El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, llegó este martes a la Asamblea Legislativa a solicitar una reforma a la Constitución de la República para levantar la prohibición de la pena perpetua por la comisión de ciertos delitos graves. El diputado Ernesto Castro, presidente legislativo, aseguró que conocerán la iniciativa de manera inmediata.
Villatoro explicó que actualmente el inciso segundo del artículo 27 que actualmente “prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La propuesta elimina “pena perpetua”, la cual sería permitida solo para delitos de homicidios, violación y terrorismo.
“Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, leyó la propuesta.
Castro dijo que, «si los 60 diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día». Así mismo, la ratificación será estudiada en la Comisión Política de la Asamblea, en donde invitarán al gabinete de seguridad, según Castro. «Si más que haber, a trabajar», expresó.
En su intervención, el ministro de Seguridad anunció que la propuesta de reforma constitucional es acompañada por propuestas de reformas al Código Penal, Ley Especial contra Actos de Terrorismo en El Salvador y Ley penal juvenil, para homologar las leyes secundarias con la reforma que se haría al artículo 27 de la Constitución.
Villatoro aseguró que han recibido ataques de organizaciones “criminales que defienden a criminales”, las calificó de “demonios que representan la maldad” y aseguró que los «atacan porque el resultado de la democracia no les gusta”. “Váyanse al carajo”, les dijo, en rechazo al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIPES sostuvo que durante el régimen de excepción, el Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad y recomienda a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador y evaluar la existencia de bases razonables para «iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad». El informe menciona casos de «encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos».
El informe fue elaborado por cinco abogados internacionales: Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra en el Washington College of Law de American University; Claudia Martin, codirectora de la Academia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de American University; Gino Costa, abogado y doctor en relaciones internacionales por la Universidad de Cambridge; Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y José Antonio Guevara, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD).
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