Las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República emitieron durante el año 2025 condenas por un total de $26.2 millones contra municipalidades y otras instituciones del Estado, así como absoluciones que cuestionaban el uso de $9.8 millones.
Según su memoria de labores 2025 entregada el miércoles a la Asamblea Legislativa, del total de condenas emitidas por la institución encargada de verificar el buen uso de los fondos públicos, un total de $20.1 millones fueron cuestionados a municipalidades y $6.1 millones a instituciones del sector público.
La mayor parte del monto cuestionado en las condenas fueron emitidas contra municipalidades del país (76 %) y en menor cantidad contra otras entidades públicas, 23 % del monto cuestionado en las condenas. Emitieron 343 sentencias: 245 sobre municipalidades y 98 sobre entidades del sector público.
Las cámaras de primera instancia emiten dos tipos de responsabilidad: patrimonial, si determina un perjuicio económico o disminución del patrimonio en la institución estatal por la acción u omisión culposa de sus servidores o de terceros; o administrativa, si detecta que las instituciones o funcionarios no cumplieron disposiciones legales o reglamentarias, lo cual sanciona con multas.
Así, las cámaras de primera instancia determinaron que hubo responsabilidad patrimonial en las diversas instituciones públicas por $20.7 millones y que hubo responsabilidad administrativa por $5.5 millones. Sin embargo, en el 89.2 % de sus sentencias la condena es mixta, es decir, lleva responsabilidad tanto administrativa como patrimonial.
La cifra es similar a la suma de los montos condenados en 2024 por $25.7 millones; ese año también las cámaras emitieron absoluciones por $11.9 millones, emitiendo un total de 342 sentencias.
La mayor parte de los montos «condenatorios» fueron emitidos por la segunda, la quinta y la sexta cámara de primera instancia, con $8.9 millones, $6.6 millones y $5.5 millones, respectivamente.
Por otra parte, las unidades auditoras de la CCR encontraron durante el año 2025 un total de 2,285 hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de fondos por $40.2 millones. Este monto queda sujeto a determinación de responsabilidad patrimonial por parte de las cámaras de primera instancia, que pasan a analizar las auditorías que concluyen dichas unidades.
El monto que suman los hallazgos de las auditorías es un 15 % mayor respecto al monto de supuestas irregularidades encontradas en los hallazgos durante el año 2024.
Luego de que las sentencias son emitidas por las cámaras de primera instancia, los casos que enfrentan apelaciones o solicitudes de revisión son llevados a la Cámara de Segunda Instancia, que tenía 2,099 expedientes en trámite al cierre de 2025. Durante el año 2025, esta Cámara emitió 48 sentencias, en 45 confirmó las sentencias de las cámaras de primera instancia y no revocó ninguna.
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