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  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    El Ministerio de Educación de Guatemala anunció este domingo la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante una ola de ataques armados perpetrados por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que los ataques dejaron un saldo de siete policías asesinados y 10 agentes heridos por arma de fuego. Además, informó sobre la muerte de un pandillero en el municipio de Chinautla y la captura de otros cinco presuntos integrantes de estructuras criminales.

    Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

    “Es doloroso. Causa un sentimiento muy fuerte. Detrás del uniforme hay familias, pero es un riesgo que todos corremos, vamos a seguir trabajando en beneficio de los guatemaltecos”, declaró Custodio durante una conferencia de prensa.

    Ante el incremento de la violencia, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que la decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad. “En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, afirmó.

    Guatemala ha registrado durante la última semana una escalada de violencia vinculada a motines en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    El sábado, reclusos de las cárceles Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital se amotinaron y tomaron como rehenes a varios custodios del Sistema Penitenciario.

    De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscaban presionar para la restitución de privilegios que los pandilleros han perdido tras el endurecimiento de controles y requisas en los centros carcelarios.

    La Policía Nacional Civil retomó este domingo el control de la cárcel Renovación I y logró liberar a los guardias retenidos. Horas después, miembros de la misma estructura criminal perpetraron nuevos ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país.

     

     

     

  • El fútbol resiste en Haití entre bandas armadas y abandono estatal

    El fútbol resiste en Haití entre bandas armadas y abandono estatal

    En medio de un país devastado por la violencia, sin competiciones oficiales desde 2020 y con al menos el 90 % de la capital controlada por bandas armadas, Haití logró el mes pasado una proeza histórica: clasificar al Mundial de Fútbol 2026 tras más de medio siglo de ausencia.

    La hazaña deportiva contrasta con la grave crisis de seguridad y el colapso institucional que enfrenta la nación caribeña desde hace años. Pese a la falta de un marco legal, inversión estatal o instalaciones adecuadas, el fútbol sigue vivo gracias a la resistencia de sus jugadores, técnicos y una afición que se aferra al balón como vía de esperanza.

    “El Estado nunca ha tenido un interés real en el desarrollo del deporte”, afirma el Dr. Yves Jean Bart, quien presidió la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) entre 1993 y 2020. Según él, el Ministerio de Deportes ha sido utilizado como instrumento político más que como motor de desarrollo deportivo.

    La infraestructura deportiva haitiana es prácticamente inexistente. Solo quedan ruinas de proyectos como la Academia Nacional de Desarrollo Deportivo (Anasport) y la de Fútbol (Anafoot), hoy cerradas. Algunas canchas prometidas con fondos del programa PetroCaribe nunca se concretaron. “Las construcciones, donde existen, son pura chatarra”, denuncia Jean Bart.

    En barrios marginales o zonas rurales, los partidos se juegan sobre tierra, en calles o terrenos baldíos. Muchos jugadores entrenan descalzos o con sandalias; otros improvisan balones con calcetines o botellas. Aun así, el fútbol se mantiene como el único espacio colectivo que une a ricos y pobres, sin distinción cultural o religiosa.

    En ese contexto, la clasificación al Mundial 2026 cobra un valor simbólico. Fue el resultado de años de trabajo de dirigentes, entrenadores, médicos y jugadores que han sostenido al fútbol haitiano con recursos propios y contra todas las adversidades. “Es fruto de más de 50 años de esfuerzo”, enfatiza Jean Bart.

    La histórica victoria ante Nicaragua el pasado 18 de noviembre, que selló el pase al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, desató una oleada de júbilo nacional. Miles salieron a las calles a celebrar en un país donde pocas noticias provocan alegría colectiva.

    Antes del partido, el capitán Duckens Nazon motivó al equipo con un discurso emotivo.

    “No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos. Cuentan con nuestros pies”, dijo en los vestuarios. Su mensaje resumió la crudeza del entorno y la oportunidad única de regalar esperanza a una nación quebrada.

    El contraste es brutal: más de 16.000 personas han muerto por la violencia de pandillas desde 2022, y los terremotos han dejado a millones sin hogar. Y sin embargo, Haití estará en el Mundial. En el país donde no se juega una liga desde hace casi cinco años, el fútbol ha logrado sobrevivir al colapso total del Estado.

     

  • Guatemala establece «estado de prevención» en dos comunidades tras enfrentamiento

    Guatemala establece «estado de prevención» en dos comunidades tras enfrentamiento

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, estableció este domingo el «estado de prevención» en dos municipios del oeste del país históricamente enfrentados por disputas territoriales, después de que en la víspera una nueva confrontación dejara al menos cinco fallecidos con la presencia, según el Gobierno, de paramilitares.

    «En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para entender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (…) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá», dijo Arévalo de León en rueda de prensa.

    En la víspera, un enfrentamiento en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en departamento occidental de Sololá, dejó al menos cinco fallecidos, según detalló el Gobierno guatemalteco que asegura la presencia de «grupos armados ilegales».

    «Desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado fuertemente armados se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario, que inició hace décadas entre Ixtahuacán y Nahualá, para desarrollar sus operaciones delictivas, poniendo en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio», detalló el mandatario.

    Medios locales informaron que el enfrentamiento fue entre miembros de ambas comunidades mientras que el Gobierno señala que fue «ataque deliberado» contra el Ejército de Guatemala por parte de esos grupos armados ilegales, sin detallar más detalles, que habrían aprovechado esa disputa histórica.

    El Gobierno guatemalteco mostró vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los «impactos» contra aeronaves del Ejército.

    En la noche del pasado sábado, el Gobierno de Guatemala informó en un comunicado que «grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá» y que «adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes».

    Las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, mantienen un histórico enfrentamiento por disputas territoriales pese a los intentos de los gobiernos para encontrar una solución. En diciembre de 2021, hubo una matanza de 13 personas que elevó la constante tensión durante meses.

  • Ecuador cerrará 2025 con la mayor tasa de homicidios de América Latina por tercer año consecutivo

    Ecuador cerrará 2025 con la mayor tasa de homicidios de América Latina por tercer año consecutivo

    La violencia en Ecuador alcanzará niveles históricos al cierre de 2025, con la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, según reveló este jueves la organización internacional ACLED (Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados).

    El informe advierte que la criminalidad no solo persiste, sino que podría agudizarse en 2026.

    De acuerdo con cifras oficiales, hasta octubre se contabilizaban 7,553 asesinatos, superando los 7,063 registrados durante todo 2024. La organización estima que el 71 % de la población estuvo expuesta a hechos de violencia este año, pese a que el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” en un intento por enfrentar a las bandas del crimen organizado.

    ACLED atribuye el deterioro de la seguridad a varios factores, entre ellos la disputa territorial entre Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más poderosas del país; la fragmentación de otras estructuras tras la caída de sus líderes; y el rol creciente de Ecuador como plataforma estratégica para el narcotráfico regional.

    Desde 2021, la violencia ha provocado el desplazamiento interno de unas 132,000 personas, mientras que más de 400,000 ecuatorianos han abandonado el país, lo que equivale al 2 % de la población. Solo entre enero y noviembre de este año, las muertes violentas aumentaron un 42 %, impulsadas por masacres carcelarias y enfrentamientos entre bandas.

    El informe advierte que la situación podría empeorar. Ecuador fue incluido en la Lista de Seguimiento de Conflictos 2026 de ACLED, que identifica regiones donde se prevé una escalada de violencia. La expansión de grupos armados colombianos como disidencias de las FARC y el ELN, la debilidad estatal, y un posible redireccionamiento de rutas del narcotráfico desde el Caribe hacia el Pacífico, agudizan el panorama.

    “El presidente se enfrenta a una ola de violencia que no da señales de ceder”, advierte el informe.

     

     

  • Asesinan a alcalde guatemalteco durante desfile navideño al sur del país

    Asesinan a alcalde guatemalteco durante desfile navideño al sur del país

    El alcalde del municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en un desfile navideño, de acuerdo con información confirmada por los Bomberos Municipales Departamentales.

    El ataque armado ocurrió a unos 60 kilómetros al sur de la capital, cuando el edil caminaba junto a su pareja en medio de las festividades locales. Diversas fuentes señalaron que sujetos armados abrieron fuego contra el funcionario sin previo aviso.

    Marroquín, quien pertenecía al partido Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

    Arévalo condena el hecho y ordena acciones
    Tras conocerse el crimen, el presidente Bernardo Arévalo de León manifestó su “total repudio” al asesinato y anunció que dio instrucciones al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para iniciar una investigación que permita identificar y capturar a los responsables.

    El homicidio ocurre en un contexto de creciente violencia contra autoridades locales. En febrero pasado, también fue asesinado Gerson Ajcuc, alcalde del municipio de Chuarrancho, en el departamento de Guatemala, durante otro ataque armado.

    Aumento de homicidios en Guatemala
    Datos oficiales señalan que Guatemala registró 2,154 asesinatos en los primeros ocho meses del año, cifra que supera los 1,816 homicidios del mismo periodo en 2024. Esto representa un aumento del 18 %, según las estadísticas comparativas divulgadas por las autoridades.

    El crimen contra el alcalde Marroquín ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, ya que se suma a una ola de violencia que afecta a funcionarios municipales y líderes comunitarios en distintas regiones del país.

     

  • Organizaciones exigen investigación transparente por muerte de mujer en el Centro Histórico

    Organizaciones exigen investigación transparente por muerte de mujer en el Centro Histórico

    En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron este martes que se realice una investigación “transparente” por la muerte de una mujer en el Centro Histórico de San Salvador y que el crimen no quede en la impunidad.

    El 6 de noviembre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la muerte de una persona por impacto de bala frente al Palacio Nacional, en la avenida Cuscatlán, luego de que un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) accionara accidentalmente su arma de fuego.

    La víctima, identificada como Yessica Solís y originaria del departamento de Chalatenango, había viajado a la capital junto a otra persona para comprar medicinas. Ambas transitaban por la plaza del Palacio Nacional cuando ocurrió el disparo. Según el reporte policial, la bala le causó la muerte de manera inmediata.

    Tras el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó por el delito de homicidio culposo a Derman Fernando Jorge Benítez, soldado de la FAES, señalado como responsable de provocar la muerte de Solís.

    El Bloque de Rebeldía Popular (BRP), junto a Resistencia Feminista y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), consideraron que la muerte de Yessica Solís no constituye un hecho aislado, sino que refleja un patrón más amplio relacionado con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos militares y de seguridad, situación que, según las organizaciones, incrementa los riesgos para las mujeres.

    Por ello, los colectivos demandaron que el caso sea investigado con el fin de identificar a los responsables materiales y también a los responsables estructurales.

    «Exigimos el esclarecimiento inmediato, independiente y transparente al feminicidio de Yessica Solis, asi como la identificación, fiscalización y sanción de todos los responsables materiales y estructurales, ningun regimen de excepción puede justificar la impunidad ni ocultar las responsabilidades del Estado frente a la violencia ejercida en contra de las mujeres», declaró Nehemi Lira, vocera del BRP.

    Las organizaciones también cuestionaron el funcionamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres, señalando que se encuentran “controladas por el régimen”, lo que, según afirmaron, se traduce en falta de supervisión y concentración excesiva de poder en las entidades de seguridad.

    «Denunciamos el asesinato de Yessica Solis, un crimen que expone con crudeza las consecuencias de la militarización impuesta por el régimen de excepción, su muerte no es un hecho aislado sino el reflejo de un contexto donde el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de controles y la suspensión prolongadas de garantías constitucionales colocan a las mujeres en una situación extrema de vulnerabilidad», agregó Lira.

    Las organizaciones reiteraron su llamado a derogar el régimen de excepción y a implementar políticas públicas de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer la independencia judicial y garantizar un acceso real a la justicia.

    Por último, subrayaron la necesidad de que se respeten plenamente los derechos de las mujeres e hicieron un llamado al resto de movimientos y a la población en general a unirse para transformar “las estructuras de violencia” que afectan a las mujeres en el país.

  • Casi 50,000 mujeres fueron asesinadas por familiares o parejas en todo el mundo el año pasado

    Casi 50,000 mujeres fueron asesinadas por familiares o parejas en todo el mundo el año pasado

    Al menos 48,800 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 por sus parejas o familiares en todo el mundo, reveló este viernes un informe conjunto de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

    La cifra representa cerca del 60 % de los 83,000 homicidios cometidos contra mujeres ese año, lo que equivale a un promedio diario de 137 víctimas de feminicidio en el ámbito familiar o íntimo, de acuerdo con el estudio.

    África encabezó la lista de regiones con mayor número de feminicidios íntimos o familiares, registrando 22,600 asesinatos. Le siguieron Asia, con 17,400 casos; América, con 7,700; Europa, con 2,100; y Oceanía, con 300 asesinatos.

    En América, el 69 % de los feminicidios fueron perpetrados por parejas sentimentales de las víctimas, mientras que en Europa este porcentaje fue del 64 %, según los datos de Naciones Unidas.

    El informe también identificó factores estructurales que alimentan estos crímenes, como la discriminación, los estereotipos de subordinación de la mujer frente al hombre, y la desigualdad persistente. Asimismo, se destacó que el riesgo se incrementa en contextos donde hay antecedentes de violencia o una separación reciente o inminente.

    Por el contrario, los homicidios cometidos por otros familiares presentan patrones menos documentados, lo que podría requerir estrategias de prevención más amplias y específicas.

    Uno de los hallazgos del estudio es que el avance tecnológico también ha agravado la violencia contra las mujeres. El uso de herramientas digitales ha facilitado nuevas formas de agresión, como los vídeos ‘deepfake’, y ha intensificado prácticas previas al feminicidio, como el control coercitivo, la vigilancia digital y el acoso.

    ONU Mujeres alertó que las mujeres con mayor visibilidad pública —como periodistas, políticas y activistas— están expuestas a un mayor riesgo de violencia.

    “Una de cada cuatro mujeres periodistas ha recibido amenazas de violencia física o de muerte por medios digitales”, cita el documento.

    Ante este panorama, el organismo internacional recomendó reforzar la educación para fomentar relaciones sanas, tipificar el feminicidio en los marcos legales nacionales, y establecer agravantes penales cuando el crimen tenga motivaciones de género.

    También instó a los Estados a fortalecer la respuesta de la justicia penal mediante la creación de unidades especializadas en cuerpos policiales, fiscalías y tribunales. A la par, sugiere lanzar campañas públicas de sensibilización como ‘Ni Una Menos’ o ‘Me Too’ y mejorar la recolección de datos sobre estos crímenes.

    Como ejemplo de buenas prácticas, ONU Mujeres destacó el sistema VioGén del Ministerio del Interior de España, que integra herramientas para la evaluación de riesgo, seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.

     

  • Reclutamiento de menores por grupos armados colombianos crece 300 % en cinco años

    Reclutamiento de menores por grupos armados colombianos crece 300 % en cinco años

    Más de 1,200 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, una cifra que representa un aumento del 300 % en un período de cinco años, según advirtió este jueves la representante de Unicef, Tanya Chapuisat, durante un evento por el Día Mundial de la Infancia celebrado en Bogotá.

    La funcionaria indicó que solo en 2024 se han verificado 453 casos de reclutamiento infantil, lo que equivale a que cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente es captado por estructuras armadas.

    «Cada año estamos verificando los casos de niños reclutados y vemos que los números van aumentando», expresó Chapuisat, al recordar que estos datos apenas reflejan los casos que han podido ser confirmados.

    Los departamentos más afectados son Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó, en la costa pacífica y oeste del país, así como Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. La violencia, la pobreza y el abandono institucional son factores que han permitido la permanencia de estas prácticas, según detalló Unicef.

    Julien Hayois, especialista de protección del organismo, explicó que el reclutamiento infantil no solo implica el alejamiento forzoso de los menores de sus escuelas y comunidades, sino también graves violaciones a sus derechos. “Son sacados de sus colegios y comunidades, y llevados a la guerra; y una vez en los rangos de los grupos armados sufren grandes violaciones basadas en género o malos tratos y pierden su libertad”, declaró.

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, asumió recientemente la responsabilidad política por bombardeos contra el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, en los que murieron al menos 12 menores. Aunque pidió perdón a las familias, afirmó que los ataques se ejecutaron bajo el cumplimiento del derecho internacional, pues, según él, el Ejército desconocía la presencia de menores en el lugar.

    En el marco del Día Mundial de la Infancia, la ONU y la Embajada de Canadá lanzaron la campaña “Desarma tu indiferencia”, con el fin de generar conciencia en la sociedad colombiana y buscar soluciones para erradicar esta forma de violencia contra la niñez.

     

  • La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia y el accionar de grupos criminales son la causa principal del desplazamiento interno en América Latina, de acuerdo con la iniciativa ProLAC, liderada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC).

    Según su último informe, el 70 % de los desplazamientos en Ecuador, Guatemala, Honduras y México son consecuencia directa de la inseguridad generalizada.

    El estudio advierte que este fenómeno, impulsado por amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y disputas territoriales, se ha convertido en una “consecuencia generalizada y sistémica” de la violencia.

    A pesar de su magnitud, el sistema jurídico de estos países carece de herramientas efectivas para proteger a las víctimas.

    “La situación se agrava aún más por la falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente en todos los países analizados”, advierte ProLAC. En ese sentido, destaca que un tercio de las personas encuestadas no denuncian por desconfianza hacia las autoridades.

    Stine Paus, directora regional del NRC para América Latina, advirtió que “las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles” y subrayó que “no se puede ignorar los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas”.

    Ante ese panorama, ProLAC solicitó a los gobiernos reconocer esta crisis como una emergencia humanitaria y adoptar medidas para garantizar la protección, asistencia y derechos de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.

    Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, resaltó la gravedad del vacío legal: “Este vacío legal tiene consecuencias reales. Limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas”.

    La situación varía según el país. En Honduras, aunque existe una ley desde 2022, apenas cuenta con regulación ni presupuesto. En México, solo algunos estados han avanzado en marcos legales; Guatemala aún no presenta avances significativos, y Ecuador carece completamente de legislación en la materia.

    Cornic llamó a los Estados a legislar con urgencia para brindar protección a los desplazados y advirtió que, aunque la sociedad civil realiza esfuerzos significativos, “sin voluntad política, serán insuficientes”.

    ProLAC, respaldada por la Unión Europea, insistió en que el reconocimiento legal del desplazamiento forzado es esencial para que estas personas accedan a derechos básicos y no queden en el abandono institucional.