La Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantendrá la presión política y económica contra el Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a sus alianzas con Rusia, China e Irán, según un análisis divulgado este lunes por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
El informe sostiene que las tensiones entre Washington y Managua aumentaron desde el inicio del segundo mandato de Trump y podrían agravarse por el contexto político regional, especialmente ante la situación en Venezuela y Cuba.
Los investigadores del Cetcam señalaron que desde la segunda mitad de 2025 el Gobierno estadounidense intensificó mensajes críticos contra la administración sandinista, principalmente sobre presos políticos, derechos humanos, libertad religiosa y el modelo autoritario instaurado por Ortega y Murillo.
«Con esos antecedentes es posible prever que Washington mantendrá las presiones, incluidas las sanciones, en contra de la dictadura de los Ortega-Murillo», indicó el centro de pensamiento centroamericano en su análisis.
El estudio advierte además que uno de los factores que más preocupa a Estados Unidos es el fortalecimiento de las relaciones entre Managua y potencias consideradas rivales estratégicas de Washington, como Rusia, China e Irán.
Entre los hechos señalados figura la reciente ratificación por parte del Senado ruso de un acuerdo militar con Nicaragua firmado en 2025, que permitirá fortalecer la coordinación estratégica y presencia rusa en Centroamérica durante un período inicial de cinco años. Según Cetcam, este movimiento “difícilmente será ignorado” por Estados Unidos.
El informe también destaca el creciente peso económico de China en Nicaragua, especialmente en el sector minero. Cetcam asegura que el país centroamericano cedió más del 8.5 % de su territorio a empresas chinas vinculadas a actividades extractivas.
En este contexto, los analistas consideran que Washington podría impulsar la aprobación de la denominada Ley Nica 2.0, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes estadounidense, la cual contempla nuevas sanciones económicas contra el régimen nicaragüense.
El Cetcam incluso plantea que, una vez Estados Unidos defina sus estrategias frente a Venezuela y Cuba, Nicaragua podría convertirse en una de las principales prioridades de Washington en América Latina.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra nueve altos funcionarios del régimen de Cuba y contra la Dirección General de Inteligencia cubana, en una nueva escalada de presión política y económica impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de aplicar restricciones financieras y comerciales contra gobiernos, entidades y personas señaladas por Washington.
Entre los funcionarios afectados figuran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; y la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.
También fueron incluidos en la lista de sancionados el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo; el jefe de la Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín; el dirigente político Roberto Tomás Morales y varios altos mandos militares cubanos.
Las medidas implican congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones para realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
La decisión se produce en medio de un fuerte deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, luego que la administración Trump endureciera las sanciones económicas y energéticas contra la isla desde inicios de mayo.
Las tensiones también aumentaron tras reportes divulgados por el portal Axios sobre la compra de 300 drones militares por parte de Cuba, situación que generó preocupación en Estados Unidos ante un posible riesgo para instalaciones militares estadounidenses en la región, incluida la base naval de Guantánamo.
Además, la crisis energética cubana se agravó este año después de la reducción del suministro petrolero venezolano y el endurecimiento de sanciones estadounidenses contra sectores estratégicos de la economía de la isla.
Las nuevas medidas forman parte de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que amplió significativamente el alcance de las sanciones contra funcionarios, empresas y entidades vinculadas al aparato estatal cubano.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El nombramiento sustituye a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Durante el anuncio oficial, el mandatario destacó la importancia del cambio en la conducción del ente fiscal y subrayó la necesidad de renovar el sistema judicial del país.
García Luna es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia en el Organismo Judicial, donde ha ocupado cargos desde oficial y secretario hasta magistrado en materia penal.
Su trayectoria incluye funciones como juez de paz, juez de primera instancia y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, además de experiencia académica como docente universitario.
“La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas, es el momento de dejar atrás ese pasado”, expresó Arévalo en su mensaje a la nación.
El presidente agregó que espera que la designación marque un nuevo inicio en la institucionalidad. “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia”, afirmó.
El nuevo fiscal general asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, en un contexto de exigencias sociales para garantizar independencia judicial y combatir la corrupción.
Durante su proceso de selección, García Luna aseguró que su gestión se basará en la imparcialidad y la autonomía institucional.
“Un fiscal ‘no defiende intereses particulares, busca la verdad material y debe actuar con cero injerencia externa’”, sostuvo en su comparecencia.
Entre sus propuestas destaca implementar una persecución penal estratégica basada en análisis criminal, así como abandonar prácticas cuestionadas en la gestión anterior.
Su principal desafío será recuperar la confianza en el Ministerio Público y demostrar su independencia frente a presiones políticas.
El nombramiento se produce en un momento clave para el país, que busca fortalecer sus instituciones y enfrentar los problemas estructurales en el sistema de justicia.
Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos con el objetivo de poner fin de forma permanente a la guerra, priorizando el cese total de hostilidades en un plazo de 30 días.
El plan surge como respuesta a una iniciativa previa de Washington y fue trasladado a través de Pakistán como país mediador en las negociaciones.
Entre los puntos principales, Teherán plantea el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde el 13 de abril, que ha limitado el tránsito de buques iraníes.
Además, propone la creación de un nuevo mecanismo para gestionar el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde transita el 20 % del petróleo mundial.
El documento también exige garantías de no agresión por parte de Estados Unidos e Israel, aunque no se han detallado los mecanismos para su cumplimiento.
Otro aspecto central es la retirada de fuerzas militares estadounidenses desplegadas en países de la región, una demanda histórica del Gobierno iraní.
El plan incluye el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados, considerados fundamentales para la recuperación económica de Irán.
Asimismo, Teherán solicita compensaciones económicas por los daños causados durante el conflicto, que según cifras oficiales dejó más de 3,400 fallecidos.
La propuesta también plantea que el fin de la guerra abarque todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano.
Sin embargo, el programa nuclear iraní no fue incluido en esta fase de negociación, lo que sigue siendo uno de los principales puntos de tensión con Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que revisará la propuesta, aunque expresó dudas sobre su aceptación.
Irán, por su parte, afirmó que espera una respuesta de Estados Unidos y reiteró que está preparado tanto para la vía diplomática como para la confrontación.
El régimen cubano reiteró este sábado su negativa a negociar reformas políticas o económicas con Estados Unidos, en medio del aumento de la presión por parte de Washington.
El canciller Bruno Rodríguez afirmó que estos temas no forman parte de las conversaciones bilaterales, al considerar que corresponden exclusivamente a la soberanía del país.
«No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EE.UU.), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución».
El funcionario subrayó que cualquier intento de incluir estos asuntos en el diálogo será rechazado por el Gobierno cubano.
«No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos».
Rodríguez también advirtió sobre la respuesta que tendría la isla ante un eventual ataque militar, en un contexto de creciente tensión internacional.
«Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos».
Asimismo, aseguró que el país está preparado para defenderse, aunque expresó confianza en que prevalezca la vía diplomática.
«Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas».
Las declaraciones se producen tras recientes afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que podría tomar control de la isla en corto plazo.
En paralelo, Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas contra Cuba, ampliando las restricciones a sectores clave como energía, defensa y finanzas.
El endurecimiento de estas medidas ha impactado la economía cubana, provocando dificultades en el suministro de combustible y afectaciones en el sistema eléctrico.
A pesar de que ambas partes han reconocido contactos recientes, no se han divulgado avances concretos en las negociaciones, lo que mantiene la incertidumbre en la relación bilateral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que revisará “pronto” el plan presentado por Irán para poner fin al conflicto, aunque expresó dudas sobre su viabilidad y condiciones.
El mandatario reaccionó tras conocer la propuesta de nueve puntos enviada por Teherán, que plantea terminar la guerra en un plazo de 30 días.
«Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años», afirmó.
La iniciativa iraní surge como respuesta a la propuesta previa de Washington, que contemplaba un alto el fuego de dos meses en medio de la escalada del conflicto iniciado el 28 de febrero.
Entre los puntos clave del plan se incluyen garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses cercanas a Irán y el levantamiento del bloqueo naval.
Asimismo, la propuesta contempla la liberación de activos iraníes congelados, el pago de indemnizaciones y el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
El documento también plantea el cese de hostilidades en todos los frentes, incluyendo el conflicto en Líbano, así como la implementación de un nuevo mecanismo de control en el estrecho de Ormuz.
Las autoridades iraníes esperan ahora una respuesta oficial por parte de Washington, la cual podría definir el rumbo del conflicto en las próximas semanas.
El intercambio de propuestas se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, con implicaciones directas en la seguridad regional y los mercados internacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, una vez concluya lo que denominó como el “trabajo” en Irán, durante un evento privado en Florida.
El mandatario hizo estas declaraciones en una cena organizada por el Forum Club en West Palm Beach, donde participó como orador principal ante líderes políticos y empresariales.
Trump señaló que, tras finalizar acciones en Irán, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe, situándolo cerca de la costa cubana.
Según su discurso, desde esa posición los ciudadanos cubanos reaccionarían diciendo “muchas gracias, nos rendimos”, en referencia a un eventual escenario de presión militar.
Las declaraciones se producen en un contexto de incremento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, marcado por nuevas sanciones económicas impuestas por la administración estadounidense.
Ese mismo viernes, el Gobierno de Trump anunció medidas que afectan sectores clave de la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.
La orden ejecutiva establece el bloqueo total de activos en Estados Unidos para personas o empresas que operen o mantengan vínculos comerciales con el Gobierno de La Habana.
Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó recientemente a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington.
Rubio advirtió que la administración no tolerará este tipo de actividades a corta distancia del territorio estadounidense.
En paralelo, el Senado rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar posibles acciones militares del Ejecutivo contra Cuba.
Desde enero, la política estadounidense hacia la isla ha endurecido su postura, incluyendo medidas como un bloqueo petrolero y reiteradas menciones a un posible cambio de régimen.
Cuba se encamina nuevamente a apagones prolongados tras agotarse el crudo suministrado por un petrolero ruso que brindó un alivio temporal a la crisis energética que atraviesa el país.
El buque Anatoli Kolodkin, que arribó el 31 de marzo al puerto de Matanzas con 100,000 toneladas de petróleo, permitió reducir los cortes eléctricos durante varias semanas, aunque el efecto fue breve.
Datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) muestran que, mientras en el primer trimestre los apagones afectaban hasta el 60 % del país de forma simultánea, en las últimas semanas esa cifra bajó a entre 35 % y 45 %.
En La Habana, los cortes disminuyeron tras superar anteriormente las 15 horas diarias sin electricidad, aunque en provincias se reportan interrupciones de hasta 24 horas continuas.
El Gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos, aunque expertos señalan que el problema energético se arrastra desde 2024 por la falta de inversiones y el deterioro del sistema eléctrico.
El sistema depende en gran medida de generadores que representan el 40 % de la producción y requieren combustible importado, mientras que las termoeléctricas, que aportan otro 40 %, enfrentan constantes fallas por su antigüedad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, advirtió que el suministro del Kolodkin se agotaría a finales de abril, lo que marca el fin del alivio energético.
Para cubrir su demanda, Cuba necesita unos 100,000 barriles diarios de petróleo, de los cuales solo 40,000 provienen de producción nacional.
Un posible segundo envío desde Rusia, transportado por el petrolero Universal, presenta retrasos y no llegaría antes de finales de mayo, lo que agrava la incertidumbre.
En este contexto, las proyecciones económicas son negativas, con estimaciones de caída del PIB de hasta 7.2 % este año, en medio de una crisis marcada por escasez, inflación y deterioro de servicios básicos.
La Unión Europea aprobó el jueves su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con nuevas medidas que refuerzan el cerco energético, financiero y comercial, aunque dejó en suspenso la prohibición total de servicios marítimos al crudo ruso.
El acuerdo, alcanzado tras superar objeciones de Hungría y Eslovaquia, incluye la incorporación de 120 personas y entidades a la lista de sancionados, lo que implica congelación de activos y veto de entrada al territorio europeo.
Además, el bloque amplió las restricciones contra la denominada “flota fantasma” rusa, elevando a 632 el número de buques sancionados tras sumar otros 46 barcos vinculados al transporte de petróleo.
No obstante, la prohibición de servicios marítimos al crudo ruso quedó aplazada a la espera de una coordinación con el G7, debido a que los países consideran que las condiciones del mercado energético aún no son adecuadas.
De aplicarse en el futuro, esta medida impediría ofrecer servicios como seguros, mantenimiento, carga y descarga a buques que transporten petróleo ruso.
En el ámbito financiero, la UE elevó a 70 el número de bancos rusos excluidos del sistema europeo, tras añadir 20 nuevas entidades, además de extender sanciones a bancos de terceros países por facilitar la evasión.
El paquete también incluye restricciones totales a servicios de criptoactivos rusos, con el objetivo de evitar que se utilicen plataformas digitales para eludir las sanciones.
En materia comercial, la UE prohibió exportaciones a Rusia por más de $394 millones, incluyendo productos como caucho, tractores y materiales con potencial uso militar.
Asimismo, vetó importaciones de metales, productos químicos y minerales rusos valorados en más de $572 millones, e introdujo límites al amoníaco para reducir ingresos de Moscú.
Por primera vez, el bloque activó un mecanismo antielusión dirigido a países como Kirguistán, acusados de facilitar el desvío de productos europeos hacia Rusia.
Finalmente, las sanciones también abarcan medidas contra la desinformación y prohíben a entidades europeas recibir financiamiento del Gobierno ruso en investigación e innovación.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
