La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuestionó este sábado la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la inmigración se ha convertido en un fenómeno “disruptivo y desestabilizador” que debe abordarse con medidas firmes pero humanas.
Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Clinton afirmó que la inmigración “ha ido demasiado lejos” y sostuvo que el problema debe resolverse “de una forma humana, con fronteras seguras y sin torturar ni matar a gente”.
La también excandidata presidencial del Partido Demócrata defendió las deportaciones ejecutadas durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. Señaló que “durante el mandato de mi marido y de Barack Obama fueron deportadas más personas sin matar a ciudadanos estadounidenses y sin meter a niños en campos de detención que en el primer mandato de Trump y este primer año del segundo mandato de Trump”, declaraciones ofrecidas desde la capital bávara. Además, pidió abrir un “debate legítimo” sobre inmigración en Estados Unidos y otros temas de interés nacional.
Clinton también lanzó críticas directas contra el Presidente de Estados Unidos, a quien acusó de apartarse de los principios occidentales. “Ha traicionado a Occidente. Ha traicionado los valores humanistas. Ha traicionado la Carta de la OTAN, la Carta Atlántica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, manifestó.
La exfuncionaria reiteró que la discusión migratoria debe centrarse en garantizar seguridad fronteriza sin vulnerar derechos humanos, en contraste con lo que considera excesos en la política actual.
La dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, impuso este domingo un cambio en la política migratoria para ciudadanos cubanos, al modificar su clasificación de “exentos de visa” a “visa consultada sin costo”.
La disposición fue emitida con fecha 8 de febrero de 2026 por la Dirección General de Migración y Extranjería, firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas. La nueva regla aplica a todos los ciudadanos cubanos que porten pasaportes ordinarios, y entra en vigencia desde este mismo día.
Según el comunicado, la normativa también será notificada al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y a las líneas aéreas, en coordinación con la Dirección de Migración, con el fin de garantizar su aplicación inmediata. Además, será informada oficialmente a la representación consular de Cuba en Nicaragua.
“El Estado de Nicaragua es soberano de establecer las categorías migratorias de visa para el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades”, señala la resolución oficial, que también recuerda su facultad de regular el ingreso, egreso y permanencia de extranjeros.
En noviembre de 2021, el Gobierno nicaragüense había eliminado el requisito de visa para los ciudadanos cubanos, como una medida “humanitaria” que, en medio de la crisis sanitaria, económica y política en Cuba, fue aprovechada por miles de isleños para emigrar o comerciar.
En aquel momento, Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, advirtió que esta medida aumentaría el flujo de cubanos hacia Nicaragua, ya sea para actividades comerciales o como vía de tránsito hacia México y posteriormente Estados Unidos.
Duany también subrayó que, debido al cierre de la sección consular de Estados Unidos en La Habana desde 2017, muchos cubanos buscan alternativas para salir del país sin necesidad de visa estadounidense, intensificando así el éxodo.
La decisión de Ortega en 2021 buscaba fomentar el intercambio comercial, el turismo y la reunificación familiar. Sin embargo, en 2015 Nicaragua había cerrado su frontera con Costa Rica, provocando que miles de cubanos quedaran varados, lo que generó una crisis regional.
Las deportaciones de inmigrantes desde el interior de Estados Unidos se multiplicaron por 4,6 durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, impulsadas principalmente por arrestos aleatorios en la vía pública, según reveló un nuevo estudio de la Universidad de California.
El informe, elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación —una colaboración entre la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)— muestra que las cifras de expulsiones superan con creces lo registrado antes del retorno del republicano a la Casa Blanca.
De acuerdo con el análisis, las detenciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también se cuadruplicaron en ese período, mientras que los arrestos callejeros aumentaron más de once veces, fenómeno descrito por los investigadores como “sin precedentes”.
Cambios en los criterios de arresto
El estudio destaca que ICE ha desplazado su enfoque tradicional —centrado en personas con antecedentes penales— para realizar detenciones más indiscriminadas, lo que ha llevado a un aumento de más de siete veces en la captura de inmigrantes sin historial criminal.
Graeme Blair, profesor de UCLA y codirector del proyecto, explicó que “antes de esta administración, ICE centraba sus arrestos en personas condenadas o previamente identificadas. Ahora, parece estar arrestando a cualquiera que pueda”.
Ante el crecimiento de arrestos, el Gobierno triplicó el número de plazas de detención para migrantes dentro del país. Sin embargo, las opciones de liberación se redujeron drásticamente: solo el 3% de los detenidos fueron liberados en los primeros 60 días, según el estudio.
Además, la tasa de deportación dentro de ese mismo período aumentó del 55% al 69%, mientras que las salidas voluntarias se incrementaron 21 veces, debido a que más personas optaron por no pelear sus casos ante la corte migratoria.
Sin alcanzar meta oficial
El informe, que utilizó datos de ICE hasta el 15 de octubre de 2025 obtenidos mediante una demanda judicial, señala que a pesar del endurecimiento de políticas, la administración Trump no logró alcanzar su meta de un millón de deportaciones anuales.
Los datos indican que, para finales de 2025, el número de deportaciones se habría ubicado por debajo de las 300.000, muy por debajo del objetivo público de la administración.
“Está claro que, aunque no han alcanzado su meta numérica, el ritmo y el alcance de las deportaciones es el más alto en lo que va del siglo XXI”, subrayó Blair.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó aplicar “un enfoque un poco más suave” en los operativos migratorios, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas por redadas migratorias en Mineápolis, Minesota, el mes pasado.
“Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave”, declaró Trump en una entrevista con NBC News, aunque aclaró que las autoridades migratorias “aun así hay que ser firmes”. El mandatario defendió su política de deportaciones argumentando que busca combatir a “criminales muy peligrosos”.
Las declaraciones se dan luego de la creciente presión pública tras el fallecimiento de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años. La muerte a tiros de Pretti, ocurrida el pasado 24 de enero, reavivó las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios.
Trump confirmó que fue decisión suya ordenar la retirada de unos 700 agentes migratorios de Minesota y Mineápolis, medida anunciada este día por su zar fronterizo, Tom Homan.
“Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país”, advirtió el presidente.
Durante la entrevista, también arremetió contra el expresidente Joe Biden, a quien culpó de mantener una política de fronteras abiertas. Además, exageró el número de inmigrantes que ingresaron al país durante la administración demócrata bajo solicitudes de asilo.
El presidente también se adjudicó la reducción de la delincuencia en ciudades como Mineápolis y Chicago, aunque no presentó datos que respalden esa afirmación.
Trump manifestó su inconformidad con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas. Según dijo, mantuvo conversaciones “muy buenas” con ambos líderes, pero luego los vio “despotricando” públicamente. “Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido”, afirmó.
Las declaraciones del presidente surgen mientras un comité del Congreso escuchaba este día el testimonio de los hermanos de Renee Nicole Good, Luke y Brent Ganger, quienes hablaron del “profundo dolor” causado por la muerte de la mujer, ocurrida el 7 de enero.
El Gobierno colombiano acordó con Estados Unidos que seguirá haciendo vuelos para traer a ciudadanos deportados de ese país, dijo este viernes la canciller Rosa Villavicencio, al explicar la política integral de retorno de la Administración del presidente Gustavo Petro.
«Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas», manifestó la ministra.
El anuncio se produce horas después de que Bogotá y Washington retomaran este mecanismo de cooperación que permitió el regreso de varios colombianos la noche del jueves, cuatro días antes de la reunión que el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca.
Villavicencio explicó que este esquema se desarrolla en coordinación con Estados Unidos, un año después de la crisis entre ambos Gobiernos, luego de que el presidente colombiano se negara, el 26 de enero de 2025, a recibir un vuelo con deportados al considerar que no estaban recibiendo un trato digno.
Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.
Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.
Este viernes, Villavicencio reiteró que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con «una situación migratoria irregular y no de delincuentes».
En esa línea, la jefa de la diplomacia colombiana reveló que durante 2025 se realizaron 54 vuelos operados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que trajeron al país a cerca de 115 colombianos cada semana, «en condiciones de dignidad».
Son retornados
La ministra explicó que, por la excepcionalidad contemplada en la Ley 2136 de política integral migratoria, los deportados «son considerados retornados», lo que les permite acceder a medidas de acompañamiento del Estado.
«Para estas personas ha habido unas políticas y unas medidas de apoyo a su inclusión social, sea porque han querido estudiar, sea porque han querido emprender, o sea porque han querido encontrar un puesto de trabajo», señaló.
La ministra agregó que este esquema se complementa con mecanismos existentes en Estados Unidos y recordó que ese país «tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, pero que no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo».
Villavicencio explicó que la política de retorno y la atención a la movilidad humana estarán ahora articuladas en el nuevo Viceministerio de Migraciones y Protección Internacional para responder a una nueva realidad migratoria del país.
«Colombia ya no es un país solamente de salida, sino también de llegada y de retorno», afirmó la canciller, al destacar el incremento del retorno de ciudadanos, tanto por deportación como por decisión voluntaria.
Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.
Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.
El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito.
«Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.», aseguró el magistrado al inicio del texto.
También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.
Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso «dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota».
«Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos», escribió el juez.
El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.
El juez Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.
La revisión «exhaustiva» de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.
Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.
Las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentan un creciente rechazo dentro de su propio Partido Republicano, especialmente después de los incidentes ocurridos en Minnesota, donde varios manifestantes fueron asesinados por agentes federales. La situación ha provocado críticas tanto de representantes y legisladores republicanos como de aliados cercanos de Trump.
Uno de los críticos más destacados es el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien aplaudió la decisión de Trump de enviar al «zar de las fronteras» Tom Homan para controlar la crisis en Minnesota, pero subrayó que la Casa Blanca necesita aclarar su estrategia migratoria. Stitt señaló que los ciudadanos estadounidenses quieren que se aborde la inmigración, pero no están satisfechos con lo que está sucediendo en las calles de Minneapolis.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también expresó su preocupación, indicando que la Casa Blanca debería reconsiderar su enfoque para restaurar la confianza pública en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La crisis en Minnesota también llevó a la retirada de Chris Madel, un abogado conservador, de la carrera por la gobernación de Minnesota. Madel criticó la operación Metro Surge, destinada a detener a inmigrantes indocumentados, argumentando que esta había ido más allá de abordar las amenazas reales a la seguridad pública. Según Madel, los ciudadanos de color viven con miedo, llegando incluso a portar documentos de ciudadanía para demostrar su estatus legal.
El caso del enfermero Alex Pretti, quien fue asesinado por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha sido uno de los incidentes más impactantes, ocurriendo menos de tres semanas después de la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE. Estos hechos han desatado protestas a nivel nacional.
En el Congreso, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Rand Paul, ha solicitado que los responsables de ICE, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) comparezcan ante el Congreso. Otros republicanos, como el senador por Utah, John Curtis, también han mostrado su desacuerdo con la gestión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por apresurarse a emitir juicios sobre los incidentes sin conocer todos los hechos.
El senador de California, Thom Tillis, advirtió que cualquier funcionario que intente cerrar investigaciones antes de su inicio está perjudicando al país y al legado del presidente Trump. También se unieron a las críticas figuras más moderadas del Partido Republicano, como Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quienes calificaron los eventos de Minnesota de «inquietantes» y expresaron que la credibilidad del ICE está en juego.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, sugirió que si la situación en Minnesota sigue empeorando, Trump debería considerar retirar al ICE de la ciudad. Otros republicanos, como David McCormick, subrayaron que la situación se está viendo agravada por la «retórica irresponsable» de los políticos locales. Sin embargo, McCormick también apoyó la necesidad de una investigación sobre las muertes.
La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.
La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros».
Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.
En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».
Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».
Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración» y añadió que «no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».
En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea».
En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.
Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.
La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.
Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».
La detención de inmigrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
El reporte, disponible en línea este viernes, documentó un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).
Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).
El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.
Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la venezolanos se multiplicó por 14 a 5.600.
También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2.800, más del doble.
La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales y «solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades».
«No son lo peor de lo peor»
«Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen», escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz.
La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, es decir, en edad de trabajar.
Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60 % de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.
El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.
«Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales», concluyeron los investigadores.
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
