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  • La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó el martes en primera legislatura una reforma constitucional que amplía a siete años los mandatos de cargos de elección popular y excluye de las candidaturas y puestos públicos a las personas calificadas como “traidores a la patria”, en referencia a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La enmienda fue respaldada por unanimidad mediante votación a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León, al noroeste del país. El artículo 47 establece que no podrán competir por puestos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», denominación utilizada por el Gobierno contra opositores y críticos.

    Según la información proporcionada, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La prohibición también alcanza a quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la planificación, financiamiento, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o uno consumado.

    La reforma también impedirá ocupar cargos públicos a quienes sean señalados de menoscabar la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua, promover una intervención extranjera, recibir financiamiento del exterior o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado, sus instituciones o ciudadanos.

    Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. Para entrar en vigor, la reforma impulsada por Daniel Ortega deberá recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.

    La modificación constitucional establece además períodos de siete años para los «copresidentes» de la República (la pareja Ortega-Murillo), diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, así como para el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y anteriormente coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país entre 1985 y 1990. Desde una reforma constitucional aprobada en 2025, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, bajo la figura de copresidentes.

    Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero las modificaciones constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios hacia noviembre de 2027. La nueva reforma fue aprobada después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en su país «no volverá a haber elecciones».

     

  • Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.

    La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León (noroeste), establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

    Tampoco «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado».

    Asimismo, «los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que insisten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos».

    También quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política, según el texto.

    Además, las personas que incurran en las prohibiciones descritas no podrán integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

    Esta nueva reforma constitucional impulsada por el copresidente Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

    Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

    El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales.

    La reforma parcial a la Constitución también establece que el período establecido para los cargos de elección popular será de siete años, lo cual aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y al jefe del Ejército y de la Policía.

    El Parlamento de Nicaragua aprobó esas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país «no volverá a haber elecciones».

    Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

  • Oposición nicaragüense pide aumentar presión regional contra Ortega y Murillo

    Oposición nicaragüense pide aumentar presión regional contra Ortega y Murillo

    La opositora Unidad Nacional nicaragüense pidió el miércoles a los ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptar medidas frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el gobernante anunciara que no habrá más elecciones en Nicaragua.

    La organización, cuyos principales dirigentes se encuentran en el exilio, respaldó la resolución del Consejo Permanente de la OEA para convocar de forma urgente una reunión de consulta de cancilleres que aborde la situación política nicaragüense. El encuentro todavía no tiene fecha.

    La convocatoria recibió el respaldo de 29 países miembros de la organización continental. «Es una muestra contundente que no se permitirá una monarquía familiar en la región», valoró la Unidad Nacional tras conocerse el resultado de la votación.

    «Esperamos que se apliquen todas las medidas políticas, económicas y diplomáticas para forzar una transición democrática en Nicaragua», agregó el grupo opositor en su declaración.

    El movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) también agradeció el respaldo de los 29 países que votaron a favor de convocar a los cancilleres. «Este gesto de solidaridad internacional reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando por una Nicaragua con democracia, libertad y justicia», señaló la organización.

    La resolución fue aprobada con 29 votos favorables, mientras México se abstuvo y Brasil votó en contra. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que la convocatoria representa «el nivel más alto de consulta diplomática al alcance» de la OEA y pidió al organismo mostrar «más que palabras en un papel».

    Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien inicialmente ocupó la Vicepresidencia. Una reforma constitucional aprobada en 2025 estableció la figura de la copresidencia. Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, mandato ni legitimidad.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las reformas constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios a noviembre de 2027.

    Sin embargo, Ortega afirmó el pasado 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

     

  • Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    El exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O’Reilly, afirmó este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no tiene intención de abandonar el poder y que, junto con la copresidenta Rosario Murillo, buscará mantenerse al frente del Gobierno de forma indefinida.

    En un análisis difundido tras las recientes reformas promovidas por el oficialismo, el diplomático estadounidense sostuvo que «Ortega regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa (la copresidenta Rosario Murillo) claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor».

    Las declaraciones se producen luego de que Ortega manifestara el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

    A esa declaración se suma una iniciativa de reforma parcial a la Constitución presentada esta semana por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años, con posibilidad de prórroga, y excluir de la participación política a opositores señalados por el Gobierno como «golpistas» o «traidores a la patria».

    O’Reilly consideró que la intención del sandinismo de mantenerse en el poder no representa una novedad y señaló que la derrota electoral sufrida por Ortega frente a Violeta Chamorro en 1990 sigue siendo un episodio que marcó al mandatario. También sostuvo que las protestas de 2018 evidenciaron un amplio rechazo ciudadano hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    El exdiplomático aseguró que los procesos electorales celebrados en los últimos años han carecido de garantías democráticas y afirmó que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 consolidaron el control del Poder Ejecutivo sobre las demás instituciones del Estado, además de posponer las elecciones presidenciales hasta 2027.

    En ese contexto, advirtió que la ampliación de los mandatos a siete años renovables permitiría consolidar una permanencia indefinida en el poder. Recordó que Ortega cumplirá 81 años en noviembre y que Murillo tiene 75 años, por lo que interpretó las reformas como un mecanismo para garantizar la continuidad del actual liderazgo político.

    Finalmente, O’Reilly cuestionó la postura de varios gobiernos latinoamericanos, a los que acusó de guardar silencio frente a la situación política en Nicaragua.

    «Al hacerlo, pueden descubrir que -como en Venezuela- no han hecho nada para proteger los derechos de un pueblo vecino, ni la integridad del sistema interamericano, ni siquiera la práctica y los principios de la no intervención. Simplemente han cedido terreno y agencia a los actores más imprudentes de nuestro hemisferio. La paz deriva del respeto al ajeno, no de ignorar su calvario», concluyó.

     

  • Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    El dictador nicaragüense Daniel Ortega, anunció que en su país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza la concentración del poder que ha construido desde su regreso a la Presidencia en 2007 y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y la oposición.

    El mandatario, de 80 años, hizo el anuncio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.

    El regreso de Ortega al poder fue posible después de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, lo que le permitió imponerse en las elecciones de 2006 con el 37.99 % de los votos.

    Otro momento clave ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esa resolución abrió el camino para que Ortega buscara un nuevo mandato en 2011, proceso que posteriormente fue cuestionado por denuncias de irregularidades. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció su reelección.

    Fraudes electorales

    Las elecciones de 2016 también fueron objeto de críticas internacionales. Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Además, el principal bloque opositor fue excluido de la contienda por decisiones de instituciones controladas por el oficialismo, facilitando un nuevo triunfo de Ortega.

    En las elecciones de 2021, el mandatario obtuvo un nuevo mandato después de que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueran detenidos antes de los comicios bajo acusaciones de «traición a la patria». La OEA declaró posteriormente que esas elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes» y carecían de legitimidad democrática.

    Con el anuncio de eliminar definitivamente las elecciones, Ortega consolida un modelo político sin alternancia en el poder. Diversos sectores opositores sostienen que la medida busca garantizar la permanencia del gobernante y su círculo familiar al frente del Estado, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han advertido que la decisión representa un grave retroceso para la democracia y los derechos políticos en Nicaragua.

     

  • Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir las orientaciones del dictador Daniel Ortega, quien anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales.

    En un pronunciamiento, el Parlamento, controlado por el oficialismo, explicó que comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar las directrices del mandatario, con el argumento de preservar la paz, la estabilidad y la continuidad de las políticas impulsadas por su Gobierno.

    La decisión surge después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder.

    Como parte del proceso, la Asamblea indicó que sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las reformas constitucionales y legales que respalden las nuevas disposiciones sobre el sistema político y electoral del país.

    «La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», sostuvo el Parlamento, al asegurar que trabaja para cumplir los lineamientos recibidos del Ejecutivo.

    Las declaraciones de Ortega generaron una nueva ola de reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el mandatario nicaragüense dejó al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria» y aseguró que él y la copresidenta Rosario Murillo «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».

    Por su parte, el Gobierno de Costa Rica reiteró su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y denunció el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. A esas críticas se sumó la oposición nicaragüense, que pidió a la comunidad internacional incrementar la presión política y diplomática para restablecer la ruta democrática en el país.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al dictador nicaragüense Daniel Ortega, de evidenciar su carácter autoritario luego de afirmar que en el país centroamericano no volverán a celebrarse elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las declaraciones del gobernante nicaragüense confirman el rumbo que ha tomado su administración y el de la copresidenta Rosario Murillo.

    «Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria», afirmó Rubio.

    El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Ortega y Murillo han renunciado incluso a mantener la apariencia de contar con el respaldo popular y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos electorales democráticos.

    «Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», agregó el funcionario.

    El pronunciamiento de Washington se produjo después de que Ortega declarara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones que puedan facilitar el regreso de la oposición al poder.

    «No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», expresó el gobernante nicaragüense durante el acto celebrado el pasado domingo en Managua.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política contra opositores y restricciones a la competencia democrática. Desde febrero de 2025 comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    El Gobierno de Costa Rica reiteró este lunes su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes en Nicaragua, después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega asegurara que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado, la Cancillería costarricense recordó que no reconoció las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 2021 por la ausencia de condiciones y garantías democráticas. Asimismo, reafirmó que continuará respaldando la realización de comicios libres, transparentes, plurales y democráticos en el país vecino.

    San José también recordó que, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en junio, el canciller Manuel Tovar expresó la preocupación de Costa Rica por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, al citar denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y hostigamiento contra líderes religiosos.

    Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen limitadas al nivel consular desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado, decidió no nombrar embajador en Managua debido a la represión contra opositores y manifestantes por parte del Gobierno nicaragüense.

    El pronunciamiento costarricense surgió un día después de que Ortega descartara públicamente cualquier posibilidad de alternancia democrática durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», afirmó el mandatario, quien gobierna el país desde 2007 en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral y persecución contra la oposición.

    Desde febrero de 2025, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, ejerce como copresidenta de Nicaragua tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo, reorganizó la estructura del Estado y legalizó la apatridia. Además, las reformas extendieron el período presidencial, por lo que las elecciones generales previstas para 2026 fueron trasladadas, en teoría, hasta noviembre de 2027.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la designación de Murillo como copresidenta al afirmar que asumió el cargo «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», y sostuvo que el oficialismo evita someterse a un proceso electoral competitivo.

     

  • Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró la noche del domingo que su régimen no permitirá la realización de elecciones que puedan facilitar la llegada de la oposición al poder, durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

    En su discurso, el mandatario sostuvo que los grupos opositores, muchos de ellos en el exilio, buscan recuperar el control del país mediante procesos electorales.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró ante miles de simpatizantes.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes señalamientos de organismos internacionales y sectores opositores por presuntos fraudes electorales y por eliminar la competencia política. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como «copresidenta» tras una reforma constitucional.

    Durante el acto, el mandatario calificó a los opositores como «golpistas» y «vendepatrias», y anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para impedir que esos sectores puedan recuperar espacios políticos.

    «Y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán», afirmó.

    La reforma constitucional, que entró en vigor en febrero de 2025, modificó de forma profunda la estructura del Estado nicaragüense. Entre los principales cambios amplió de cinco a seis años el período presidencial, creó la figura de la copresidenta, otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar los demás órganos del Estado y legalizó la apatridia.

    Las modificaciones también alteraron el calendario electoral. Aunque las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, la ampliación del período presidencial trasladó, en teoría, los próximos comicios hasta noviembre de 2027.

    La reforma ha sido cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que consideran que concentra aún más el poder en Ortega y Murillo y elimina los contrapesos institucionales.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de asumir el cargo de copresidenta sin haber sido elegida en un proceso democrático y sostuvo que el Gobierno nicaragüense ha privado a la población de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, al mantener el poder mediante la represión y cambios constitucionales.

     

  • EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    Estados Unidos exigió este sábado la liberación «inmediata e incondicional» del obispo emérito de Nicaragua, Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido días después de oficiar una misa en la que pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida en ese país.

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado hizo pública su postura a través de la red social X, donde responsabilizó al Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo por la captura del religioso. «Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», señaló la dependencia estadounidense.

    Washington sostuvo que el obispo no representa ningún riesgo para las autoridades nicaragüenses y advirtió que su estado de salud es delicado debido a su edad. Además, reiteró su rechazo a las acciones del Gobierno contra la Iglesia católica. «Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar», agregó el mensaje.

    Según fuentes religiosas, Mata fue retenido por agentes policiales el lunes pasado como represalia por una homilía celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante esa misa pidió a los fieles orar por la Iglesia católica perseguida y mencionó de forma expresa al obispo Rolando Álvarez, quien fue encarcelado, desnacionalizado y posteriormente enviado al exilio, así como al sacerdote Frutos Valle.

    Tras varias horas bajo custodia, el religioso fue trasladado a su vivienda en Tisma, departamento de Masaya, donde permaneció bajo vigilancia policial. Sin embargo, diversas fuentes indicaron que posteriormente agentes regresaron a la residencia y lo trasladaron nuevamente hacia un destino desconocido.

    Hasta este sábado, la Policía Nacional de Nicaragua no había informado oficialmente sobre las razones de la detención, el paradero del obispo ni la existencia de un proceso judicial en su contra. El silencio de las autoridades ha incrementado la preocupación entre organizaciones religiosas y defensoras de derechos humanos.

    La detención ocurre en medio de la prolongada crisis entre el Gobierno nicaragüense y la Iglesia católica. Las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano permanecen suspendidas y, en marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria».

    Desde entonces, el Ejecutivo nicaragüense ha intensificado las medidas contra instituciones religiosas. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia católica de «mafia» y antidemocrática. De acuerdo con el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados del país como parte de la persecución contra la Iglesia.