de entrega controlada para capturar a los responsables del cobro de la extorsión.

    El 3 de febrero, agentes policiales montaron vigilancia en el punto de encuentro en la ciudad de San Miguel. Durante el procedimiento identificaron y capturaron a Márquez Sagastizado cuando se disponía a retirar el dinero exigido por la pandilla.

    El tribunal valoró las pruebas testimoniales presentadas durante el juicio, así como el acta del operativo policial, y concluyó que el acusado tuvo participación directa en el delito. Por ello, el juzgador impuso la pena de 16 años de prisión.

     

  • Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.

    “Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.

    El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.

    “Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.

    Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.

    El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.

    En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.

    La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.

     

  • Declaran el estado de prevención en Guatemala para frenar la «criminalidad» de las pandillas

    Declaran el estado de prevención en Guatemala para frenar la «criminalidad» de las pandillas

    Las autoridades de Guatemala declararon este martes el estado de prevención en todo el territorio nacional por un período de 15 días, con el objetivo de combatir la “criminalidad” de maras y pandillas, según un decreto que ya recibió el aval de la Presidencia.

    La medida, firmada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en la Gaceta Oficial, establece la aplicación de “medidas extraordinarias” para contrarrestar ataques “contra las autoridades civiles” y garantizar la seguridad de la población y sus bienes. El documento señala que se busca reforzar la paz y el orden público frente a acciones de pandilleros.

    En su artículo 3, el decreto define que el estado de prevención crea un marco jurídico para continuar con acciones excepcionales coordinadas por las fuerzas de seguridad, orientadas a “prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros”. Esta decisión da continuidad a medidas adoptadas durante los 15 días previos, implementadas tras motines registrados en varias cárceles del país.

    Entre las disposiciones vigentes se incluye la limitación de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos. Además, las autoridades podrán disolver por la fuerza, sin necesidad de advertencia previa, cualquier grupo o concentración donde se utilicen armas o se produzcan actos de violencia. También se contempla restringir la circulación o el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y horarios, impedir su salida de poblaciones específicas o someterlos a registro.

    El Gobierno aclaró que estas restricciones no afectarán el funcionamiento de los organismos del Estado ni las inmunidades de sus miembros, tampoco interferirán en los procesos de designación de funcionarios conforme a los plazos constitucionales. Asimismo, aseguró que la actividad de los partidos políticos continuará con normalidad.

    El estado de prevención representa una herramienta legal para reforzar la seguridad pública en Guatemala en medio del combate a las pandillas, aunque implica restricciones temporales a ciertos derechos ciudadanos como la libre reunión y manifestación.

  • La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    Las familias que vivían hasta a 50 metros de distancia de las zonas más conflictivas por presencia de pandillas vieron afectado su nivel educativo y sus ingresos, destacó un estudio del Banco Mundial.

    El informe, publicado este jueves, sostiene que el capital humano no solo se construye en las escuelas o clínicas, sino también en los entornos donde las personas viven e interactúan diariamente. El hogar, el vecindario y el lugar de trabajo se constituyen como tres espacios críticos para desarrollar habilidades y salud a lo largo de la vida.

    La investigación señala que la violencia ejercida por las pandillas en San Salvador afectó la acumulación de capital humano, conclusión obtenida a partir de consultas presenciales realizadas en El Salvador.

    “Un entorno local con violencia generalizada puede deprimir el capital humano. Esto se evidencia en datos históricos de San Salvador, donde las pandillas restringieron la movilidad, limitaron el acceso de los residentes a mejores oportunidades laborales y redujeron sustancialmente las tasas de graduación de la escuela secundaria”, indica el informe.

    Las familias salvadoreñas en vecindarios controlados por pandillas en San Salvador tenían menos activos, menores ingresos y un nivel educativo más bajo en comparación con personas que vivían a tan solo 50 metros de distancia, fuera del territorio controlado.

    De esta manera, la probabilidad de que un joven se graduara después de 10 años era menor en una zona bajo control de pandillas, mientras que fuera de esos territorios las posibilidades eran mayores.

    Mapa publicado por el Banco Mundial en su informe «Building Human Capital in Homes, Neighborhoods, and Workplaces».

    Involucrar a los vecinos

    Para el organismo multilateral con sede en Washington, el impacto de las políticas de desarrollo humano requiere coordinación entre sectores, la cual es más eficaz cuando se implementa a nivel de barrios, con la participación de actores de educación, salud y protección social.

    En el caso de El Salvador, el Banco Mundial menciona que el Programa de Escuelas Seguras redujo la deserción escolar y el reclutamiento por pandillas al colocar agentes policiales en los centros educativos durante las horas de entrada y salida.

    “Estos ejemplos subrayan la importancia de la planificación integrada de barrios para garantizar que actores y organismos locales de todos los sectores colaboren en mejorar los resultados en materia de capital humano. La forma más eficaz de apoyar la acumulación de capital humano puede, en ocasiones, implicar priorizar un sector que tradicionalmente no es el foco de la política social”, agrega el informe.

    La vigilancia policial en la entrada y la salida de estudiantes comenzó en 2018 como parte de un plan de prevención. En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele implementó el régimen de excepción, que se prorroga mensualmente y que, según las autoridades de seguridad, ha permitido una reducción drástica de la violencia y los homicidios.

    “Una importante ofensiva gubernamental lanzada en 2022 redujo drásticamente el crimen, pero aumentó dramáticamente la tasa de encarcelamiento en El Salvador”, menciona el estudio del Banco Mundial.

  • Capturan en EE.UU. a pandillero salvadoreño acusado de cinco asesinatos

    Capturan en EE.UU. a pandillero salvadoreño acusado de cinco asesinatos

    Agentes federales de inmigración de Estados Unidos capturaron el 31 de diciembre en Alexandria, Virginia, a Edwin Antonio Hernández, un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en el asesinato de cinco miembros de la pandilla rival Barrio 18 en El Salvador, informaron este sábado medios estadounidenses.

    Hernández, de 27 años, conocido con los alias “Demente” y “Crazy”, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertara sobre su estatus migratorio irregular, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    De acuerdo con la información oficial, el salvadoreño ingresó de forma ilegal a territorio estadounidense en 2015 por la zona de Hidalgo, Texas. Aunque fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza, posteriormente quedó en libertad mientras enfrentaba procesos en tribunales migratorios.

    Durante entrevistas con agentes federales, Hernández habría admitido su participación en cinco homicidios cometidos en El Salvador contra miembros del Barrio 18. En al menos dos de los casos, aseguró que disparó a las víctimas en el pecho y la cabeza. En otro hecho, relató que un rival fue torturado, apuñalado en el pecho y posteriormente desmembrado mientras aún estaba con vida.

    La pandilla Barrio 18 es considerada una de las estructuras criminales más grandes y violentas de Centroamérica. Tanto esta organización como la MS-13 fueron catalogadas el año pasado por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

    El arresto se produjo en medio de un contexto político tenso en Virginia, luego de que la gobernadora Abigail Spanberger firmara, en su primer día en el cargo, una orden ejecutiva que elimina la obligación de cooperación entre policías estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

    Las autoridades estadounidenses mantienen a Hernández bajo custodia mientras avanzan los procesos legales en su contra por ingreso ilegal y permanencia irregular en el país.