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  • ONU reporta más de 8,100 asesinatos en Haití durante 2025

    ONU reporta más de 8,100 asesinatos en Haití durante 2025

    Más de 8,100 personas fueron asesinadas en Haití entre enero y noviembre de 2025, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el cual advierte que la cifra real podría ser mayor debido al acceso limitado a zonas controladas por bandas armadas.

    La violencia se ha intensificado en zonas urbanas y periféricas, donde las pandillas operan con armas de alto calibre y ejecutan ataques coordinados. Además, la expansión de estos grupos más allá de Puerto Príncipe ha deteriorado aún más el control del Estado, obstaculizando rutas humanitarias y comerciales clave.

    Entre septiembre y noviembre de 2025, el país registró 1,991 víctimas de homicidio, incluidas 142 mujeres, 12 niñas y 44 niños, lo que representa una reducción del 6.2 % en comparación con el trimestre anterior. No obstante, los asesinatos se incrementaron en zonas fuera de la capital, especialmente en los departamentos de Artibonite y Centro, donde se reportaron 1,916 homicidios, frente a los 1,050 del mismo período en 2024.

    La Policía Nacional de Haití, con apoyo de las Fuerzas Armadas y unidades internacionales de represión contra pandillas, lanzó operativos en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sectores clave de Artibonite, logrando reabrir varias carreteras estratégicas.

    Un integrante de la Policía Nacional de Haití (PNH) patrulla tras el ataque de una pandilla, en Kenscoff, Haití. EFE

    Pandillas imponen el terror

    El informe denuncia que los asesinatos voluntarios se dirigen contra personas sospechosas de colaborar con la policía o resistirse al control de las pandillas. La violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas, ha sido utilizada como táctica de castigo.

    Además, las bandas continúan con secuestros, extorsiones y destrucción de propiedades, lo que limita el acceso a servicios básicos como salud y educación y profundiza la inseguridad alimentaria y la crisis económica. La trata de niños también ha aumentado, utilizándolos en tareas logísticas y ataques armados.

    El representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que 2026 debe ser un punto de inflexión.

    “Es imperativo que los actores nacionales dejen de lado sus diferencias y se enfoquen en organizar elecciones creíbles. El país no tiene más tiempo que perder en luchas internas prolongadas”, afirmó ante el Consejo de Seguridad.

    Ruiz Massieu instó a autoridades, partidos políticos, sociedad civil, sector privado y líderes comunitarios a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional.

    Actualmente, cerca de 6.4 millones de personas en Haití requieren ayuda humanitaria, lo que sitúa al país entre los más golpeados por la crisis en toda la región.

    “El período que se avecina es crucial para Haití. El manejo del calendario político, el apoyo a la estabilización y la atención de las urgencias humanitarias determinarán si el país logra avanzar hacia un funcionamiento institucional normal”, concluyó el funcionario de la ONU.

     

  • Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

    Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

    Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

    Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

    Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.

    Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.

    «Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.

    Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob

    Señalado por nexos políticos

    Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía.
    Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.

    Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.

    Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.

    Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».

    Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

    El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño acusado de vigilar a agentes policiales

    Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño acusado de vigilar a agentes policiales

    La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este domingo a Alexis Soto Gutiérrez, acusado de vigilar a agentes de la institución.

    En su publicación, la policía guatemalteca aseguró que el hombre, de 47 años, miembro del Barrio 18, parte de la clica “Solo para locos”, fue detenido en la calle principal del barrio Chajsaquil, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego de pretender escapar.

    “Presuntamente montaba vigilancia para, posteriormente, perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga”, indicó la PNC en su publicación.

    Durante el operativo, los agentes policiales también le decomisaron cocaína, un celular y dinero en efectivo.

    La detención se ejecutó por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPINDA) y miembros de la comisaría 51 de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el hombre será expulsado y entregado a la PNC de El Salvador.

     

    Otras expulsiones

    La semana pasada fue expulsado Eduardo Cruz Ruano, 36 años, miembro de la Pandilla 18. Según la PNC de Guatemala, el hombre tenía una orden de captura en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y fue detenido por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

    El 11 de enero fue detenido José «N», de 38 años, de origen salvadoreño a quien se le decomisaron 460 sacos de afrecho de trigo valorados en $6,054.75.

    La PNC de Guatemala señaló que el hombre no presentó documentos de nacionalización del producto al momento de abordarle.

    La primera de las detenciones de delincuentes salvadoreños en Guatemala se registró el 2 de enero cuando Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, fue detenido y acusado como miembro de la mara Salvatrucha (MS-13).

    En ese momento, las autoridades guatemaltecas aseguraron que al cierre del año pasado, 93 salvadoreños fueron localizados de manera irregular en Guatemala, de los cuales 46 fueron entregados a las autoridades de El Salvador y el resto guarda prisión en las cárceles del vecino centroamericano.

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

     

  • Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    El Ministerio de Educación de Guatemala anunció este domingo la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante una ola de ataques armados perpetrados por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que los ataques dejaron un saldo de siete policías asesinados y 10 agentes heridos por arma de fuego. Además, informó sobre la muerte de un pandillero en el municipio de Chinautla y la captura de otros cinco presuntos integrantes de estructuras criminales.

    Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

    “Es doloroso. Causa un sentimiento muy fuerte. Detrás del uniforme hay familias, pero es un riesgo que todos corremos, vamos a seguir trabajando en beneficio de los guatemaltecos”, declaró Custodio durante una conferencia de prensa.

    Ante el incremento de la violencia, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que la decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad. “En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, afirmó.

    Guatemala ha registrado durante la última semana una escalada de violencia vinculada a motines en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    El sábado, reclusos de las cárceles Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital se amotinaron y tomaron como rehenes a varios custodios del Sistema Penitenciario.

    De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscaban presionar para la restitución de privilegios que los pandilleros han perdido tras el endurecimiento de controles y requisas en los centros carcelarios.

    La Policía Nacional Civil retomó este domingo el control de la cárcel Renovación I y logró liberar a los guardias retenidos. Horas después, miembros de la misma estructura criminal perpetraron nuevos ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país.

     

     

     

  • Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.

    Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.

    Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.

    “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.

    Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.

    Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

    El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.

    La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.

     

  • Tribunal electoral de Costa Rica rechaza frenar visita de Bukele pero prohíbe injerencia en elecciones

    Tribunal electoral de Costa Rica rechaza frenar visita de Bukele pero prohíbe injerencia en elecciones

    El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica rechazó este lunes una solicitud ciudadana que intentaba frenar la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prevista para esta semana en plena campaña electoral. No obstante, recordó que mandatarios extranjeros tienen prohibido intervenir en asuntos internos del país anfitrión.

    La resolución declaró “sin lugar” el recurso de amparo electoral, al argumentar que el denunciante no logró demostrar cómo la visita presidencial vulnera sus derechos políticos o afecta de forma directa sus garantías electorales.

    Sin embargo, el TSE citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual establece que los jefes de Estado no deben involucrarse en procesos políticos internos durante visitas oficiales.

    “La toma de posición de un mandatario extranjero —en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda— constituiría una violación al Derecho Internacional Público”, expresó el ente electoral.

    Bukele llegará a Costa Rica el martes por la tarde y el miércoles visitará el terreno donde se construirá el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo del CECOT salvadoreño, la megacárcel emblema de la estrategia contra pandillas en El Salvador.

    El anuncio de la visita, realizado por el presidente costarricense Rodrigo Chaves, ha provocado fuertes críticas por parte de la oposición, que considera el acto como una maniobra para favorecer a la candidata oficialista Laura Fernández, quien se autodenomina “heredera” del actual mandatario.

    El CACCO tendrá una capacidad para albergar a 5,100 internos distribuidos en cinco módulos y supondrá una inversión de $35 millones. El proyecto fue lanzado en respuesta a los altos índices de violencia en Costa Rica, que registra cerca de 900 homicidios anuales, de los cuales el 70 % se atribuye al narcotráfico.

    Esta será la segunda visita oficial de Bukele a suelo costarricense. En noviembre de 2024 recorrió la prisión La Reforma, donde alertó sobre signos de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas. Además, en septiembre del mismo año, en un mensaje difundido por la Casa Presidencial de Costa Rica, Bukele elogió los esfuerzos de Chaves en seguridad y pidió “continuidad” de sus proyectos. Dicho mensaje fue retomado por Laura Fernández en su campaña.

     

  • Piden a tribunal prohibir visita de Bukele en plena campaña electoral de Costa Rica

    Piden a tribunal prohibir visita de Bukele en plena campaña electoral de Costa Rica

    Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica en contra de la visita al país la próxima semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se efectuará en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero próximo.

    La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo este viernes a los periodistas que la entidad estudia un recurso de amparo electoral en el cual «se solicita por parte de un ciudadano que se prohíba el ingreso del presidente Bukele a Costa Rica».

    La magistrada dijo que no puede referirse más a profundidad al asunto debido a que el recurso se encuentra en estudio.

    La Constitución Política de Costa Rica prohíbe la influencia de extranjeros en las campañas políticas del país.

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles que Bukele «inspeccionará» el 14 de enero los avances de la construcción de una cárcel llamada Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), inspirada en el modelo salvadoreño.

    La cárcel, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según ha dicho el propio Gobierno está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

    El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.

    En diciembre pasado, Chaves realizó una visita oficial a El Salvador, la cual incluyó reuniones con Bukele y un recorrido por el CECOT.

    Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

    El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanza un mensaje a favor de la «continuidad» de proyectos del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.

    «Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera», dijo Bukele en el video de septiembre pasado.

  • Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con el año anterior, según datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) publicados este viernes 9 de enero.

    Durante el año pasado se registraron 3,020 homicidios causados por armas de fuego, 110 casos más que los 2,910 contabilizados en 2024, lo que refleja un repunte en la violencia letal en el país centroamericano.

    El departamento de Guatemala, que incluye la capital, fue el más afectado por este tipo de hechos violentos, con un total de 1,446 muertes a tiros en 2025, frente a las 1,273 del año anterior. Este territorio concentra cerca del 48 % de los asesinatos por armas de fuego en todo el país.

    En contraste, las muertes provocadas por armas blancas disminuyeron un 19 % el año pasado. El Inacif reportó 264 asesinatos con ese tipo de arma, en comparación con los 314 registrados en 2024, lo que equivale a 50 casos menos.

    El Ministerio de Gobernación atribuyó la reducción de homicidios en ciertas zonas a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León. Según la institución, en 2025 un total de 110 de los 340 municipios del país no registraron homicidios.

    Además, las autoridades capturaron a 44,738 personas vinculadas a distintos delitos y desarticularon 139 estructuras criminales. Entre los detenidos figuran 653 personas acusadas de asesinato, 664 integrantes de la pandilla Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

    La Policía Nacional Civil (PNC) también decomisó 3,835 armas de fuego de diversos calibres a lo largo del año en distintos operativos en el territorio guatemalteco.