El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como “excelente” su reunión de este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Kuala Lumpur, donde acordaron iniciar “de inmediato” un proceso de negociaciones comerciales, tras la imposición de un arancel del 50 % a productos brasileños por parte de Washington.
“Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, publicó Lula en su cuenta de X.
El encuentro entre ambos líderes se llevó a cabo al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, celebrada en el centro de convenciones de Kuala Lumpur. Según el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la conversación se extendió durante 45 minutos y fue “muy positiva y productiva”.
Vieira añadió que Trump se comprometió a “dar instrucciones a su equipo para iniciar un proceso de negociación bilateral”, con el objetivo de resolver las recientes fricciones entre ambas naciones.
El conflicto arancelario se intensificó luego de que Estados Unidos decidiera aplicar un impuesto del 50 % a productos brasileños como represalia por la causa judicial en curso contra Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y aliado político de Trump.
Malasia es la primera parada en la gira asiática del presidente de Estados Unidos en su segundo mandato. Durante la reunión, Trump expresó confianza en que se alcanzarán “acuerdos muy buenos” con Brasil, aunque no ofreció detalles específicos tras el encuentro.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recordó que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas tienen un plazo del 20 de octubre al 20 de diciembre para entregar el aguinaldo o la compensación económica, según lo establecen las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 15 de octubre a la Ley de Compensación Económica del sector público y al Código de Trabajo para el sector privado, de lo contrario serán sancionados.
“Se ha ampliado el intervalo de tiempo para el pago, desde el 20 de octubre hasta el 20 de diciembre, no el 21, no el 22. Hasta el 20 de diciembre. Las inspecciones comenzarán el 21, porque ese día ya se sabrá quién cumplió y quién no”, afirmó el funcionario en una conferencia de prensa realizada este viernes en la mañana.
Castro advirtió que el Ministerio de Trabajo sancionará a toda empresa o institución que no pague en el plazo establecido o que incurra en irregularidades en el cálculo del monto correspondiente. “El peso de la ley se aplicará a quien no cumpla con los derechos de los trabajadores, sea quien sea”, enfatizó.
El ministro añadió que ya se ha conformado un equipo especial para realizar las inspecciones y que el 21 de diciembre iniciará la campaña “Defiende tu Aguinaldo”, con la que verificarán el cumplimiento de los pagos en todo el país.
Sin lugar a interpretaciones erróneas
Castro también advirtió que el Ministerio no permitirá “interpretaciones distorsionadas” de la ley para reducir o atrasar los pagos.
“Cualquier falacia jurídica que se quiera adoptar no tiene cabida. El Ministerio no permitirá que una empresa se quede con un solo dólar del trabajador bajo una falsa interpretación de la ley”, señaló, tras afirmar que han detectado versiones erróneas circulando en redes sociales.
Las multas por incumplimiento están contempladas en el artículo 627 del Código de Trabajo y pueden oscilar entre dos y doce salarios mínimos, según las reformas aprobadas en 2022.
Respuesta a críticas por adelanto del aguinaldo
El funcionario también respondió a los señalamientos de sectores de oposición que aseguran que permitir el pago del aguinaldo desde octubre “deja sin estreno” a los trabajadores durante la Navidad.
“Cada trabajador es libre de decidir cuándo usar su dinero. Puede gastarlo en octubre, noviembre o diciembre; lo importante es que reciba lo que le corresponde. Este gobierno, en lugar de atrasarse, ha decidido adelantar los pagos”, dijo Castro.
El ministro confirmó que el Órgano Ejecutivo comenzó este 24 de octubre el pago de la compensación económica a sus empleados, gracias —dijo— a la disponibilidad de caja lograda por las estrategias financieras del Gobierno.
Finalmente, Castro reiteró que la reforma no obliga a pagar el aguinaldo en una fecha específica, sino que amplía el plazo a dos meses para facilitar la planificación financiera tanto del sector público como del privado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha señalado como “líder del narcotráfico”.
La medida también incluye a la primera dama, Verónica Alcocer, al hijo del presidente, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes fueron incorporados a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Esto implica el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar cualquier transacción financiera con ellos por parte de ciudadanos o empresas de EE.UU.
“Desde que Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.
Bessent acusó al mandatario colombiano de permitir el fortalecimiento de cárteles de droga bajo el amparo de su política de “paz total” y de rehusar detener el crecimiento de la actividad narcotraficante.
Petro dice que es una «paradoja»
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que él, sus hijos y su esposa figuran en la lista de la OFAC, lo que calificó de una «paradoja» y atribuyó a su lucha contra el narcotráfico.
«Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína», escribió Petro en X, en medio de la escalada de tensiones entre Colombia y Estados Unidos por la lucha antidrogas.
El mandatario dijo que «se cumplió» la «amenaza» del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien había adelantado hace días en una entrevista con Fox News que Petro y su familia podrían entrar en la lista de sanciones económicas y comerciales del Departamento del Tesoro estadounidense.
«Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC», confirmó Petro, que agregó: «Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».
Revocación de visa y tensiones diplomáticas
Las tensiones entre ambas administraciones se intensificaron luego de que EE.UU. revocara la visa diplomática a Petro. La decisión se tomó tras un polémico discurso del presidente colombiano en Nueva York, donde instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza.
Esta semana, Trump calificó a Petro como un “matón y un mal tipo que fabrica muchas drogas” y anunció la suspensión de la ayuda económica para Colombia, que además fue retirada de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro sostuvo que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína a nivel mundial, y que la droga “suele ser adquirida por cárteles mexicanos que la introducen en EE.UU. por la frontera sur”.
La administración Trump considera que el modelo de Petro —que sustituyó la erradicación forzada por una política centrada en la salud pública y desarrollo social— ha sido contraproducente.
Petro, por su parte, defendió su enfoque y acusó a Trump de “calumniar e insultar a Colombia”, reiterando que su plan busca reducir la violencia y ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades rurales.
El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un fuerte repunte del 5.68 % este jueves a mediodía, alcanzando los $61.82, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras de Rusia: Rosneft y Lukoil.
El petróleo WTI es el de referencia para El Salvador y el resto de los países centroamericanos.
Hasta el mediodía del jueves, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre aumentaban $3.32 respecto al cierre anterior, según datos del mercado.
El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones afectarán la capacidad del Kremlin para recaudar fondos que financien su ofensiva militar en Ucrania. La medida se enmarca en un nuevo esfuerzo por presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que acepte un acuerdo de paz.
Según publicó The Wall Street Journal, esta acción busca dejar claro que la paciencia del presidente Trump con el gobierno ruso se está agotando, al tiempo que Estados Unidos explora nuevas formas de presión diplomática y económica.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, minimizó el impacto de las sanciones asegurando que el país “ha desarrollado una sólida inmunidad a este tipo de restricciones”.
En su informe diario, The Sevens Report, el analista Tom Essaye advirtió que estas sanciones “podrían cambiar el panorama hacia una dirección más alcista, aunque aún está por verse el alcance y la aplicación de las sanciones”.
“Si bien esto obviamente ha provocado un repunte alcista, es demasiado pronto para afirmar que estos movimientos alteren lo que sigue siendo un mercado petrolero con dificultades”, concluyó Essaye.
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no podrá dirigir desde el banquillo en el Clásico ante el Real Madrid este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, tras ser sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La sanción responde a la doble amonestación que recibió el técnico alemán durante el encuentro de la pasada jornada frente al Girona. El Comité desestimó las alegaciones del Barcelona, que argumentaba que los hechos descritos en el acta arbitral no se correspondían con la realidad, al considerar que el club “no aporta elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar” lo reflejado por el árbitro.
La decisión se basa en el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, y se acompaña de las multas correspondientes según el artículo 52. La ausencia de Flick representa una baja sensible para el conjunto culé en uno de los duelos más importantes de la temporada.
En la misma resolución, el Comité impuso dos partidos de suspensión al defensa franco-camerunés del Getafe, Allan Nyom, expulsado por roja directa en el duelo ante el Real Madrid por una falta sobre Vinicius Junior. La sanción se ampara en el artículo 130.2 del Código Disciplinario, que sanciona acciones violentas fuera de la disputa del balón.
También fueron sancionados con un partido Álex Sancris, del Getafe, y Carl Starfelt, defensa del Celta de Vigo, ambos por expulsión en sus respectivos compromisos. Además, el Villarreal recibió una multa por alteración leve del orden, mientras se confirmaron las amonestaciones contra los técnicos José Bordalás (Getafe) y Eder Sarabia (Elche).
La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.
“El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.
La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.
Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.
Riesgo de aislamiento comercial
El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.
En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.
Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.
“La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.
También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.
“Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.
Plazo para comentarios y decisión final
La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.
Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.
La Casa Blanca analiza imponer nuevos aranceles a Nicaragua de hasta el 100% o excluir al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, según informó este lunes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
La USTR determinó que las políticas de la dictadura de Nicaragua relacionadas con la violación de derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del estado de derecho son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense, según el dictamen emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La resolución surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR, con base en recomendaciones del Comité 301 y otros órganos asesores, comenzó a revisar las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso incluyó una audiencia pública y la recepción de más de 160 comentarios y testimonios, incluyendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que han sido remitidas al Departamento de Estado para su evaluación y seguimiento.
El informe publicado este lunes documenta ampliamente cómo las prácticas autoritarias de Nicaragua —incluyendo la represión a libertades fundamentales— crean un entorno de alto riesgo para empresas e inversiones estadounidenses. Según el reporte, dichas prácticas son sancionables bajo la legislación comercial vigente de Estados Unidos.
Las sanciones
Aunque el documento no define una sanción específica, plantea distintas alternativas: desde aplicar un arancel universal de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, hasta limitar productos específicos o eliminar progresivamente los beneficios arancelarios en un plazo de hasta 12 meses.
También se evalúa retirar a Nicaragua parcial o totalmente del CAFTA-DR, acuerdo que permite exportaciones ventajosas, especialmente de textiles.
En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó a Nicaragua, Venezuela y Cuba como “enemigos de la humanidad”, adelantando que EE.UU. consideraba excluir a Nicaragua del tratado comercial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el informe le otorga la facultad de aumentar el arancel del 18 % impuesto a Nicaragua a inicios de año.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en 2024 el país centroamericano fue el único miembro con quien EE.UU. reportó un déficit comercial de $1.9 billones el año pasado.
Las crecientes tensiones políticas han derivado en sanciones y restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses, así como su exclusión de eventos regionales como la Cumbre de las Américas.
Bolivia inició el jueves el periodo de silencio electoral previo a la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de octubre, que definirá al nuevo mandatario entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Quiroga, de la alianza Libre. Ambos aspirantes lideraron los comicios generales del pasado 17 de agosto sin alcanzar la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.
Este jueves también comenzó el traslado del material electoral a las zonas rurales de las nueve regiones del país. Las maletas electorales, bajo custodia militar y policial, contienen papeletas, actas, listas de votantes, certificados de sufragio, señalética, mamparas y otros insumos necesarios para los jurados y notarios.
Será la primera vez en la historia de Bolivia que un presidente se elige mediante balotaje, un mecanismo introducido en la Constitución de 2009. El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre, cerrando casi dos décadas de gobiernos liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Rodrigo Paz cerró su campaña en Tarija, mientras que Jorge Quiroga lo hizo en La Paz. Paz va acompañado en la fórmula por el expolicía Edman Lara, mientras Quiroga postula junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.
Contexto económico crítico
La segunda vuelta se desarrolla en un contexto de crisis económica marcado por la escasez de dólares, combustibles y el aumento de precios en productos básicos. Esta situación ha sido central en los discursos de campaña de ambos candidatos, que prometen reformas estructurales para estabilizar la economía nacional.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que, según la Ley del Régimen Electoral, la propaganda política debe cesar 72 horas antes de la jornada de votación, bajo sanción de multas de hasta 55.000 bolivianos (7.902 dólares) por infringir esta normativa.
Las organizaciones políticas están obligadas a retirar o cubrir la propaganda difundida durante la campaña electoral. El periodo de silencio se mantendrá hasta que finalice la jornada de votación, informó el TSE.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
