Voceros de las organizaciones Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) rechazan la reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador porque consideran que no hay juicios justos y también la revisión de la pena perpetua beneficiará a pandilleros.
«¿A quién afecta en realidad?, a los grandes delincuentes, no, sino a los inocentes. Aquí el beneficiado es el pandillero, al final todo un juego que beneficia otra forma de pacto, a ellos les está dando la oportunidad de revisión y los inocentes van a pagar por lo menos 30 años», criticó Ingrid Escobar, directora del SJH.
Escobar aseguró que es crítica de la medida porque en el país «hay una cooptación de poderes, no hay garantías judiciales para nadie, no hay debido proceso, derecho de audiencia, defensa, juicio justo, ni presunción de inocencia» y que hay un margen de error reconocido por el Gobierno de 8,000 personas liberadas que la organización sostiene son inocentes.
Según Escobar, las reformas podrían buscar «esconder los muertos» que ha habido en los centros penales de detenidos durante el régimen de excepción, «condenándolos a todos, incluso metiéndoles cadena perpetua, para que nunca se enteren de estas muertes».
Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movir, cree que en el país «todo es arbitrario» y no hay juicios justos, por lo que la pena perpetua podría aplicarse a inocentes.
«Creemos que en este país donde las personas son capturadas arbitrariamente, no podemos creer que esta ley se va a aplicar para las personas que se han cometido delitos, existe el temor que se cometan más injusticias», dijo.
Ramírez indicó es justo «si se les va a aplicar a los verdaderos asesinos» como los autores de la masacre de San Juan Opico. «Es justo que sí se les aplique esa pena», dijo. Sin embargo, consideró que desde que inició el régimen de excepción hay «facultades para poder capturar a la gente sin el debido proceso».
«Una persona se puede capturar de dos formas, una es que haya cometido un delito, la otro es que se capture en flagrancia, pero aquí el régimen ha permitido capturas sin que se cumplan los dos requisitos», opinó.
Según el representante de Movir, la reforma de la cadena perpetua «fue una reacción a un informe que expertos y expertas internacionales hicieron a El Salvador, que determinaron que hay crímenes de lesa humanidad».
El régimen de excepción cumplirá cuatro años este viernes 27 de marzo, el último reporte público del Ministerio de Seguridad daba cuentas de un total de 91,300 personas capturadas, incluyendo señalados de ser cabecillas y miembros de pandillas; destacan que el régimen de excepción sacó a la mayor parte de las pandillas en las calles del país y que acumulan más de 1,170 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, desde junio de 2019 hasta marzo de 2026.
Por su parte, las organizaciones alegan que ha habido capturas arbitrarias, falta de cumplimiento de órdenes judiciales de libertad por parte de Centros Penales, torturas y la muerte de 488 personas detenidas bajo custodia policial.
El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que es necesario «reducir» el margen de error del régimen de excepción. El Gobierno ha dicho que ha habido 8,000 personas liberadas; según Ulloa estas «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.
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