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  • El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua excarceló este sábado a 1,000 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con lo que suman 8,400 los liberados en lo que va de año.

    En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que ese beneficio fue otorgado en ocasión del Día de Todos los Santos como «otro gesto de paz y bien» y pensando en la unidad familiar y porque el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, cree que las personas tienen derecho «a oportunidades».

    Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

    La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

    En 2024 las autoridades beneficiaron a 9,200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

    El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

    En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

    Y en este año liberó a 2,000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1,700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional; 1,000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, 1,500 el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; 1,200 el 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias, y los 1,000 de ahora.

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas y analistas políticos nicaragüenses alertaron sobre un impacto “devastador” en la economía del país si el Gobierno de Estados Unidos impone aranceles del 100 % a sus productos o decide expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

    La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.

    “El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.

    La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.

    Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.

    Riesgo de aislamiento comercial

    El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.

    En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.

    Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.

    “La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.

    También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.

    “Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.

    Plazo para comentarios y decisión final

    La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.

    Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.

     

  • EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    La Casa Blanca analiza imponer nuevos aranceles a Nicaragua de hasta el 100% o excluir al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio  CAFTA-DR, según informó este lunes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

    La USTR determinó que las políticas de la dictadura de Nicaragua relacionadas con la violación de derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del estado de derecho son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense, según el dictamen emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

    La resolución surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR, con base en recomendaciones del Comité 301 y otros órganos asesores, comenzó a revisar las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso incluyó una audiencia pública y la recepción de más de 160 comentarios y testimonios, incluyendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que han sido remitidas al Departamento de Estado para su evaluación y seguimiento.

    El informe publicado este lunes documenta ampliamente cómo las prácticas autoritarias de Nicaragua —incluyendo la represión a libertades fundamentales— crean un entorno de alto riesgo para empresas e inversiones estadounidenses. Según el reporte, dichas prácticas son sancionables bajo la legislación comercial vigente de Estados Unidos.

    Las sanciones

    Aunque el documento no define una sanción específica, plantea distintas alternativas: desde aplicar un arancel universal de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, hasta limitar productos específicos o eliminar progresivamente los beneficios arancelarios en un plazo de hasta 12 meses.

    También se evalúa retirar a Nicaragua parcial o totalmente del CAFTA-DR, acuerdo que permite exportaciones ventajosas, especialmente de textiles.

    En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó a Nicaragua, Venezuela y Cuba como “enemigos de la humanidad”, adelantando que EE.UU. consideraba excluir a Nicaragua del tratado comercial.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el informe le otorga la facultad de aumentar el arancel del 18 % impuesto a Nicaragua a inicios de año.

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en 2024 el país centroamericano fue el único miembro con quien EE.UU. reportó un déficit comercial de $1.9 billones el año pasado. 

    Las crecientes tensiones políticas han derivado en sanciones y restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses, así como su exclusión de eventos regionales como la Cumbre de las Américas.

     

     

  • Ucrania rompe relaciones con Nicaragua por apoyar anexión rusa de sus territorios

    Ucrania rompe relaciones con Nicaragua por apoyar anexión rusa de sus territorios

    Ucrania anunció este jueves  la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reconociera como parte de Rusia a Crimea y otras regiones ucranianas ocupadas militarmente por Moscú, como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

    El Ministerio de Exteriores ucraniano advirtió que no aceptará ninguna intromisión que ponga en duda su soberanía o su integridad territorial.

    “No toleraremos ninguna intrusión en nuestra condición de Estado”, señaló el canciller ucraniano, Andri Sibiga, en un comunicado oficial.

    Sibiga acusó al régimen de Managua de alinearse con el Kremlin, violando de forma “flagrante” la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del Derecho Internacional, al respaldar públicamente la anexión de territorios ucranianos ocupados.

    El funcionario remarcó que ese reconocimiento es inválido y no tiene efecto legal.

    “No modificará las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania”, sostuvo, al reafirmar que la comunidad internacional continúa considerando Crimea y el resto de las regiones bajo ocupación como parte integral de su territorio.

    Ucrania también señaló que Nicaragua actúa en complicidad con lo que denominó el “Estado agresor”, en referencia a Rusia, país del que depende financiera y políticamente.

    En ese sentido, acusó a la dictadura de Daniel Ortega de operar como un “régimen títere” del Kremlin, subordinado a los intereses del presidente ruso, Vladímir Putin.

     

  • La Unión Europea prolonga otro año sus sanciones contra 21 funcionarios y tres entidades de la dictadura de Nicaragua

    La Unión Europea prolonga otro año sus sanciones contra 21 funcionarios y tres entidades de la dictadura de Nicaragua

    El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, prolongó este lunes un año más, hasta el 15 de octubre de 2026, las sanciones adoptadas contra funcionarios y entidades de Nicaragua por la crisis política y social que vive el país centroamericano.

    La institución comunitaria indicó en un comunicado que las medidas restrictivas que actualmente están en vigor afectan a 21 personas y tres entidades de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de ellos.

    Las personas físicas tienen también prohibido entrar o transitar por el territorio de la UE. Entre ellos figuran la codiciadora nicaragüense Rosario Murillo y varios de sus hijos.  Entre las entidades está la Policía Nacional de Nicaragua, señalada por graves violaciones de Derechos Humanos.

    «La UE reitera su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos. La UE también subraya la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y poner fin a todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero», señaló el Consejo.

    El club comunitario también invitó a Nicaragua a reanudar la cooperación con la ONU y «otras instancias internacionales clave, incluido el Consejo de Derechos Humanos».

    Los Veintisiete reiteraron su apoyo a la población de Nicaragua y a «su compromiso para defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos». «La actual crisis política en Nicaragua debería resolverse mediante diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición», expuso el Consejo.

  • La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.

    En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.

    El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.

    Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE

    El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.

    Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

    Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.

    Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.

    A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.

    El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.

    Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.

    “Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.

     

  • Arrestan a sospechosos de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica

    Arrestan a sospechosos de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica

    Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a cuatro sospechosos de participar en junio pasado en el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, pero la investigación continuará para determinar si se trató de un crimen por motivos políticos.

    «Esto nos genera una gran satisfacción y el desafío de determinar si estamos en presencia de una incursión política de otro Gobierno», declaró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien aclaró que por el momento no se ha identificado un autor intelectual ni el móvil del crimen.

    La investigación va a continuar a partir de lo que se encuentre hoy en los allanamientos que se están llevando a cabo, con el fin de identificar a los autores intelectuales, explicó Zúñiga.

    «El autor intelectual no lo tenemos aún y en este momento no tenemos una vinculación directa de algún Gobierno» en el crimen, detalló el director del OIJ.

    Por el momento, se han detenido a cuatros sospechosos: una mujer de 30 años de apellidos Chacón Guillen, y tres hombres de apellidos Chaves, de 35 años; Cordero Robles, de 23; y Castro Pérez, de 33, quienes habrían participado en la logística para cometer el asesinato.

    Chaves fue detenido en la localidad de Cañas, provincia de Guanacaste (oeste), y los otros tres sospechosos en la localidad de León XIII, un barrio popular de San José.

    Falta por detener a un hombre de apellido Carvajal de 20 años de edad, quien sería el sicario que ejecutó el crimen.

    Asesinado a tiros en su vivienda 

    El asesinato a tiros del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor en retiro del Ejército naturalizado español, ocurrió el pasado 19 de junio en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre habría ingresado al condominio donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones.

    Samcam, un fuerte crítico con el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica desde julio de 2018 por razones de seguridad, y fue naturalizado español luego de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de «traición a la patria».

    La familia de Samcam sostiene que se trató de un crimen político, un crimen de lesa humanidad, planificado por el régimen que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    Samcam había denunciado al Ejército «como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018» en Nicaragua, así como una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

    Ingeniero industrial de profesión, con estudios de maestría en Geopolítica y Administración de Empresas, era un activo comentarista sobre la situación política de su país en medios de prensa nicaragüenses en el exilio.

    La familia de Samcam ha pedido a Estados Unidos y España que se involucren, junto a Costa Rica, en la investigación sobre ese crimen.

  • ONG denuncia que la dictadura de Nicaragua ha desterrado a 261 religiosos por persecución

    ONG denuncia que la dictadura de Nicaragua ha desterrado a 261 religiosos por persecución

    Al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, han sido desterrados en medio de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica, denunció este domingo la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más en su informe “Fe bajo fuego”.

    Según el reporte, entre los expulsados figuran los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez, Isidoro Mora, así como el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, además de cerca de 140 sacerdotes, más de 90 religiosas, una decena de seminaristas y tres diáconos de diferentes diócesis del país.

    “Desde la expulsión del nuncio Sommertag en marzo de 2022, las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano se han deteriorado significativamente”, apuntó la ONG.

    El documento también registra el cierre de 5,609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1,294 eran religiosas, entre iglesias, universidades, colegios, clínicas y organizaciones humanitarias.

    A la mayoría, el Gobierno sandinista les confiscó sus bienes. Asimismo, el ente regulador TELCOR clausuró 54 medios de comunicación, incluidos 22 de carácter religioso, entre radios y canales de televisión.

    La represión, agrega el informe, se ha extendido a otras denominaciones religiosas con la desaparición forzada y criminalización de pastores evangélicos, control de templos, censura de medios, presión fiscal, confiscación de propiedades y la cancelación de la personería jurídica de la Iglesia Morava. El pastor Rudy Palacios permanece detenido como parte de este patrón de persecución.

    El Colectivo subraya que las iglesias, especialmente la católica, desempeñaron un rol clave en el diálogo nacional de 2018 al denunciar abusos y ofrecer refugio a manifestantes heridos, lo que generó la animadversión del Gobierno.

    En 2023, el papa Francisco calificó al régimen de Ortega como una “dictadura grosera”, mientras que el mandatario nicaragüense respondió disolviendo a la Compañía de Jesús y tildando a la Iglesia de “mafia” y “antidemocrática”.

     

  • Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas desde abril de 2018, en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, denunció este viernes un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos.

    El documento fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Como ejemplo, citan la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio y cuyo cuerpo fue entregado a su familia 38 días después en el Instituto de Medicina Legal de Managua.

    La investigación, divulgada en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sostiene que este mecanismo de represión afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, que enfrentan hostigamiento, incertidumbre y silencio oficial.

    “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, señala el informe.

    Según la CIDH, más de 2,000 detenciones políticas en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas y privadas de contacto con sus familiares y abogados. El estudio advierte que desde 2023 estos procesos han pasado de durar pocos días a convertirse en desapariciones prolongadas, amparadas en la opacidad del sistema judicial.

    El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas prácticas responden a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la disidencia. Además, el informe alerta que afectan con mayor crudeza a mujeres, adolescentes, líderes indígenas, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

    Las presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con componentes de violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron tendencias suicidas. El estudio también resalta el impacto en familiares buscadores —en su mayoría mujeres— que enfrentan hostigamiento, altos costos económicos y graves afectaciones emocionales.

    Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar a los presos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas.

    Nicaragua vive una crisis política desde hace siete años, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes encarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.