Etiqueta: seguridad alimentaria

  • El calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo

    El calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo

    La combinación de calor extremo y sequías podría multiplicarse por cinco hacia finales de siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales, según un estudio científico divulgado este martes, que alerta de graves consecuencias para la población mundial.

    El fenómeno afectaría aproximadamente al 30 % de los habitantes del planeta, con impactos más severos en los países tropicales de menores ingresos, que son precisamente los que menos contribuyen al calentamiento global.

    Los investigadores señalaron que la combinación de estos eventos genera riesgos mayores que cada uno por separado, comprometiendo la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, además de evidenciar una profunda desigualdad climática.

    El estudio, desarrollado por científicos de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener de Alemania, analizó 152 simulaciones basadas en ocho modelos climáticos, considerando distintos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global.

    Los resultados, publicados en la revista Geophysical Research Letters, indican que las decisiones políticas actuales serán determinantes para la calidad de vida de miles de millones de personas en las próximas décadas.

    El análisis evidenció que el calor extremo y la sequía se potencian mutuamente, provocando escasez de agua, aumento en los precios de los alimentos, mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y un incremento en la mortalidad.

    Entre 2001 y 2020, las áreas terrestres registraron en promedio cuatro episodios anuales de calor y sequía combinados, el doble de lo observado en el período preindustrial entre 1850 y 1900.

    De mantenerse la tendencia actual, cerca del 28 % de la población mundial —unos 2,600 millones de personas— estará expuesta a estos fenómenos extremos para la década de 2090, mientras que un 6.6 % podría sufrirlos ya en la década de 2030.

    A nivel global, estos eventos podrían ocurrir casi 10 veces al año hacia finales de siglo, con duraciones de hasta 15 días, lo que representa un aumento significativo frente a las condiciones registradas en los últimos 25 años.

    El estudio concluyó que estos cambios están impulsados por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, ya que en simulaciones basadas solo en factores naturales no se observaron aumentos relevantes.

    Asimismo, los científicos advirtieron que los países que más contaminan no serán los más afectados, sino que las naciones de bajos ingresos en zonas tropicales enfrentarán los impactos más intensos.

     

  • Programa Mundial de Alimentos activa plan por sequía en Corredor Seco centroamericano

    Programa Mundial de Alimentos activa plan por sequía en Corredor Seco centroamericano

    El Programa Mundial de Alimentos (PMA) activó un plan de acciones anticipatorias ante el riesgo de sequía en el Corredor Seco de Centroamérica, una región vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño.

    El organismo de Naciones Unidas informó que estas medidas cuentan con una inversión de $3.8 millones y están dirigidas a Honduras, Guatemala y El Salvador.

    El plan busca beneficiar a más de 75,000 personas mediante asistencia temprana que incluye transferencias monetarias, distribución de granos básicos y monitoreo climático.

    Según el PMA, estas acciones permitirán que las familias más vulnerables se preparen antes de que comiencen los efectos de la escasez de agua.

    El organismo advirtió que la posible sequía impactará directamente la temporada agrícola conocida como “la primera”, clave para la siembra de maíz, frijol y arroz.

    Si las lluvias son insuficientes en mayo, se prevé una reducción en la producción, lo que podría provocar aumento en los precios de los alimentos y afectar a familias que dependen de la agricultura de subsistencia.

    El Corredor Seco abarca unos 150,000 kilómetros y alberga a cerca de 20 millones de personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza extrema.

    En la región centroamericana, más de nueve millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, una situación que podría agravarse con la sequía.

    “La sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas”, advirtió la directora regional del PMA, Lena Savelli.

    El organismo destacó que invertir en acciones anticipatorias permite reducir daños y costos, ya que por cada dólar invertido se pueden ahorrar hasta $7 en respuesta a emergencias.

     

  • Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    La Asamblea Legislativa autorizó este martes, con 60 votos, la contratación de dos préstamos por un monto total de $61.3 millones, fondos que serán destinados a la implementación del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tiene como objetivo impactar a 74,000 familias del sector agrícola, mejorando su acceso a infraestructura de riego, tecnología productiva, servicios ecosistémicos y herramientas para fortalecer sus ingresos y el acceso al sistema financiero.

    El plan de desarrollo tendrá una cobertura nacional, con énfasis en las cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, en el departamento de La Libertad; Atiocoyo Norte en Chalatenango; y Lempa Caguaca, en Usulután y San Vicente.

    Durante la discusión del dictamen, el diputado Christian Guevara afirmó que el financiamiento busca “incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de los hogares rurales vulnerables, mediante prácticas agrícolas sostenibles, un mejor acceso a mercados y estrategias de adaptación al cambio climático, también el beneficio a mujeres rurales, cabezas de hogar”.

    Por su parte, el legislador Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), valoró el apoyo al agro salvadoreño: “Me alegra que con el programa se apoyará a Chalatenango, especialmente a Atiocoyo, en el sistema de riego. La agricultura hay que reactivarla. Se dice que en 2026 tendremos un déficit de comida, no solo en el país, sino a nivel internacional, que habrá un 8 % de déficit. Por eso es fenomenal activar la agricultura nacional”.

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, también respaldó la iniciativa señalando que “los agricultores necesitan, de manera urgente, que la ayuda les llegue. De cada diez salvadoreños, siete dicen que les preocupa la economía, les preocupa la comida. Así que, como grupo parlamentario, una vez más, estamos a favor de todo aquello que pueda llegar a la gente más vulnerable… la seguridad alimenticia es un derecho humano”.

    Ambos préstamos fueron aprobados de forma separada, con 60 votos en cada uno de los dictámenes.

     

  • Diputados avala dos créditos por $61.3 millones para financiar programa que beneficiará a 74,000 familias de zonas rurales

    Diputados avala dos créditos por $61.3 millones para financiar programa que beneficiará a 74,000 familias de zonas rurales

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes dos dictámenes favorables para ratificar sendos contratos de préstamo destinados al programa PROGRESAR Rural, orientado al desarrollo económico, sostenible y nutricional en áreas rurales de El Salvador.

    El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada.

    El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.

    La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se espera beneficiar a 74,000 familias de productores del sector agrícola; mejorar el acceso de las familias rurales a infraestructura hídrica, tecnología y servicios ecosistémicos y facilitar a las familias capacidad para mejorar sus ingresos e incrementar el acceso a servicios financieros.

    Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de la Deuda, del Ministerio de Hacienda explicó a los diputaos que el objetivo general del programa Progresar Rural es incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de las familias en áreas rurales en zonas priorizadas a nivel nacional, bajo criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales.

    Los objetivos específicos son ayudar a fortalecer las capacidades productivas de los pequeños agricultores, promover técnicas climáticamente inteligentes y mejorar el acceso a los mercados, para los beneficiados. Alemán dijo que el programa tiene tres componentes, el primero denominado Inversiones para el desarrollo de sistemas productivos y agroalimentarios sostenibles dirigido a generar condiciones para la transformación de los sistemas productivos de las familias rurales.

    Se hará inversión en infraestructura hídrica, distritos de riego, conservación de recursos naturales, como agua y bosques y la mejorar de la seguridad alimentaria y nutricional mediante viveros comunales y laboratorios gastronómicos y fortalecimiento de capital humano e institucional.

    El segundo componente es transformación productiva comercial, sostenible e inclusiva: contempla el fortalecimiento de las capacidades en las organizaciones de los productores y emprendimientos de mujeres jóvenes rurales, asistencia técnica, servicios de comercialización y servicios financieros rurales.

    El tercer componente es la gestión del programa que comprende la evaluación y seguimiento del mismo, así como la generación de información para el diseño de futuros programas de desarrollo rural.

    El programa tendrá alcance a nivel nacional e incluye cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, ambos de La Libertad, Atiocoyo Norte en Chalatenango, y Lempa Caguaca en Usulután y San Vicente.

     

  • Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    El Gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa ratificar dos convenios de financiamiento por un total de $61.3 millones, suscritos previamente, que serán destinados al “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Este financiamiento busca apoyar a agricultores con prácticas agrícolas sostenibles y mayor acceso a mercados, con el objetivo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales.

    El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.

    De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la finalidad del segundo financiamiento es focalizar la inversión en zonas rurales según criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de fortalecer la resiliencia y elevar los niveles de ingreso y nutrición de las comunidades agrícolas más vulnerables.

    Ambas solicitudes serán analizadas el lunes 8 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso requerido para la aprobación legislativa de los préstamos.

  • Agricultores, docentes y estudiantes protestan contra políticas de Gobierno en Costa Rica

    Agricultores, docentes y estudiantes protestan contra políticas de Gobierno en Costa Rica

    Miles de agricultores, docentes, estudiantes y sindicalistas marcharon pacíficamente este martes por las calles de San José para protestar contra una serie de políticas del Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves.

    La marcha, en la que participaron agricultores con sus tractores y camiones de trabajo, recorrió las principales calles de la capital costarricense hasta llegar a la Casa Presidencial, en donde los manifestantes gritaron consignas en contra de Chaves y su Gobierno, especialmente por las políticas que, consideran, están afectando la producción local de bienes como el arroz, el tomate y las hortalizas.

    El director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Minor Cruz, pidió al Gobierno convocar un proyecto de ley que pretende dar apoyo financiero al sector arrocero frente a la crisis que está atravesando por el aumento de las importaciones del grano provocadas por la reducción drástica de impuestos establecida por la administración de Chaves en 2022.

    Según los datos de Conarroz, desde 2022 la producción local de arroz disminuyó un 59 %.

    «Estamos aquí por la seguridad alimentaria. Nos preocupa muchísimo que las importaciones estén desplazando a la producción nacional y que nuestros agricultores estén perdiendo sus empleos en el campo y que las familias campesinas estén casi necesitando ya migrar a zonas centrales», expresó Cruz.

    Un cerco policial impidió que las decenas de tractores y camiones se acercaran a la Casa Presidencial, lo que generó tensión entre los policías y los manifestantes, pero sin pasar a actos de violencia ni disturbios.

    Las personas que participaron a pie, entre ellas algunos candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del próximo 1 de febrero, sí pudieron ubicarse frente a la sede de Gobierno con sus banderas, pancartas y cánticos.

    «El sector campesino vino a una manifestación pacífica, sin embargo al llegar aquí, cerca de la Casa Presidencial, no nos han dejado pasar a los chapulines (tractores) y al sonido, y más bien empujaron a un compañero y se lo llevaron preso», declaró a los medios el dirigente campesino José Oviedo.

    Agregó que el objetivo de la marcha es expresar que los agricultores quieren «seguir produciendo» y su rechazo a iniciativas como el areteo del ganado (sistema de rastreo), la ruta del arroz (un plan del Gobierno para reducir impuestos de importación) y el Acuerdo Transpacífico.

    «Nos han cerrado todas las puertas del diálogo. Nos pusieron un contingente de seguridad como si fuéramos delincuentes», manifestó Oviedo, quien agregó que los agricultores lo que están haciendo es «defender la democracia y la constitución política».