La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el centro y oeste de Colombia aumentó a 312, informó este miércoles la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), poco más de una semana después del movimiento telúrico.
El último balance de las autoridades colombianas contabiliza además 290 personas desaparecidas, una reducción frente a las 426 reportadas un día antes. La emergencia también dejó 4,611 heridos, mientras que los equipos de búsqueda y socorro lograron rescatar a 358 personas.
El terremoto afectó más de 134,000 viviendas y destruyó otras 4,600. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, una de las regiones con mayores niveles de pobreza de Colombia y donde las precarias condiciones de las carreteras y otras infraestructuras complican el traslado de ayuda humanitaria.
Aunque los principales daños se concentran en Chocó, el eje cafetero y Valle del Cauca, con Cali entre las ciudades más golpeadas, el terremoto tuvo efectos en 470 municipios distribuidos en una quincena de departamentos. Las autoridades calculan que más de 294,200 personas resultaron afectadas.
La UNGRD detalló que el movimiento telúrico provocó daños en 335 centros de salud, más de 3,400 escuelas y 4,000 centros comunitarios. También reportó afectaciones en 430 vías, alrededor de 100 acueductos, 50 puentes y cinco aeropuertos.
En medio de la emergencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, destacó en sus redes sociales algunas medidas adoptadas por instituciones bancarias para apoyar a las familias y empresas afectadas por el terremoto.
Entre las iniciativas anunciadas figuran períodos de condonación de intereses y suspensiones de cobros por hasta 12 meses. Según el mandatario, las medidas representan unos €306 millones -> $355.3 millones, utilizando como referencia un tipo de cambio de aproximadamente $1.1611 por euro registrado este miércoles.
Estos recursos se suman a las donaciones realizadas por otras instituciones del sector privado y beneficiarían a damnificados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas golpeadas por el terremoto.
El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes dejó gravemente afectada la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, cuya torre principal colapsó parcialmente y quedó inclinada sobre la nave central del templo, obligando a las autoridades a cerrar por completo el centro histórico de la ciudad.
La Plaza de Bolívar, donde se ubican la catedral y la sede de la Gobernación del departamento de Caldas, permanece acordonada debido al alto riesgo de desprendimiento de escombros. Sin embargo, los equipos técnicos que inspeccionan la estructura señalaron que los daños están concentrados en la torre y que el resto del edificio mantiene su integridad estructural.
Los especialistas indicaron que el principal desafío será desmontar la torre afectada y retirar los escombros acumulados en la parte superior del templo. Pese a los daños visibles, el reloj instalado en la torre continúa funcionando, aunque registra un retraso de una hora.
En el interior de la catedral los daños fueron menores. De acuerdo con imágenes difundidas por la Arquidiócesis de Manizales, únicamente se observan algunos escombros y objetos desplazados, mientras la estructura principal permanece en buenas condiciones.
El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta que el terremoto ha dejado 273 fallecidos, 3,824 personas heridas y 377 desaparecidos. Además, la emergencia afecta a 40,753 familias, con 12,584 viviendas destruidas y otras 74,873 que presentan daños.
Construida en 1939 tras 11 años de obras y diseñada por el arquitecto francés Julien Polty, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario es uno de los principales símbolos arquitectónicos de Manizales. Durante tres décadas fue el edificio más alto de Colombia y destaca por su combinación de estilos neogótico, neorrománico y bizantino. En su interior también alberga el Corredor Polaco, un mirador ubicado a 96 metros de altura.
El cierre del centro histórico también golpea la actividad económica de la ciudad. Édgar López, empleado de la Gobernación de Caldas, lamentó el impacto de la emergencia.
«La catedral es como algo muy representativo de Caldas y en particular de Manizales, es uno de los lugares más turísticos», expresó.
Asimismo, manifestó su preocupación por «tanto comercio cerrado, tantas personas que en este momento están en problemas, que no pueden producir».
Entre los afectados está Gloria Helena Agudelo, propietaria del Dinastía Plaza Hotel, ubicado frente a la catedral. La empresaria recordó que presenció el colapso parcial de la torre junto a su hijo.
«Yo pensé que hasta ahí íbamos a llegar», relató. Aunque el hotel apenas sufrió daños menores, el cierre del centro le impide recibir huéspedes y también perdió su vivienda, ya que residía en el mismo inmueble. Ahora espera que las labores de restauración permitan reabrir la zona lo antes posible.
Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, Pereira intenta recuperar gradualmente su actividad entre edificios destruidos, maquinaria pesada y cuadrillas dedicadas a retirar los escombros que dejó el desastre.
Camiones y retroexcavadoras recorren las calles de la capital del departamento de Risaralda, mientras habitantes trabajan con palas, cascos y martillos para derribar paredes dañadas y recuperar pertenencias. Paralelamente, algunos negocios que permanecieron cerrados durante la semana comenzaron nuevamente a atender.
El balance nacional del terremoto aumentó este viernes a 285 fallecidos y 379 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y además dejó 3,975 heridos, 102,262 personas de 45,523 familias afectadas y 12,828 viviendas destruidas.
Una de las construcciones derrumbadas era una vivienda de tres pisos donde funcionaba el Almacén El Piñón, en el barrio Mejía Robledo. En el inmueble residían nueve personas y siete estaban dentro cuando ocurrió el terremoto. La mayoría logró escapar, pero un inquilino murió atrapado entre los restos de la estructura. “Toda la familia estaba ahí menos mi papá y yo (…) Todos lograron salir, gracias a Dios. Solamente quedó un inquilino muerto”, relató Luis Eduardo Ceballos.
La familia permanece intentando recuperar pertenencias y parte de los repuestos para vehículos que comercializaba en el establecimiento. “Hemos sacado cositas, estamos esperando que despejen para sacar lo más que se pueda”, explicó Ceballos, quien agradeció el respaldo de los equipos de emergencia y de los vecinos. “La comunidad nos ha ayudado mucho (…) con comida, agua y ropa”, agregó. Actualmente vive en una carpa frente a los restos de su vivienda para proteger lo poco que consiguió rescatar.
El derrumbe también significó la pérdida del negocio familiar, donde todavía trabajaba el padre de Ceballos, de 91 años. “Estamos poniéndole cuidado a todo, porque realmente toda la vida fue el negocio de nosotros. Entonces es lo único que tenemos y bregamos (intentamos) a rescatar las cositas, a rescatar algo”, señaló. Entre los objetos recuperados se encuentran ropa y algunos repuestos, aunque estos últimos quedaron seriamente dañados.
En las labores participa también el venezolano José Rodríguez, quien lleva unas 72 horas colaborando en la remoción de escombros. El hombre pidió mayor apoyo de las autoridades, especialmente camiones que permitan trasladar los restos de las edificaciones y acelerar la limpieza. Trabajos similares se desarrollan en inmuebles destruidos como la Clínica Noé y la Lotería de Risaralda.
Mientras continúan las labores de recuperación, varios establecimientos comenzaron a reabrir pese a que todavía enfrentan limitaciones en servicios básicos. El centro de Pereira permanece cerrado para facilitar el retiro de escombros, pero en otras zonas la actividad comienza a restablecerse paulatinamente tras una tragedia que alteró la vida de los cerca de 500,000 habitantes de la ciudad.
La cifra de fallecidos por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes aumentó a 273, mientras que 377 personas continúan desaparecidas, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.
El más reciente balance nacional señala que el Instituto de Medicina Legal (IML) recibió 250 cuerpos. De ese total, 227 ya fueron identificados y 189 entregados a sus familiares.
El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano, también dejó 3,824 personas heridas y 40,753 familias afectadas. Las autoridades contabilizan 12,584 viviendas destruidas y otras 74,873 con daños.
La emergencia también provocó el colapso de 172 edificios y afectaciones en 2,198 centros educativos y 216 establecimientos de salud, según detalló Tamayo sobre los daños ocasionados por el movimiento telúrico.
La UNGRD instaló una mesa geomática en coordinación con la NASA y The International Charter (Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres) para vigilar mediante tecnología satelital las zonas golpeadas por el terremoto. Como parte de este trabajo, fueron procesadas 166 imágenes satelitales de alta definición para evaluar los daños en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.
Las autoridades también realizaron sobrevuelos en 13 departamentos del país, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. «Todo este esfuerzo técnico busca fortalecer el diagnóstico preciso de los daños en el terreno garantizando que las autoridades puedan tomar las decisiones más pertinentes para la atención del evento que originó la actual emergencia», puntualizó Tamayo.
En paralelo a la atención por el terremoto, la UNGRD mantiene vigilancia sobre la evolución del volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca, que permanece bajo alerta naranja desde hace un mes.
«Se están evaluando las actuales circunstancias de la actividad volcánica y se viene revisando la situación de los albergues en caso de que sea necesario evacuar a la población por un incremento de la actividad volcánica, que se mantiene en un nivel de alerta naranja», detalló Tamayo.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta su primera gran prueba de gestión apenas días después de asumir el poder, debido al terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país y obligó al nuevo Gobierno a modificar su agenda para atender la emergencia.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto, tenía previsto iniciar su administración con énfasis en temas de seguridad, pero el terremoto obligó al Ejecutivo a concentrar sus esfuerzos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, algunas de las regiones más afectadas por el desastre.
El mandatario se desplazó a las zonas golpeadas para coordinar la respuesta gubernamental y mostrar la presencia del Ejecutivo ante una catástrofe que, según el Servicio Geológico Colombiano, corresponde al terremoto más fuerte registrado en el país durante este siglo.
La emergencia también generó diferencias entre los balances divulgados desde la Presidencia y los reportados por autoridades regionales. De la Espriella informó este martes de 181 fallecidos en todo el país, mientras los recuentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas sumaban unos 240 muertos.
La diferencia ocurre después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informara que, por instrucciones del presidente, los datos oficiales relacionados con el terremoto serían divulgados exclusivamente por la Presidencia. La decisión contrasta con la promesa de De la Espriella de descentralizar el poder y otorgar mayor protagonismo a las regiones.
Además de los fallecidos, el presidente reportó 2,595 personas heridas y 195 desaparecidas. El balance gubernamental incluye 1,136 viviendas destruidas, otras 8,357 averiadas, 48 edificios colapsados, 85 centros de salud afectados y daños en aproximadamente 74 carreteras.
La atención de la catástrofe ocurre además durante la transición administrativa entre el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y la nueva administración. La falta de comunicación que caracterizó el traspaso de poder provocó que ministros del nuevo Ejecutivo tengan que trabajar junto con funcionarios de la administración anterior mientras terminan de asumir los nuevos responsables de las instituciones.
Una de esas transiciones ocurrió en la UNGRD, donde Javier Pava estuvo al frente de la respuesta durante las primeras horas posteriores al terremoto antes de entregar la dirección al geólogo David Tamayo Roldán, nombrado por De la Espriella para reorganizar la institución tras los escándalos de corrupción registrados durante el Gobierno anterior. El terremoto ocurrió el lunes a las 7:34 a.m., con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, cerca de los límites con Valle del Cauca y Risaralda.
El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El presidente Gustavo Petro, defendió el jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.
«Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.
En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Foto de archivo del presidente colombiano Gustavo Petro. EFE
Los protagonistas del caso:
1. Ricardo Bonilla.
Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.
2. Luis Fernando Velasco.
Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.
3. Iván Name.
Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.
4. Andrés Calle.
Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.
5. Olmedo López.
Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.
6. Sneyder Pinilla.
Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.
7. Carlos Ramón González.
Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.
8. Sandra Ortiz.
Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.
El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.
