Un presunto pandillero murió durante un operativo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS) en Puerto Príncipe, Haití, donde las tropas internacionales se enfrentaron a integrantes de grupos armados que operan en la capital. La misión informó este sábado 14 de noviembre que varios «cómplices» del fallecido huyeron del lugar y se llevaron su cadáver.
La intervención se desarrolló en Fort Dimanche, un sector del distrito de Cité Soleil, considerado uno de los territorios afectados por la presencia de bandas criminales. Durante el despliegue se produjo un intercambio de disparos entre los pandilleros y las unidades de la GRS, una misión internacional creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Como parte de las acciones de seguridad, las tropas descubrieron un taller utilizado por las organizaciones criminales para reparar armamento. En las instalaciones, los agentes incautaron 18 armas y municiones, según detalló la misión multinacional mediante un comunicado. Las autoridades no precisaron el tipo de armamento decomisado ni informaron sobre otras posibles capturas.
La Fuerza de Supresión de Pandillas confirmó que las operaciones continúan en Fort Dimanche y reiteró su «determinación» de mantener «la presión sobre las pandillas armadas». La institución explicó que las intervenciones buscan recuperar condiciones de seguridad en la capital haitiana y proteger instalaciones estratégicas, especialmente las relacionadas con el suministro energético.
Este nuevo enfrentamiento ocurrió después de una operación realizada el jueves en las inmediaciones del estadio Sylvio Cator, el principal recinto deportivo de Haití. En esa intervención participaron integrantes de la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo control gubernamental y militares salvadoreños, quienes colaboraron en las acciones destinadas a recuperar el control de las instalaciones.
La continuidad de los operativos ocurre en medio de una grave crisis de violencia que afecta al país caribeño. Según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh), divulgado el miércoles, al menos 1,167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas entre julio y septiembre de 2026 como consecuencia de los enfrentamientos y las acciones violentas registradas en el territorio.
El documento de Naciones Unidas señala que el 50 % de las muertes ocurridas durante ese período se produjo en operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas. Otro 45 % de las víctimas mortales fue atribuido a las pandillas, que mantienen el control de gran parte de Puerto Príncipe, mientras que el 5 % restante correspondió a acciones de grupos de autodefensa.
Con los fallecimientos registrados durante el tercer trimestre, el número de personas que perdieron la vida por la violencia en Haití ascendió a 4,217 entre enero y septiembre de este año. Las cifras reflejan la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el país, mientras las fuerzas nacionales e internacionales mantienen operaciones para reducir la presencia de las organizaciones criminales y recuperar el control de sectores de la capital.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, calificó de inaceptable la posibilidad de conceder una mediación a las pandillas de Haití tal como lo mencionó brevemente el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, en un mensaje en la red social X.
Ulloa se refirió a la consideración realizada por el diplomático estadounidense, rechazando la idea de mediación, en una entrevista que dio a Elena Berberana.
Waltz aseguró que no se esperaba que “un despiadado cabecilla de una banda haitiana” estuviera pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “que medie porque la presión ha aumentado a raíz de las acciones de Bukele”, sobre una carta enviada al secretario de la ONU, António Guterres, firmada por Wilson Joseph o Lanmò San Jou, cabecilla de “400 Mawozo”, para quien EEUU ofrece una recompensa de $1 millón.
En el mismo comentario, el embajador de Estados Unidos también planteó: “¿Qué tal si los líderes de las bandas dejan de emboscar a las fuerzas internacionales, aterrorizar a la policía y abusar del pueblo haitiano? Quizás entonces podamos hablar de mediación”.
Ulloa recordó la consideración de Waltz rechazándola: “La respuesta que dio el embajador de Estados Unidos en la ONU, que dijo ‘Bueno, si dejan de atacar, si dejan de agredir, podemos valorar si hablamos. O sea, es darle titularidad a la delincuencia, porque con eso lo que estás haciendo es legitimándolos cuando lo que debés hacer es decirles: ustedes lo que deben hacer es irse a la cárcel y pagar por todos los delitos que han cometido y no decirles ‘bueno, vamos a ver en qué condiciones podemos hablar’, eso es inaceptable”.
En esta misma entrevista el vicemandatario aseguró que Bukele “está enfocado en traer” a los cuatro soldados salvadoreños. “Si no nos lo entregan, vamos a continuar ahí”, advirtió.
De acuerdo con Ulloa, El Salvador tiene “todos los acuerdos necesarios tanto a nivel diplomático, a nivel político, a nivel militar” para que su misión “permanezca de manera legítima en el territorio haitiano y pueda hacer su trabajo y cumplir su misión, que es rescatar a los salvadoreños”.
“Dicen que algunos ya están empezando a entregarse porque estos no son los otros que venían acá y hacían algunas cosas pero, bueno, no representaban ningún riesgo a las pandillas”, afirmó el vicegobernante.
Este 10 de noviembre, Bukele aseveró que helicópteros salvadoreños destruyeron el cuartel general de la pandilla haitiana 400 Mawozo y aseveró que “la mayoría huyó sin siquiera intentar luchar”.
Bukele anunció una operación militar después de que cuatro soldados salvadoreños se declararan desaparecidos luego de un ataque con explosivos cuando se conducían en un vehículo blindado. Este martes, los salvadoreños cumplen 23 días desaparecidos.
Haití enfrenta una de las crisis políticas, económicas y de seguridad más profundas de América Latina y el Caribe. Con 11.91 millones de habitantes, una economía de $32,100 millones y alrededor de 200 pandillas, el país registra elevados niveles de pobreza y una prolongada inestabilidad institucional que dificulta su desarrollo.
Estos son 10 datos que permiten comprender la situación que atraviesa Haití y las diferencias económicas y sociales que mantiene con El Salvador.
1. Haití tuvo hasta 60 mandatarios desde su independencia
Desde que consiguió su independencia en 1804, Haití tuvo aproximadamente entre 55 y 60 mandatarios constitucionales y de transición, dependiendo de si se incluyen presidentes legalmente establecidos, consejos provisionales, triunviratos y juntas de gobierno de facto.
Si se contabilizan las administraciones correspondientes a reelecciones o mandatos no consecutivos de una misma persona, la cifra supera los 80 gobiernos a lo largo de sus 222 años de historia.
2. Solo seis presidentes completaron sus mandatos constitucionales
La inestabilidad política ha sido una constante en Haití desde su independencia. En más de dos siglos de historia, solamente seis presidentes consiguieron terminar sus períodos constitucionales de manera ininterrumpida.
El último mandatario electo, Jovenel Moïse, fue asesinado en julio de 2021, un acontecimiento que profundizó la crisis política e institucional del país caribeño.
Jovenel Moïse, el último presidente electo de Haití, fue asesinado en julio de 2021.
3. Haití cuenta con apenas 10,000 policías operativos
La Policía Nacional de Haití dispone de aproximadamente entre 9,000 y 10,000 agentes operativos para atender las necesidades de seguridad de una población cercana a los 12 millones de habitantes.
El ejército haitiano fue disuelto en 1995 y restablecido formalmente en 2017. Actualmente, se estima que dispone de entre 1,500 y 2,000 soldados, una cantidad reducida frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
4. Unas 200 pandillas operan en Haití y dominan gran parte de su capital
Alrededor de 200 pandillas o bandas armadas operan en Haití, según estimaciones atribuidas a Naciones Unidas e investigadores de seguridad. De estas organizaciones, entre 95 y 100 mantienen presencia en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores.
Una de las principales estructuras criminales es Viv Ansanm (Vivir Juntos), una coalición integrada por las agrupaciones G9 an Fanmi e Alye y G-Pèp. La primera está encabezada por el expolicía Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue».
Estas organizaciones controlan aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de Puerto Príncipe, además de importantes carreteras y accesos portuarios.
Otra estructura es 400 Mawozo, señalada por secuestros masivos y con presencia en Croix-des-Bouquets y zonas cercanas a la frontera con República Dominicana. En el área donde opera esta organización fueron secuestrados cuatro militares salvadoreños.
Fotografía de archivo del jefe de la poderosa banda armada haitiana G9 Jimmy Cherizier, alias Barbecue, en Puerto Príncipe, Haití. EFE
5. Casi seis millones de haitianos viven con menos de $3 diarios
Aproximadamente la mitad de los 11.91 millones de habitantes de Haití sobrevive con menos de $3 diarios, según estimaciones atribuidas al Banco Mundial para el período fiscal 2025-2026.
Esto significa que alrededor de 5.9 millones de personas enfrentan condiciones de pobreza bajo ese umbral de ingresos, una situación que refleja las dificultades económicas de un país cuya población casi duplica la de El Salvador.
La pobreza constituye uno de los principales problemas estructurales de Haití, agravado por la violencia, la inestabilidad institucional y las limitadas oportunidades de empleo.
Fotografía del 1 de octubre de 2025, cedida por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que muestra personas desplazadas, recibiendo comida en un refugio en Puerto Principe, Haití. EFE
6. Haití tiene casi 12 millones de habitantes y una economía de $32,100 millones
Haití registró un producto interno bruto (PIB) nominal de aproximadamente $32,100 millones en 2025, pese a contar con una población estimada de 11.91 millones de habitantes.
Su economía es menor que la de El Salvador, aunque tiene casi el doble de población, lo que evidencia una diferencia importante en la producción económica y los ingresos promedio por habitante.
El país está ubicado en el mar Caribe, en las Antillas Mayores, y ocupa el tercio occidental de la isla La Española, que comparte con República Dominicana, cuyo territorio comprende los dos tercios orientales.
7. La inflación de Haití alcanzó el 28.6 % en 2025
El aumento de los precios representa otro de los principales problemas económicos para los hogares haitianos. Durante 2025, Haití registró una inflación de 28.6 %, muy superior al 0.3 % reportado por El Salvador en ese mismo año.
La diferencia muestra la presión que enfrentan las familias haitianas para adquirir alimentos, productos básicos y otros bienes necesarios para su subsistencia.
El encarecimiento de la vida afecta especialmente a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a cubrir necesidades esenciales.
Haití registró más de 8,100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025, según la ONU. En la foto, un integrante de la Policía patrullando en Liancourt, Haití. EFE/ Patrice Noel
8. La violencia y los desastres naturales profundizan la crisis económica
El Banco Mundial advirtió que la inseguridad y la violencia agravan la fragilidad económica y social de Haití, donde las pandillas mantienen control territorial y dificultan el transporte de mercancías y el desarrollo de actividades productivas.
Los desplazamientos de población, la inestabilidad política y las interrupciones en las rutas comerciales también afectan el funcionamiento de la economía y las posibilidades de recuperación.
A estos problemas se suman los daños ocasionados por terremotos, huracanes e inundaciones, fenómenos que han golpeado reiteradamente la infraestructura y las actividades económicas del país.
9. La informalidad y la falta de servicios limitan el desarrollo
La baja productividad y las deficiencias en los servicios públicos representan importantes obstáculos para mejorar las condiciones de vida de la población haitiana.
Una parte considerable de sus habitantes depende de actividades económicas informales y empleos de baja remuneración, mientras persisten dificultades para acceder a electricidad, agua potable, saneamiento, educación y atención médica.
Estas condiciones reducen las oportunidades de crecimiento económico y dificultan que las familias incrementen sus ingresos, lo que contribuye a mantener elevados niveles de pobreza.
10. Haití es 32 % más grande que El Salvador
Haití tiene una extensión territorial de 27,750 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 32 % superior a los 21,041 kilómetros cuadrados de El Salvador.
Sin embargo, su mayor superficie y población no se traducen en una economía más grande. Aunque Haití tiene casi el doble de habitantes que El Salvador, su producción económica es inferior y sus ingresos promedio por persona son considerablemente menores.
Esta diferencia refleja los desafíos estructurales que enfrenta el país caribeño, donde la inseguridad, la inestabilidad política, la inflación y las limitaciones de los servicios públicos continúan afectando las condiciones de vida de millones de personas.
Fuente: Datos proporcionados con referencias al Banco Mundial y Naciones Unidas.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó recientemente que dejarán “legalmente sellado” el marco normativo de El Salvador «para que ningún pandillero sea liberado», en un futuro, mientras defendía el proyecto de presupuesto de la cartera estatal que dirige.
«Creo que nuestra comunión con el pueblo salvadoreño se mantiene sólida y, si el día de mañana nos toca irnos, de manera responsable, somos una generación que va a dejar legalmente sellado este tema para que ninguno de esos, en el futuro, pueda ser liberado. Es decir, jugamos con dos grandes estrategias, por un lado, nuestro protocolo de guerra, que está sustentado sobre el régimen de excepción y que la población respalda bastante porque no es lo mismo vivir para ellos en régimen de excepción que vivir en régimen terrorista», expresó. Luego, se refirió a la reforma penal y específicamente a la cadena perpetua para el delito de pertenencia a organizaciones terroristas, vigente desde abril de 2026.
Villatoro definió el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022, como el «protocolo de guerra» del gabinete de seguridad «en contra de estas organizaciones criminales».
«Al entender la esencia de estas organizaciones se responde el porqué no se ha levantado el régimen de excepción. Hoy por hoy, tenemos un país envidiable, un país que exporta esperanza, seguridad, pero nosotros salimos a custodiar, a la caza de todos esos miembros no brincados que aún quedan en nuestro territorio», expresó.
El funcionario se refirió a las reformas legales «necesarias para cumplir a cabalidad» la promesa de que «ninguno de los asesinos seriales, pandilleros o pandilleros no brincados, postes, chequeos, gatilleros, van a salir de la cárcel» y resaltó la aprobación de la cadena perpetua, aprobada para el delito de pertenencia de organizaciones terroristas pese a que la mayoría de personas capturadas por sus vínculos con pandillas fueron arrestadas por «agrupaciones ilícitas».
«Ustedes mismos nos apoyaron con la iniciativa de reforma de la Constitución donde establecía la cadena perpetua por pertenencia a organizaciones terroristas», indicó.
Villatoro aseguró que disponen de la infraestructura legal necesaria para lograr condenas de más de 11,00 pandilleros capturados durante el régimen de excepción.
«Ese círculo del sistema judicial completo, desde que se investigó, se capturó, se procesó y se condenó, ya no hay vuelta atrás, los 45 (años), las cadenas perpetuas, los 30, los 20 años, ya los tienen y esa es la apuesta, seguir semana a semana, condenando dentro de un Estado de Derecho que somete a un detenido a un sistema judicial que termina imponiendo la sanción», expresó.
El 79 % de 10,561 pandilleros condenados durante el régimen de excepción han sido condenados a penas entre 15 y 45 años de prisión, mientras 13 han sido sentenciados a cadena perpetua según cifras oficiales. El Gobierno no ha informado si acusará nuevamente a estas personas cuando concluyan sus penas o no.
El Gobierno anunció recientemente que revisará las penas de las personas acusadas de ser colaboradores de pandillas. La cadena perpetua, una vez impuesta, puede reducirse a 10 años de prisión a petición fiscal según la reforma penal.
El Salvador tiene en sus cárceles unos 121,000 personas privadas de libertad de los cuales 96,400 son pandilleros. El presidente salvadoreño ha dicho que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) “es la cárcel más dura” para “personas que han matado diez o incluso más” personas y que en el resto del sistema penitenciario tienen “programas de capacitación” y por cada día que trabajan se les descuenta a los reos dos días de su condena.
Honduras aprobó esta semana una serie de reformas para endurecer las penas contra las pandillas, incluida la prisión perpetua para sus líderes y financiadores, y proyecta construir una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado.
Las medidas fueron impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el mandatario hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, y recibieron el respaldo del Parlamento. Las autoridades buscan ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a las pandillas, que agrupan a unos 40,000 jóvenes y adultos y mantienen presencia en distintas zonas del país mediante extorsiones, amenazas y asesinatos.
Las principales estructuras criminales son la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, organizaciones que operan en Honduras desde hace más de tres décadas. Según las autoridades, ambas están vinculadas con buena parte de los homicidios registrados en el territorio hondureño, donde durante 2025 se contabilizaron 2,629 asesinatos.
Las modificaciones al Código Penal establecen condenas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de pandillas y hasta cadena perpetua para sus dirigentes y quienes las financien. También contemplan penas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión de por vida para quienes asesinen a funcionarios de justicia y seguridad por motivos relacionados con sus cargos.
El paquete de reformas incluye prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a personas detenidas por ese delito, narcotráfico, secuestro y extorsión. Además, establece una Fuerza Especial Penitenciaria, controles biométricos y restricciones para reclusos en módulos de máxima seguridad. Estas disposiciones se suman a otras cuatro leyes reformadas en septiembre para impedir que las pandillas continúen ordenando delitos desde las cárceles.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, reconoció que «el Estado tiene la obligación de responder» a las demandas de seguridad, pero advirtió que «tiene que hacerlo con las reglas adecuadas».
El funcionario señaló que las reformas podrían «desencadenar violaciones de los derechos humanos» y aumentar la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario, por lo que pidió atender también las causas de la violencia, como la falta de empleo, educación y acceso a servicios de salud.
Por su parte, el especialista en criminalística Gonzalo Sánchez consideró «más que necesarias» las reformas frente al crimen organizado y el narcotráfico, que representan un «problema grave» debido, entre otros factores, al armamento acumulado por estas estructuras. El experto defendió el endurecimiento de las condenas, aunque señaló que su aplicación debe garantizar los derechos individuales mediante la supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.
Fotografía de archivo de militares y miembros de la guardia penitenciaria que vigilan una cárcel en Honduras. EFE
Honduras busca replicar el modelo carcelario salvadoreño
La estrategia de seguridad también contempla construir una prisión de máxima seguridad con capacidad para unos 1,300 reclusos considerados de alta peligrosidad, tomando como referencia el Cecot de El Salvador.
Una delegación hondureña encabezada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, visitó las instalaciones del centro penitenciario salvadoreño a mediados de octubre. El Congreso solicitó a la Secretaría de Finanzas identificar recursos para financiar la construcción y evalúa posibles ubicaciones, entre ellas el complejo de La Acequia, en Santa Bárbara, cuyas obras comenzaron en 2013 y quedaron paralizadas en 2016.
El Cecot, inaugurado en 2023 durante el Gobierno de Nayib Bukele, se convirtió en una referencia regional de las políticas de seguridad contra las pandillas y también inspiró una megacárcel recientemente inaugurada en Costa Rica.
Ante la pregunta sobre qué le impresionó del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, respondió que fue la construcción de una cárcel sin espacio para las comunicaciones entre los delincuentes.
«La parte más importante es la construcción de una cárcel que no tiene espacio para la entrada de la comunicación, de la información, de los delincuentes. El mensaje que va en Perú, las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos, esto ha venido ocurriendo en el Perú», afirmó la mandataria, quien el jueves hizo un recorrido por la megacárcel ubicada en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.
Otros elementos señalados por la presidenta fue el control perimetral militar que tiene el recinto carcelario e incluso el régimen alimenticio de carbohidratos y proteína vegetal únicamente: «El trabajo conjunto para evitar la conectividad que permitía a los internos comunicarse, pero hoy en el CECOT hemos visto cero visitas, cero comunicación».
Consideró las medidas drásticas pero señaló que con las mismas «se busca velar por los derechos humanos de las personas inocentes». «A ellos hay que cuidarlos de estas lacras delincuenciales», indicó Fujimori.
La jefa de Estado informó que se llevará muchas de las ideas de El Salvador a Perú, entre estas replicar el Plan Cero Ocio, que incluye programas de rehabilitación de reos.
Fujimori consideró que el Perú y El Salvador son países distintos pero cree que algunas cosas sí se pueden replicar, como la construcción de cárceles en siete meses con medidas de seguridad absolutas, y la mejora en las normas, las leyes y los procesos.
Sin embargo, Bukele aseguró que nunca han tenido intención de imponer un sistema a nadie pero aseguró que están «abiertos a ayudar». «Sabemos que el sistema salvadoreño tendrá el sistema más efectivo en la historia de la humanidad, tendrá muchísimo que tomarse en cuenta. Copiarlo idéntico no tendría sentido», indicó.
Una periodista le preguntó a Bukele por las sugerencias concretas sobre seguridad y por dónde empezó, y, a la presidenta Fujimori, si destituiría jueces. Bukele respondió que «no es una sola cosa» aunque subrayó que la depuración judicial fue crucial. Mientras, Fujimori respondió que deben cambiar la «visión errada de garantizar la defensa legal de los delincuentes» y priorizar al abogado para la víctima.
La mandataria advirtió que actualmente solo tienen el 30 % de los representantes en el Congreso y de 66 puntos solicitados solo les han dado 27. «No nos quejamos, se va a permitir declarar a las organizaciones criminales como grupos terroristas», contó.
Fujimori concluye hoy una visita oficial en El Salvador en donde se reunió con el gabinete de seguridad y dio un recorrido por el CECOT. Ambos países asumieron compromisos y firmaron acuerdos sobre seguridad, salud, educación, turismo e inversiones. La presidenta invitó públicamente a Bukele a visitar Perú.
El presupuesto para la administración de centros penales aumenta en 26 % en el año 2026 después del refuerzo de $30 millones recibido en septiembre pasado, alcanzando los $154.4 millones, luego de cerrar en $128.6 millones en agosto el presupuesto programado para ese rubro. Para 2027, se han programado $128 millones.
El aumento ocurre después de la leve reducción interanual reportada al cierre de 2025 de un 26 % hacia $121.8 millones.
El gasto carcelario, sin embargo, aún no logra estabilizarse, ya que el monto previsto para el presente año triplica el presupuesto carcelario devengado de 2018 y aproximadamente duplica los presupuestos devengados entre los años 2019 y 2022.
En los primeros ocho meses del año, que cubren un 66 % del año, Centros Penales ha ejecutado 88 % de su presupuesto.
Hasta agosto, la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario 2026, tenía programado un presupuesto de $128,628,160, de los cuales ha devengado $110,262,844.86.
En esos primeros ocho meses, sin contar el refuerzo de $30 millones, el presupuesto programado sufrió una reducción de $4,202,856.89 para terminar con un presupuesto programado modificado de $124,425,303.11, de los cuales se han comprometido ya $112,125,958.49.
En los primeros ocho meses, la ejecución del gasto en el rubro penitenciario ha llegado a un 88.6 % del presupuesto disponible este año, un 22 % arriba de un cálculo proporcional a los ocho meses.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos 2026”, se han devengado $111.7 millones para la administración del sistema penitenciario “a efecto de apoyar la reintegración de la población privada de libertad”.
En septiembre de 2025, el área penitenciaria fue reforzada con $10 millones para alimentación de privados de libertad.
Este año 2026, también en septiembre, el refuerzo fue de $30 millones para “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”. Los fondos provinieron de un saldo de títulos valores aprobados en 2025 y colocados por hasta $344 millones.
El aumento mayor ocurrió en 2024, cuando el presupuesto carcelario llegó a los $165.5 millones, su punto más alto, luego de triplicarse respecto al gasto penitenciario de 2018.
Presupuestos programados y modificados del sistema penitenciario salvadoreño
Año 2018: de $44.6 millones a $53.6 millones.
Año 2019: de $48.3 millones a $63.3 millones, aumento de 18 %.
Año 2020: de $68.7 millones a $84.8 millones, aumento de 34 %.
Año 2021: de $70 millones a $85.1 millones, aumento de 0.4 %.
Año 2022: de $53.8 millones a $71.5 millones, disminución del 16 %.
Año 2023: de $57.6 millones a $138.5 millones, aumento del 93.7 %.
Año 2024: de $71.2 millones a $165.5 millones, aumento del 19.5 %.
Año 2025: de $72.4 millones a $121.8 millones, disminución del 26.4 %.
Año 2026: de $128.6 millones a $124.4 millones hasta agosto. Se aprobó el 9 de septiembre un refuerzo de $30 millones en septiembre por lo que el presupuesto aumentaría a $154.4 millones según el decreto 652. Aumento del 26.8 %.
Año 2027: de $128.6 millones (proyecto de presupuesto 2027). Disminución prevista de 16.7 % si el presupuesto no es reformado posteriormente.
Los cálculos no toman en cuenta los fondos asignados a la unidad presupuestaria “08 Administración del sistema penal juvenil”, cuyo presupuesto programado ascendió a $3 millones y al cual se le ha recortado $36,980, para dejarlo en $2.97 millones. Se devengaron $1.3 millones en ocho meses.
Para el año 2027, se prevé un presupuesto de $128,628,160 para la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario y $3,012,490 para la unidad presupuestaria 08 Administración del Sistema Penal Juvenil. Además, se incluyen $1,500,000 en 14 Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación.
En El Salvador la administración carcelaria está estrechamente vinculada con el régimen de excepción aplicado a partir del 27 de marzo de 2022. Un 80 % de las personas en las cárceles son personas procesadas o condenadas por vínculos a pandillas, y un 20 % por delitos comunes según cifras oficiales divulgadas por la Presidencia de la República.
En total son 120,956 presos, 96,457 vinculados a pandillas y 24,499 reos comunes.
De los 96,457 detenidos vinculados a pandillas hay 42,125 «homeboys» o miembros de pandillas; 25,910 chequeos, postes, gatilleros y otros miembros «no brincados»; 17,793 «paros» o colaboradores habituales o permanentes de pandillas; y 10,629 colaboradores no habituales de pandillas.
Entre los reos comunes, 3,902 están procesados o condenados por homicidio, 3,571 por violación y 17,026 por otros delitos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han dicho que los pandilleros nunca volverán a salir de las prisiones aunque un informe oficial de la Fiscalía reveló que el 79 % de los pandilleros que han sido condenados recibieron penas menores a los 45 años de prisión y que 13 de ellos recibieron cadena perpetua. Han sido condenados, según cifras fiscales, 10,561 pandilleros durante el régimen de excepción. Bukele, por su parte, ha dicho que no todos los delitos en el país van a tener una condena infinita.
Desde abril de 2026, El Salvador tiene vigente la cadena perpetua para el delito de pertenencia de pandillas, homicidios y violaciones, aunque puede bajar hasta 10 años de prisión con autorización fiscal.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó este viernes su confianza en derrotar a las pandillas de Haití y lograr el rescate de los cuatro militares salvadoreños secuestrados desde el domingo en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, luego de que un contingente de 100 soldados de Fuerzas Especiales fuera enviado este jueves para participar en las operaciones de búsqueda.
El mandatario respondió a los cuestionamientos en redes sociales sobre los riesgos de enfrentar a las organizaciones criminales haitianas, señaladas por su capacidad armada y la violencia que ejercen en el país caribeño. Bukele sostuvo que las advertencias sobre un posible fracaso de la misión no modificarán la decisión de continuar con las operaciones.
“Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo”, expresó Bukele citando un mensaje en X de un usuario llamado Humberto Salazar.
El gobierno salvadoreño envió el jueves un contingentes de 100 militares a las operaciones de búsqueda y seguridad en Plaine du Cul-de-Sac, una de las zonas donde las autoridades haitianas desarrollan intervenciones contra las estructuras criminales, confirmó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.
El gobernante aseguró que quienes actualmente cuestionan la intervención salvadoreña cambiarán de postura si las fuerzas de seguridad consiguen derrotar a las pandillas haitianas y completar exitosamente la misión.
“Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, manifestó.
Bukele también afirmó que los militares que participan en la operación comparten sus creencias religiosas y que la misión fue encomendada a Dios. Además, calificó a las pandillas haitianas como organizaciones satánicas y les atribuyó la práctica de sacrificios humanos.
“Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos”, sostuvo el mandatario.
El presidente concluyó citando el pasaje bíblico Deuteronomio 28:7: “Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”.
Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo.
Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba.
En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora.
Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos.
Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros.
Deuteronomio 28:7
“Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”.
Los cuatro militares salvadoreños, identificados como técnicos de aviación, fueron secuestrados durante un ataque armado ocurrido el domingo en Croix-des-Bouquets, al norte de la capital Puerto Príncipe. Los efectivos viajaban en un vehículo blindado cuando fueron interceptados por integrantes de pandillas que utilizaron armas y explosivos.
Bukele advirtió previamente que su gobierno respondería con mayor contundencia si los militares no eran liberados con vida y sin lesiones. Las autoridades salvadoreñas mantienen las operaciones de búsqueda bajo la presunción de que los cuatro efectivos continúan vivos.
El secuestro representa el primer ataque de esta magnitud desde el inicio de las operaciones de la fuerza internacional de supresión de pandillas, que enfrentó dificultades para respaldar a la Policía Nacional de Haití debido a la falta de recursos. La GSF indicó que continuará informando sobre los avances del operativo mediante sus canales oficiales, una vez que los datos sean verificados.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga 56 del régimen de excepción que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales en el país relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones, tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas y derecho de defensa y a ser informado de la razón de la detención.
Los artículos de la Constitución que, según el decreto, están suspendido son los 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.
El gobierno sostiene en su solicitud que en el trabajo reciente de investigación ha detectado “conductas orientadas al financiamiento y al apoyo logístico de estructuras delictivas” y “actividades de comunicación y reclutamiento destinadas a conservar vínculos entre sus integrantes”, “facilitar la ejecución” de delitos y “generar condiciones para su eventual reorganización”.
También, en su solicitud, detalla que “se han identificado acciones aisladas” que reproducen “el modo de operar de las pandillas” dirigidas a “mantener mecanismos de vigilancia, identificación y control sobre determinados espacios o comunidades”.
De acuerdo al Gobierno, esto evidencia “la persistencia de dinámicas criminales” que buscan la “continuidad, adaptación o rearticulación” de las pandillas.
En su solicitud de la prórroga 56, el Gobierno reporta 1,346 días sin homicidios durante el actual gobierno y la captura de 93,334 “personas vinculadas a estructuras criminales” durante el régimen de excepción. En anteriores solicitudes se han referido a los arrestados como “terroristas”.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 luego de una matanza de 87 personas durante los días 25, 26 y 27 de marzo.
El régimen de excepción es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que argumentan que también es una herramienta utilizada para la persecución política y con la cual se han cometido capturas arbitrarias, torturas y muertes de personas detenidos bajo custodia estatal.
La prórroga 56 iniciaría su vigencia el 28 de octubre de 2026 hasta el 27 de noviembre de 2026.
“Esto no va a ser todo el tiempo, esto va a terminar a la medida que la última polilla, que el último gusano que está en esa herida no esté. Esto no va a ser eterno”. Reynaldo López Cardoza (PCN).
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la noche del domingo que prevé viajar a El Salvador a finales de octubre para conocer la estrategia de seguridad y el modelo penitenciario contra las pandillas implementado en el país por el presidente Nayib Bukele.
«Hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que, a finales del mes de octubre, podamos ir a visitar El Salvador», anticipó Fujimori durante una transmisión en la red social TikTok, aunque indicó que por el momento no podía brindar mayores detalles sobre el viaje.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, también se refirió a la posible visita y señaló que están «muy ilusionados con ese encuentro (con Bukele), que tiene muchas lecciones aprendidas que compartir».
Espá aseguró que esas experiencias «van a servir para responder efectivamente a las demandas del pueblo peruano para una mayor seguridad ciudadana», en momentos en que el país enfrenta el crecimiento del crimen organizado.
Fujimori ganó este año las elecciones presidenciales de Perú bajo el lema de «devolver el orden», en un contexto marcado por el auge de la criminalidad, que se convirtió en la principal preocupación de los peruanos.
Entre los problemas que enfrenta Perú está la aparición de bandas criminales dedicadas a extorsionar negocios mediante el cobro de dinero y a matar a quienes no cumplen con los pagos exigidos.
Los planes de Fujimori también contemplan una reforma del sistema penitenciario, que incluye la construcción de nuevas cárceles como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento en los centros penales peruanos.
Perú tiene unos 100,000 privados de libertad recluidos en un conjunto de cárceles cuya capacidad fue diseñada para albergar apenas a unas 40,000 personas, situación que el gobierno de Fujimori busca atender con su reforma penitenciaria.