Cuba se encamina nuevamente a apagones prolongados tras agotarse el crudo suministrado por un petrolero ruso que brindó un alivio temporal a la crisis energética que atraviesa el país.
El buque Anatoli Kolodkin, que arribó el 31 de marzo al puerto de Matanzas con 100,000 toneladas de petróleo, permitió reducir los cortes eléctricos durante varias semanas, aunque el efecto fue breve.
Datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) muestran que, mientras en el primer trimestre los apagones afectaban hasta el 60 % del país de forma simultánea, en las últimas semanas esa cifra bajó a entre 35 % y 45 %.
En La Habana, los cortes disminuyeron tras superar anteriormente las 15 horas diarias sin electricidad, aunque en provincias se reportan interrupciones de hasta 24 horas continuas.
El Gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos, aunque expertos señalan que el problema energético se arrastra desde 2024 por la falta de inversiones y el deterioro del sistema eléctrico.
El sistema depende en gran medida de generadores que representan el 40 % de la producción y requieren combustible importado, mientras que las termoeléctricas, que aportan otro 40 %, enfrentan constantes fallas por su antigüedad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, advirtió que el suministro del Kolodkin se agotaría a finales de abril, lo que marca el fin del alivio energético.
Para cubrir su demanda, Cuba necesita unos 100,000 barriles diarios de petróleo, de los cuales solo 40,000 provienen de producción nacional.
Un posible segundo envío desde Rusia, transportado por el petrolero Universal, presenta retrasos y no llegaría antes de finales de mayo, lo que agrava la incertidumbre.
En este contexto, las proyecciones económicas son negativas, con estimaciones de caída del PIB de hasta 7.2 % este año, en medio de una crisis marcada por escasez, inflación y deterioro de servicios básicos.
La Unión Europea aprobó el jueves su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con nuevas medidas que refuerzan el cerco energético, financiero y comercial, aunque dejó en suspenso la prohibición total de servicios marítimos al crudo ruso.
El acuerdo, alcanzado tras superar objeciones de Hungría y Eslovaquia, incluye la incorporación de 120 personas y entidades a la lista de sancionados, lo que implica congelación de activos y veto de entrada al territorio europeo.
Además, el bloque amplió las restricciones contra la denominada “flota fantasma” rusa, elevando a 632 el número de buques sancionados tras sumar otros 46 barcos vinculados al transporte de petróleo.
No obstante, la prohibición de servicios marítimos al crudo ruso quedó aplazada a la espera de una coordinación con el G7, debido a que los países consideran que las condiciones del mercado energético aún no son adecuadas.
De aplicarse en el futuro, esta medida impediría ofrecer servicios como seguros, mantenimiento, carga y descarga a buques que transporten petróleo ruso.
En el ámbito financiero, la UE elevó a 70 el número de bancos rusos excluidos del sistema europeo, tras añadir 20 nuevas entidades, además de extender sanciones a bancos de terceros países por facilitar la evasión.
El paquete también incluye restricciones totales a servicios de criptoactivos rusos, con el objetivo de evitar que se utilicen plataformas digitales para eludir las sanciones.
En materia comercial, la UE prohibió exportaciones a Rusia por más de $394 millones, incluyendo productos como caucho, tractores y materiales con potencial uso militar.
Asimismo, vetó importaciones de metales, productos químicos y minerales rusos valorados en más de $572 millones, e introdujo límites al amoníaco para reducir ingresos de Moscú.
Por primera vez, el bloque activó un mecanismo antielusión dirigido a países como Kirguistán, acusados de facilitar el desvío de productos europeos hacia Rusia.
Finalmente, las sanciones también abarcan medidas contra la desinformación y prohíben a entidades europeas recibir financiamiento del Gobierno ruso en investigación e innovación.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Decenas de organizaciones nicaragüenses anunciaron una serie de acciones conjuntas orientadas a “aislar a la dictadura” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al cumplirse ocho años de las protestas de abril de 2018.
En una declaración conjunta, los grupos opositores se comprometieron a coordinar esfuerzos para restituir la soberanía popular mediante iniciativas consensuadas.
Entre las principales acciones planteadas figura exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de las personas en condición de desaparición forzada.
Asimismo, anunciaron el impulso de estrategias cívicas y no violentas que se ejecutarán tanto dentro como fuera de Nicaragua para debilitar al régimen.
Las organizaciones también destacaron la necesidad de construir una narrativa común que exprese la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de posturas.
Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 tras una reforma a la seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una exigencia de salida del presidente Ortega.
La represión dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas.
El gobierno nicaragüense reconoce más de 300 fallecidos y sostiene que los hechos correspondieron a un intento de golpe de Estado.
Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más aseguró que el régimen no ha logrado eliminar el significado de las protestas.
“La dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, indicó la organización.
El colectivo rindió homenaje a las víctimas, incluyendo personas asesinadas, detenidas, desaparecidas, exiliadas y despojadas de su nacionalidad.
En el contexto de este aniversario, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por su participación en violaciones a los derechos humanos.
Además, en días recientes se anunciaron sanciones contra familiares del círculo presidencial y otros funcionarios vinculados al gobierno.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su presunta implicación en graves violaciones a los derechos humanos.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el contexto del octavo aniversario de las protestas sociales de abril de 2018.
“Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses… la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos”, indicó Rubio.
La sanción se basa en la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que permite imponer restricciones a funcionarios extranjeros señalados por abusos graves.
Entre las consecuencias de esta designación figura la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para el funcionario sancionado.
El Departamento de Estado recordó que la crisis en Nicaragua inició en abril de 2018, tras protestas contra reformas al sistema de seguridad social.
Las manifestaciones se extendieron rápidamente y evolucionaron hacia demandas de democratización del país.
En respuesta, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó la reforma e impulsó un diálogo nacional que no logró acuerdos con la oposición.
Según Washington, la represión posterior dejó más de 325 manifestantes asesinados y consolidó una crisis de derechos humanos en el país.
La sanción se suma a otras acciones internacionales dirigidas a funcionarios del gobierno nicaragüense por su papel en la represión.
Estados Unidos reiteró su postura de condena a las violaciones de derechos humanos y su respaldo a las víctimas. La medida también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicaragua en medio de llamados a reformas democráticas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja de dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como contra cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector aurífero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que los sancionados participan en la extracción y comercialización de oro, actividades que, según Washington, sirven para financiar al Gobierno nicaragüense y fortalecer su control político.
Entre los señalados figuran Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo, además del viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros implicados, incluyendo un ciudadano chino identificado como Bian Feiwu.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas estructuras están involucradas en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, especialmente en el sector minero.
El informe detalla que varias de las empresas sancionadas tomaron control de una planta perteneciente a la estadounidense BHMB Mining Nicaragua, una compañía fundada con inversión estadounidense, sin compensar a sus propietarios.
Además, el régimen nicaragüense habría revocado la licencia de operación de la empresa afectada, consolidando el control sobre la explotación aurífera.
La OFAC dijo que la red “ayuda a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”.
El Departamento de Estado señaló que desde 2020 la dictadura nicaragüense ha reorganizado el sector minero en una red de empresas fachada e intermediarios para generar divisas, lavar activos y reforzar su dominio político.
“La dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, señalaron.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de sanciones contra el sistema de banca pública de Venezuela, incluyendo al Banco Central, en una decisión que marca un nuevo paso en la normalización de relaciones entre ambos países.
La medida fue comunicada por el Departamento del Tesoro, que autorizó operaciones con entidades como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.
Además, la disposición incluye a cualquier institución en la que estas entidades tengan una participación igual o superior al 50 %, ampliando el alcance del alivio financiero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias que permiten realizar “transacciones comerciales” con el Gobierno venezolano, siempre bajo autorización previa de Washington.
Con esta flexibilización, los principales bancos públicos de Venezuela podrán reintegrarse al sistema financiero internacional y operar legalmente con el dólar, tras años de restricciones.
La decisión se produce en un contexto de acercamiento entre ambos países, luego de que recientemente Estados Unidos retirara sanciones contra figuras del Gobierno venezolano.
Asimismo, forma parte de una estrategia más amplia de Washington para aliviar las restricciones económicas impuestas desde 2017 y facilitar la reactivación financiera del país sudamericano.
Este cambio también ocurre tras eventos políticos recientes en Venezuela, que han impulsado un proceso de reconfiguración de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.
El levantamiento de sanciones representa un giro en la política estadounidense hacia Venezuela y abre la puerta a nuevas operaciones comerciales e inversiones en el país.
Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunirán este sábado en Islamabad en un intento por avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque el proceso inicia marcado por profundas diferencias.
Uno de los principales obstáculos es la falta de consenso sobre el documento base de negociación. Mientras Teherán defiende un texto de 10 puntos presentado por Pakistán, Washington sostiene que la propuesta válida es un documento de 15 puntos impulsado por el expresidente Donald Trump.
Esta divergencia incluye temas sensibles como el reconocimiento del programa nuclear iraní y la inclusión del Líbano en el alto el fuego, aspectos que Estados Unidos rechaza.
Otro punto crítico es la situación en el Líbano, donde continúan los ataques de Israel contra el grupo Hizbulá, pese a llamados internacionales para reducir las operaciones militares.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que el cese de estos ataques es una condición indispensable para avanzar en las conversaciones.
A esto se suma la exigencia iraní de liberar activos financieros bloqueados por Estados Unidos, condición que Teherán considera necesaria antes de discutir un eventual levantamiento de sanciones.
El conflicto también se extiende al estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, cuyo control se mantiene como una carta de presión por parte de Irán.
Teherán condiciona la reapertura de esta ruta estratégica al fin de los bombardeos en el Líbano, lo que choca con las demandas internacionales de garantizar la libre navegación.
Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, añadió una nueva exigencia: la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán.
Vance advirtió que el encuentro servirá para evaluar si Irán negocia “de buena fe” o si intenta retrasar el proceso mediante nuevas condiciones.
Las negociaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión y con múltiples puntos de fricción, lo que pone en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.
Atlético de Madrid y Real Madrid encaran los cuartos de final de la Liga de Campeones con una preocupación adicional: la cantidad de jugadores que están a una tarjeta de suspensión.
El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone es el más comprometido, con ocho futbolistas apercibidos que podrían perderse el partido de vuelta ante el Barcelona si reciben una amonestación en la ida.
Entre los jugadores en riesgo se encuentran Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone.
Incluso el propio Simeone también está bajo amenaza de sanción, lo que añade presión al conjunto rojiblanco en un duelo clave.
Por su parte, el Barcelona cuenta con cuatro jugadores en esta situación: Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal.
El Real Madrid tampoco escapa a este escenario, con siete futbolistas en riesgo antes de su enfrentamiento contra el Bayern Múnich.
Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni y Dean Huijsen figuran entre los apercibidos, mientras que Álvaro Carreras podría cumplir ciclo si es amonestado.
En contraste, el Bayern presenta menos problemas, con solo Konrad Laimer y Dayot Upamecano en riesgo de suspensión.
Otros cruces también registran jugadores apercibidos, como el Liverpool con cuatro futbolistas y el PSG con dos.
El panorama añade un componente estratégico a los encuentros de ida, donde los equipos deberán equilibrar intensidad y cautela para no perder piezas clave.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este sábado el listado de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, al asegurar que se utiliza para “perseguir oposiciones políticas”.
El mandatario reaccionó a su inclusión en la denominada ‘Lista Clinton’, en la que fue incorporado el año pasado tras señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece», expresó Petro en la red social X.
El jefe de Estado también cuestionó el alcance del mecanismo, al considerar que ha perdido su propósito original en la lucha contra el narcotráfico.
Para Petro, la lista “ya no es un arma contra el narcotráfico” porque, según dijo, las organizaciones criminales “se burlan” de estas sanciones.
«La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse porque entonces no hay humanidad. Por ello (es) tan necesaria una gobernanza global democrática», añadió.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, que se intensificaron tras el inicio del segundo mandato de Trump.
Una de las principales crisis surgió cuando el Gobierno colombiano rechazó recibir vuelos con migrantes deportados en condiciones que Petro calificó de inhumanas.
Como respuesta, Washington amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra el país sudamericano.
Las diferencias también se han centrado en la estrategia contra el narcotráfico, lo que derivó en sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio presidente.
No obstante, en las últimas semanas se ha observado una leve distensión en la relación bilateral tras conversaciones entre ambos gobiernos y un encuentro entre Petro y Trump.
En paralelo, la OFAC retiró recientemente de su lista a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en medio de un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela.
