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  • Fiscalía acusa a 563 cabecillas del Barrio 18 por 14,488 delitos

    Fiscalía acusa a 563 cabecillas del Barrio 18 por 14,488 delitos

    La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra 563 cabecillas de la pandilla Barrio 18, a quienes atribuye un total de 14,488 delitos cometidos desde 2012, en uno de los procesos judiciales más amplios impulsados bajo el Régimen de Excepción.

    El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y comprende a 275 integrantes de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.

    Entre los delitos imputados figuran rebelión, agrupaciones ilícitas, pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones y otros crímenes atribuidos a las estructuras criminales durante más de una década.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró que las pandillas fortalecieron su capacidad operativa durante el período conocido como la tregua entre pandillas, ocurrido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

    “Se fortalecieron por todas esas ventajas que les dio el gobierno en turno y que obviamente hicieron también crecer su organización”, afirmó Muñoz.

    Uno de los principales procesados es Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas históricos de la facción Sureños del Barrio 18 y señalado de ordenar extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.

    La acusación también incluye a Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, considerado por las autoridades como el máximo cabecilla de la pandilla en el sector de La Campanera, en Soyapango, así como a César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”; Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”.

    Según la Fiscalía, César Daniel Renderos Díaz es señalado como responsable de la masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en junio de 2006, donde murieron cinco personas, incluidos menores de edad. Además, enfrenta acusaciones por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas.

    En el caso de Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, las investigaciones indican que dirigía una estructura de extorsión en el centro de San Salvador, donde presuntamente obligaba a menores de edad y vendedores ambulantes a movilizar los cobros ilícitos.

    Entre los hechos incluidos en la acusación figura además la masacre registrada en marzo de 2016 en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde fueron asesinados 14 trabajadores, uno de los casos más emblemáticos atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    Las autoridades sostienen que este proceso judicial busca llevar ante la justicia a quienes durante décadas dirigieron operaciones criminales que afectaron a miles de salvadoreños. Todos los imputados permanecen sometidos a procesos judiciales mientras avanzan las investigaciones y audiencias relacionadas con los delitos atribuidos por la Fiscalía.

     

  • Las pandillas en Guatemala mutan de las extorsiones al narcotráfico, afirma jefe policial

    Las pandillas en Guatemala mutan de las extorsiones al narcotráfico, afirma jefe policial

    El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.

    Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.

    «La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.

    El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.

    Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.

    «Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.

    Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala

    Más músculo financiero y logístico

    Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.

    «Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.

    Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.

    Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.

    La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.

    Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE

    Cooperación militar y desafíos judiciales

    La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.

    La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.

    La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.

    A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.

    El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.

    «Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.

  • Bukele defiende receta contra las pandillas y apuesta por la educación

    Bukele defiende receta contra las pandillas y apuesta por la educación

    El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que El Salvador que recibió estaba bajo el dominio del crimen organizado y defendió la estrategia implementada por su Gobierno para enfrentar a las pandillas. Durante la inauguración de 70 centros escolares en Acajutla, el mandatario afirmó que la única forma de resolver la crisis de seguridad fue mediante las acciones ejecutadas en su administración.

    “A nosotros nos entregaron un país sometido por el terrorismo. Estábamos sometidos por el crimen y la única forma de arreglarlo era como lo hicimos. Nadie más en el mundo ha dado una receta de cómo se podría arreglar ese problema de manera diferente”, dijo Bukele.

    El gobernante señaló que, pese a las críticas iniciales, su estrategia demostró resultados, y aseguró que ahora el país busca replicar ese éxito en otras áreas clave como la salud y la educación.

    “Parece imposible, algunos se reirán, pero así dijeron de la seguridad, que no se podía, que era imposible, que teníamos que vivir con eso. Demostramos que no fue así”, expresó.

    Bukele también reflexionó sobre el origen del problema de las pandillas, señalando que la falta de oportunidades en el pasado contribuyó a la situación que enfrentó el país.

    “A mí me hubiera gustado, pero no se puede, retroceder 20 o 30 años y agarrar a esos pandilleros (…) Me hubiera gustado retroceder en el tiempo para educarlos y darles herramientas cuando eran niños”, afirmó.

    El mandatario advirtió que el éxito de su estrategia debe sostenerse en el tiempo, subrayando la responsabilidad de su Gobierno en evitar que el fenómeno criminal resurja en el futuro.

    “Si dentro de 20 años un gobierno tiene que hacer otra guerra contra las pandillas es porque nosotros fracasamos (…) no podemos permitir que eso pase”, sostuvo.

    En ese contexto, destacó que la educación será clave para consolidar los cambios logrados en materia de seguridad y prevenir nuevos ciclos de violencia.

    Bukele reiteró su intención de transformar el sistema educativo salvadoreño hasta convertirlo en un referente internacional, reconociendo las deficiencias heredadas.

    “Esto no se trata solo de construir escuelas, se trata de arreglar nuestro sistema educativo y que así como somos ejemplos en seguridad (…) lo seamos también en educación”, afirmó.

    El presidente enfatizó que la meta es formar una nueva generación que contribuya al desarrollo del país y consolide los avances alcanzados.

    “Tenemos la responsabilidad de que esta nueva generación (…) sea de un gran orgullo para nosotros cuando ya no estemos en el gobierno”, sentenció.

     

     

  • Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Condenan a 129 pandilleros de MS-13 por múltiples delitos en La Libertad

    Un total de 129 miembros de la pandilla MS-13, entre cabecillas y colaboradores, fueron condenados a penas de hasta 260 años de prisión por diversos delitos cometidos en el departamento de La Libertad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar la responsabilidad de los imputados en crímenes como homicidios, tráfico de drogas, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, ocurridos entre 2013 y 2018.

    Según las investigaciones, los pandilleros operaban bajo distintas clicas y ejecutaban privaciones de libertad contra sus víctimas, muchas de las cuales posteriormente eran desaparecidas.

    Las autoridades también determinaron que la estructura criminal se financiaba mediante actividades ilícitas como la venta de drogas y las extorsiones en diferentes zonas del departamento.

    El caso fue sustentado con pruebas documentales y testimoniales que evidenciaron el modo de operación de la organización y la participación directa de los acusados en los hechos delictivos.

    Entre las condenas más altas destaca la de Jaime Ulises Vega, quien recibió 260 años de prisión por ocho homicidios y organizaciones terroristas.

    También figuran José Francisco Belloso, condenado a 170 años por tres homicidios; Álvaro Amílcar Santamaría Montes y Hugo Armando Vásquez Hernández, ambos con 110 años de cárcel por tres homicidios y organizaciones terroristas.

    Asimismo, Josué Alexander Alas y Elías Adonis Quijano fueron condenados a 90 años por tres homicidios, mientras que Jaime Ernesto Pérez Marroquín y Santos Nicolás Martínez recibieron 80 años de prisión por dos homicidios y organizaciones terroristas.

    La FGR destacó que estas condenas forman parte de los esfuerzos para desarticular estructuras criminales y llevar justicia a las víctimas afectadas por la violencia en el país.

     

  • Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Las autoridades de Panamá reconocieron el lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles, tras un tiroteo entre pandillas que dejó un recluso muerto en el principal complejo penitenciario del país.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que las estructuras criminales mantienen operaciones tanto fuera como dentro de los centros penales.

    “Por supuesto tiene que ver, sí, las pandillas también están en las cárceles. El crimen organizado y las estructuras criminales no solamente están fuera, están dentro”, afirmó.

    Fernández señaló que existen cabecillas encarcelados que continúan dirigiendo actividades delictivas, incluyendo asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.

    El incidente más reciente ocurrió en el Centro Penitenciario La Joya, el complejo carcelario más grande del país, donde un interno vinculado a un cartel internacional murió durante un enfrentamiento armado.

    Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y se ha fortalecido en los últimos años.

    “Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó, al tiempo que señaló limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras.

    La violencia en las cárceles ocurre en paralelo a disputas territoriales entre pandillas en zonas como San Miguelito y la provincia de Colón.

    Este lunes, en Colón, se registró un doble homicidio relacionado con estas pugnas, en un contexto donde operan al menos 13 pandillas enfrentadas.

    Según datos oficiales, Panamá contabilizó 130 homicidios en el primer trimestre del año, una reducción del 9 % respecto al mismo periodo de 2025.

    Sin embargo, Colón sigue siendo una de las regiones más violentas, junto con la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

    Las autoridades estiman que existen más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico, encargadas de movilizar droga hacia Estados Unidos y Europa.

    El reconocimiento oficial evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al control del crimen organizado.

     

  • Fiscalía asegura tener abundantes pruebas contra los 486 pandilleros de la MS-13

    Fiscalía asegura tener abundantes pruebas contra los 486 pandilleros de la MS-13

    La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que cuenta con abundante evidencia contra 486 pandilleros de la MS-13, entre ranfleros y cabecillas, en el marco de una audiencia judicial que continúa este lunes.

    El proceso judicial aborda delitos ordenados y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022, según el informe presentado por el ente acusador.

    Durante la jornada, expertos de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis que vinculan directamente a los acusados con la ejecución de múltiples crímenes.

    Las autoridades detallaron que la estructura criminal mantenía un sistema organizado para planificar asesinatos, con procedimientos definidos para autorizar cada acción.

    Como parte de las pruebas, la Fiscalía presentó información extraída de un teléfono celular incautado a uno de los implicados, el cual revela detalles sobre la operación interna de la pandilla.

    Estos datos permitieron identificar los territorios bajo control de la estructura y los mecanismos utilizados para coordinar delitos.

    Uno de los testigos explicó que los pandilleros utilizaban el término “válvula” para referirse a la autorización de asesinatos, principalmente contra miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.

    Además, señaló que las víctimas eran previamente identificadas y fotografiadas, y luego las imágenes eran compartidas en grupos internos de la organización.

    Posteriormente, los cabecillas emitían la orden final para ejecutar los homicidios, lo que evidencia una coordinación estructurada dentro de la pandilla.

    La Fiscalía sostiene que este conjunto de pruebas permite demostrar la responsabilidad directa de los acusados en una serie de crímenes cometidos durante una década.

    El juicio inició este lunes su segunda semana, mientras las autoridades buscan sentencias condenatorias contra los implicados en esta causa de alto impacto.

     

  • La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    La cadena perpetua entró en vigencia en El Salvador

    El paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua en El Salvador entró en vigencia el domingo, 30 días después de la ratificación constitucional en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.

    La normativa, publicada el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial, se sustenta en una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para delitos considerados de extrema gravedad.

    Entre estos delitos se incluyen el homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría bajo la cual se tipifica ahora a las pandillas.

    Con esta reforma, la cadena perpetua se convierte en la única pena aplicable para quienes sean condenados por estos delitos, ya sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad.

    Antes de estos cambios, los pandilleros eran procesados por el delito de “agrupaciones ilícitas”, con penas que oscilaban entre 20 y 30 años, y de 40 a 45 años para cabecillas. Ahora, este delito se aplicará a grupos delictivos no pandilleriles con condenas de entre 10 y 20 años.

    La reforma también establece que los jueces de lo criminal, anteriormente jueces de menores, deberán realizar revisiones obligatorias de las penas perpetuas para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada.

    Estas revisiones se efectuarán cada cinco años, una vez cumplidos al menos 25 años de prisión en el caso de menores, 30 años para adultos, 35 años en casos de múltiples delitos y 40 años cuando existan agravantes.

    El oficialismo, liderado por el partido Nuevas Ideas, defendió la medida al asegurar que la cadena perpetua mantiene “compatibilidad con estándares constitucionales internacionales”, al incluir mecanismos de revisión periódica de las condenas.

    Sin embargo, organismos internacionales han cuestionado la reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.

    En la misma línea, Human Rights Watch ha señalado que la medida contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

    Estas reformas se aprobaron en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una política de seguridad que ha dejado más de 91,000 detenidos y una drástica reducción de homicidios. Sin embargo, organizaciones críticas han denunciado 6,400 presuntas violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes bajo custodia estatal.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.

     

  • Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    El presidente Nayib Bukele defendió este miércoles el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, y cuestionó las críticas emitidas por el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

    El mandatario respondió a señalamientos del académico, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”, en referencia al modelo de juicio masivo aplicado en el país bajo el régimen de excepción.

    “¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, al tiempo que aseguró que los procesados no son delincuentes comunes, sino cabecillas de estructuras criminales con antecedentes por delitos graves.

    El presidente afirmó que los imputados han sido responsables de ordenar al menos 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 asesinatos, según datos presentados por las autoridades.

    “Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el mandatario.

    Bukele también defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos.

    “El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, sostuvo.

    En esa línea, el gobernante cuestionó directamente la postura de Roth. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Núremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”, agregó.

    Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que este grupo enfrenta por primera vez un proceso bajo la modalidad de macroaudiencia única, tras reformas legales aprobadas en 2023.

    Entre los acusados se encuentran 21 de los 22 principales líderes de la Mara Salvatrucha, quienes serán procesados en conjunto por su presunta participación en estructuras criminales.

    La implementación de estos juicios colectivos forma parte de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.

     

  • Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Ocho salvadoreños vinculados a la estructura criminal MS-13 fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una conspiración de crimen organizado que operó en el área de Houston entre 2017 y 2018, informó el Departamento de Justicia de EEUU.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que la red ejecutó múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robos, obstrucción de la justicia y asesinatos, incluyendo víctimas desde los 14 años. Todos los pandilleros estaban con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

    «Las sentencias de hoy envían un mensaje claro: aquellos que llevan a cabo la violencia contra las organizaciones criminales transnacionales serán responsabilizados, sin importar de dónde vengan las órdenes. Estos acusados utilizaron la brutalidad para avanzar dentro de su empresa criminal, y ahora se enfrentan a las consecuencias”, dijo el fiscal John G.E. Marck, del Distrito Sur de Texas.

    Entre los sentenciados figura Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, de 35 años, considerado un líder de alto rango que ordenó varios homicidios, quien recibió una condena de 50 años de prisión. También fue sentenciado Wilman Rivas-Guido, alias “Inquieto”, de 30 años, con 45 años de cárcel.

    Otros seis implicados se declararon culpables previamente y permanecen bajo custodia. Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, alias “Darki”, de 40 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en cuatro ocasiones, mientras que Wilson José Ventura-Mejía, alias “Discreto”, de 30 años, y Walter Chicas-García, de 28, recibieron penas de 50 años cada uno.

    Asimismo, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, de 34 años, y Carlos García-Góngora, de 28, fueron condenados a 45 años de prisión, mientras que Marlon Miranda Morán, de 26 años, deberá cumplir una pena de 35 años.

    Las investigaciones revelaron que durante el periodo más violento de la pandilla en Houston, los mareros utilizaban armas de fuego, machetes, bates de béisbol y hasta sus propias manos para ejecutar a sus víctimas, con el objetivo de mantener el control territorial y fortalecer su reputación criminal.

    Tras los asesinatos, los pandilleros enviaban fotografías de los cuerpos a líderes de la organización en El Salvador como prueba de las ejecuciones, en algunos casos tras mutilar o desmembrar a las víctimas.

    “Estos acusados, actuando en nombre de una pandilla criminal transnacional, llevaron a cabo asesinatos brutales, matando a las víctimas con machetes, bates de béisbol y con sus propias manos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de su carnicería a líderes de la MS-13 en El Salvador”, afirmó el fiscal adjunto A. Tysen Duva.

    En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, señalando su presencia en varios estados del país norteamericano, así como en El Salvador y Honduras.

    El caso fue investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, como parte de una ofensiva contra estructuras criminales transnacionales.