La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso el martes una reforma a la Ley del IVA para que el Ministerio de Hacienda únicamente pueda exigir el pago del impuesto a las micro y pequeñas empresas (MYPE) proveedoras del Estado, cuando estas hayan recibido el correspondiente pago estatal por los bienes y servicios proveídos al mismo.
Ortiz quiso incorporar al pleno su propuesta de reforma al artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (Ley del IVA).
«Cuando el contribuyente proveedor del Estado, de las municipalidades, de las instituciones autónomas o de cualquier entidad pública, sea una persona natural o jurídica clasificada como micro o pequeña empresa (…) y no esté exento del pago del impuesto por disposición especial, el impuesto correspondiente (…) solo será exigible a partir del momento en que reciba efectivamente el pago, total o parcial, del precio respectivo, en la proporción correspondiente al monto percibido», indica la propuesta de reforma.
La diputada pidió introducir su propuesta de reforma en la agenda de la sesión plenaria de este martes. No logró los votos necesarios. Solo votó ella y dos legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
«Golpea a miles de familias, tanto a las micro y pequeñas empresas, como a las familias trabajadoras que dependen de estas empresas, y es cuando son proveedoras del Estado y el Estado no les paga a tiempo», señaló. La diputada relató que esta es una realidad que lo saben las MYPE.
«Reciben excusas, reciben un quedan, un papel que promete que algún día el Estado les va a pagar, ese algún día pueden ser semanas, meses o años. Aún así el sistema les exige pagar IVA. No es lógico, justo ni coherente. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Relató que un microempresario participó en una licitación pública y contrató personal, se endeudó, cumplió a tiempo, pero a la hora del pago le dijeron «te pagamos en un mes» y «se tardaron seis meses». «Al final quebró, el Estado lo quebró», señaló.
Ortiz también ha propuesto reducir el IVA a la mitad, una propuesta que fue considerada inviable fiscalmente por el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE) que facilitan el acceso al financiamiento del sector pero también elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones públicas por atrasos en pagos a proveedores.
Sin embargo, la reforma obliga al Ministerio de Hacienda a establecer mecanismos para «priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE» presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones.
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