La reforma al Código Penal propuesta por el Gobierno plantea la posibilidad de que los jueces puedan otorgar, a los condenados a cadena perpetua, el régimen de “libertad controlada” luego de una revisión obligatoria de las penas cuando hayan cumplido una cantidad específica de años.
La eliminación de la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador está en proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa luego de que el martes 59 diputados decidieran aprobarla como acuerdo de reforma al artículo 27 de la Constitución de la República. Luego de la ratificación, entrarían a analizar un paquete de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres y Ley especial contra el terrorismo.
La libertad controlada según la propuesta de reforma al Código Penal, que aún no ha sido aprobada, conlleva “medidas de control orientadas a prevenir y evitar reincidencia delictiva” por cinco años y si se incumple dicho beneficio se revocará automáticamente y el condenado reingresaría a la cárcel.
Para los menores de edad condenados a cadena perpetua esta revisión se haría luego de 25 años de cumplimiento de pena, después de 30 años si el delito es cometido por un adulto y solo es un delito, después de 35 años si son dos o más delitos y después de 40 años de la pena cuando el delito por el cual se le condenó fue cometido con agravante o haya una “extrema gravedad cualificada”.
El régimen de libertad controlada aplicaría a casos sancionados con pena de prisión perpetua una vez cumplido dichos plazos y superados dos procesos: un “pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado” realizado en la revisión que haga el juez competente; y el informe del Consejo Criminológico Regional.
Según la propuesta de reforma, el Consejo Criminológico Regional emitirá un informe que deberá contener la evaluación de la evolución penitenciaria del interno, la participación efectiva en programas de tratamiento y actividades de reinserción y pronóstico individualizado de peligrosidad y probabilidad de reinserción social.
La propuesta de reforma indica que el juez convocaría a una audiencia en donde deberá resolver si concede o no el régimen de libertad controlada al condenado, tomando en cuenta el informe del Consejo Criminológico Regional, las condiciones de ejecución, los medios utilizados en la comisión del delito y cualquier otra circunstancia. Si se deniega, la revisión posterior se daría en cinco años.
La Asamblea Legislativa realiza un proceso de reforma constitucional para levantar la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador y tiene en sus manos un paquete de reformas a cuatro leyes para regular su aplicación en El Salvador.
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