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Etiqueta: política migratoria

  • Trump propone suavizar redadas migratorias tras dos muertes en Minesota

    Trump propone suavizar redadas migratorias tras dos muertes en Minesota

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó aplicar “un enfoque un poco más suave” en los operativos migratorios, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas por redadas migratorias en Mineápolis, Minesota, el mes pasado.

    “Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave”, declaró Trump en una entrevista con NBC News, aunque aclaró que las autoridades migratorias “aun así hay que ser firmes”. El mandatario defendió su política de deportaciones argumentando que busca combatir a “criminales muy peligrosos”.

    Las declaraciones se dan luego de la creciente presión pública tras el fallecimiento de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años. La muerte a tiros de Pretti, ocurrida el pasado 24 de enero, reavivó las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios.

    Trump confirmó que fue decisión suya ordenar la retirada de unos 700 agentes migratorios de Minesota y Mineápolis, medida anunciada este día por su zar fronterizo, Tom Homan.

    “Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país”, advirtió el presidente.

    Durante la entrevista, también arremetió contra el expresidente Joe Biden, a quien culpó de mantener una política de fronteras abiertas. Además, exageró el número de inmigrantes que ingresaron al país durante la administración demócrata bajo solicitudes de asilo.

    El presidente también se adjudicó la reducción de la delincuencia en ciudades como Mineápolis y Chicago, aunque no presentó datos que respalden esa afirmación.

    Trump manifestó su inconformidad con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas. Según dijo, mantuvo conversaciones “muy buenas” con ambos líderes, pero luego los vio “despotricando” públicamente. “Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido”, afirmó.

    Las declaraciones del presidente surgen mientras un comité del Congreso escuchaba este día el testimonio de los hermanos de Renee Nicole Good, Luke y Brent Ganger, quienes hablaron del “profundo dolor” causado por la muerte de la mujer, ocurrida el 7 de enero.

     

  • Colombia acuerda con EE.UU. seguir haciendo vuelos para el retorno de deportados

    Colombia acuerda con EE.UU. seguir haciendo vuelos para el retorno de deportados

    El Gobierno colombiano acordó con Estados Unidos que seguirá haciendo vuelos para traer a ciudadanos deportados de ese país, dijo este viernes la canciller Rosa Villavicencio, al explicar la política integral de retorno de la Administración del presidente Gustavo Petro.

    «Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas», manifestó la ministra.

    El anuncio se produce horas después de que Bogotá y Washington retomaran este mecanismo de cooperación que permitió el regreso de varios colombianos la noche del jueves, cuatro días antes de la reunión que el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca.

    Villavicencio explicó que este esquema se desarrolla en coordinación con Estados Unidos, un año después de la crisis entre ambos Gobiernos, luego de que el presidente colombiano se negara, el 26 de enero de 2025, a recibir un vuelo con deportados al considerar que no estaban recibiendo un trato digno.

    Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.

    Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.

    Este viernes, Villavicencio reiteró que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con «una situación migratoria irregular y no de delincuentes».

    En esa línea, la jefa de la diplomacia colombiana reveló que durante 2025 se realizaron 54 vuelos operados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que trajeron al país a cerca de 115 colombianos cada semana, «en condiciones de dignidad».

    Son retornados

    La ministra explicó que, por la excepcionalidad contemplada en la Ley 2136 de política integral migratoria, los deportados «son considerados retornados», lo que les permite acceder a medidas de acompañamiento del Estado.

    «Para estas personas ha habido unas políticas y unas medidas de apoyo a su inclusión social, sea porque han querido estudiar, sea porque han querido emprender, o sea porque han querido encontrar un puesto de trabajo», señaló.

    La ministra agregó que este esquema se complementa con mecanismos existentes en Estados Unidos y recordó que ese país «tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, pero que no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo».

    Villavicencio explicó que la política de retorno y la atención a la movilidad humana estarán ahora articuladas en el nuevo Viceministerio de Migraciones y Protección Internacional para responder a una nueva realidad migratoria del país.

    «Colombia ya no es un país solamente de salida, sino también de llegada y de retorno», afirmó la canciller, al destacar el incremento del retorno de ciudadanos, tanto por deportación como por decisión voluntaria.

  • Un juez de EE.UU. suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

    Un juez de EE.UU. suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

    Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.

    Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.

    El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito.

    «Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.», aseguró el magistrado al inicio del texto.

    También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.

    Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso «dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota».

    «Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos», escribió el juez.

    El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.

    El juez Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.

    La revisión «exhaustiva» de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.

    Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.

  • Aumentan las críticas republicanas a las políticas migratorias de Trump tras la crisis en Minnesota

    Aumentan las críticas republicanas a las políticas migratorias de Trump tras la crisis en Minnesota

    Las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentan un creciente rechazo dentro de su propio Partido Republicano, especialmente después de los incidentes ocurridos en Minnesota, donde varios manifestantes fueron asesinados por agentes federales. La situación ha provocado críticas tanto de representantes y legisladores republicanos como de aliados cercanos de Trump.

    Uno de los críticos más destacados es el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien aplaudió la decisión de Trump de enviar al «zar de las fronteras» Tom Homan para controlar la crisis en Minnesota, pero subrayó que la Casa Blanca necesita aclarar su estrategia migratoria. Stitt señaló que los ciudadanos estadounidenses quieren que se aborde la inmigración, pero no están satisfechos con lo que está sucediendo en las calles de Minneapolis.

    El gobernador de Texas, Greg Abbott, también expresó su preocupación, indicando que la Casa Blanca debería reconsiderar su enfoque para restaurar la confianza pública en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

    La crisis en Minnesota también llevó a la retirada de Chris Madel, un abogado conservador, de la carrera por la gobernación de Minnesota. Madel criticó la operación Metro Surge, destinada a detener a inmigrantes indocumentados, argumentando que esta había ido más allá de abordar las amenazas reales a la seguridad pública. Según Madel, los ciudadanos de color viven con miedo, llegando incluso a portar documentos de ciudadanía para demostrar su estatus legal.

    El caso del enfermero Alex Pretti, quien fue asesinado por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha sido uno de los incidentes más impactantes, ocurriendo menos de tres semanas después de la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE. Estos hechos han desatado protestas a nivel nacional.

    En el Congreso, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Rand Paul, ha solicitado que los responsables de ICE, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) comparezcan ante el Congreso. Otros republicanos, como el senador por Utah, John Curtis, también han mostrado su desacuerdo con la gestión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por apresurarse a emitir juicios sobre los incidentes sin conocer todos los hechos.

    El senador de California, Thom Tillis, advirtió que cualquier funcionario que intente cerrar investigaciones antes de su inicio está perjudicando al país y al legado del presidente Trump. También se unieron a las críticas figuras más moderadas del Partido Republicano, como Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quienes calificaron los eventos de Minnesota de «inquietantes» y expresaron que la credibilidad del ICE está en juego.

    El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, sugirió que si la situación en Minnesota sigue empeorando, Trump debería considerar retirar al ICE de la ciudad. Otros republicanos, como David McCormick, subrayaron que la situación se está viendo agravada por la «retórica irresponsable» de los políticos locales. Sin embargo, McCormick también apoyó la necesidad de una investigación sobre las muertes.

  • Jueza analiza los argumentos contra el despliegue «sin precedentes» del ICE en Minnesota

    Jueza analiza los argumentos contra el despliegue «sin precedentes» del ICE en Minnesota

    La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.

    La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros».

    Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.

    En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».

    Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».

    Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración» y añadió que «no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».

    En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea».

    En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.

    Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.

    La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.

    Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».

  • Detenciones de latinos sin delitos se multiplican bajo Trump

    Detenciones de latinos sin delitos se multiplican bajo Trump

    La detención de inmigrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

    El reporte, disponible en línea este viernes, documentó un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

    Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

    El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

    Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la venezolanos se multiplicó por 14 a 5.600.

    También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2.800, más del doble.

    La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales y «solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades».

    «No son lo peor de lo peor»

    «Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen», escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz.

    La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, es decir, en edad de trabajar.

    Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60 % de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

    El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.

    «Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales», concluyeron los investigadores.

  • El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.

    Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.

    Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.

    Detenciones históricas y denuncias de abusos

    Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

    Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas

    El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.

    Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.

    Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.

    Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS

    El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.

    Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.

    “Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.

    La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.

    Frontera más cerrada y caída en los cruces

    La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.

    Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.

    Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.

    El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.

    “El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.

  • Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times.

    De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.

    Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una «agitadora profesional» por «agresivamente atropellar a un oficial de ICE» que disparó «en defensa propia».

    Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE «asesinó» a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

    Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

    En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

    Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

    La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

  • Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    El operativo ‘Tidal Wave’ (Maremoto) de Florida suma 10.400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

    «Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida», señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

    Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

    Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que «representan una amenaza pública seria», según una infografía compartida por DeSantis.

    Además, Florida envió a 1.916 de los detenidos a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes), el sitio de detención migratoria que el Gobierno floridano abrió en julio pasado en medio de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami rodeada de cocodrilos, serpientes y otros animales.

    «Mucho de los más de 10.000 individuos arrestados en la operación estaban intentando asediar a nuestros niños. Quédense tranquilos, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que estos criminales pasen un buen tiempo tras las rejas antes de devolverlos al lugar del que vinieron», dijo el fiscal general floridano, James Uthmeier.

    Los funcionarios destacaron que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Trump, pues el estado lidera en la cantidad de acuerdos ‘287(g)’, que establecen la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

    El Gobierno de Trump ha deportado a más de 600.000 migrantes desde que comenzó el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de diciembre pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.