Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir la apostilla en trámites comerciales aduaneros, con el fin de crear “un clima de negocios atractivo” para inversores nacionales y extranjeros.
La reforma también quita el requisito de presentar copias autenticadas impresas o firmas manuscritas.
En la reforma se incorporó un nuevo artículo 4-A para que, «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero», no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas, «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».
También establece: «Tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.
Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados innecesarios entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.
En el pleno, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró: «No estamos eliminando el control de la apostilla por ejemplo, sino que se racionaliza el momento en que se exige. Pasamos de un control rígido y previo, que puede y retrasa y frena la actividad económica a un control que es inteligente y que es verificable».
La diputada dijo que esto impacta en inversionistas que están «interesados de hacer negocios» en El Salvador. «Busca reducir las barreras formales y mejorar la competitividad del país frente a otras naciones y fortalecer la atracción de inversión», opinó.
Señaló que la base de esta reforma es el principio de «antiformalismo». «No estamos haciendo una reforma menor, dado que estamos ajustando la forma en cómo interactúa la administración pública con la sociedad y la ciudadanía», indicó. Aseveró que la reforma «no contradice el derecho internacional».
Para la diputada Marcela Villatoro, de Arena, se podrían violar los principios de transparencia y rendición de cuentas en el tema de las compras públicas. «Debería de haberse estudiado un poquito más», observó. Señaló que cuando la facilidad se le da a una empresa que «falsifica sus documentos», la culpa no sería de la empresa sino del Gobierno. «Al final, es un daño a la transparencia», dijo en declaraciones a periodistas.
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