La organización Cristosal informó que este sábado, la abogada salvadoreña Ruth López cumplió 300 días desde que fue detenida en mayo del año pasado, preliminarmente señalada de peculado, pero luego, acusada de enriquecimiento ilícito.
A través de sus redes sociales, Cristosal indicó que el caso se mantiene en reserva y la mayor parte de su tiempo en prisión ha estado incomunicada de su familia y sus abogados. Tampoco han permitido que organismos internacionales confirmen su estado.
También destacaron que durante este tiempo, Ruth ha recibido cinco reconocimientos por su trabajo. La abogada era la jefa anticorrupción de Cristosal, al momento de ser detenida. Recientemente, a López le fue otorgado el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.
López declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.
La semana anterior, un informe de Cristosal señaló que al menos 245 perseguidos políticos, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025.
Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.
Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.
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