La defensora de derechos humanos nicaragüense Wendy Flores denunció este miércoles la existencia de una “represión transnacional” ejercida por el Gobierno de Nicaragua contra opositores y críticos en el exilio.
Durante una intervención ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la activista alertó sobre amenazas, atentados y asesinatos registrados fuera del país.
«El Colectivo al que pertenezco ha documentado más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025», afirmó.
Flores, vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que esta persecución incluye prácticas como el exilio forzado, la pérdida arbitraria de la nacionalidad y la apatridia.
Además, advirtió que los integrantes de su organización enfrentan riesgos a su seguridad incluso en países como Costa Rica por denunciar estos hechos.
«Por esta razón consideramos fundamental la realización de estrategias que aseguren la recuperación de la identidad de quienes han sufrido exilio, desnacionalización y apatridia», expresó.
La abogada también solicitó a la Unión Europea impulsar acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a tratados internacionales.
Entre estas, mencionó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
Flores indicó que más de 873,000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018 debido a la crisis política.
Asimismo, denunció que al menos 452 ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad desde 2023, junto con la confiscación de bienes y la eliminación de registros civiles.
«El exilio, la desnacionalización y apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen», sostuvo.
También señaló que el 33 % de los afectados son adultos mayores y que al menos 292 personas han sido impedidas de ingresar a Nicaragua, quedando en condición de apatridia de facto.
Finalmente, la activista aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia para silenciar voces críticas y mantener el control político.
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