Consejo Superior de la UES rechaza Ley de Agentes Extranjeros

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) emitió la noche del lunes un comunicado en el cual rechazan la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo.

La normativa, que faculta el control de las finanzas y las actividades sobre las organizaciones que reciben fondos extranjeros, es destacada como positiva por el gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa debido a que crea un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas del extranjero, con ciertas exclusiones que serán decididas por el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

En el comunicado titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», el CSU de la UES expresó su «preocupación» sobre acontecimientos que, indica, «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales».

Consideró que la Ley de Agentes Extranjeros «constituye una clara restricción o limitación al derecho ciudadano a la solidaridad internacional y al de asociarse libremente» y que «impactará negativamente» a la población.

«Decreto que es constitutivo de una amenaza vedada en contra de la existencia de las mismas organizaciones, ya que su inscripción o vigencia queda a discreción de los funcionarios del gobierno», indicó en el comunicado.

La máxima autoridad de la UES agregó que en la ley «se encuentran disposiciones penales en blanco que discrecionalmente podrán activarse» en contra de las organizaciones no gubernamentales.

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La UES, que también consideró que habrá repercusiones «en las necesidades básicas de las comunidades que no son atendidas por el Estado», reiteró su preocupación por las recientes detenciones «de varios actores sociales, profesionales y empresarios» y el «cada vez más frecuente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública» en las manifestaciones.

El 22 de mayo, la UES condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

Esta vez, el Consejo Superior Universitario agrega la preocupación de las detenciones de «empresarios», en referencia a los 16 transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas.

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