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  • Unos 920 mil migrantes salvadoreños están en condición irregular en EE.UU.

    Unos 920 mil migrantes salvadoreños están en condición irregular en EE.UU.

    Alrededor de 920,000 salvadoreños vivían en condición migratoria irregular en Estados Unidos durante 2024, lo que convierte a El Salvador en el cuatro país con mayor número de migrantes sin autorización legal, detrás de México, con 5.5 millones, de Guatemala, con 1.525 millones, y Honduras, con 1.349 millones, según un estudio del Migration Policy Institute (MPI).

    El estudio revela que la población de inmigrantes en condición migratoria irregular en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 15.8 millones de personas a mediados de 2024.

    La investigación señala que la población migrante irregular procedente de Centroamérica aumentó de 2.051 millones en 2019 a 4.304 millones en 2024, un incremento de 2.253 millones de personas en cinco años. El estudio atribuye este crecimiento a factores como la violencia, la inestabilidad política, las dificultades económicas y el aumento de los desplazamientos en la región.

    De acuerdo con el MPI, el crecimiento de la población migrante irregular también estuvo impulsado por las elevadas llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración del expresidente Joe Biden, así como por programas de permanencia temporal, como el parole humanitario, que permitieron a miles de personas ingresar y permanecer legalmente por un período determinado mientras resolvían su situación migratoria.

    El estudio destaca que la composición de la migración irregular cambió de forma significativa en los últimos años. Aunque México sigue siendo el principal país de origen, su participación dentro del total cayó del 62 % en 2010 al 35 %en 2024. En contraste, Centroamérica incrementó su participación del 15 % al 27 %, impulsada principalmente por el aumento de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

    Asimismo, el MPI estima que hasta 6.3 millones de inmigrantes, equivalentes al 40 % de la población irregular, contaban a mediados de 2024 con alguna protección temporal contra la deportación, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa DACA, el parole humanitario o una solicitud de asilo pendiente de resolución.

    El informe advierte que ese escenario comenzó a cambiar durante 2025, debido al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. Entre las medidas destacan la cancelación de programas de parole humanitario, el incremento de las deportaciones y una reducción significativa de los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos.

    Los investigadores consideran que, si se mantienen los bajos niveles de ingresos irregulares y aumentan las deportaciones, la población migrante indocumentada podría estabilizarse o incluso comenzar a disminuir a partir de 2026. No obstante, subrayan que millones de personas, entre ellas miles de salvadoreños, continúan a la espera de resoluciones en procesos de asilo o bajo otras figuras de protección migratoria temporal.

     

  • Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para incrementar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos cuando pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), informó este domingo la cadena CBS, con base en documentos internos y fuentes de la agencia.

    Según el reporte, los operativos se concentrarán en Ohio, donde residen importantes comunidades haitianas, incluida la ciudad de Springfield, y contemplan el traslado de los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, país que enfrenta una grave crisis política, social y de seguridad.

    La medida podría afectar a más de 300,000 haitianos que actualmente están amparados por el TPS, un programa humanitario que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

    El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump poner fin a esa protección para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que comenzará a aplicarse en los tribunales inferiores esta semana.

    De acuerdo con CBS, quienes pierdan el TPS también perderán la autorización para trabajar y podrán ser detenidos por ICE para iniciar el proceso de deportación. No obstante, quienes no tengan una orden previa de expulsión conservarán, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados.

    La política migratoria del Gobierno de Trump ha tenido como uno de sus principales ejes el incremento de las deportaciones y de los operativos migratorios desde su regreso a la Casa Blanca, con un aumento de las acciones ejecutadas por ICE en diferentes estados del país.

    La ciudad de Springfield adquirió notoriedad durante la campaña presidencial de 2024, después de que Trump difundiera afirmaciones falsas sobre inmigrantes haitianos, declaraciones que posteriormente fueron desmentidas, pero que provocaron amenazas y ataques contra esa comunidad.

    Al inicio del segundo mandato de Trump, alrededor de 1.3 millones de personas procedentes de 17 países estaban protegidas por el TPS. Desde entonces, su administración ha eliminado o intentado eliminar ese beneficio para 13 de esos países, una decisión que podría afectar a cerca de un millón de beneficiarios. En junio, el Tribunal Supremo también permitió avanzar con la revocación del TPS para unos 330,000 haitianos y 6,000 ciudadanos sirios mientras continúan otros procesos judiciales.

     

  • Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. genera incertidumbre para salvadoreños con TPS

    Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. genera incertidumbre para salvadoreños con TPS

    El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite al Gobierno federal avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria ha generado preocupación entre miles de inmigrantes, incluidos los salvadoreños beneficiarios de ese programa migratorio.

    Aunque la decisión judicial no modifica de inmediato el TPS para El Salvador, organizaciones que brindan apoyo a trabajadores migrantes advirtieron que el fallo podría influir en futuras decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a otros países amparados por este beneficio.

    De acuerdo con información divulgada por el sindicato SEIU Local 503, el TPS para los salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que los beneficiarios hayan completado correctamente el proceso de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

    Sin embargo, la organización explicó que las extensiones automáticas de los permisos de trabajo podrían finalizar antes para algunos beneficiarios. En esos casos, quienes solicitaron oportunamente la renovación de su autorización laboral mantendrán la extensión automática, al menos, hasta el 22 de julio de 2026, mientras reciben una resolución definitiva sobre su trámite.

    SEIU Local 503 recomendó a los salvadoreños con TPS consultar de inmediato con un abogado especializado en inmigración para conocer las alternativas legales disponibles, ya que algunas personas podrían calificar para otros mecanismos de protección migratoria, como solicitudes de asilo u otros beneficios establecidos en la legislación estadounidense.

    La organización también recordó que la reciente decisión de la Corte Suprema otorga al Departamento de Seguridad Nacional mayor discrecionalidad para poner fin al TPS de distintos países sin que esas determinaciones puedan ser revisadas por los tribunales, lo que podría afectar futuros litigios relacionados con este programa.

    Asimismo, aconsejó a los beneficiarios preparar un plan familiar ante cualquier eventual cambio en su situación migratoria. Entre las recomendaciones figuran organizar documentos importantes, definir quién se hará cargo de los hijos en caso de una emergencia migratoria, mantener contacto con un abogado de confianza y conocer los derechos que asisten a todas las personas dentro de Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

    En el ámbito laboral, el sindicato recordó que el reciente fallo judicial no implica que los empleadores puedan exigir de inmediato nuevos formularios I-9 o documentos adicionales de autorización para trabajar. En caso de que un patrono solicite información adicional o amenace con sanciones relacionadas con el estatus migratorio del empleado, la recomendación es buscar asesoría legal y, cuando corresponda, informar al representante sindical.

    Las organizaciones de apoyo a inmigrantes insistieron en que los beneficiarios del TPS no deben recurrir a personas no autorizadas para recibir asesoría migratoria y exhortaron a buscar únicamente abogados o proveedores legales acreditados para evaluar cada caso de manera individual.

    Actualmente, se estima que entre 170,000 y 195,000 salvadoreños tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS) activo en los Estados Unidos. Aunque originalmente unas 232,000 personas eran elegibles o formaban parte del programa, la cifra de beneficiarios activos ha disminuido con los años debido a que muchos han logrado ajustar su estatus migratorio por otras vías legales o han fallecido.

  • La Corte Suprema de EEUU avala a Trump para que ponga fin al TPS y rechace peticiones de asilo en la frontera

    La Corte Suprema de EEUU avala a Trump para que ponga fin al TPS y rechace peticiones de asilo en la frontera

    La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este jueves dos importantes victorias judiciales al presidente Donald Trump al avalar medidas que fortalecen su política migratoria, mientras permanece pendiente un fallo sobre el decreto que busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

    En una decisión respaldada por los seis magistrados conservadores y rechazada por las tres juezas liberales, el máximo tribunal autorizó al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 ciudadanos haitianos y 6,100 sirios, quienes ahora quedan expuestos a procesos de deportación.

    El fallo también genera incertidumbre para aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de 17 países, incluido El Salvador, que contaban con este beneficio cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

    La mayoría de la Corte concluyó que la legislación que regula el TPS, creado en 1990 para proteger temporalmente a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países de origen, impide que los tribunales revisen las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre este programa.

    Los jueces también desestimaron los argumentos de los demandantes haitianos, quienes señalaron que las declaraciones realizadas por Trump durante la campaña presidencial evidenciaban una motivación discriminatoria. Según la opinión mayoritaria, «ninguna de las expresiones es abiertamente racial».

    Tras conocerse la resolución, los representantes legales de los beneficiarios del TPS advirtieron que la decisión tendrá graves consecuencias humanitarias.

    «Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros», expresó el equipo jurídico de los demandantes.

    Golpe al asilo

    En otro fallo emitido el mismo día, la Corte Suprema permitió que el Gobierno rechace solicitudes de asilo presentadas por personas que permanecen en la frontera con México, al considerar que quienes no han ingresado formalmente al territorio estadounidense no han «llegado» al país en los términos establecidos por la ley.

    La jueza Sonia Sotomayor, una de las magistradas liberales, rechazó esa interpretación y advirtió en su voto disidente que «las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles: más personas morirán».

    La Corte Suprema continuará publicando resoluciones en los próximos días antes de iniciar su receso de verano. Entre los casos pendientes destaca el análisis sobre la constitucionalidad del decreto impulsado por Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, una decisión que podría tener profundas implicaciones para la política migratoria y los derechos constitucionales en Estados Unidos.

     

  •  Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

     Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

    El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.

    “Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.

    Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.

    “Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.

    Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.

    “La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.

    El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.

    Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.

     

  • Unos ocho mil jóvenes salvadoreños indocumentados se graduarán de bachillerato en EEUU este año

    Unos ocho mil jóvenes salvadoreños indocumentados se graduarán de bachillerato en EEUU este año

    Unos 8,000 jóvenes salvadoreños sin estatus legal se graduarán este año de la escuela secundaria en Estados Unidos, reveló un estudio del centro de análisis Migration Policy Institute (MPI). La cifra representa el 9 % del total de estudiantes indocumentados que concluirán su educación media en ese país.

    El informe advierte que estos jóvenes enfrentan obstáculos crecientes para continuar sus estudios o acceder al mercado laboral, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, quien volvió a la Casa Blanca en 2025.

    El MPI estima que, cada año, cerca de 90,000 estudiantes indocumentados llegan al último grado de secundaria en EE.UU., de los cuales unos 75,000 logran graduarse.

    México es el principal país de origen, seguido por Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela.

    “Estos estudiantes se ven afectados por la intensificación de los operativos migratorios y los retrocesos en políticas estatales que antes les permitían pagar matrícula local en universidades públicas”, señala el informe del MPI.

    El informe también advierte que las condiciones para estos jóvenes han empeorado, ya que muchos estados han eliminado el acceso a beneficios como el pago de colegiaturas estatales o el acceso a programas como DACA. Además, la finalización de ciertos permisos temporales, como el TPS, agrava el panorama para los graduados, quienes carecen de autorización para trabajar formalmente.

    El Migration Policy Institute concluye que, aunque estos estudiantes aún tienen derecho legal a recibir educación básica, el miedo a redadas migratorias y el fin de protecciones dentro de escuelas ha generado ausentismo y deterioro en su salud mental.

    «Los 75,000 estudiantes indocumentados que se gradúan cada año enfrentan hoy más barreras que nunca para estudiar, trabajar y contribuir plenamente a la sociedad estadounidense», advierte el informe.

     

  • Asfura pedirá a Trump eliminar aranceles para proteger competitividad de Honduras

    Asfura pedirá a Trump eliminar aranceles para proteger competitividad de Honduras

    El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, dijo este martes que solicitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la eliminación de aranceles comerciales que afectan la competitividad del país, y resaltó la necesidad de preservar la relación con su principal socio estratégico.

    Asfura detalló que el eje central del encuentro con Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, será la negociación de los gravámenes que amenazan la economía local, especialmente el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

    El mandatario hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, tiene previsto reunirse con Trump el próximo fin de semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la canciller de Honduras, Mireya Agüero.

    “Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, explicó Asfura a la prensa tras asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

    Asfura subrayó que Estados Unidos es el «socio comercial más grande» del país centroamericano y que, por tanto, es imperativo «cuidar» la relación bilateral. También, manifestó su inquietud por la situación de unos 55,000 hondureños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

    Lamentó, además, que las decisiones políticas de administraciones anteriores hayan puesto «en riesgo» la estabilidad de estos ciudadanos, muchos de los cuales residen en EE.UU. desde hace décadas.

    En ese sentido, calificó de «héroes» a los casi dos millones de hondureños que viven en EE.UU., entre residentes legales e indocumentados, y señaló que la relación con el país norteamericano es importante para sostener sectores estratégicos como la industria de maquila, que genera unos 200.000 empleos directos en Honduras.

    Como parte de su estrategia para atraer capitales, el mandatario señaló la necesidad de brindar seguridad jurídica a los inversores y anunció el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como mecanismo para ofrecer garantías.

    “No hay manera de que el Gobierno nos dé trabajo a todos”, reconoció el gobernante, tras señalar que sin inversión privada, nacional y extranjera, será difícil generar empleo para cerca de 800.000 personas que actualmente requieren un puesto laboral.

    El presidente hondureño destacó que su gestión también priorizará la ciberseguridad y la formación tecnológica de la juventud, y aseguró que su Gobierno trabajará para devolver “esperanza y oportunidades” a la población hondureña.

  • El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.

    Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.

    Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.

    Detenciones históricas y denuncias de abusos

    Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

    Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas

    El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.

    Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.

    Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.

    Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS

    El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.

    Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.

    “Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.

    La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.

    Frontera más cerrada y caída en los cruces

    La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.

    Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.

    Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.

    El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.

    “El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.

  • EEUU incluye a cubanos y venezolanos en la «revisión rigurosa» de tarjetas de residente

    EEUU incluye a cubanos y venezolanos en la «revisión rigurosa» de tarjetas de residente

    El Gobierno estadounidense incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de «países de preocupación» a los que someterá a una «revisión rigurosa» de sus tarjetas de residente, o ‘green cards’, confirmó este jueves a EFE el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

    Consultado por la nueva orden de revisar la residencia de «todos» los migrantes de naciones de «riesgo», tras el tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington, el USCIS compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Donald Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.

    Dicha orden ejecutiva prohíbe, por «seguridad nacional», el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

    Estos mismos 19 países son los que contempla ahora la nueva revisión que anunció este jueves el director del USCIS, Joseph B. Edlow, tras el ataque que dejó dos elementos heridos de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde el presunto responsable fue un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal.

    «Bajo la dirección del @POTUS (el presidente de Estados Unidos), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación», informó Edlow en X.

    La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

    «La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración», concluyó Edlow.

    Esta nueva orden representa restricciones migratorias adicionales para cubanos y venezolanos, comunidades en las que hubo apoyo a Trump en las elecciones de 2024.

    El presidente ha pedido antes terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de ‘parole humanitario’ para cubanos, venezolanos, haitianos y otras nacionalidades.

    Después de la balacera del miércoles cerca de la Casa Blanca, que ha dejado a los dos agentes de la Guardia Nacional en estado crítico, Trump denunció «un acto de odio» y prometió endurecer las medidas migratorias.

    El director del FBI, Kash Patel, confirmó la mañana de este jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y se trasladó a Estados Unidos en 2021 con el programa ‘Operation Allies Welcome’, que apoyó a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.

  • EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.

    Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.

    El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.

    Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.

    Riesgo de despidos masivos

    La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.

    “Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.

    La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.