Etiqueta: pandillas

  • Pandillero salvadoreño se declara culpable por tres asesinatos en EEUU y podría enfrentar cadena perpetua

    Pandillero salvadoreño se declara culpable por tres asesinatos en EEUU y podría enfrentar cadena perpetua

    Un ciudadano salvadoreño identificado como Franklin Antonio Amaya Paredes, de 28 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Boston por su participación en tres asesinatos vinculados a la pandilla MS-13, informó el Departamento de Justicia.

    El acusado, conocido con los alias “Mosca” o “Tony”, enfrentó cargos por crimen organizado, conspiración y asesinato en apoyo a actividades de pandillas, tras hechos ocurridos en los estados de Massachusetts y Virginia.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que Amaya Paredes integraba la clica Uniones Locos Salvatrucha (ULS), que operaba en distintas zonas del país y estaba involucrada en homicidios, tráfico de drogas y financiamiento de actividades criminales.

    Según la investigación, en agosto de 2018 el imputado participó en el asesinato de una persona a quien acusaban de traicionar a la pandilla. La víctima fue golpeada, estrangulada y posteriormente desmembrada, sin que hasta la fecha se hayan encontrado sus restos.

    En otro hecho ocurrido en junio de 2019, miembros de la estructura criminal asesinaron a un hombre en Virginia utilizando armas de fuego y machetes, mientras el acusado colaboraba en la operación.

    Asimismo, en julio de 2020, Amaya Paredes asesinó a su propio primo en Massachusetts, luego de citarlo a una reunión familiar, argumentando que este no cumplía con las reglas internas de la pandilla.

    “Este acusado – un extranjero que residía ilegalmente en nuestro país – admitió participar en tres asesinatos brutales para avanzar en la agenda violenta de la MS-13”, señaló la fiscal federal Leah B. Foley.

    Por su parte, el FBI calificó los hechos como de extrema violencia.

    “La brutalidad y el terror que infligió en nombre de la MS-13 demuestra un desprecio total por la vida humana”, indicó el agente especial Ted E. Docks.

    El tribunal programó la sentencia para el 10 de julio de 2026, y el acusado podría enfrentar cadena perpetua por los delitos cometidos.

     

  • Bukele se burla de índices que miden la democracia al criticar restricciones en Alemania

    Bukele se burla de índices que miden la democracia al criticar restricciones en Alemania

    El presidente Nayib Bukele, reaccionó este sábado a una medida adoptada en Alemania que restringe la salida del país a hombres jóvenes, en edad militar, sin autorización previa.

    A través de su cuenta en la red social X, el mandatario ironizó sobre las valoraciones internacionales en materia de democracia y libertades.

    “Ah, pero recuerden, ellos viven en una “democracia plena” y nosotros vivimos en una “dictadura”. Estoy seguro de que quienes elaboran los índices de libertad y democracia los actualizarán de inmediato”, escribió Bukele.

    El comentario surge tras conocerse que hombres entre 17 y 45 años en Alemania deberán solicitar permiso para permanecer fuera del país por más de tres meses.

    La disposición forma parte de la Ley de Modernización del Servicio Militar, en vigor desde el 1 de enero de 2026, que busca fortalecer la capacidad operativa y organizativa de las Fuerzas Armadas alemanas.

    Entre las medidas incluidas en esta normativa se contempla un registro más amplio de jóvenes, así como mecanismos legales para responder con mayor rapidez ante eventuales necesidades de defensa.

    En los últimos años, diversos índices han señalado retrocesos en indicadores democráticos de El Salvador y han criticado el estilo de gobierno del mandatario.

    No obstante, Bukele mantiene altos niveles de popularidad impulsados por su política de seguridad, que ha reducido significativamente los homicidios y debilitado a las pandillas.

     

  • Las Fuerzas Armadas de Haití decretan la alerta máxima a partir del lunes

    Las Fuerzas Armadas de Haití decretan la alerta máxima a partir del lunes

    El Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) decretó el paso a la «Condición D», el nivel máximo de alerta de la institución, a partir del lunes 6 de abril, una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia, informó el Ministerio de Defensa del país la madrugada de este viernes.

    La decisión se adopta tras la llegada este miércoles de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.

    Ese mismo día la Policía Nacional de Haití (PNH) informó de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonito, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado Gran Grif.

    «En previsión de las inminentes operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena el paso a la Condición D para el conjunto de las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026», indicó la institución en un documento oficial.

    Esta orden general va acompañada de medidas obligatorias que entran en vigor de inmediato y deben observarse estrictamente, entre ellas la llamada a filas, la suspensión de permisos y vacaciones, el uso del uniforme reglamentario y la puesta en seguridad de las instalaciones.

    «Cada militar debe asegurarse del buen estado de funcionamiento de su armamento individual y de su equipo de protección. Los oficiales de guardia deben mantener la vigilancia de radio y telefónica las 24 horas del día. (…) Se establece una política de tolerancia cero», detalla el memorándum.

    El próximo lunes, a partir de las 8:00 a.m. todos los militares deberán presentarse en sus respectivos cuarteles y se exigirá una disponibilidad total del personal. Quedan suspendidos todos los permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso, informaron las autoridades militares.

    Asimismo, es obligatorio el uso del uniforme completo para cualquier desplazamiento (entradas y salidas) dentro de los recintos militares.

    Se aplicará de forma rigurosa un control «reforzado y sistemático» de los vehículos y del personal en los puntos de acceso a las bases, también se establece que el mantenimiento de los registros de guardia, así como la elaboración de la documentación precisa sobre cualquier evento operativo, deberán realizarse con el «mayor rigor», estableció el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

    Los comandantes de las unidades están obligados a presentar, en un plazo de 24 horas, un informe de las necesidades logísticas esenciales para cubrir un período de autonomía de 30 días.

    Según la FAd’H, la ejecución de estas directrices es responsabilidad directa de los comandantes de las unidades y cualquier infracción o acto de negligencia será tratado con la mayor firmeza, de conformidad con el Código de Justicia Militar.

    Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas que ya controlan al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.

  • Guatemala prorroga estado de prevención limitado a seis departamentos

    Guatemala prorroga estado de prevención limitado a seis departamentos

    El Gobierno de Guatemala prorrogó este jueves por otros 15 días el estado de prevención como parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado, aunque ahora la medida se limitará a seis de los 22 departamentos del país.

    El acuerdo, firmado por el presidente Bernardo Arévalo de León en Consejo de Ministros, mantiene la disposición en el departamento de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango, zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

    El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la decisión responde a una estrategia de “desescalada” enfocada en los territorios con mayor actividad criminal.

    «Nos estamos enfocando en estos departamentos precisamente por la cantidad de actividad delictiva que se genera en los mismos, que básicamente acumula el mayor porcentaje a nivel de la república», afirmó el funcionario.

    Villeda detalló que en áreas como Escuintla y la capital se han implementado planes de seguridad como “Centinela”, logrando periodos de hasta 12 días sin homicidios en zonas consideradas críticas.

    Asimismo, justificó la continuidad de la medida en departamentos fronterizos para frenar el ingreso de estructuras vinculadas al narcotráfico y mantener el control del tráfico de drogas.

    Como resultado de los últimos 15 días, las autoridades reportaron la incautación de 22 armas de fuego, 892 teléfonos celulares y la neutralización de 35 enrutadores de Wi-Fi dentro de centros penales, tras operativos dirigidos a limitar las comunicaciones de grupos criminales.

    Guatemala permanece bajo medidas excepcionales desde el 18 de enero, luego de ataques de pandillas que dejaron 11 policías muertos, en respuesta a la intervención estatal en cárceles controladas por reos amotinados.

    Inicialmente, el Ejecutivo decretó un estado de sitio, que permite acciones más restrictivas como detenciones sin orden judicial, militarización de servicios y disolución de reuniones.

    Sin embargo, tras un mes, el Gobierno optó por el estado de prevención, que no requiere aval del Congreso y permite mantener operativos de seguridad sin suspender garantías constitucionales de forma severa.

    El presidente Arévalo de León aseguró que estas medidas han contribuido a reducir los homicidios y a recuperar el control del sistema penitenciario.

     

  • Condenan a pandilleros MS-13 hasta 340 años cárcel

    Condenan a pandilleros MS-13 hasta 340 años cárcel

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel condenó a varios integrantes de la MS-13 por múltiples delitos cometidos en la zona oriental del país, imponiendo penas que alcanzan hasta los 340 años de prisión.

    El principal condenado es Alex Oklely Romero, quien recibió una pena de 340 años de cárcel tras ser declarado culpable de varios casos de extorsión agravada en perjuicio de comerciantes y ciudadanos.

    En el mismo proceso judicial, Francisco Antonio Herrera fue sentenciado a 152 años de prisión, mientras que César Omar Hernández Quintanilla recibió una condena de 62 años.

    De acuerdo con la investigación fiscal, validada durante la vista pública, los imputados formaban parte de una estructura criminal que operó entre 2010 y 2016, dedicada a ejecutar extorsiones y al menos 12 robos agravados.

    Las pruebas periciales y testimoniales demostraron que los pandilleros utilizaban llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas, principalmente en el departamento de San Miguel.

    Los delincuentes exigían pagos mensuales de dinero en nombre de la pandilla, bajo amenazas de muerte o de causar daño a las familias de quienes se negaran a cumplir con las exigencias.

    Entre 2010 y 2016, los sujetos contactaban a sus víctimas para imponer las cuotas, advirtiendo que podrían quitarles la vida si no accedían a los pagos y permitiéndoles continuar con sus actividades a cambio del dinero.

    Además, los condenados participaron en al menos 12 robos agravados en el centro de la ciudad, donde portaban armas de fuego para despojar a las víctimas de sus pertenencias.

    Las sentencias fueron emitidas por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, que determinó la responsabilidad penal de los imputados tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

     

  • Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó este jueves a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar los asesinatos cometidos por pandillas entre 2000 y 2019, período en el que, según afirmó, murieron más de 41,000 salvadoreños.

    Los comentarios de Ulloa fueron difundidos en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregara el martes un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento sostiene que existe “base razonable para creer” que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.

    “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, cuestionó Ulloa sobre la ausencia de denuncias internacionales por los homicidios ocurridos durante años de violencia criminal en el país.

    El miércoles, el presidenteNayib Bukele, rechazó las acusaciones presentadas ante la CIDH y aseguró que algunas organizaciones defienden “únicamente” los derechos “de los criminales”.

    Durante la audiencia, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) denunciaron que el régimen de excepción ha generado persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y que ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.

     

  • FBI captura en EEUU a salvadoreño acusado del homicidio de un pastor

    FBI captura en EEUU a salvadoreño acusado del homicidio de un pastor

    Un ciudadano salvadoreño acusado de homicidio en El Salvador fue capturado el martes en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos, según informó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

    El detenido fue identificado como Danny Antonio Granados García, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto miembro de la organización criminal MS-13 y buscado por la justicia salvadoreña por el asesinato de un pastor.

    De acuerdo con el FBI, el sospechoso tenía una orden de captura activa emitida por El Salvador y una notificación azul de INTERPOL por el delito de homicidio agravado.

    La captura se realizó el 10 de marzo de 2026 con la asistencia de la oficina del FBI en San Salvador (LEGAT), que colaboró en la identificación del fugitivo dentro del proceso de investigación.

    Las autoridades indicaron que la víctima era un pastor y además familiar de un agente de la Policía salvadoreña.

    Granados García fue detenido sin incidentes durante el operativo realizado en Connecticut y posteriormente fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

    Según el FBI, el sospechoso será deportado a El Salvador para enfrentar los cargos pendientes por el homicidio que se le atribuye.

    “Los miembros de la MS-13 son conocidos por su brutalidad, violencia e intimidación”, dijo el agente especial a cargo del FBI en New Haven, P.J. O’Brien.

    “Sin importar cuán comprometidos estén con sembrar el caos en nuestras comunidades, el FBI y nuestras fuerzas del orden nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de perseguir sin descanso a los miembros y asociados de la MS-13 y obtener justicia para las víctimas de sus crímenes”, agregó el funcionario.

     

  • Condenan a cinco sujetos por extorsión en playa El Majahual

    Condenan a cinco sujetos por extorsión en playa El Majahual

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Moris Mauricio Lara Monge, Julio César García, Yan Carlos Hernández García, José Omar Hernández Barahona y Marvin Alexander Marín Hernández por el delito de extorsión agravada contra un trabajador en la playa El Majahual, en La Libertad Costa.

    De acuerdo con la sentencia judicial, Marvin Alexander Marín Hernández fue condenado en calidad de reo rebelde, mientras que los otros imputados enfrentaron el proceso judicial de forma directa.

    Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que los cinco condenados paguen $90 como responsabilidad civil a favor de la víctima, en concepto de resarcimiento por el daño causado.

    Según el fallo, los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2021 en la playa El Majahual. Durante ese período, los acusados llegaron en varias ocasiones al lugar de trabajo de la víctima y, mediante amenazas de muerte e intimidación, le exigieron el pago de $30 mensuales.

    La víctima decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió iniciar la investigación e identificar a los responsables de las amenazas y el cobro de la extorsión.

    Durante el proceso judicial se presentaron pruebas testimoniales y documentales que confirmaron la participación de los acusados en el delito, lo que llevó al tribunal a emitir la sentencia condenatoria contra los cinco implicados.

     

  • Condenan a 16 años de cárcel a pandillero por extorsión

    Condenan a 16 años de cárcel a pandillero por extorsión

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 16 años de prisión a Mauricio Alexander Márquez Sagastizado, miembro de la pandilla MS-13, tras declararlo culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.

    De acuerdo con la relación de los hechos probados en el juicio, el 13 de enero de 2016 la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas de integrantes de la estructura criminal, quienes le exigían el pago de la denominada “renta”.

    Los pandilleros dieron un ultimátum al comerciante y lo amenazaron con asesinarlo si no entregaba el dinero el 3 de febrero de ese mismo año.

    Ante las amenazas, la víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió organizar un operativo de entrega controlada para capturar a los responsables del cobro de la extorsión.

    El 3 de febrero, agentes policiales montaron vigilancia en el punto de encuentro en la ciudad de San Miguel. Durante el procedimiento identificaron y capturaron a Márquez Sagastizado cuando se disponía a retirar el dinero exigido por la pandilla.

    El tribunal valoró las pruebas testimoniales presentadas durante el juicio, así como el acta del operativo policial, y concluyó que el acusado tuvo participación directa en el delito. Por ello, el juzgador impuso la pena de 16 años de prisión.

     

  • Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.

    “Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.

    El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.

    “Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.

    Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.

    El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.

    En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.

    La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.