Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el norte de Venezuela, especialmente el estado de La Guaira, el país comienza una nueva etapa enfocada en la reconstrucción, luego de concluir la fase de rescates inmediatos apoyada por equipos nacionales e internacionales.
El balance oficial reporta hasta el momento 3,685 personas fallecidas y 16,740 heridas. Sin embargo, el Gobierno no ha actualizado la cifra de desaparecidos desde los primeros días de la emergencia, cuando informó sobre 157 casos, mientras que la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela asegura haber registrado a más de 30,100 personas cuyo paradero aún se desconoce.
Durante los primeros días de la tragedia, miles de ciudadanos participaron en las labores de búsqueda con sus propias manos para rescatar a familiares y vecinos atrapados entre los escombros. Según cifras oficiales, fueron rescatadas 6,462 personas, mientras que Naciones Unidas informó que los equipos internacionales realizaron 14 rescates complejos durante la primera semana de operaciones.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que Venezuela solicitó ayuda internacional desde las primeras horas de la emergencia y recibió a más de 3,000 rescatistas provenientes de 30 países, quienes trabajaron junto a más de 10,000 socorristas venezolanos desplegados principalmente en La Guaira.
No obstante, la respuesta inicial de las autoridades ha sido objeto de críticas. Habitantes de las zonas afectadas denunciaron la ausencia de Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada y otros organismos durante las primeras 60 horas posteriores al desastre, periodo en el que las labores de rescate fueron impulsadas principalmente por voluntarios.
La Guaira fue militarizada hasta el sábado posterior a los terremotos, luego de un decreto emitido por el Ejecutivo. Sin embargo, familiares de las víctimas señalaron que los militares llegaron con armamento, pero sin el equipo necesario para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. Rodríguez rechazó esas denuncias y las calificó como montajes destinados a desacreditar la gestión gubernamental.
En paralelo, miles de venezolanos organizaron campañas espontáneas para trasladar alimentos, agua, ropa, medicinas y herramientas a las zonas afectadas. La masiva movilización provocó congestionamientos en los accesos a La Guaira, lo que llevó al Gobierno a restringir temporalmente el ingreso para reorganizar la distribución de la ayuda humanitaria.
Las autoridades informaron que actualmente funcionan cerca de 90 refugios temporales donde permanecen 17,907 personas que perdieron sus viviendas. Además, el Ejecutivo prometió entregar nuevas casas antes de finalizar el año y trabaja en planes de reconstrucción con el apoyo de países como Estados Unidos y Brasil, así como en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales para financiar la recuperación.
La emergencia también ha provocado un cambio en la política exterior venezolana. El Gobierno ha coordinado directamente con agencias de Naciones Unidas y con países con los que no mantenía relaciones diplomáticas activas, entre ellos Argentina y República Dominicana, en un esfuerzo por ampliar la cooperación internacional y obtener recursos para afrontar uno de los mayores desafíos de reconstrucción de su historia reciente.
