Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos con el objetivo de poner fin de forma permanente a la guerra, priorizando el cese total de hostilidades en un plazo de 30 días.
El plan surge como respuesta a una iniciativa previa de Washington y fue trasladado a través de Pakistán como país mediador en las negociaciones.
Entre los puntos principales, Teherán plantea el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde el 13 de abril, que ha limitado el tránsito de buques iraníes.
Además, propone la creación de un nuevo mecanismo para gestionar el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde transita el 20 % del petróleo mundial.
El documento también exige garantías de no agresión por parte de Estados Unidos e Israel, aunque no se han detallado los mecanismos para su cumplimiento.
Otro aspecto central es la retirada de fuerzas militares estadounidenses desplegadas en países de la región, una demanda histórica del Gobierno iraní.
El plan incluye el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados, considerados fundamentales para la recuperación económica de Irán.
Asimismo, Teherán solicita compensaciones económicas por los daños causados durante el conflicto, que según cifras oficiales dejó más de 3,400 fallecidos.
La propuesta también plantea que el fin de la guerra abarque todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano.
Sin embargo, el programa nuclear iraní no fue incluido en esta fase de negociación, lo que sigue siendo uno de los principales puntos de tensión con Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que revisará la propuesta, aunque expresó dudas sobre su aceptación.
Irán, por su parte, afirmó que espera una respuesta de Estados Unidos y reiteró que está preparado tanto para la vía diplomática como para la confrontación.
El régimen cubano reiteró este sábado su negativa a negociar reformas políticas o económicas con Estados Unidos, en medio del aumento de la presión por parte de Washington.
El canciller Bruno Rodríguez afirmó que estos temas no forman parte de las conversaciones bilaterales, al considerar que corresponden exclusivamente a la soberanía del país.
«No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EE.UU.), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución».
El funcionario subrayó que cualquier intento de incluir estos asuntos en el diálogo será rechazado por el Gobierno cubano.
«No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos».
Rodríguez también advirtió sobre la respuesta que tendría la isla ante un eventual ataque militar, en un contexto de creciente tensión internacional.
«Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos».
Asimismo, aseguró que el país está preparado para defenderse, aunque expresó confianza en que prevalezca la vía diplomática.
«Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas».
Las declaraciones se producen tras recientes afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que podría tomar control de la isla en corto plazo.
En paralelo, Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas contra Cuba, ampliando las restricciones a sectores clave como energía, defensa y finanzas.
El endurecimiento de estas medidas ha impactado la economía cubana, provocando dificultades en el suministro de combustible y afectaciones en el sistema eléctrico.
A pesar de que ambas partes han reconocido contactos recientes, no se han divulgado avances concretos en las negociaciones, lo que mantiene la incertidumbre en la relación bilateral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que revisará “pronto” el plan presentado por Irán para poner fin al conflicto, aunque expresó dudas sobre su viabilidad y condiciones.
El mandatario reaccionó tras conocer la propuesta de nueve puntos enviada por Teherán, que plantea terminar la guerra en un plazo de 30 días.
«Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años», afirmó.
La iniciativa iraní surge como respuesta a la propuesta previa de Washington, que contemplaba un alto el fuego de dos meses en medio de la escalada del conflicto iniciado el 28 de febrero.
Entre los puntos clave del plan se incluyen garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses cercanas a Irán y el levantamiento del bloqueo naval.
Asimismo, la propuesta contempla la liberación de activos iraníes congelados, el pago de indemnizaciones y el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
El documento también plantea el cese de hostilidades en todos los frentes, incluyendo el conflicto en Líbano, así como la implementación de un nuevo mecanismo de control en el estrecho de Ormuz.
Las autoridades iraníes esperan ahora una respuesta oficial por parte de Washington, la cual podría definir el rumbo del conflicto en las próximas semanas.
El intercambio de propuestas se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, con implicaciones directas en la seguridad regional y los mercados internacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, una vez concluya lo que denominó como el “trabajo” en Irán, durante un evento privado en Florida.
El mandatario hizo estas declaraciones en una cena organizada por el Forum Club en West Palm Beach, donde participó como orador principal ante líderes políticos y empresariales.
Trump señaló que, tras finalizar acciones en Irán, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe, situándolo cerca de la costa cubana.
Según su discurso, desde esa posición los ciudadanos cubanos reaccionarían diciendo “muchas gracias, nos rendimos”, en referencia a un eventual escenario de presión militar.
Las declaraciones se producen en un contexto de incremento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, marcado por nuevas sanciones económicas impuestas por la administración estadounidense.
Ese mismo viernes, el Gobierno de Trump anunció medidas que afectan sectores clave de la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.
La orden ejecutiva establece el bloqueo total de activos en Estados Unidos para personas o empresas que operen o mantengan vínculos comerciales con el Gobierno de La Habana.
Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó recientemente a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington.
Rubio advirtió que la administración no tolerará este tipo de actividades a corta distancia del territorio estadounidense.
En paralelo, el Senado rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar posibles acciones militares del Ejecutivo contra Cuba.
Desde enero, la política estadounidense hacia la isla ha endurecido su postura, incluyendo medidas como un bloqueo petrolero y reiteradas menciones a un posible cambio de régimen.
Cuba se encamina nuevamente a apagones prolongados tras agotarse el crudo suministrado por un petrolero ruso que brindó un alivio temporal a la crisis energética que atraviesa el país.
El buque Anatoli Kolodkin, que arribó el 31 de marzo al puerto de Matanzas con 100,000 toneladas de petróleo, permitió reducir los cortes eléctricos durante varias semanas, aunque el efecto fue breve.
Datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) muestran que, mientras en el primer trimestre los apagones afectaban hasta el 60 % del país de forma simultánea, en las últimas semanas esa cifra bajó a entre 35 % y 45 %.
En La Habana, los cortes disminuyeron tras superar anteriormente las 15 horas diarias sin electricidad, aunque en provincias se reportan interrupciones de hasta 24 horas continuas.
El Gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos, aunque expertos señalan que el problema energético se arrastra desde 2024 por la falta de inversiones y el deterioro del sistema eléctrico.
El sistema depende en gran medida de generadores que representan el 40 % de la producción y requieren combustible importado, mientras que las termoeléctricas, que aportan otro 40 %, enfrentan constantes fallas por su antigüedad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, advirtió que el suministro del Kolodkin se agotaría a finales de abril, lo que marca el fin del alivio energético.
Para cubrir su demanda, Cuba necesita unos 100,000 barriles diarios de petróleo, de los cuales solo 40,000 provienen de producción nacional.
Un posible segundo envío desde Rusia, transportado por el petrolero Universal, presenta retrasos y no llegaría antes de finales de mayo, lo que agrava la incertidumbre.
En este contexto, las proyecciones económicas son negativas, con estimaciones de caída del PIB de hasta 7.2 % este año, en medio de una crisis marcada por escasez, inflación y deterioro de servicios básicos.
La Unión Europea aprobó el jueves su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con nuevas medidas que refuerzan el cerco energético, financiero y comercial, aunque dejó en suspenso la prohibición total de servicios marítimos al crudo ruso.
El acuerdo, alcanzado tras superar objeciones de Hungría y Eslovaquia, incluye la incorporación de 120 personas y entidades a la lista de sancionados, lo que implica congelación de activos y veto de entrada al territorio europeo.
Además, el bloque amplió las restricciones contra la denominada “flota fantasma” rusa, elevando a 632 el número de buques sancionados tras sumar otros 46 barcos vinculados al transporte de petróleo.
No obstante, la prohibición de servicios marítimos al crudo ruso quedó aplazada a la espera de una coordinación con el G7, debido a que los países consideran que las condiciones del mercado energético aún no son adecuadas.
De aplicarse en el futuro, esta medida impediría ofrecer servicios como seguros, mantenimiento, carga y descarga a buques que transporten petróleo ruso.
En el ámbito financiero, la UE elevó a 70 el número de bancos rusos excluidos del sistema europeo, tras añadir 20 nuevas entidades, además de extender sanciones a bancos de terceros países por facilitar la evasión.
El paquete también incluye restricciones totales a servicios de criptoactivos rusos, con el objetivo de evitar que se utilicen plataformas digitales para eludir las sanciones.
En materia comercial, la UE prohibió exportaciones a Rusia por más de $394 millones, incluyendo productos como caucho, tractores y materiales con potencial uso militar.
Asimismo, vetó importaciones de metales, productos químicos y minerales rusos valorados en más de $572 millones, e introdujo límites al amoníaco para reducir ingresos de Moscú.
Por primera vez, el bloque activó un mecanismo antielusión dirigido a países como Kirguistán, acusados de facilitar el desvío de productos europeos hacia Rusia.
Finalmente, las sanciones también abarcan medidas contra la desinformación y prohíben a entidades europeas recibir financiamiento del Gobierno ruso en investigación e innovación.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Decenas de organizaciones nicaragüenses anunciaron una serie de acciones conjuntas orientadas a “aislar a la dictadura” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al cumplirse ocho años de las protestas de abril de 2018.
En una declaración conjunta, los grupos opositores se comprometieron a coordinar esfuerzos para restituir la soberanía popular mediante iniciativas consensuadas.
Entre las principales acciones planteadas figura exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de las personas en condición de desaparición forzada.
Asimismo, anunciaron el impulso de estrategias cívicas y no violentas que se ejecutarán tanto dentro como fuera de Nicaragua para debilitar al régimen.
Las organizaciones también destacaron la necesidad de construir una narrativa común que exprese la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de posturas.
Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 tras una reforma a la seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una exigencia de salida del presidente Ortega.
La represión dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas.
El gobierno nicaragüense reconoce más de 300 fallecidos y sostiene que los hechos correspondieron a un intento de golpe de Estado.
Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más aseguró que el régimen no ha logrado eliminar el significado de las protestas.
“La dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, indicó la organización.
El colectivo rindió homenaje a las víctimas, incluyendo personas asesinadas, detenidas, desaparecidas, exiliadas y despojadas de su nacionalidad.
En el contexto de este aniversario, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por su participación en violaciones a los derechos humanos.
Además, en días recientes se anunciaron sanciones contra familiares del círculo presidencial y otros funcionarios vinculados al gobierno.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su presunta implicación en graves violaciones a los derechos humanos.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el contexto del octavo aniversario de las protestas sociales de abril de 2018.
“Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses… la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos”, indicó Rubio.
La sanción se basa en la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que permite imponer restricciones a funcionarios extranjeros señalados por abusos graves.
Entre las consecuencias de esta designación figura la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para el funcionario sancionado.
El Departamento de Estado recordó que la crisis en Nicaragua inició en abril de 2018, tras protestas contra reformas al sistema de seguridad social.
Las manifestaciones se extendieron rápidamente y evolucionaron hacia demandas de democratización del país.
En respuesta, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó la reforma e impulsó un diálogo nacional que no logró acuerdos con la oposición.
Según Washington, la represión posterior dejó más de 325 manifestantes asesinados y consolidó una crisis de derechos humanos en el país.
La sanción se suma a otras acciones internacionales dirigidas a funcionarios del gobierno nicaragüense por su papel en la represión.
Estados Unidos reiteró su postura de condena a las violaciones de derechos humanos y su respaldo a las víctimas. La medida también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicaragua en medio de llamados a reformas democráticas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja de dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como contra cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector aurífero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que los sancionados participan en la extracción y comercialización de oro, actividades que, según Washington, sirven para financiar al Gobierno nicaragüense y fortalecer su control político.
Entre los señalados figuran Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo, además del viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros implicados, incluyendo un ciudadano chino identificado como Bian Feiwu.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas estructuras están involucradas en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, especialmente en el sector minero.
El informe detalla que varias de las empresas sancionadas tomaron control de una planta perteneciente a la estadounidense BHMB Mining Nicaragua, una compañía fundada con inversión estadounidense, sin compensar a sus propietarios.
Además, el régimen nicaragüense habría revocado la licencia de operación de la empresa afectada, consolidando el control sobre la explotación aurífera.
La OFAC dijo que la red “ayuda a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”.
El Departamento de Estado señaló que desde 2020 la dictadura nicaragüense ha reorganizado el sector minero en una red de empresas fachada e intermediarios para generar divisas, lavar activos y reforzar su dominio político.
“La dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, señalaron.
