El cardenal Gregorio Rosa Chavez fue preguntado esta mañana sobre la situación de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, sobre personas consideradas presas políticas en El Salvador y también sobre un polémico informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en el cual se asevera que se han cometido delitos de lesa humanidad.
El religioso exhortó a tener paciencia histórica.
“Creo que es bueno tener esa información objetiva, que obliga a tomar postura y obliga a ser responsable. Decía Romero la mentira tiene las patas cortas. Hay que tener paciencia histórica para que las cosas encuentren de repente la luz de la verdad y también de la justicia y también del perdón porque sin perdón no hay justicia verdadera, la venganza nunca traerá paz”, opinó.
El líder religioso consideró que “la gente tiene fuentes de información independientes, gente que se arriesga para que la gente conozca la verdad”, y lo comparó con lo que está pasando con la guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está en apuros, la gente está conociendo que no tiene sentido”.
Rosa Chávez ve algo “no correcto” en el estado de excepción desde su origen. “Excepción es ‘para mientras’, llevamos cuatro años, por tanto, hay algo que está, una especie de pecado original, verdad, y por tanto algo está totalmente no correcto”, expresó.
“Lo hemos dicho públicamente, incluso por escrito, ese caso, con nombre y apellido, baste ese documento que pide que ese trato se trate como tiene que ser, así que eso está clarísimo, y estamos esperando la respuesta”, indicó, sobre la situación de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, quienes según las organizaciones se encuentran presos sin tener comunicación con sus abogados ni con sus familiares y para quienes la CIDH ha solicitado medidas cautelares.
La detención de personas como estos abogados es un tema de discusión en El Salvador, en el cual el Gobierno argumenta que los defensores de derechos humanos no están inmunes a la justicia por la comisión de delitos.
El Gobierno también defiende el régimen de excepción como una medida de seguridad que ha logrado disminuir los homicidios y sacar a los pandilleros de las calles; y está dispuesto a seguirlo aprobando mientras la población lo respalde.
El informe presentado por el GIPES pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la situación salvadoreña “evaluando la existencia de bases razonables para iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos, cometidos en el marco de la política de seguridad iniciada en 2021 por el presidente Bukele”.
El Gobierno ha señalado que el GIPES ha pedido liberar a los pandilleros, basándose en que en el informe asegura que las detenciones masivas de más de 89,000 personas “han estado marcadas por la arbitrariedad, la ausencia de órdenes judiciales, el uso de perfiles discriminatorios y la inexistencia de pruebas individualizadas”. “Bajo esa lógica, la liberación del 100 % de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, se pronunció el presidente Bukele en rechazo al informe.
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