Vamos espera que instituto de formación fiscal se base en principios democráticos, derechos humanos y Estado de Derecho

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, aseguró ayer que espera que el nuevo Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, aprobado por decreto el 11 de febrero, se base en principios democráticos, de Estado de Derecho, y de respeto a los derechos humanos y garantías judiciales.

«Es un hecho que es importante la formación profesional. Lo que nosotros esperamos es que realmente la formación profesional esté basada en principios democráticos, garantías judiciales, derechos fundamentales de la población y respeto al Estado de Derecho», indicó la diputada, en declaraciones a periodistas. Ortiz votó a favor de la creación del Instituto.

La legisladora advirtió que la Asamblea Legislativa ha aprobado reformas que buscan que la Fiscalía General de la República no cumpla los plazos originalmente establecidos por la ley, en referencia a las reformas penales que permitieron prolongar el plazo en que los capturados bajo el régimen de excepción podían ser acusados formalmente por la FGR ante un juez.

«Hay reformas para que la Fiscalía tenga más fácil ir no cumpliendo los plazos, para no presentar acusaciones formales, se le ha ido haciendo facilidades a la Fiscalía para que no haga un trabajo en tiempo, violando las garantías fundamentales a las personas», observó.

El 15 de agosto, la Asamblea reformó la Ley contra el Crimen Organizado para permitir que los detenidos durante el régimen de excepción sigan bajo arresto por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía. El dictamen aprobado sostvo que 88,875 detenidos debían ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado y acusados por 300 auxiliares fiscales en 600 juicios.

Antes, el decreto legislativo 803 de “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción” permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados, a partir de su vigencia 25 de agosto de 2023. El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022. El Gobierno reportó en enero que ha capturado a 91,000 personas bajo el régimen.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *