El congresista demócrata del estado de Maryland, Glenn Ivey, finalizó este lunes su visita a El Salvador sin poderse reunir con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posteriormente un centro penal de Santa Ana.
“Vamos a mantener la presión hasta que eso suceda”, había insistido antes de iniciar su viaje en medios de comunicación estadounidenses.
Políticos demócratas estadounidenses buscan presionar a la administración Trump para que cumpla con órdenes judiciales de la Corte Suprema y del Cuarto Circuito de Apelaciones, de hacer los esfuerzos por retornar a Ábrego García a Maryland, Estados Unidos luego de haber sido deportado por error.
Ellos reclaman que Ábrego García y otros deportados no han enfrentado una audiencia ante un tribunal para estar presos en El Salvador.
Por el caso de Kilmar Ábrego, que se ha convertido en el símbolo de esta polémica, han realizado visitas a El Salvador los congresistas demócratas Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter, y el senador Chris Van Hollen (Maryland), quien sí logró reunirse con Ábrego García luego de que el gobierno accediera a trasladarlo al hotel donde se encontraba el senador.
Este lunes, el congresista Ivey manifestó que hoy fueron a la prisión de Santa Ana y que en el lugar le hablaron a la gente de la puerta.
“No nos abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que volver a San Salvador. Es ridículo”, expresó.
El funcionario se quejó de que su visita ya había sido anunciada a través de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, con quien se reunió una semana atrás, y que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan.
Según el congresista, gestionaron reuniones con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con varios funcionarios salvadoreños, “dentro de los ministerios”, pero tampoco se logró.
Ivey dijo que fue fiscal en Estados Unidos, que todas las personas “deberían tener derecho a recibir visitar cuando están en prisión”, y que la “única disposición era que, al comunicarse con las familias, las conversaciones se grababan para evitar cualquier actividad delictiva”.
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