Uno de los compromisos alcanzados en el acuerdo entre el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del gobierno de El Salvador en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que promete un desembolso de $120 millones, incluye la “aplicación adecuada y oportuna” de Ley Anticorrupción y la mejora de la “gobernanza, responsabilidad y transparencia” en el país.
«Tras la adopción de la Ley Anticorrupción, la atención se centrará en garantizar una implementación adecuada y oportuna para complementar los esfuerzos en curso encaminados a mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general», reza el acuerdo, citado por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y jefe de misión para El Salvador, Sr. Torre, en una declaración publicada este martes.
En el comunicado de prensa del FMI, sobre el acuerdo de la primera revisión del SAF, el FMI señala «un progreso sustancial en la ambiciosa agenda de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia» en El Salvador.
Uno de los compromisos de El Salvador de gobernanza y transparencia en el acuerdo con el FMI fue «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
Otro de los acuerdos fue aprobar legislación para la colaboración de la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República, y la colocación de «abogados, notarios, contadores y auditores bajo un marco de monitoreo basado en riesgos», siguiendo la Recomendación 28 del Grupo de de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de febrero de 2025 una Ley Anticorrupción que obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar «informes de activos y pasivos» cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y sus adendas fueron públicas en 2015 y 2016, pero desde 2017 se empezaron a emitir reservas hasta que en 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) indicó que las adendas eran confidenciales.
La ley crea un Centro Nacional Anticorrupción (CNA) y un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), ambos estarían dirigidos por la Fiscalía General de la República.
El acuerdo con el FMI también requiere una legislación que requiera «la presentación y actualización» de la propiedad de todas las personas jurídicas registradas en El Salvador según los estándares del GAFI.
Así mismo, para finales de marzo de 2025, se comprometió a publicar todas las personas adjudicatarias de contratos públicos, información de los contratos y emitir una reglamentación que limite las excepciones que permiten compras de bienes y servicios sin procesos competitivos.
En su informe de marzo de 2025, el FMI señaló que en 2020 hubo retrocesos en la transparencia fiscal con la suspensión en 2020 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero también advirtió que se habían publicado saldos de la deuda de pensiones, modificaciones presupuestarias, información sobre propiedad de empresas públicas.
El acuerdo también le exige transparencia en una presentación más exhaustiva de resultados y proyecciones fiscales, incluido un Marco Fiscal de Mediano Plazo a finales de octubre de 2025; en las transacciones en bitcoin y en los estados financieros auditados de Chivo a finales de julio de 2025; y un plan para terminar con el uso de fondos públicos y participación pública en Chivo a finales de 2025.
Deja una respuesta