La Asamblea Legislativa aprobaría en su sesión plenaria del miércoles un conjunto de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE), una de las cuales obligaría a las instituciones del Estado a compensar a las MYPE si les pagan sus bienes o servicios con más de 30 días de retraso.
Actualmente el artículo 32 de la ley señala que las instituciones del Estado deben cancelar bienes y servicios a las micro y pequeñas empresas “en un tiempo máximo de 30 días”.
Una de las reformas mantienen dicha obligación para las instituciones del Estado, pero agrega que, si los pagos se realizan después, estas instituciones públicas “deberán resarcir el retraso con una compensación a favor de las MYPE, equivalente al interés legal mercantil vigente sobre las sumas adeudadas”.
Según la reforma, habrá ciertos «mecanismos» para priorizar estos pagos dentro de cada institución estatal. Según la reforma al artículo 32, el Ministerio de Hacienda “establecerá los mecanismos para priorizar la cancelación del pago de las cuentas por pagar a las mype presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quien haga sus veces” de cada institución del Estado.
“No les pagamos a tiempo. En la ley siempre ha habido el pronto pago pero no tiene dientes. Con esta reforma, le están obligando a la institución que le paga mayor a 30 días a pagar intereses sobre su retraso”, explicó el titular de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner.
El funcionario aseguró que el Ministerio de Hacienda ya hizo modificaciones «a los procedimientos para que todas las instituciones puedan pagar en menos de 30 días todas sus facturas de micro y pequeñas”.
“Tenemos varios ejemplos de empresas que quiebran lastimosamente porque no se les pagó a tiempo su factura y llevan hasta un año”, afirmó. Se refirió a gestiones públicas anteriores en la alcaldía de San Salvador.
El presidente de Conamype informó que en El Salvador hay 290 empresas grandes, 2,830 empresas medianas, 17,000 pequeñas empresas, 290,000 microempresas que emplean entre 4 y 10 personas, y 840,000 que emplean menos de 4 meses. «El 99.6 % de toda la población empresarial son micros y pequeños empresarios», indicó. “La clave está en que estamos creciendo de abajo para arriba, lo que se estableció como estrategia en el Plan Cuscatlán desde un inicio”, observó.
La reforma fue dictaminada el lunes en medio de críticas de la diputada Cesia Rivas, de Vamos, porque la reforma elimina la referencia a las mujeres y también excluye de la junta directiva de Conamype a las universidades.
El Ministerio de Hacienda no ha publicado el monto adeudado a proveedores por bienes y servicios prestados al Estado.
En junio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de sostenibilidad fiscal que obliga al Ministerio de Hacienda a publicar un informe mensual que contenga “la deuda en bienes y servicios y en transferencias” que tengan un atraso de 90 días o más en Tesorería, y de notas de crédito y Letras del Tesoro (Letes), y el flujo de Letes emitidos y cancelados. Según la normativa, el informe debiera publicarse en los primeros 10 días hábiles de cada mes.
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