Líderes y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) pidieron este martes al Gobierno del presidente Donald Trump extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, un día antes de que finalice el beneficio migratorio en Estados Unidos.
Un centenar de líderes religiosos, representantes de unas 21,000 iglesias distribuidas en 36 estados, se reunió en Washington para respaldar a los más de 170,000 salvadoreños que perderán la protección a partir de este miércoles 9 de septiembre y quedarán expuestos a una eventual deportación.
«Estamos sumamente preocupados por el estado emocional de nuestras comunidades salvadoreñas, porque mañana se cumple el término del TPS», dijo el presidente de la Cepa, Ángel Marcial, quien aseguró que todos son «compañeros de todos los perjudicados».
Marcial advirtió que la terminación del TPS no afecta únicamente a sus beneficiarios, sino también a las familias que formaron durante los 25 años de vigencia del programa, incluidos miles de hijos nacidos en territorio estadounidense.
«La comunidad salvadoreña tiene 150.000 niños ciudadanos de Estados Unidos. Estamos pidiendo que reconsideren parar el TPS, o que den más tiempo para que las familias se puedan preparar», indicó Marcial.
El pastor salvadoreño William Rodríguez, quien llegó a Washington en representación de iglesias del sur de California, Nevada y Hawái, señaló que la pérdida del TPS también implica que sus beneficiarios perderán los permisos que les permiten trabajar legalmente en Estados Unidos. «Representa la posibilidad de ser deportados», alertó.
Jacqueline Fuentes, hija del pastor Marco Fuentes, detenido por agentes migratorios en Indiana el pasado 17 de agosto, pidió la liberación de su padre y de otros inmigrantes arrestados para que puedan regresar con sus familias.
«Estamos siendo afectados por las decisiones de detener (a inmigrantes) y separar familias. Somos personas trabajadoras. Aunque mi familia no tenía documentos legales, ha pagados sus impuestos y no están siendo una carga para este país», resaltó la joven ciudadana estadounidense.
Los miembros de la Confraternidad también enviaron una carta a Trump y funcionarios de su Gobierno en la que destacaron el aporte económico de los salvadoreños protegidos por el programa. «los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía de los EE.UU. y pagan cerca de 1.500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales», señala la misiva. Las cifras equivalen a $5,400 millones anuales en aportes económicos y cerca de $1,500 millones en impuestos.
«Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación», agrega la carta dirigida a la administración estadounidense. Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de ejecutar deportaciones masivas y endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos.
La administración republicana también terminó o impulsó el fin de las protecciones temporales para ciudadanos de otros países, entre ellos Haití, Venezuela y Afganistán.
«Otra de las situaciones que nos preocupa mucho es la comunidad de nuestros hermanos haitianos que están sufriendo desesperadamente por esta crisis», manifestó Marcial durante la conferencia de prensa en Washington.
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