Durante el año 2025, las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República reportaron un total de $471,848.20 cancelados en concepto de responsabilidades patrimoniales y administrativas señaladas por la institución contralora cuando audita el buen uso de los fondos públicos en el Estado.
Del total cancelado, $298,790.12 fueron multas impuestas por la responsabilidad administrativa que según las sentencias de las cámaras de primera instancia tuvieron funcionarios o terceros; y, una menor cantidad, $173,058.08, fueron cancelados por servidores públicos en concepto de responsabilidad patrimonial o daño patrimonial, también determinado por las cámaras a través de condenas.
Dichos montos fueron reportados por la institución en su informe de labores correspondiente al año 2025 entregado la semana pasada por el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, a la Asamblea Legislativa.
Durante el mismo año, las unidades de auditoría encontraron 2,285 hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de fondos por $40.2 millones y, también en el mismo periodo, las cámaras de primera instancia emitieron condenas por otros casos por un monto total de $26.2 millones.
En el mismo año, las condenas en primera instancia dictaminaron responsabilidad patrimonial por $20.7 millones y responsabilidad administrativa por $5.5 millones, según el informe oficial. La mayoría de los montos son atribuidos a servidores de las municipalidades, un total de $20.1 millones.
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