Un reporte de Univisión reveló que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue la responsable de mandar a más de 200 venezolanos a permanecer encarcelados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador, durante más de cuatro meses, una estadía que organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado, hubo graves violaciones a los prisioneros.
Según la publicación de Univisión, la decisión de Noem ocurrió incluso a pesar de la orden que dio el juez del distrito de Columbia, James Boasberg, que bloqueaba el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el gobierno de Donald Trump.
«El documento presentado por los abogados del gobierno el martes afirma que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el ex alto funcionario del DOJ, Emil Bove, transmitieron a Joseph Mazzara, abogado general interino del DHS la orden oral emitida por el juez federal, James Boasberg, el 15 de marzo, así como la resolución escrita que emitió a continuación para detener la expulsión de presuntos miembros del grupo criminal ‘Tren de Aragua’ bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII invocada por Trump en marzo», dice la publicación de Univisión.
La nota indica que el abogado Mazzara dio asesoría y recomendaciones a Noem, «pero la secretaria finalmente decidió que los aviones ya habían salido antes de la orden judicial no se dieran la vuelta y completaran su ruta hasta El Salvador».
El pasado 16 de marzo en la madrugada, el gobierno salvadoreño y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciaron la llegada de más de 238 supuestos miembros de la banda Tren de Aragua a El Salvador, y que fueron trasladados al CECOT en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
El traslado ocurrió luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreciera confinar a presuntos reos de Estados Unidos a cambio de una tarifa, que según el reporte de la agencia de noticias AP, ascendía a $20,000 anuales por cada prisionero, además de unos $15 millones si Estados Unidos requería albergar a más miembros de pandillas en el país.
A raíz de la exposición mediática que gobierno de El Salvador y Estados Unidos hicieron sobre los prisioneros venezolanos trasladados al CECOT, familiares de estos los reconocieron y manifestaron que se trataban de migrantes, en su mayoría, detenidos por permanencia ilegal en el país del norte, pero que no se trataba de miembros del Tren de Aragua como los gobiernos mencionados habían dicho.
Días posteriores al traslado, la misma Noem visitó la cárcel salvadoreña escoltada por el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro. Noem observó a los reos que estaban sin camisetas tras las rejas de esa prisión fuertemente resguardada, considerada la más grande de América Latina.
«Si cometes un crimen, esta es una consecuencia que puedes enfrentar», dijo la funcionaria afuera de una celda en la que varios reclusos, aparentemente salvadoreños, tenían sus cuerpos cubiertos de tatuajes.
El 18 de julio reciente, los venezolanos que habían pasado en el CECOT fueron retornados a su país a cambio de la liberación de estadounidenses en las cárceles de Venezuela. Los 238 venezolanos fueron trasladados en un fuerte dispositivo de seguridad al aeropuerto internacional de El Salvador y posteriormente llevados a Caracas.
