El ambicioso plan del presidente estadounidense, Donald Trump, planteado para la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro tiene ante sí una compleja mezcla de obstáculos técnicos, financieros y políticos que hacen muy difícil resucitar los anteriores niveles de producción de crudo en el país caribeño.
Venezuela ha pasado de los 3 millones de barriles diarios que producía antes de la llegada del chavismo, hace más de un cuarto de siglo, a producir apenas un millón en la actualidad, una situación que los expertos atribuyen a la corrupción, a la falta de mantenimiento y también a los crecientes paquetes de sanciones de Washington.
Esto incluye la orden del Gobierno Trump del año pasado para bloquear la producción de Chevron, la única petrolera estadounidense con presencia en el país y que ahora mantiene solo los mínimos procedimientos operativos en suelo venezolano.
El economista Gustavo García, que es coordinador del equipo económico de la opositora venezolana Maria Corina Machado, consideró esta semana en un foro celebrado por el Atlantic Council de Washington que la producción se podría aumentar rápidamente reinvirtiendo en infraestructura en un plazo de unos 3-4 años, pero ve el principal problema en el sector eléctrico.
«Para producir crudo necesitas proveer, incluso incrementar el suministro eléctrico, y el sector eléctrico (venezolano) está en ruinas», apuntó García, que consideró necesario contar con financiación de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para esta problemática.
Tras la captura de Maduro, Trump se reunió con representantes de compañías petroleras de todo el mundo y aseguró que se invertirán «al menos 100.000 millones de dólares» para reavivar el sector y exprimir el potencial de unas reservas que el Servicio Geológico de EE.UU. estima que pueden superar los 600.000 millones de barriles recuperables, principalmente en la Faja del Orinoco.
Trump sabe además que las refinerías estadounidenses, en particular las que operan en la costa del Golfo de México, son expertas a la hora de procesar crudos pesados como el de Venezuela.
Sin embargo David Goldwyn, presidente de la consultora energética Goldwyn Global Strategies, consideró en el foro del Atlantic Council que las metas de Trump son poco realistas, ante la «enorme labor» que supone tratar de controlar la economía venezolana, como pretende el presidente estadounidense, y la falta de claridad en el proyecto de transición política.
Para comprometerse con el plan de Trump, las empresas necesitan solventar las dudas que tienen con respecto a la gobernanza del país (donde ahora rige una administración interina chavista), a su situación financiera y a la seguridad que se les puede brindar a sus inversiones y operaciones.
En ese sentido, ExxonMobil, la mayor petrolera estadounidense, ya expresó sus dudas durante la reunión con Trump a la hora de regresar a Venezuela, de donde salió en 2007 al negarse a aceptar los nuevos contratos que proponía el Gobierno venezolano, a quien la empresa llevó a los tribunales para que se la compense por la nacionalización de sus activos.
Por su parte, Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta de la Universidad de Columbia, estimó factible alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios o incluso algo más sin una inversión de capital significativa, pero afirmó que para ir más allá hace falta pasar de la fase de «estabilización» del país que actualmente gestiona el Gobierno Trump a una de «recuperación».
Para Palacios esa fase implica cambios más profundos en asuntos como el estado de derecho o la seguridad en el país.
Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Rice, se mostró de acuerdo en este sentido, incidiendo en que, pese a lo rápido evoluciona la situación en Venezuela, hay muchas cuestiones «no resueltas».
Entre ellas está, por ejemplo, el cómo absorbería el mercado global esos nuevos volúmenes de producción de Venezuela teniendo que vender el crudo sin los descuentos que se aplicaban a clientes de Irán, Rusia o China en un momento en el que el precio del barril está en su mínimo en dos años.
