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  • La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    Más de 16,000 personas han muerto en Haití desde 2022 como consecuencia directa de la violencia desatada por bandas criminales (pandillas), reveló este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Türk alertó sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad haitianos, cuya actuación estaría detrás de más de la mitad de los asesinatos registrados en lo que va de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior.

    “La situación de los derechos humanos en Haití ha llegado a un punto crítico”, declaró el alto comisionado, tras afirmar que los abusos y violaciones se han intensificado desde marzo pasado.

    Las pandillas armadas han extendido su dominio más allá de Puerto Príncipe, abarcando regiones como Centro y Artibonito, lo que ha incrementado el tráfico de armas, drogas y personas, exacerbando la crisis de seguridad en la región. Entre las violaciones documentadas se incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de alimentos y destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas.

    El alto comisionado denunció que la Policía Nacional ha ejecutado sumariamente a al menos 174 personas por presuntos vínculos con las bandas, mientras que otras 500 han sido asesinadas en linchamientos o a manos de grupos de “autodefensa” formados espontáneamente. A esto se suma el uso creciente de drones explosivos por parte del gobierno, con los que han muerto al menos 559 personas —incluidos 11 niños— desde marzo.

    Türk exhortó a las autoridades haitianas a investigar estos abusos y recordó que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. También pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar el cumplimiento del embargo de armas, ya que se estima que circulan entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en el país.

    En medio de esta emergencia, el país enfrenta un colapso humanitario sin precedentes. Según datos de la ONU, 6 millones de personas —la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria, entre ellas 3.3 millones de niños. Además, al menos 1.3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

    Crisis sanitaria agrava el drama humanitario

    La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también alertó sobre el aumento de víctimas civiles atendidas en sus instalaciones de Puerto Príncipe, donde casi el 40 % de la población necesita atención médica urgente. Entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud han dejado de operar debido a ataques, saqueos, incendios o amenazas.

    MSF informó que entre enero y junio de 2025 brindaron atención a 13,300 pacientes en emergencias, trataron a 2,267 víctimas de violencia y atendieron a 2,600 sobrevivientes de violencia sexual. De esas víctimas, el 26 % eran menores de edad, cifra más del doble que en 2024.

    Uno de cada tres niños lesionados por violencia presentó heridas de bala, reveló la organización. “La población está atrapada entre los drones explosivos del Estado y la brutalidad de los grupos armados que aterrorizan barrios enteros”, advirtió la ONG en su comunicado.

    MSF también denunció que el único hospital público que sigue en funcionamiento es el Hospital Universitario La Paz, el cual opera con gran dificultad. Muchos residentes temen salir de zonas controladas por bandas para buscar atención médica, lo que ha colapsado los pocos centros que aún operan, como el hospital de traumatología de MSF en Tabarre, que ha ampliado su capacidad en un 50 %.

    La organización reportó que el 20 de septiembre atendieron a 17 personas heridas tras un ataque con drones en el barrio Cité Soleil. Entre los fallecidos había tres niños, varias mujeres y hombres que no sobrevivieron al traslado o murieron al llegar al hospital.

    “Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono. Los pocos actores humanitarios que quedan se sienten rebasados por las crecientes necesidades”, concluyó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití.

     

  • Claudia Sheinbaum cumple un año con retos de seguridad y presión de EE.UU.

    Claudia Sheinbaum cumple un año con retos de seguridad y presión de EE.UU.

    A un año de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum se mantiene con una aprobación superior al 70 %, según encuestas, pero su administración enfrenta retos significativos: desde la persistente violencia vinculada al crimen organizado hasta las crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos.

    “Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”, expresó la mandataria durante su primer informe de Gobierno, realizado a inicios de septiembre.

    La primera mujer en gobernar México ha impulsado avances en programas sociales y logrado estabilidad económica, sin embargo, su estrategia en materia de seguridad genera dudas. A esto se suma un escenario internacional complicado, particularmente con Washington.

    Según el analista en seguridad David Saucedo, la gestión de Sheinbaum puede evaluarse desde distintas ópticas.

    “Si nos basamos en promesas de campaña, queda a deber, pues ofreció reducir los homicidios en un 50 %, algo que aún está lejos de cumplirse”, señaló Saucedo.

    Aunque cifras oficiales reportan una reducción del 25 % en homicidios durante los primeros 11 meses de su mandato, el promedio diario aún ronda los 65 asesinatos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 % de los ciudadanos consideran la inseguridad como el principal problema del país.

    “La narrativa oficial habla de un país más seguro, pero el ciudadano de a pie no lo percibe. Incluso las encuestas oficiales muestran una percepción reprobatoria hacia las instituciones de seguridad”, explicó Saucedo.

    A pesar de estos contrastes, Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad, similar a los que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

    “A la presidenta se le percibe como bien intencionada, austera, luchando contra los cárteles, y esa imagen compensa el mal desempeño en seguridad”, añadió el experto.

    Otro eje crítico es la relación con Estados Unidos. Saucedo indicó que la Casa Blanca percibe al Gobierno mexicano como temeroso ante los cárteles y lo acusa de maquillar cifras.

    “Washington ejerce una presión constante mediante amenazas arancelarias para obligar a México a frenar la migración y el tráfico de drogas”, comentó.

    Entre las exigencias están el aumento en decomisos, extradiciones y presencia de la Guardia Nacional en las fronteras, además de sanciones como la cancelación de visas a funcionarios mexicanos.

    Durante este primer año, el mapa criminal también se ha reconfigurado. La división interna del Cártel de Sinaloa provocó nuevas alianzas: los ‘Chapitos’ se acercaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que Ismael “El Mayo” Zambada consolidó una coalición con otros grupos regionales.

    “Hoy hay dos grandes bandos en pugna, además de cárteles medianos e independientes como la Familia Michoacana, que aprovechan la coyuntura. Esto ha desatado una especie de guerra civil en el mundo criminal, con violencia extendida en varias regiones del país”, indicó Saucedo.

    Entre los mayores desafíos del Gobierno están el “narcoterrorismo”, es decir, ataques del crimen organizado contra civiles para sembrar terror y presionar al Estado, y la “narcopolítica”, que implica la infiltración de los cárteles en procesos electorales mediante amenazas o financiamiento.

     

  • Policía captura a presunto asesino de una mujer en Nuevo Cuscatlán

    Policía captura a presunto asesino de una mujer en Nuevo Cuscatlán

    La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este viernes a Raúl Oswaldo Pérez, acusado de asesinar a una mujer de 21 años en el distrito de Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este.

    La Policía dijo que el hombre de 32 años será procesado por homicidio, al mismo tiempo que reiteró que “nadie escapa de la justicia” y de que “ningún delito quedará impune” en El Salvador.

    El 9 de septiembre, la PNC dijo que el cuerpo de la víctima fue localizado en estado de descomposición en dicha jurisdicción.

    Esta no es la única captura que se ha realizado en las últimas horas contra homicidas. La PNC confirmó la detención de Melvin Aníbal Godínez Saldaña, responsable de asesinar a un hombre de 80 años el 12 de septiembre en el distrito de Tacuba, Ahuachapán.

    El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que el asesino era sobrino de la víctima y lo asesinó por rencillas personales.

    Godínez Saldaña se introdujo a la casa de la víctima para robar $2,000 de la venta de un lote y, al no encontrar el dinero, lo golpeó hasta causarle la muerte.

     

    Homicidios

    En lo que va del mes, al menos cinco personas han sido asesinadas en diferentes puntos del país.

    Los primeros dos hechos sangrientos se registraron el 1 de septiembre, uno en Acajutla, Sonsonate Oeste, en donde un hombre de 45 años fue lesionado con un objeto contundente en la cabeza y rostro.

    El segundo homicidio se registró en Santiago de María, municipio de Usulután Norte. Se trata de una mujer de 29 años que fue herida en la muñeca derecha y tenía golpes en varias partes del cuerpo.

    El tercer homicidio corresponde a la joven de 21 años que fue asesinada por Pérez y fue localizada el 9 de septiembre por las autoridades.

    Este viernes también cerró con dos homicidios, el primero en Tacuba, por el que fue capturado Godínez Saldaña, y el segundo ocurrió en Lolotiquillo, Morazán Sur. Este último caso es el de una mujer de 78 años que murió por heridas de arma blanca en el abdomen.

  • Ataques con drones kamikazes han dejado a 300 pandilleros muertos en Haití

    Ataques con drones kamikazes han dejado a 300 pandilleros muertos en Haití

    Las fuerzas de seguridad de Haití han abatido a más de 300 integrantes de bandas armadas en los últimos cinco meses mediante el uso de drones kamikazes, en una estrategia que, pese a su impacto, sigue siendo insuficiente para frenar la ola de violencia que azota Puerto Príncipe.

    De acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), al menos 300 pandilleros fueron eliminados y más de 400 resultaron heridos —algunos de gravedad— desde que el gobierno haitiano inició el uso de drones explosivos a comienzos de este año. La estrategia, sin embargo, ha fallado en alcanzar a los principales líderes criminales, como Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, quien logró escapar durante la primera operación en Delmas 6.

    Un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reveló que entre abril y junio de 2025 murieron 814 personas y 449 resultaron heridas en el marco de las operaciones policiales, el 36 % de ellas por ataques con drones explosivos.

    El despliegue de esta tecnología fue anunciado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en marzo, cuando se creó un grupo de trabajo conjunto entre la Presidencia y el Consejo Presidencial de Transición (CPT) para coordinar ataques a gran escala contra las pandillas. La estrategia incluye a 360 agentes de unidades élite de la Policía Nacional de Haití, formados en técnicas de pilotaje de drones por la unidad francesa RAID, especializada en intervenciones de alto riesgo.

    No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que los resultados han sido limitados. “Los resultados hasta ahora no nos parecen concluyentes. En cualquier caso, no lo suficiente”, afirmó Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la RNDDH. Agregó que sospechan de posibles filtraciones de información, ya que “no tiene sentido que en intervenciones aparentemente aleatorias los jefes de bandas siempre logren escapar”.

    Además del bajo nivel de precisión, los drones kamikazes también han provocado daños colaterales. El pasado 19 de agosto, dos agentes de la unidad SWAT murieron tras un accidente con uno de estos dispositivos en Kenscoff. Según reportes preliminares, vecinos transportaban el dron como un acto de colaboración, sin saber que portaba explosivos. La Policía Nacional anunció una investigación, pero el sindicato policial cuestionó la versión oficial y calificó el hecho como “más grave de lo que se presenta”.

    La ONU alertó que los barrios de Gran Ravine, Martissant y Village-de-Dieu han sido los más golpeados por la intensificación de los operativos, al tiempo que las pandillas siguen cometiendo abusos contra los residentes en las zonas que ya controlan.

    El organismo internacional también criticó la opacidad del gobierno haitiano al no divulgar detalles sobre la estructura, funciones o integrantes del grupo que dirige el uso de drones explosivos en el terreno.

     

  • Ataques terroristas coordinados en dos ciudades colombianas dejan 13 muertos

    Ataques terroristas coordinados en dos ciudades colombianas dejan 13 muertos

    Colombia vivió este jueves una nueva jornada de violencia con dos ataques casi simultáneos que dejaron al menos 13 muertos y más de 20 heridos. Un carro bomba en Cali, en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), pusieron en alerta al Gobierno y a las fuerzas de seguridad.

    El primer atentado ocurrió en Cali, tercera ciudad más importante del país, donde un camión cargado de explosivos estalló cerca de la instalación militar, causando la muerte de cinco personas y dejando 14 heridos. El hecho ocurre apenas semanas después de la ola de violencia registrada el pasado 10 de junio, cuando siete ataques con explosivos en el Valle del Cauca dejaron siete muertos y más de cincuenta heridos.

    La situación se agrava porque en la región tienen fuerte presencia disidencias de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas herederas del paramilitarismo. Los ataques de junio fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, aunque el atentado de este jueves no ha sido reivindicado por ninguna organización armada.

    De forma paralela, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado, presuntamente con un dron, mientras apoyaba labores de erradicación manual de cultivos de coca. El ataque dejó ocho policías muertos y ocho heridos, según informó el Gobierno. En esa zona operan el Frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más poderoso del país.

    El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno declarará como “organizaciones terroristas” al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia, las principales disidencias de las antiguas FARC.

  • Iglesias católica y evangélica de Honduras creen posible "caminar juntos" y llaman a votar

    Iglesias católica y evangélica de Honduras creen posible «caminar juntos» y llaman a votar

    Las Iglesias católica y evangélica de Honduras expresaron este sábado que «es posible caminar juntos» en el país, e invitaron a la población a acudir a votar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

    «Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente, por ello invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar a que el 30 de noviembre de este 2025 ejerzan con respeto, responsabilidad de ilusión, su derecho a voto, cada quien en su conciencia que opte», subraya el mensaje de las dos Iglesias leído al final de la caminata de oración por Honduras, a la que invitaron desde el 18 de julio.

    La declaración fue leída por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, acompañado del pastor Gerardo Irías, de la Confraternidad Evangélica.

    La caminata, que duró unas dos horas y se celebró a lo largo de un bulevar de la capital hondureña, fue acompañada por miles de personas, entre hombres, mujeres y niños, a las que su sumaron otras que lo hicieron en algunas de las principales ciudades del país.

    «Hoy, en muchas ciudades de nuestra patria y más allá de nuestras fronteras, hemos caminado juntos, movidos por la fe en Jesucristo y por un sincero amor a Honduras. Esa ha sido siempre la recta intención de esta caminata, con este acto pacífico y pacificador, queremos dar un mensaje de esperanza, esperanza a todos los hondureños», subraya el mensaje.

    Con anticipación, la caminata, en la que la mayoría de sus participantes portaban banderas de Honduras, fue criticada con dureza por algunos funcionarios y activistas del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

    Las dos Iglesias resaltaron que «la mirada atenta de la ciudadanía acompañará ese proceso democrático como lo hacemos cada cuatro años. Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad».

    Además, le expresaron, «con sincero amor fraterno», a todos los candidatos a cargos de elección popular, que «oramos por ellos, y como ya dijimos, sería muy positivo que establecieran momentos de encuentro y diálogo abierto en busca de bien poder que tanto anhelamos todos los hondureños hondureñas».

    «Más aún, les sugerimos que expresen públicamente cuáles son los valores que les inspiran, como un nuevo acto de transparencia y formación», añade el mensaje leído por Nácher.

    El día de la invitación a la caminata las dos Iglesias expresaron que podrían acompañarles «personas particulares, familias, grupos, asociaciones de todos los pensamientos y estilos que compartan nuestro amor sincero por Honduras. Sin embargo, rogamos a los señores y señoras candidatos (as) a cargos públicos, que, para evitar malos entendidos, sean los únicos que no asistan ese día. Podemos vernos y hablar con ustedes en otro momento, con mucho gusto».

    En las mantas que portaban algunos participantes en la caminata se leían mensajes como «Honduras no se rinde, ama a Cristo», «Unidos por la familia», «En familia fortalecemos la paz y la democracia» y «Un país guiado por Dios camina junto».

  • EEUU no ve "informes creíbles" de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    EEUU no ve «informes creíbles» de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    Estados Unidos sostuvo el martes en su informe anual sobre derechos humanos que en El Salvador «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos» , asegura que la violencia de pandillas se mantuvo en un mínimo histórico durante el estado de excepción y que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.

    «No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», dice el informe del Departamento de Estado.

    Según el informe, el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado mensualmente, ha mantenido los niveles de violencia de pandillas en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones.

    Aunque el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. 2024 destaca la reducción de la violencia de pandillas como un logro significativo, también subraya que persisten desafíos en derechos fundamentales como las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales.

    Sin embargo, el documento advierte que esta política ha implicado miles de detenciones masivas, incluyendo casos de arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

    «Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la Procuraduría para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», destaca el reporte.

    Denuncias contra la PNC y Fuerza Armada

    El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

    Hasta agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.

    El informe menciona que la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía. Diez víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.

    Hasta agosto, el Consejo Nacional para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia recibió una denuncia de abuso cometido por policías o guardias penitenciarios en sus centros de detención juvenil e informó que el caso estaba bajo investigación.

    El informe dice que al 16 de agosto, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.

    Según el Departamento de Estado, en junio, el gobierno salvadoreño informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.

    Ataques a periodistas y denuncias laborales

    Si bien la Constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión y de prensa, el informe advierte que persisten tensiones entre el gobierno y medios de comunicación críticos.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó en 2024 cinco casos de intimidación en línea y tres amenazas legales contra periodistas presuntamente realizadas por funcionarios públicos.

    En materia laboral, el documento subraya demoras en la acreditación de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, lo que impide su participación en negociaciones colectivas.

    El derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios considerados esenciales, mientras que en sectores como el agrícola y textil se mantienen violaciones a las leyes salariales y de seguridad laboral. También documenta acoso sexual y malos tratos contra trabajadoras domésticas.

    El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones.

    El informe recuerda que hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical.

    Protección a grupos vulnerables y refugiados

    El Departamento de Estado reconoce avances como la aplicación de la ley contra el matrimonio infantil y la naturalización de siete refugiados, primera vez que ocurre en el país.

    No se reportaron incidentes de antisemitismo, pero el organismo advirtió sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a solicitantes de asilo y personas con estatus de refugio.

     

     

  • EE.UU. ofrece $5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier, alias Barbecue

    EE.UU. ofrece $5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier, alias Barbecue

    El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó este martes a $5 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, considerado el líder pandillero más peligroso de Haití y cabecilla de la banda Viv Ansanm.

    La oferta, que duplica los $2 millones anunciados anteriormente, se produce después de que el Gobierno haitiano declarara estado de emergencia por tres meses, tras una escalada de violencia que mantiene bajo control de las pandillas al 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

    El pasado jueves, Cherizier amenazó con “derrocar” al Consejo Presidencial de Transición, organismo encargado de restaurar la estabilidad política y convocar elecciones a finales de este año.

    “Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, afirmó la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris, al justificar la recompensa.

    La funcionaria subrayó que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de sus ciudadanos “en cualquier lugar del mundo” y que la violencia en Haití “debe terminar”.

    Según la acusación, tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias “Fredo” —haitiano naturalizado estadounidense—, enfrentan cargos por conspiración para transferir fondos ilegalmente desde EE.UU. y financiar actividades criminales en violación de sanciones estadounidenses.

    Las autoridades estadounidenses llaman a la población a colaborar con información que permita ubicar a “Barbecue”, cuyo accionar violento ha desatado una crisis humanitaria y ha paralizado gran parte de la vida económica y social de Puerto Príncipe.

     

  • Siete muertos y 13 heridos en ataque armado durante velorio en Ciudad de Guatemala

    Siete muertos y 13 heridos en ataque armado durante velorio en Ciudad de Guatemala

    Al menos siete personas murieron y 13 más resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado durante un velorio en Ciudad de Guatemala, según confirmaron las autoridades locales.

    El hecho violento ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando varios hombres armados irrumpieron en un tanatorio de la Avenida Centroamérica, disparando indiscriminadamente contra los asistentes al servicio fúnebre. El ataque generó caos y pánico entre los presentes.

    Según medios locales, al menos 13 personas fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales, algunas en estado grave. Tres de ellas fueron llevadas urgentemente al Hospital General San Juan de Dios por cuerpos de socorro.

    Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) continúan recabando evidencias en el lugar de los hechos, sin que hasta ahora se haya determinado el móvil del ataque ni la identidad de las víctimas.

    Las autoridades guatemaltecas aún no han confirmado si el ataque está relacionado con ajustes de cuentas, pandillas u otro tipo de crimen organizado, aunque en los últimos meses la violencia armada en la capital guatemalteca ha ido en aumento.

     

  • Costa Rica proyecta hasta 900 homicidios en 2025 por violencia del narcotráfico

    Costa Rica proyecta hasta 900 homicidios en 2025 por violencia del narcotráfico

    Las autoridades de Costa Rica estiman que el país cerrará el 2025 con una cifra de entre 880 y 900 homicidios, nivel similar al registrado en 2024, impulsado en gran medida por disputas entre bandas narcotraficantes, según informó este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

    El subdirector del OIJ, Michael Soto, reveló que hasta la fecha se contabilizan 502 asesinatos, con un promedio diario de 2.4 homicidios.

    Del total, un 74 % está vinculado directamente con ajustes de cuentas o venganzas derivadas de conflictos por el control territorial entre grupos del crimen organizado. Además, el 79 % de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego, lo que refleja el alto grado de violencia con que operan estas estructuras delictivas.

    “Esto nos lleva a proyectarnos entre 880 y 900 homicidios al finalizar el año. Se ejecutan operativos policiales todos los días, con entre 8 y 10 allanamientos, principalmente relacionados con drogas. Sin embargo, la violencia continúa, especialmente en San José y Limón”, señaló Soto.

    En la capital costarricense, el debilitamiento de grupos criminales por la captura de sus líderes ha provocado el surgimiento de nuevas cabecillas que intentan recuperar el control territorial, desatando más violencia. Mientras tanto, en Limón —zona estratégica del Caribe— pequeños traficantes intentan ganar terreno frente a las grandes estructuras, lo que también deriva en homicidios.

    Costa Rica cerró el 2024 con 880 asesinatos, la segunda cifra más alta de su historia, alcanzando una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2023, el país registró 905 homicidios, el récord histórico, con un incremento del 38 % respecto a 2022.

    Las autoridades insisten en que continuarán reforzando las acciones operativas para contener la criminalidad, aunque reconocen que la lucha por el control del narcotráfico seguirá siendo un desafío persistente en varias provincias del país.