La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, propuso ayer aprobar una reforma al artículo 10 de la Ley de Bancos, con el fin de no derogarlo y establecer requisitos a los accionistas bancarios provenientes del extranjero.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha sostenido que la eliminación del artículo 10 no suprime las facultades de la Superintendencia para supervisar los bancos, ya que en los artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos se establecen requisitos de idoneidad para entrar al sistema financiero como institución bancaria y se establece la obligación para los accionistas relevantes de presentar estados financieros anuales.
La Asamblea Legislativa derogó el artículo 10 de la Ley de Bancos con el objetivo de suprimir el mínimo del 51 % de acciones salvadoreñas o centroamericanas que exigía. El artículo exigía un mínimo del 51 % de accionistas centroamericanos o extranjeros pero calificados por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.
«Ese artículo no debía derogarse, debió haberse reformado. Lo que vemos es que derogan todo un artículo, lo cual es muy grave, lo que está quitando es controles. Estas reformas, ¿para qué se están haciendo? Lo que nosotros podemos percibir es que se están quitando controles». Cesia Rivas, diputada de Vamos.
Rivas pidió establecer en el mismo artículo que «la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo».
Para los accionistas bancarios provenientes del extranjero, la diputada de oposición propuso los siguientes requisitos:
a) Estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria.
b) Estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales.
A ello sugirió agregar que la Superintendencia «deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada».
La propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.
En contraposición, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos permitirá florecer a la economía salvadoreña y que incrementen las competencias del sector bancario, «generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.
“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. “Al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”, subrayó.
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