El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figura entre los seis candidatos al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026, el máximo reconocimiento que entrega anualmente el Parlamento Europeo por la defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
En la lista también aparecen el Tribunal Penal Internacional (TPI), la organización israelí Standing Together, el palestino Hussam Abu Safiya, el opositor tanzano Tundu Lissu y las hermanas gemelas iraníes Taraneh y Romina Rahimi.
La candidatura de Bukele fue presentada por el grupo de derecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN), mientras que los Socialistas y Demócratas (S&D) propusieron al Tribunal Penal Internacional y a sus funcionarios. Los liberales de Renew Europe respaldaron a Standing Together, una organización israelí que moviliza a ciudadanos judíos y palestinos de Israel contra la ocupación y a favor de la paz.
Por su parte, Los Verdes y La Izquierda propusieron al palestino Hussam Abu Safiya, mientras que el Partido Popular Europeo (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) presentaron como candidato al opositor tanzano Tundu Lissu. Patriotas por Europa nominó a las hermanas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, ambas condenadas por Teherán.
Según ESN, la nominación del presidente salvadoreño por «defender a su pueblo y romper con el imperio del terror».
Las seis candidaturas fueron presentadas este jueves durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, según informó el Parlamento Europeo mediante un comunicado.
El siguiente paso en el proceso será el 19 de octubre, cuando los eurodiputados de las comisiones de Exteriores y Desarrollo votarán en Estrasburgo, Francia, para reducir de seis a tres la lista de finalistas al Premio Sájarov.
Posteriormente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, integrada por la presidenta de la institución y los líderes de los grupos políticos, decidirá el 22 de octubre quién recibirá el galardón correspondiente a 2026.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia reconoce cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025, el reconocimiento fue concedido al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este lunes que la inteligencia artificial (IA) tiene potencial para reducir las presiones inflacionarias a largo plazo, aunque advirtió que su impacto dependerá del nivel de penetración que alcance esta tecnología en la economía europea.
«La inteligencia artificial tiene el potencial para ayudar a las empresas a producir más y, con el paso del tiempo, una mayor productividad puede reducir costes. Si el resto de factores se mantienen igual, esto debería reducir presiones inflacionarias en el largo plazo», dijo Lagarde en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
Lagarde explicó que la «velocidad y tamaño» del efecto dependerán de la forma en que Europa adopte la inteligencia artificial. Un informe reciente del BCE señala que, a finales de 2025, un 38 % de las empresas de la eurozona utilizaba «moderadamente» esta tecnología, mientras que solo un 7 % reportaba un uso «significativo».
La presidenta del BCE reconoció además que Europa todavía tiene «trabajo por hacer», debido a que las inversiones vinculadas con la IA continúan por detrás de Estados Unidos, desde innovación y capacidad computacional hasta centros de datos y energía.
El desarrollo de esta tecnología también podría transformar el mercado laboral europeo. Lagarde señaló que la IA «cambiará las tareas que realizan los trabajadores y las habilidades que requerirán las empresas», aunque recordó que históricamente los grandes avances tecnológicos no redujeron la tasa de empleo y consideró que aún «está por ver» si esta vez será diferente.
«La cuestión central es si, en el largo plazo y para la economía en su conjunto, la IA complementará a los trabajadores o los reemplazará. Esto puede afectar a los salarios, a la demanda y a la inflación, pero el impacto es aún incierto», apuntó.
Ante este escenario, Lagarde consideró necesario que Europa facilite la innovación relacionada con la inteligencia artificial mediante un mayor acceso al capital y una integración de sus mercados, además de avanzar en su independencia tecnológica.
La presidenta del BCE también planteó que Europa debe «extender la IA de manera intensiva» y promover programas de formación que permitan a los trabajadores adaptarse a los cambios provocados por esta tecnología y a las nuevas habilidades que demandarán las empresas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles que Canadá pueda convertirse en el primer «miembro asociado» de la Unión Europea (UE), un estatus hasta ahora inexistente para un país no europeo. La propuesta fue presentada durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, al que asistió el primer ministro canadiense, Mark Carney.
«Dije que debemos reimaginar con urgencia nuestras asociaciones. Así que me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE», afirmó Von der Leyen al dirigirse a Carney, quien se convirtió en el primer líder no europeo invitado a presenciar este discurso.
La presidenta de la Comisión defendió la necesidad de impulsar nuevas alianzas internacionales ante los cambios en el escenario global.
Von der Leyen planteó avanzar desde el actual acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) hacia una denominada «Alianza para el Futuro», destinada a establecer un «espacio común de prosperidad y seguridad económica». Según la presidenta, el CETA permitió incrementar en un 75 % el comercio de bienes entre ambas partes en menos de una década.
La nueva alianza contemplaría una mayor cooperación en manufactura inteligente, tecnología, energía, minerales críticos, baterías, inteligencia artificial, computación cuántica, ciberseguridad y seguridad económica. También incluiría una integración de las bases industriales de defensa y un proyecto conjunto en el Ártico.
«Esta es una asociación que no va contra nadie más, sino a favor de nuestra fuerza común», afirmó Von der Leyen.
Carney respaldó posteriormente la intención de estrechar los vínculos entre Ottawa y Bruselas.
«Ha sido un honor escuchar la intervención de la presidenta Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, mientras construimos una alianza más profunda para el futuro», expresó el mandatario canadiense. También destacó la estabilidad, la movilidad ciudadana y el mercado común desarrollados por la UE.
El primer ministro mantuvo reuniones con Von der Leyen y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para abordar áreas de cooperación como minerales críticos, energía, defensa, investigación, desarrollo y tecnologías avanzadas.
«En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está forjando relaciones más sólidas con socios de confianza para construir una mayor autonomía estratégica, resiliencia y soberanía», explicó la oficina de Carney.
La propuesta de una membresía asociada supondría avanzar más allá del CETA, acordado entre Canadá y la UE en 2017 y que continúa bajo aplicación provisional al no haber sido ratificado por todos los Estados miembros. Ambos socios ya mantienen esquemas de cooperación en investigación científica, ciberseguridad, estándares digitales, seguridad y defensa.
Von der Leyen también propuso crear un Consejo Europeo de Seguridad que reúna a los líderes de la UE con los de Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania para reforzar la coordinación en materia de defensa. «Compartimos un océano, un conjunto de valores, una forma de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido», concluyó la presidenta de la Comisión Europea.
La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió el martes sobre un incremento de los «ataques híbridos» atribuidos a Rusia contra los Estados miembros y pidió elevar el coste para Moscú ante lo que considera una intensificación de las hostilidades contra Europa.
Durante un debate en el Parlamento Europeo, Kallas mencionó como ejemplos el lanzamiento de bengalas desde un buque de guerra ruso contra un helicóptero danés, el derribo de un dron sobre Lituania por cazas de la OTAN y un ataque contra un tren en Ucrania cerca de la frontera con Polonia.
«No son accidentes. Son intentos calculados de Rusia para debilitar nuestra determinación, poner a prueba nuestra unidad y jugar con los temores a una escalada», señaló Kallas ante el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo, Francia.
También aseguró que la UE «no va a reducir» su apoyo a Ucrania.
La funcionaria estonia sostuvo que Rusia «adapta» sus acciones dependiendo del país y afirmó que en algunos casos «interfiere en el espacio informativo, explota divisiones sociales e interfiere en elecciones», mientras en otros «los ataques son físicos, dirigidos contra infraestructura militar, transporte público e infraestructura crítica».
Kallas advirtió que «pese a los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra», el Kremlin está intensificando «sus hostilidades contra Europa». «Y una cosa está muy clara: Putin no se detendrá a menos que se le detenga. Así que, como Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos, Europa debe imponer un coste mayor», aseveró.
Para responder a estas acciones, Kallas propuso cinco líneas que incluyen atribuir públicamente y de forma sistemática los ataques, imponer nuevas sanciones a sus responsables y reforzar las restricciones económicas contra Moscú, entre ellas medidas dirigidas a desmantelar la denominada flota fantasma rusa.
La alta representante planteó además restringir visados y movimientos de diplomáticos y excombatientes rusos, así como reforzar la protección del espacio informativo europeo contra la desinformación. Aseguró que las sanciones de la UE ya privaron a la economía rusa de un billón de euros y citó la reciente expulsión de diez diplomáticos rusos por Hungría.
Kallas afirmó que «Europa es mucho más fuerte de lo que era», aunque sostuvo que «la amenaza de los ataques híbridos rusos en toda Europa no deja de crecer».
«No debemos dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Debemos responder al nivel de estos ataques con una acción concreta y una respuesta firme. La seguridad de Europa lo requiere, y los ciudadanos lo esperan», concluyó.
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, exigió este martes al Gobierno de Cuba poner fin a la “represión política” y al “control absoluto” de la economía, al advertir que el modelo actual está llevando al país hacia un posible colapso económico y social.
Durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, la diplomática europea afirmó que la situación en la isla ya no es sostenible tras décadas de decisiones que, según sostuvo, perjudicaron tanto a la población como al desarrollo del país.
«La Habana debe poner fin a la represión política y a su control absoluto sobre la economía que está frenando al país», expresó Kallas durante su intervención.
La funcionaria señaló que millones de cubanos enfrentan diariamente apagones eléctricos, escasez de alimentos y medicamentos, deterioro de servicios públicos y dificultades para acceder a atención médica básica.
Kallas atribuyó la crisis energética y económica de Cuba a “fracasos estructurales”, “políticas deficientes” y al impacto de “restricciones externas vigentes”, aunque evitó mencionar directamente el embargo económico impuesto por Estados Unidos.
La representante europea insistió además en la necesidad de liberar a personas detenidas “arbitrariamente” y avanzar hacia reformas políticas y económicas que permitan abrir el país “a la democracia”.
«Los cubanos merecen una vida mejor. Merecen mayor libertad y oportunidades», sostuvo la jefa de la diplomacia europea, quien aseguró que esa posición representa un consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Kallas defendió también la apertura a la inversión privada, el emprendimiento y la modernización económica como elementos fundamentales para estabilizar la situación cubana.
A criterio de la diplomática, cualquier reforma sostenible requiere garantías jurídicas, actores económicos independientes y mayores espacios de libertad económica y política.
La funcionaria confirmó además que la Unión Europea continuará apoyando a la población cubana mediante ayuda humanitaria y anunció la movilización adicional de seis millones de euros, equivalentes actualmente a unos $6.5 millones, destinados a atender necesidades urgentes en la isla.
Según explicó, los fondos serán administrados por organizaciones internacionales y agencias europeas, remarcando que la Unión Europea “no financia al Estado cubano”.
Kallas también defendió la continuidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, aunque reconoció que, después de casi diez años de vigencia, el mecanismo no produjo los resultados esperados.
La diplomática, originaria de Estonia, aseguró que habla desde la experiencia de haber vivido bajo el comunismo y afirmó que “el comunismo nunca funciona”.
«Una reforma negociada hoy es preferible al colapso mañana», concluyó Kallas al advertir sobre posibles consecuencias humanitarias, migratorias y de seguridad para Cuba y la región.
La defensora de derechos humanos nicaragüense Wendy Flores denunció este miércoles la existencia de una “represión transnacional” ejercida por el Gobierno de Nicaragua contra opositores y críticos en el exilio.
Durante una intervención ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la activista alertó sobre amenazas, atentados y asesinatos registrados fuera del país.
«El Colectivo al que pertenezco ha documentado más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025», afirmó.
Flores, vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que esta persecución incluye prácticas como el exilio forzado, la pérdida arbitraria de la nacionalidad y la apatridia.
Además, advirtió que los integrantes de su organización enfrentan riesgos a su seguridad incluso en países como Costa Rica por denunciar estos hechos.
«Por esta razón consideramos fundamental la realización de estrategias que aseguren la recuperación de la identidad de quienes han sufrido exilio, desnacionalización y apatridia», expresó.
La abogada también solicitó a la Unión Europea impulsar acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a tratados internacionales.
Entre estas, mencionó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
Flores indicó que más de 873,000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018 debido a la crisis política.
Asimismo, denunció que al menos 452 ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad desde 2023, junto con la confiscación de bienes y la eliminación de registros civiles.
«El exilio, la desnacionalización y apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen», sostuvo.
También señaló que el 33 % de los afectados son adultos mayores y que al menos 292 personas han sido impedidas de ingresar a Nicaragua, quedando en condición de apatridia de facto.
Finalmente, la activista aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia para silenciar voces críticas y mantener el control político.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado la responsabilidad de la nueva relación bilateral y se perfila para liderar la transición, es una de las 69 personas sancionadas por la UE por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país.
Las sanciones fueron instauradas por la UE en noviembre de 2017 y Rodríguez fue incorporada a la lista en junio de 2018. Estas medidas implican la congelación de activos, la prohibición de suministrarles fondos y el veto de ingreso a la Unión Europea.
El pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la UE decidieron extender estas sanciones hasta el 10 de enero de 2027, justificando su decisión en “las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
Además de Rodríguez, figuran en la lista de sancionados el ministro de Interior, Diosdado Cabello; la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides; el fiscal general Tarek William Saab; y el expresidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, este último retirado de la lista tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El 14 de julio de 2021, el TJUE desestimó el recurso interpuesto por Delcy Rodríguez, confirmando su responsabilidad en la erosión institucional venezolana. En esa misma resolución, también fueron rechazadas las apelaciones de otros altos cargos. Sin embargo, el tribunal aceptó el recurso de Maikel Moreno, argumentando falta de fundamentos suficientes por parte del Consejo Europeo para sancionarlo.
Rodríguez también fue protagonista de un incidente diplomático en enero de 2020, al realizar una escala en el aeropuerto de Madrid donde sostuvo una reunión en la zona de tránsito con el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, pese a tener vetado el ingreso a Europa.
Este encuentro provocó una polémica en España y llegó hasta el Parlamento Europeo, donde se debatió si el Gobierno español incumplió el régimen de sanciones. La Comisión Europea aclaró que no tiene competencia para sancionar a los Estados miembros, y la Fiscalía de Madrid cerró el caso al determinar que Rodríguez no había intentado entrar en territorio español.
En 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierta una solicitud para revisar si España violó el régimen sancionatorio, pero Bruselas reiteró que la aplicación recae exclusivamente en los Estados miembros.
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo recomendó este jueves prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años en toda la Unión Europea (UE), y permitirlo solo a partir de los 16 si no cuentan con el consentimiento de sus padres.
La propuesta fue aprobada con 32 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, pero aún debe pasar la votación en el pleno del Parlamento Europeo la próxima semana en Estrasburgo, Francia, para ser adoptada formalmente.
Los eurodiputados expresaron preocupación por la pasividad de las grandes plataformas digitales ante la exposición de menores a contenidos ilegales o dañinos, señalando que la falta de filtros adecuados puede generar adicción y afectar la salud mental infantil.
En este sentido, la Eurocámara exhortó a una aplicación rigurosa de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), incluyendo sanciones severas como multas o incluso la prohibición de operar para las plataformas que incumplan las normativas europeas.
Asimismo, se plantea que estas restricciones también apliquen a plataformas de video y redes sociales que difunden contenido generado por inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo valoró positivamente el proyecto piloto impulsado por la Comisión Europea junto a varios Estados miembros —incluido España— que busca implementar un sistema de verificación de edad para el acceso a redes sociales. Sin embargo, los legisladores advirtieron que estas herramientas deben garantizar la privacidad y el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.
La propuesta también sugiere deshabilitar por defecto los elementos de diseño adictivo, como algoritmos de recomendación personalizados basados en la participación de menores, así como explorar la posibilidad de exigir responsabilidades personales a los directivos de plataformas por infracciones graves y repetidas.
El eurodiputado Alvise Pérez elogió los avances en seguridad logrados en el país durante los últimos seis años y sostuvo que es injustificado calificar de “dictadura” al Gobierno de El Salvador.
“Cuestionar implica utilizar argumentos para criticar un modelo, algo que criticamos, tanto en el parlamento de Estrasburgo como el de Bruselas, han cuestionado, han adjetivado con injusticia y sin argumentos, adjetivado como ‘dictadura’ como violación de derechos humanos y una serie de cuestiones que nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a los más de 800,000 votantes en la representación del parlamento europeo negamos”. aseguró el diputado del Parlamento Europeo y líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta
El funcionario, de gira por El Salvador, manifestó que los funcionarios europeos ahora pueden visitar el país con libertad, luego de conversar con ciudadanos en el transporte público. Basó su afirmación en el fin de doce años de guerra civil y décadas de sufrimiento bajo el régimen y la dictadura de las pandillas.
“Después de 12 años de guerra civil, décadas de sufrimiento, por el régimen, la dictadura de los pandilleros y de crimen organizado que por fin, altas autoridades europeas , de las que me incluyo podemos visitar el país con una normalidad y una seguridad y la tranquilidad que es un país que podemos visitar sin miedo a que halla secuestros”, aseguró Pérez durante una entrevista para el programa Pulso Ciudadano de Canal 21..
#PulsoCiudadano | El eurodiputado Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) señala que calificar al gobierno salvadoreño como una “dictadura” ha sido injustificado.
????️ “Han adjetivado de forma injusta y sin argumentos”, afirmó durante su visita al país. pic.twitter.com/sXLzxfwXgG
Por otro lado, en declaraciones para el programa de entrevistas de Frente a Frente este martes, Pérez criticó a quienes se oponen a las medidas de seguridad, como el régimen de excepción.
“A mi me sorprendería que el 4% que no está de acuerdo bajo el régimen de excepción sean burócratas escondidos, a la Unión Europea no le importó para nada El Salvador cuando aquí había más de 40 o 50 asesinatos diarios, no les importaba nada, su vida y su futuro cuando había ciento de secuestros trimestrales”, aseguró Pérez en dicha entrevista este martes.
Por otra parte, Pérez también destacó la gestión de Nayib Bukele, afirmando que es un hecho indiscutible en Europa, a pesar de las críticas hipócritas sobre la democracia en El Salvador.
“No hay ahora mismo, país en el mundo que tenga el apoyo que tenga Bukele por haber hecho bien las cosas… en 6 años no se cambia un país de la manera en que se cambió…Las leyes de excepción han funcionado, creo que es un hecho que no se discute en Europa aunque se critique de forma hipócrita la democracia o no democracia en El Salvador”, aseguró el eurodiputado.
Anteriomente, Pérez, de 34 años de edad, manifestó que llegó a El Salvador para conocer de primera mano y en detalle el plan de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
