La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y aliados, y tres votos en contra de Arena y Vamos, incorporar al ramo de Hacienda $149 millones, que provienen de títulos valores por $1,500 millones emitidos en 2024.
De esos $1,550 millones emitidos, se colocaron y se incorporaron $1,200 millones al ramo de Hacienda, en septiembre de 2024, por lo que ahora «se requiere», argumenta el documento de incorporación de los $149 millones, «para necesidades generales del Presupuesto del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos».
Según el decreto, «se incrementa en el rubro de agrupación 31 Endeudamiento Público, Cuenta 311 Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional, la Fuente Específica 31101 Bonos del Estado con la cantidad de $149,625,000.
En el Apartado III – Gastos, se refuerzan las asignaciones vigentes del ramo de Hacienda, en las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado.
Las diputadas de Arena y Vamos cuestionan el constante endeudamiento por parte del Legislativo y las aprobaciones que da el oficialismo y la falta de transparencia, ya que no se da «ninguna» especificación de plazo del crédito, ni a qué rubro van los recursos .
«Aquí no dice ni de plazo, ni de cuánto, ni para dónde, esto es una falta total de transparencia, para la población salvadoreña que desconoce hacia donde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno ha estado haciendo y es lamentable, porque al final de cuentas es más deuda que la van pagando las futuras generaciones», señaló la diputada Marcela Villatoro, de Arena.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó que «en la Asamblea» están viendo «que hay muchos procedimientos que no se hacen bien, al aprobar leyes, al aprobar préstamos» y «que todas las semanas se aprueban préstamos y más préstamos y cuando los decretos vienen sin suficiente información, lo que queda claro que le están ocultando información a la gente».
«Hay algo que estos diputados y el grupo que gobierna no quieren que la gente sepa, que no sepa cómo se está manejando el dinero, cómo están manejando el endeudamiento o cuál es el costo que va a implicar para nosotros y las próximas generaciones este endeudamiento descontrolado que están generando semana, tras semana», aseveró Ortiz.
En el decreto y tal como fue leído en el pleno por el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.
En el documento, no se especifica el detalle de las «obligaciones generales del Estado» que se cubrirán con los $149 millones.
En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.
La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».
«Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.
Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.
Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.
La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.
Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.
«Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.
«No tergiversemos el artículo»
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.
«No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.
El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».
«Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.
«Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».
Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».
No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».
«Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.
Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».
«Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.
Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»
Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.
«Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.
La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.
«En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.
Vamos señala «presunción de culpabilidad»
Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.
«La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.
Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.
«Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.
La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.
Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».
«La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.
El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.
«Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».
Francisco Lira, diputado de Arena.
Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».
«Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.
La diputada también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.
«Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.
Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».
Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.
«Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».
Marcela Villatoro (Arena).
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.
«Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.
Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.
La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».
La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.
Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».
El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.
La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.
La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».
«Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).
El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.
«Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).
Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.
El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.
Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, aún desconocen cuáles serán las asignaciones presupuestarias para la operatividad de cada diputado, y si estas se mantendrán en $8,500 mensuales.
La Asamblea Legislativa, así como otros dos órganos de Estado, deben tener listo su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026.
«Nosotros, como no tenemos participación en Junta Directiva y esa es decisión de Junta Directiva, ellos nos envían una nota a nosotros diciéndonos cuánto es el presupuesto de funcionamiento de la fracción; y con eso es con lo que nosotros trabajamos, son $8,500 con la reducción que se hizo y con ese presupuesto, hemos estado funcionando», explicó Villatoro.
Según la legisladora de Arena, la asignación con actual de $8,500 mensuales se les notificó en diciembre de 2024.
«No sé si alguien tiene más o tiene menos. Creo que, con lo que pasó aquella vez, creo que todo eso se solventó», afirmó.
La diputada se refirió a la polémica por las asignaciones presupuestarias a los diputados cuando se reveló que Vamos tenía un presupuesto de $20,000 mensuales y el resto de diputados, $13,500 mensuales.
Al consultarle esta vez a la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, si conoce cómo vendrá el presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 y las asignaciones presupuestarias, dijo desconocer esa información.
«No tenemos información al respecto, eso tiene que definirlo quienes tienen la competencia para hacerlo», respondió la diputada Ortiz, refiriéndose a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
La Asamblea tiene hasta el 31 de septiembre para publicar su presupuesto.
Periodistas han preguntado a miembros de la Junta Directiva como a la diputada Elisa Rosales; y al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, pero no han respondido al respecto.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, informó que ha solicitado los expedientes de los cinco candidatos que buscan ser electos como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, incluida la actual titular, Raquel de Guevara.
«Como diputados tenemos el derecho de conocer los perfiles de los candidatos y el perfil no es solo un resumen del currículum, por eso, he pedido, como en otras elecciones de este tipo, que se nos entregue los expedientes de cada uno de los candidatos, esto incluye el currículum, atestados profesionales, las constancias de las diferentes instituciones, un plan de trabajo, toda una serie de documentos que en todas estas elecciones de segundo grado, no se me han entregado, aún cuando los he pedido por escrito», cuestionó Ortiz.
La diputada de oposición argumentó que cada legislador tiene el derecho de conocer toda esa documentación para tomar una «decisión informada» y, si no se les entrega, considera que «ese proceso carece de legitimidad y de principios democráticos y participativos».
La legisladora cree que la gestión de la procuradora, Raquel de Guevara, solo «ha sido útil a un grupo en el poder que está permitiendo una violación masiva y sistemáticas por parte del Estado en los derechos humanos en El Salvador».
Respecto la Cumbre Global sobre Derechos Humanos, que se realiza en San Salvador a iniciativa de la procuradora, Ortiz cree que podría ser parte de una campaña para ser reelegida.
«Habría que ver si este evento no es parte de la campaña de la actual procuradora para buscar una reelección, para presentarse como una activista y defensora de los derechos humanos, cosa que definitivamente no es», señaló Ortiz.
Para la diputada de oposición, los recursos que la PDDH está utilizando en esta Cumbre Global deberían destinarse a las víctimas que sufren violaciones.
«Los recursos que están utilizando para traer gente de otros países, para venir a lavarle la cara a El Salvador en ese tema, debería utilizarse en una efectiva defensa de los derechos humanos y a activar las facultades que tiene esa institución, porque las personas que buscan defensa de sus derechos humanos, civiles, ambientales, cualquiera que sea, van a la PDDH y no reciben una adecuada respuesta, entonces, de nada sirve estar haciendo eventos para lavarse la cara», aseveró la diputada Ortiz.
El 30 de agosto el gobierno aseguró que llegó a los 1,000 días sin homicidios en El Salvador. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo hoy que no hay seguridad de que esa cifra sea real ya que el gobierno «miente» en sus datos.
«Habría que ver qué tan confiables son las cifras del gobierno porque, si en unas cosas miente, en esto no podemos estar seguros», dijo la diputada opositora.
Ortiz cuestionó que hay denuncias sobre homicidios ocurridos en cárceles y que es responsabilidad del Estado indagar al respecto.
«Creo que la responsabilidad del Estado es también indagar sobre denuncias y muertes documentadas y reportadas por diversas organizaciones, porque aquí hay responsabilidades qué deducir y un Estado realmente democrático no admite que haya un margen de error, no admite que hayan problemas en las cárceles sin hacer nada, realmente urge una reparación a las víctimas», señaló.
En mayo, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que 396 personas capturadas bajo el régimen de excepción han muerto en las cárceles y, de acuerdo con los registros que la organización posee, el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que por una persona menos es de alegrarse; sin embargo, tampoco cree en la veracidad de la cantidad que divulga el gobierno, por todas las reservas de información que hay.
«Aunque sea un persona menos pues a cualquiera de los salvadoreños nos alegra, ahora que sea esa cantidad lo desconocemos, porque recordemos que toda la información se encuentra en reserva. Entonces, se desconoce si realmente han sido 1,000 días, pero todo lo que sea en beneficio del pueblo está bien», comentó.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió derogar la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio con la cual se pretende habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador.
La petición fue realizada luego de la solicitud del diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, para prorrogar el régimen de excepción por 30 días más. Guevara pidió a los diputados de Arena no ausentarse durante la votación.
La diputada de Arena, que suele abstenerse en las votaciones por el régimen de excepción, reclamó que la junta directiva de la Asamblea les cambia el voto, ya que en mayo pasado los votos de Arena fueron registrados “en contra” cuando votaron en “abstención”.
“Nos cambian el voto y votan como ustedes quieren, no como nosotros hemos decidido como diputados… Quieren exponer a los diputados. Son tan cínicos y chabacanes que lo que hacen es que nos andan persiguiendo, que ya ni al baño podemos ir, cuando ustedes pasan horas, días y plenarias que ni siquiera asisten”, reclamó la legisladora de oposición.
Explicó que no interponen una demanda de inconstitucionalidad porque no es una Sala independiente. “Si no estuviera secuestrada por este gobierno, ese voto que ustedes cambiaron, fuera inconstitucional. La Constitución es clara, esa Constitución ustedes la agarran como que fuera cualquier cosa”, señaló. En su intervención también aclaró que no están a favor de que los pandilleros sean puestos en libertad.
“Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, los pandilleros deben estar presos, es un compromiso de todos no permitir que ellos vuelvan a las calles, dejen de tergiversar información. Nadie quiere volver a ese pasado, es un compromiso que tenemos que tener”. Marcela Villatoro (Arena).
El diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que han actuado «de una manera legal», que en la Asamblea Legislativa «hay solo dos formas de votar, a favor o en contra» y que no están facultados para interpretar la Constitución de la República.
¿Usted cree que nos vamos a detener porque ‘fíjese que a mí no me gusta’. Hasta el día de ahora, nosotros vamos a seguir tomando las decisiones de una manera legal”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.
Villatoro presentó en el pleno la propuesta de reforma constitucional para derogar las reformas aprobadas el 31 de julio. “Yo no puedo recibir una solicitud si no viene acompañada de 10 firmas”, le respondió Castro.
La diputada Claudia Ortiz aseguró en pleno que estaba dispuesta a firmar la solicitud de acuerdo constitucional propuesto por Arena y aprovechó para solicitar otra reforma constitucional para prohibir la minería en El Salvador.
“Cuando consigan las otras ocho, con todo gusto, nosotros les vamos a aceptar ambas solicitudes”. Ernesto Castro, diputado presidente de la Asamblea Legislativa.
La reforma constitucional para supuestamente permitir la reelección presidencial indefinida fue aprobada el 31 de julio antes de las vacaciones de agosto. Mientras, la ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024, antes de Navidad, en la aprobación de una Ley general de minería metálica.
El nuevo director de Vamos ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Carlos Martínez, asumirá el cargo a partir de septiembre, luego de la salida del país de Wendy Alfaro, quien denuncia persecución y hostigamiento.
El instituto político confirmó que Carlos Martínez, coordinador departamental de La Paz será el nuevo director propietario de Vamos ante el organismo permanente que vigila y fiscaliza al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Martínez es abogado graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y tiene experiencia en la defensa del área electoral, es miembro del partido desde 2023. Ha cursado un taller de Formación en migración y trata de personas impartido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Además, posee un diploma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su participación en el curso «Investigación de violaciones de derechos humanos: documentación de casos y toma de testimonios».
El partido debe notificar formalmente a la JVE sobre el cambio de director para que este sea reconocido por la institución electoral; cada director recibe un monto como dieta mensual que incluye el TSE dentro de su presupuesto.
El anuncio del nuevo director se da tras la denuncia del partido sobre el «autoexilio» de su directora actual, Wendy Alfaro, quien se fue de El Salvador después de denunciar que sufrió acoso y persecución por parte de agentes policiales que llegaron a su casa el mes pasado. Decidió dejar su país tomando en cuenta que otros defensores sufrieron situaciones similares y luego fueron capturados como Ruth López, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
Carlos Martínez asume casi un año y medio antes de que El Salvador celebre elecciones generales en 2027, luego de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa para permitir la reelección presidencial indefinida y alargar el período presidencial a seis años.
Vamos espera que, entre más cercanas sean las elecciones, los ataques se incrementarán pero advirtieron que «no guardarán silencio» porque «los salvadoreños y la comunidad internacional deben saber lo que está pasando en el país».
La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos especiales que exoneran de impuestos la instalación de una planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate, en San Salvador Centro, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado en La Libertad.
El primer decreto es «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate ubicado en el municipio de San Salvador Centro entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, departamento de San Salvador». Este fue aprobado con 59 votos de todos los diputados presentes, incluidos los legisladores de oposición, Arena y Vamos.
Las empresas involucradas en la construcción de la planta de generación de energía eléctrica con biogás en el río Acelhuate gozarán de exención de impuestos a transferencia de bienes, aranceles, transferencia de bienes raíces e IVA, en las adquisiciones, compras, contrataciones e importaciones, sí como en los trámites en el Centro Nacional de Registros.
Los exentos serán la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), personas naturales o jurídicas involucradas como contratistas o subcontratistas a todo el proceso.
Además, el decreto establece un plazo de 15 días hábiles para emitir lineamientos que “simplifiquen y aceleren” la emisión de los permisos necesarios en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar los ajustes para la conexión de los proyectos de extensión de red que deberán realizar en el proyecto.
El segundo decreto se denomina «Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad». Este fue aprobado como dictamen 123 de la Comisión de Hacienda, con 60 votos.
La planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad, la Libertad, será financiado por el crédito de $71.84 millones del Deutsche Bank.
En este proyecto, se eximirán Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios para contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, relacionados al proyecto; impuestos y gravámenes a la importación, Derechos Arancelarios a la Importación incluyendo el IVA, Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, Impuesto sobre la Renta a los ingresos o utilidades de socios y personas, contratistas, subcontratistas, proveedores, supervisores, incluidas las retenciones, tanto para ingresos como para la distribución de utilidades, matrícula de bienes, impuestos municipales,
También estarán exentos los propietarios que vendan inmuebles al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) que sean necesarios para el proyecto.
La exención se aplicará a todo el proceso de construcción de la planta, desde la planificación, el diseño, los estudios, las consultorías, la supervisión hasta la construcción, compra de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, construcción de obras civiles, instalación y montaje de equipos, puesta en operación, medidas ambientales y sociales, mejoramiento de accesos, adquisición de terrenos e inmuebles, línea de distribución eléctrica, obras complementarias para todo el proyecto.
