Redacción HCloud

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  • Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de ingreso al país contra 61 ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

    El Departamento de Estado informó que las restricciones de visados afectan a 21 personas de Colombia, a quienes vincula con actividades que perjudican el funcionamiento de las instituciones democráticas.

    La institución estadounidense señaló que los sancionados «mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».

    Entre los colombianos incluidos en la medida se encuentran el expresidente de la empresa petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien permanece detenida en Colombia por su vinculación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

    Las restricciones también alcanzan a los exsenadores colombianos Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Estas personas forman parte del grupo de 21 ciudadanos a quienes las autoridades estadounidenses decidieron limitar el acceso a su territorio.

    Estados Unidos también restringe visados a 40 bolivianos

    El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, extendió las restricciones migratorias a otras 40 personas de Bolivia, entre ellas antiguos integrantes del Ministerio Público y funcionarios del sistema judicial, como parte de la misma campaña contra la corrupción y el tráfico de drogas.

    En la lista de ciudadanos bolivianos aparecen los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, quien está al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz, según la información divulgada sobre las nuevas restricciones.

    La medida también comprende al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; al juez Julio Alba y al director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz. A ellos se suman los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, quienes también figuran entre las personas afectadas por la decisión estadounidense.

    Entre los funcionarios de seguridad y migración incluidos se encuentran el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.

    Las restricciones forman parte de las acciones de Washington contra personas a las que relaciona con corrupción y narcotráfico en la región.

     

  • EE.UU. restringe visados a transportistas mexicanos por «facilitar inmigración ilegal»

    EE.UU. restringe visados a transportistas mexicanos por «facilitar inmigración ilegal»

    Estados Unidos anunció este miércoles la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de «facilitar la inmigración ilegal» hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.

    «Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos», detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

    Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.

    La medida «se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos», aunque la nota no revela de qué empresa se trata.

    «Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración», apuntó el Departamento de Estado.

    Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trump «garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias».

    Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.

    El Gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.

  • Trump lanza la ‘tarjeta dorada’, que facilita visados por «pago voluntario» de $1 millón

    Trump lanza la ‘tarjeta dorada’, que facilita visados por «pago voluntario» de $1 millón

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece la creación de la llamada “tarjeta dorada”, un programa que permitirá a ciudadanos extranjeros acelerar el proceso de obtención de visados mediante un aporte económico de $1 millón.

    “Por la presente anuncio la Tarjeta Dorada, un programa de visados supervisado por el secretario de Comercio que facilitará el ingreso de extranjeros que hayan demostrado su capacidad y deseo de promover los intereses de Estados Unidos proporcionando voluntariamente un importante regalo financiero a la Nación”, señaló Trump en un comunicado de la Casa Blanca.

    Según la orden, los solicitantes individuales deberán entregar $1 millón, mientras que las corporaciones o entidades que gestionen visados a nombre de terceros deberán aportar $2 millones. El programa se mantendrá bajo supervisión de los departamentos de Comercio, Estado y Seguridad Nacional, y los fondos se destinarán al Departamento del Tesoro para “promover el comercio y la industria estadounidense”.

    Trump justificó la medida como un giro estratégico frente a las políticas de la administración anterior:

    “Mi Administración ha trabajado incansablemente para deshacer las desastrosas políticas migratorias de la Administración anterior, que generaron una avalancha de inmigrantes (…). Es una prioridad realinear la política federal de inmigración con los intereses de la Nación, priorizando la admisión de empresarios, inversionistas y hombres y mujeres de negocios exitosos”, afirmó Trump.

    La iniciativa busca fortalecer la economía estadounidense atrayendo capital extranjero a través de un sistema de visados preferenciales. No obstante, especialistas advierten que el plan podría abrir debates sobre la mercantilización de la inmigración y su impacto en la igualdad de acceso a los procesos migratorios.