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  • La ONU alerta expansión récord del mercado mundial de cocaína

    La ONU alerta expansión récord del mercado mundial de cocaína

    El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece entre todas las drogas a nivel global, advirtió este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.

    El organismo atribuye esta expansión al aumento sostenido de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, así como a una creciente demanda en regiones emergentes como África y Asia.

    Según el documento, la producción mundial de cocaína habría superado las 3,700 toneladas en 2023, lo que representa un incremento del 34 % en comparación con 2022. Este crecimiento responde, en particular, al aumento del área de cultivo ilícito de coca en Colombia y a la mayor capacidad de producción en laboratorios clandestinos.

    La JIFE señala que el mercado no solo ha crecido en volumen, sino que también se ha diversificado y globalizado. Aunque Europa y América del Norte continúan siendo los principales destinos, las rutas ilegales alcanzan ya “todas las regiones del mundo”, incluida África —tradicionalmente zona de tránsito— y Asia, donde antes la presencia era marginal.

    En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, consolidando a la región como el principal destino. Entre enero de 2019 y junio de 2024 se decomisaron más de 1,826 toneladas de droga con destino a puertos europeos, de las cuales el 82 % correspondió a cocaína, equivalente a 1,487 toneladas.

    El informe también destaca que las incautaciones en África aumentaron un 48 % en 2023 respecto a 2022, reflejando una expansión del mercado en ese continente. Entre 2013 y 2023, el número de consumidores pasó de 17 millones a 25 millones a nivel global.

    “Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4,700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años”, indica el reporte.

    En Sudamérica, la JIFE advierte sobre el impacto violento del narcotráfico, citando el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, un 30 % más que en 2023. El país registró 6,964 muertes violentas ese año, con una tasa de 38.76 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que se quintuplicó en cinco años.

    “En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales”, concluye la JIFE.

     

  • Bukele tilda de «idioteces» excusas internacionales sobre la criminalidad

    Bukele tilda de «idioteces» excusas internacionales sobre la criminalidad

    El presidente Nayib Bukele, cuestionó el miércoles lo que consideró argumentos recurrentes en otros países para justificar la persistencia de la criminalidad. A través de sus redes sociales, el mandatario enumeró varias frases que, según dijo, circulan en el debate público internacional y que calificó como “idioteces”.

    Entre las expresiones mencionadas por el jefe de Estado figuran: “Nuestros criminales son los mejores”, “nadie puede contra nuestros criminales”, “nuestro país es tan, pero tan grande que estamos condenados a vivir en el terror”, “ningún país grande puede acabar con el crimen” y “los países que son mucho más grandes que el nuestro con bajas tasas de criminalidad no cuentan”.

    Las declaraciones del Presidente de El Salvador surgen en medio de discusiones en redes sociales, particularmente en México, donde se ha intensificado el debate tras una reciente ola de violencia vinculada a la muerte de un importante capo del narcotráfico a manos de fuerzas de seguridad.

    “Las idioteces que se leen a veces. Pero bueno, cada quien cosecha lo que siembra”, subrayó el mandatario en su publicación. Asimismo, agregó: “Ojalá algún día piensen diferente”.

    El pronunciamiento se enmarca en el discurso del Gobierno salvadoreño que sostiene que es posible reducir drásticamente los índices de criminalidad mediante medidas firmes de seguridad pública, frente a posturas que consideran inevitable el avance del crimen organizado en determinados contextos.

    Bukele ha impulsado una política de mano dura contra la criminalidad y el próximo 27 de marzo cumplirá cuatro años la imposición de un régimen de excepción que llevó a una drástica reducción de homicidios en El Salvador, así como a la desarticulación de las pandillas criminales que azotaban el país.

    Más de 90 mil pandilleros y colaboradores han sido encarcelados desde entonces. La medida también ha generado críticas de organismos locales e internacionales de derechos humanos por denuncias de abusos, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.

     

  • Guadalajara sigue paralizada tras muerte de “El Mencho”

    Guadalajara sigue paralizada tras muerte de “El Mencho”

    Guadalajara amaneció el lunes con aparente calma, pero con la mayoría de negocios cerrados y las clases suspendidas, un día después de la ola de violencia provocada por bloqueos e incendios tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Un recorrido por la ciudad, la tercera más grande de México después de Ciudad de México y Monterrey, evidenció calles despejadas, pero aún con rastros de los disturbios del domingo, que incluyeron vehículos incendiados y vías bloqueadas. La operación contra el capo se desarrolló en Tapalpa, localidad ubicada a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, considerada bastión del CJNG.

    Las autoridades suspendieron las clases presenciales de educación básica y superior, según comunicados de la Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara. También se cancelaron actividades masivas, conciertos y eventos deportivos, mientras bancos y dependencias municipales cerraron sus puertas.

    El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que se vivieron “horas críticas” con “incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana”, y destacó la labor de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil para restablecer el orden. La violencia dejó 25 miembros de la Guardia Nacional fallecidos, en su mayoría en Jalisco, además de una treintena de presuntos integrantes del grupo criminal, según la Secretaría de Seguridad de México.

    La jornada también afectó a turistas y visitantes. Un millar de personas pasó la noche en el Zoológico de Guadalajara ante la imposibilidad de trasladarse.

    “Los visitantes pernoctaron dentro de sus unidades de transporte, ya que el parque no cuenta con instalaciones específicas para albergarlos, y siempre estarán resguardados por la policía municipal de Guadalajara y Metropolitana, a la espera de que las condiciones de seguridad les permitan regresar a sus ciudades de origen este lunes 23 de febrero, día en que las instalaciones del Zoológico permanecerán cerradas al público”, informó la administración del recinto.

    La muerte de “El Mencho” ocurre en un contexto de presión de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, a los que declaró “terroristas” el año pasado. Bajo su liderazgo, el CJNG amplió su presencia territorial y consolidó rutas de tráfico de drogas, incluido el fentanilo hacia territorio estadounidense, donde se ofrecían hasta $15 millones por información que condujera a su captura o condena.

     

  • La muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación provoca una oleada de disturbios en México

    La muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación provoca una oleada de disturbios en México

    La muerte del capo mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, desató una serie de disturbios y bloqueos en los estados mexicanos de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

    En diversas ciudades se reportó quema de vehículos, incendios en comercios y gasolineras, cortes de carreteras y la colocación de “ponchallantas” para impedir el tránsito.

    En Guadalajara y municipios cercanos se suspendió el transporte público desde las 9:00 a. m., mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó código rojo y activó la mesa de seguridad estatal. En Michoacán, al menos trece municipios reportaron bloqueos con vehículos incendiados, según informó el gobernador Alfredo Ramírez, quien pidió calma a la población.

    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, delegó la información oficial en el Gabinete de Seguridad, que confirmó que se atienden los bloqueos en Jalisco derivados de los operativos federales. También señaló que los aeropuertos del estado operan con normalidad, pese a reportes iniciales de caos y cancelaciones en Manzanillo.

    La operación, ejecutada por fuerzas especiales del Ejército con apoyo aéreo, tenía como objetivo su captura. Durante el enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes del CJNG murieron en el lugar y tres más resultaron gravemente heridos, quienes posteriormente fallecieron en el traslado. Entre estos últimos se encontraba Oseguera. Dos miembros adicionales del grupo fueron detenidos y se incautó armamento, incluidos lanzacohetes y vehículos blindados. Tres militares resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica.

    Oseguera, nacido en 1966 en Michoacán, era considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos. Fundó el CJNG tras separarse del Cártel de Sinaloa y consolidó su poder tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Su muerte abre un nuevo capítulo de incertidumbre en el panorama de seguridad del país.

     

  • La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    La violencia de las pandillas afectó la educación e ingresos, incluso a 50 metros de distancia, según estudio del Banco Mundial

    Las familias que vivían hasta a 50 metros de distancia de las zonas más conflictivas por presencia de pandillas vieron afectado su nivel educativo y sus ingresos, destacó un estudio del Banco Mundial.

    El informe, publicado este jueves, sostiene que el capital humano no solo se construye en las escuelas o clínicas, sino también en los entornos donde las personas viven e interactúan diariamente. El hogar, el vecindario y el lugar de trabajo se constituyen como tres espacios críticos para desarrollar habilidades y salud a lo largo de la vida.

    La investigación señala que la violencia ejercida por las pandillas en San Salvador afectó la acumulación de capital humano, conclusión obtenida a partir de consultas presenciales realizadas en El Salvador.

    “Un entorno local con violencia generalizada puede deprimir el capital humano. Esto se evidencia en datos históricos de San Salvador, donde las pandillas restringieron la movilidad, limitaron el acceso de los residentes a mejores oportunidades laborales y redujeron sustancialmente las tasas de graduación de la escuela secundaria”, indica el informe.

    Las familias salvadoreñas en vecindarios controlados por pandillas en San Salvador tenían menos activos, menores ingresos y un nivel educativo más bajo en comparación con personas que vivían a tan solo 50 metros de distancia, fuera del territorio controlado.

    De esta manera, la probabilidad de que un joven se graduara después de 10 años era menor en una zona bajo control de pandillas, mientras que fuera de esos territorios las posibilidades eran mayores.

    Mapa publicado por el Banco Mundial en su informe «Building Human Capital in Homes, Neighborhoods, and Workplaces».

    Involucrar a los vecinos

    Para el organismo multilateral con sede en Washington, el impacto de las políticas de desarrollo humano requiere coordinación entre sectores, la cual es más eficaz cuando se implementa a nivel de barrios, con la participación de actores de educación, salud y protección social.

    En el caso de El Salvador, el Banco Mundial menciona que el Programa de Escuelas Seguras redujo la deserción escolar y el reclutamiento por pandillas al colocar agentes policiales en los centros educativos durante las horas de entrada y salida.

    “Estos ejemplos subrayan la importancia de la planificación integrada de barrios para garantizar que actores y organismos locales de todos los sectores colaboren en mejorar los resultados en materia de capital humano. La forma más eficaz de apoyar la acumulación de capital humano puede, en ocasiones, implicar priorizar un sector que tradicionalmente no es el foco de la política social”, agrega el informe.

    La vigilancia policial en la entrada y la salida de estudiantes comenzó en 2018 como parte de un plan de prevención. En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele implementó el régimen de excepción, que se prorroga mensualmente y que, según las autoridades de seguridad, ha permitido una reducción drástica de la violencia y los homicidios.

    “Una importante ofensiva gubernamental lanzada en 2022 redujo drásticamente el crimen, pero aumentó dramáticamente la tasa de encarcelamiento en El Salvador”, menciona el estudio del Banco Mundial.

  • Violencia en México subió 70 % en una década, según informe

    Violencia en México subió 70 % en una década, según informe

    La violencia en México ha aumentado un 70 % en los últimos diez años si se consideran no solo los homicidios dolosos, sino también feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Así lo reveló este lunes la organización México Evalúa, al presentar un informe que cuestiona la narrativa oficial sobre la supuesta reducción significativa de la criminalidad.

    El documento, titulado “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, fue presentado por Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien explicó que el análisis incorpora cinco indicadores clave de “violencia letal”: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, desapariciones y otros delitos contra la vida.

    “Cómo se mide un problema determina cómo se atiende”, afirmó Campos, quien aclaró que el propósito del estudio no es desestimar la estrategia del Gobierno federal, sino ofrecer una visión más amplia de los fenómenos de violencia.

    Según el informe, en 2025 se registraron más de 72,000 hechos relacionados con violencia letal, un aumento del 68.2 % respecto a 2015. Aunque las cifras oficiales reportan una caída del 40 % en homicidios dolosos desde septiembre de 2024 —cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia—, el análisis de la organización indica que la reducción general fue de apenas 8 % en todos los indicadores.

    Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que el enfoque del estudio busca visibilizar todas las formas de violencia mortal. “Aunque el homicidio doloso muestra una reducción reciente, otros delitos mantienen trayectorias altas e incluso crecientes”, advirtió.

    En detalle, el estudio señala que los homicidios dolosos bajaron un 22.2 % desde 2024, pero siguen un 30.7 % por encima de los niveles de 2015. En contraste, el homicidio culposo —normalmente relacionado con accidentes— aumentó 7.7 % desde 2015 y presenta “crecimientos anómalos” que podrían reflejar fallos en la clasificación de muertes violentas.

    Los llamados “otros delitos contra la vida”, que incluyen hechos difíciles de clasificar, se dispararon un 370 % en la última década, con incrementos alarmantes en estados como Baja California Sur (6,606 %), Baja California (916 %), Tabasco (694 %) y Sinaloa (88 %). Según Vargas, estas cifras podrían indicar “reclasificaciones estadísticas” más que una disminución real de la violencia.

    El feminicidio bajó un 15.5 % desde 2024, pero aún se encuentra un 68.5 % por encima del nivel de 2015, especialmente en zonas marcadas por impunidad y presencia del crimen organizado, como Sinaloa y Morelos.

    En cuanto a las desapariciones, el informe subraya su relevancia como método de ocultamiento de crímenes. Aunque la cifra bajó un 0.5 % desde 2024, el incremento desde 2015 es del 213 %, con focos críticos en Sinaloa (150 %), Sonora (168 %) y Baja California (5,728 %).

    “La desaparición parece confirmar que una parte de la violencia letal podría no estar reduciéndose sino volviéndose menos visible, lo que exige diagnósticos más integrales. Y abandonar el análisis aislado del homicidio doloso”, concluyó el especialista.

     

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.

     

  • Acusan a joven de intento de homicidio tras atacar a hombre con navaja en Colón

    Acusan a joven de intento de homicidio tras atacar a hombre con navaja en Colón

    Un joven de 18 años lesionó gravemente a otro hombre tras atacarlo con una hoja de afeitar en el cuello, provocándole una herida profunda, según el informe preliminar de las autoridades.

    El agresor fue identificado como Erick Alexander Ramírez Vásquez, quien se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima, un hombre de 48 años, cuando se produjo una discusión que escaló hasta el ataque.

    De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad Oeste, donde ambos compartían antes del altercado.

    Tras la agresión, la víctima resultó con una lesión de consideración en el cuello, por lo que fue auxiliada, mientras que el joven fue detenido en el lugar.

    Las autoridades informaron que Ramírez Vásquez será remitido por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del ataque.

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  • Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 124 años de prisión a varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), responsables del asesinato de una mujer embarazada y de su bebé, además de otros delitos vinculados a la estructura criminal.

    La pena más alta fue impuesta a Alexis Omar González Rodríguez, alias Little Trucha, sentenciado a 124 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, aborto sin consentimiento, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    En el mismo proceso, Mauricio Antonio Moreno, alias Druppy, recibió una condena de 63 años de prisión por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Asimismo, Moris Omar Castellón Santamaría, alias Spanky, fue condenado a 34 años de cárcel por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas. Según la sentencia, Spanky ostentaba el rango de corredor de clica dentro de la estructura delincuencial.

    El tribunal también impuso penas que oscilan entre 15 y 23 años de prisión a otros cinco pandilleros, todos identificados como miembros activos de la MS-13 y con base de operaciones en distintas zonas de San Salvador.

    Entre los hechos probados se encuentra el homicidio agravado de una mujer en estado de gestación, así como la planificación para asesinar a un sacerdote, a quien los pandilleros consideraban que mantenía comunicación con una estructura rival.

     

  • El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.

    Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.

    Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.

    Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.

    “Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.

    Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.

    “Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.

    Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz

    La alerta continúa

    Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.

    Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.

    Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.

    Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.