El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación de la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).
“Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Con esta medida, el gobierno estadounidense busca cortar las fuentes de financiamiento y limitar los movimientos de sus integrantes en el ámbito internacional.
«Los Estados Unidos continuarán protegiendo a nuestra nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo los flujos de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de bandas viciosas y cárteles de la droga. La acción tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra aún más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar cárteles y pandillas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense», agregó el comunicado del Departamento de Estado.
La decisión fue adoptada bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal de EEUU.
El Barrio 18 ha sido una de las pandillas más activas en El Salvador y junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron señaladas como responsables de miles de homicidios, extorsiones y otros delitos. El gobierno de Nayib Bukele ha impuesto un régimen de excepción desde marzo de 2022 y más de 80 mil pandilleros y presuntos colaboradores han sido encarcelados desde entonces provocando una reducción drástica de homicidios.
En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ya había declarado en 2015 como grupos terroristas a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, al considerar que “cualquier organización criminal que busque arrogarse potestades propias del Estado” constituye una amenaza a la soberanía y al orden democrático.
En febrero de 2025, la administración estadounidense extendió medidas similares contra la Mara Salvatrucha (MS-13), el grupo criminal venezolano Tren de Aragua y varios de los cárteles más violentos de México, entre ellos el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste (antes Los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y “Cárteles Unidos”.
El Departamento de Estado aseguró que estas acciones reflejan el “compromiso inquebrantable de la administración Trump de desmantelar carteles y pandillas, y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.
Con esta nueva clasificación internacional, los miembros y colaboradores de estas pandillas y cárteles enfrentarán sanciones financieras y restricciones de viaje. Washington busca con ello reforzar su estrategia para frenar el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que generan violencia en Centroamérica y México.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, pidió este jueves a la comunidad internacional intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, tras una amenaza directa del ministro de Interior, Diosdado Cabello, en contra de la exdiputada opositora.
Durante su programa semanal en Venezolana de Televisión, Cabello respondió a unas recientes declaraciones de Machado en las que apoyó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico. El ministro advirtió: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, en referencia a la líder opositora.
A través de un comunicado difundido en la red social X, Vente Venezuela calificó la advertencia como una “gravísima amenaza” y aseguró que “no es un ataque dirigido solo a ella, sino un intento de intimidación a todos los venezolanos que defienden la democracia”.
La organización opositora instó a la comunidad internacional a reforzar la solidaridad, acelerar la presión diplomática y evidenciar ante el mundo la naturaleza criminal del régimen chavista, al que acusan de estar vinculado al crimen organizado.
Exigen reconocimiento de resultados de las elecciones 2024
El partido también aseguró que “hará valer el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, en las que sostienen que Edmundo González Urrutia resultó electo, aunque el Consejo Nacional Electoral —dominado por funcionarios del chavismo— proclamó como ganador a Maduro, sin publicar los resultados desglosados del proceso.
En ese sentido, Vente Venezuela reafirmó su compromiso con una transición democrática y afirmó que “el liderazgo legítimo, encabezado por Edmundo González y María Corina Machado, asumirá el poder para restaurar la democracia”.
Cabello reaccionó luego de que Machado declarara que el despliegue militar de EE.UU. no está dirigido contra Venezuela, sino contra “una estructura del narcotráfico” operando en el país. En su respuesta, el ministro amenazó: “No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos”.
El gobierno estadounidense mantiene presencia militar en el Caribe en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico, y recientemente interceptó una embarcación con once supuestos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. El régimen de Maduro desestimó el hecho, calificándolo como una “invención”.
El pasado martes, María Corina Machado declaró que “cada día que pasa se cierra el cerco internacional contra el cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, en alusión directa al Ejecutivo de Maduro.
La tensión entre el chavismo y la oposición venezolana se agudiza en medio del creciente respaldo internacional a la causa democrática liderada por María Corina Machado y el rechazo a lo que líderes opositores denuncian como un gobierno ilegítimo sostenido por estructuras del crimen organizado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que Venezuela “ha causado un tremendo problema” al país mediante el narcotráfico y el envío de criminales a través de la inmigración irregular, y advirtió que su gobierno no lo tolerará más.
“Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles y los mandan hacia Estados Unidos. Estamos acabando con ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval.
Las declaraciones surgieron un día después del ataque militar de EE.UU. contra una lancha en el mar Caribe atribuida al grupo criminal Tren de Aragua, en el que murieron once supuestos narcoterroristas.
Trump confirmó que en la embarcación había “enormes cantidades de drogas” destinadas a Estados Unidos.
“Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando para matar a mucha gente. No lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán. Cuando vean ese video, van a decir: ‘Mejor no hacemos esto’”, aseguró el presidente.
Trump calificó a Venezuela como “uno de los peores actores” de la región y reiteró que Washington “protegerá su país cueste lo que cueste”. Además, compartió en su red Truth Social un video del Comando Sur donde se observa el ataque con misil contra la embarcación.
El despliegue militar en el mar Caribe incluye buques de guerra y personal especializado en operaciones antidrogas, una estrategia más agresiva que los métodos habituales de cooperación en inteligencia o las intercepciones no letales de la Guardia Costera.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que el presidente, Donald Trump, no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantesvenezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua (TdA) y ser responsables de una «invasión», lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.
Trump había invocado la AEA mediante una proclamación emitida en marzo para expulsar a ciudadanos venezolanos, alegando que formaban parte del TdA, al que describió como una organización criminal extranjera que representaba una «invasión depredadora» a Estados Unidos.
Sin embargo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en una decisión de 2 votos contra 1, determinó que la ley no se aplica al caso y rechazó el argumento de la invasión por parte de la Administración Trump.
La AEA, adoptada en 1798, autoriza la expulsión de «nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil» solo si existe un estado de guerra «declarado» contra otro paíso si una potencia extranjera participa en una «invasión o incursión depredadora» en territorio estadounidense.
«Que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos…no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada». Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.
Bajo este entendimiento, el tribunal concluyó que no existía ninguna «invasión ni incursión depredadora» atribuible a una potencia extranjera.
En enero, Trump ya había restablecido la «expulsión inmediata» de inmigrantes indocumentados, una política que aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite deportar a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin mediar audiencia judicial.
Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que incluye Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se habían implementado deportaciones bajo la AEA.
La demanda contra el uso de la AEA fue presentada y defendida por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró un fallo, «que deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan».
En marzo de 2025, Estados Unidos envió a más de 200 venezolanos, supuestos miembros del Tren de Aragua, a El Salvador y fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), sin embargo, después de cuatro meses fueron regresados tras negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Los venezolanos han denunciado que sufrieron abusos y torturas al interior del Cecot y han negado pertenecer a la pandilla venezolana.
Estados Unidos perpetró el martes su primer golpe de su despliegue militar cerca de las costas venezolanas que involucra al menos siete buques de guerra con misiles, tres navíos del escuadrón anfibio, 4,500 efectivos y otros 2,200 soldados adicionales, según el Pentágono.
Estados Unidos dijo que se trataba de un “ataque letal” contra una embarcación vinculada al Tren de Aragua, dejando 11 supuestos narcoterroristas muertos mientras transportaban drogas hacia su territorio, según el presidente Donald Trump.
La acción fue catalogada como “letal”, a diferencia de las tácticas habituales que buscan incautar cargamentos y detener sospechosos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que la operación se realizó en el Caribe sur contra un buque que zarpó desde Venezuela. En México, Rubio evitó especular sobre futuros movimientos militares, aunque reiteró que Estados Unidos “va a enfrentar a los cárteles de la droga dondequiera que estén y donde sea que operen”.
Trump difundió en su cuenta de Truth Social un video en blanco y negro en el que se observa cómo un misil impacta una embarcación.
La respuesta de Caracas no tardó. El ministro de Comunicación, Freddy Núñez, acusó a Washington de manipular el video difundido por Trump con inteligencia artificial.
Nicolás Maduro, por su parte, denunció que Estados Unidos busca apropiarse del petróleo venezolano: “Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, pero esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, aseguró.
El dictador venezolano también acusó a Rubio de “mandar en la Casa Blanca” y de intentar “llenar de sangre al presidente Trump”.
Afirmó que el ataque responde no solo a recursos naturales, sino al rechazo de Washington al proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI. “En Venezuela va a haber paz, con soberanía, con pueblo y con igualdad, y no han podido ni podrán jamás”, concluyó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes del Tren de Aragua durante una operación militar de precisión contra una embarcación narcotraficante en el sur del mar Caribe.
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario publicó un video del Comando Sur en el que se observa el momento en que una embarcación, monitoreada durante varios segundos, es destruida mediante el disparo de un misil. Trump indicó que los tripulantes eran miembros del Tren de Aragua, organización designada como grupo terrorista por su administración.
«Operan bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos», sostuvo el presidente Trump en su comunicado oficial.
Poco antes de la confirmación presidencial, el Departamento de Defensa había adelantado a la agencia EFE que el ataque fue realizado como parte de una operación antidrogas. El objetivo era una embarcación proveniente de Venezuela que transportaba sustancias ilícitas y era operada por “narcoterroristas”, de acuerdo con fuentes del Pentágono.
Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, también publicó en su cuenta oficial los detalles preliminares del operativo, destacando que la embarcación era una amenaza directa contra la seguridad de Estados Unidos y que fue neutralizada en cumplimiento de los lineamientos del combate al narcotráfico.
El gobierno estadounidense ha desplegado recientemente ocho buques de guerra equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas que, según Washington, “contamina las calles” del país norteamericano.
Ante este despliegue, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su país enfrenta “la mayor amenaza en América en los últimos cien años” y advirtió que Venezuela se declarará “en armas” si llega a ser agredida por fuerzas extranjeras.
Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron que el “ataque de precisión” fue ejecutado específicamente contra una estructura del narcotráfico vinculada al Tren de Aragua, un grupo que Estados Unidos considera una organización narcoterrorista por sus operaciones criminales dentro y fuera de Venezuela. «Se publicarán más detalles del operativo en las próximas horas», informaron altos funcionarios del área de Defensa.
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Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.
“El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.
En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.
El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.
“El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.
El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.
“Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.
Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.
El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.
El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.
La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.
Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.
El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.
En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.
Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.
La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.
Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que 20 de los 252 migrantes venezolanos repatriados desde El Salvador eran requeridos por la justicia del país, y de ellos, siete enfrentan cargos por delitos graves. Así lo informó el funcionario a través de su programa televisivo “Con el mazo dando”.
“Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde; los demás están en su casa”, señaló Cabello en declaraciones citadas en el sitio web del programa.
El ministro reiteró que ninguno de los migrantes retornados está vinculado con el grupo criminal Tren de Aragua, una organización nacida en cárceles venezolanas y clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Cabello sostuvo que esa estructura “ya fue desmantelada” por las autoridades de Caracas.
La repatriación de los 252 migrantes desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel en El Salvador diseñada para albergar pandilleros, se produjo este mes como parte de un intercambio diplomático entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden. El acuerdo también incluyó la liberación de presos políticos venezolanos y diez ciudadanos estadounidenses, en un proceso mediado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Los migrantes venezolanos habían sido trasladados a la prisión salvadoreña en marzo pasado como parte de las nuevas políticas migratorias de Washington, que incluyen la expulsión de extranjeros considerados sospechosos o indocumentados. La permanencia de este grupo en el penal de máxima seguridad generó críticas de organizaciones de derechos humanos por la falta de acceso a procesos judiciales y las condiciones de reclusión.
El caso ha llamado la atención internacional por el uso del Cecot como destino de migrantes y por el complejo intercambio político que facilitó su regreso, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Caracas y Washington. La noticia también ha puesto de nuevo bajo la lupa la situación de los migrantes venezolanos detenidos en terceros países y la forma en que son procesados bajo acuerdos bilaterales.
