El presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó hoy en X las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos realizadas el martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en El Salvador en donde un grupo de expertos aseguró que había bases para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador.
El mandatario señaló a las organizaciones de defender «únicamente» los derechos «de los criminales».
«Un buen momento para recordar esto, donde, sin saberlo, respondí al 100% de las acusaciones que hoy hacen quienes ÚNICAMENTE defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la ÚNICA PRIORIDAD de estas organizaciones», expresó el presidente.
Poco antes, había escrito en X: «Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto. Gracias a Dios».
En el video compartido por Bukele, él asegura que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes». «A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes», insistió Bukele.
La CIDH celebró una audiencia el martes en donde organizaciones como Critosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) expusieron que el régimen de excepción, la concentración de poder, la falta de independencia judicial y la Ley de agentes extranjeros han propiciado en El Salvador una «persecución contra personas defensoras» y que en el país hay “un esquema que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la defensa de los derechos humanos”. Citaron que, entre 2019 y 2025, se documentaron 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas; y 55 de hostigamiento contra defensores y periodistas en 2025.
Las organizaciones señalaron uso automático de la detención provisional, ampliaciones del plazo de la instrucción, limitaciones para acceder al expediente judicial, apertura de múltiples procesos contra una misma persona, hacinamiento grave e incomunicación prolongada de las personas defensoras que están privadas de libertad.
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