La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó en línea ante la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe que reúne denuncias de violaciones a derechos humanos durante los primeros cuatro años del régimen de excepción en El Salvador y a la vez solicitó abrir un examen preliminar de las muertes de detenidos en custodia estatal.
La presentación del informe se realizó el 2 de marzo de 2026 y está titulado “Crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de El Salvador contra población civil inocente”, de acuerdo a la imagen del envío de la denuncia compartida en X.
“Nos notifica de recibido el informe sobre graves violaciones a DDHH durante estos 4 años de la medida régimen de excepción contra personas inocentes en El Salvador”, publicó el movimiento.
El SHJ solicitó a la Oficina del Fiscal de la CPI investigar la responsabilidad estatal, incluyendo el rol de las autoridades penitenciarias, policiales, militares y oficiales de gobierno que autorizaron o toleraron dichos actos; así como asegurar la rendición de cuentas de crímenes cometidos bajo el régimen de excepción y proveer garantías de no repetición para víctimas y sus familias.
Hasta el 1 de marzo, el SHJ posee un registro de 491 muertes de adultos detenidos bajo el régimen de excepción, algunos por negligencia por falta de atención médica, muerte violenta, causa desconocida u otras causas. El movimiento asegura que también han muerto cuatro menores de edad.
“No tuvieron derecho de audiencia y murieron por negación del derecho a la salud, tratos crueles, homicidios agravados debido a masivas detenciones arbitrarias”, indicó la organización.
“Es nuestro derecho comunicar estas violaciones a los mecanismos internacionales de los distintos instrumentos legales internacionales como el Estatuto de Roma y la CPI”, indicó.
Para presentar el escrito, la organización citó los artículos 6, 7, 8 y 15 del Estatuto de Roma, sobre crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y sobre el derecho que tienen víctimas y organizaciones para entregar al fiscal de la Corte Penal Internacional con el fin de que inicien un examen preliminar de sus denuncias.
La organización ha asegurado en redes sociales que 2026 podría convertirse en el año más mortífero en las cárceles salvadoreñas, ya que registró ocho personas fallecidas en enero, 11 en febrero y una en lo que va de marzo, la mayoría «del Centro Penal de Izalco, el mismo lugar donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no realiza supervisiones, según sus propios informes», argumenta la organización, que dice que el 94 % de las víctimas no tenían perfil de miembro de pandillas.
El régimen de excepción es defendido por el Gobierno salvadoreño como el mecanismo principal que ha disminuido los homicidios y ha convertido a El Salvador en el país más seguro del Hemisferio Occidental. El Gobierno reconoce que hay un margen de error y ha dicho que por ello se han liberado 8,000 personas que fueron capturadas bajo régimen de excepción. Hasta febrero, el Gobierno reportaba 91,300 personas capturadas a quienes acusan de pandilleros o terroristas.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha dicho que «es una leyenda» que los muertos de reos salvadoreños se deban al régimen de excepción.
En febrero pasado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por el «elevado» número de muertes bajo custodia en El Salvador.
La Oficina de la Fiscalía (OTP) de la Corte Penal Internacional se encarga de examinar situaciones bajo jurisdicción de la Corte en las que aparentemente se ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad, y de llevar a cabo investigaciones contra los presuntos máximos responsables de los crímenes. Esta realiza exámenes preliminares para decidir si existe una base razonable para iniciar una investigación. El Estatuto de Roma inició su vigencia el 1 de julio de 2002.
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