El diputado Francisco Lira, del partido opositor Arena, aseguró que está a favor de la pena perpetua pero cree que la reforma constitucional que la instaura es una estrategia del gobierno para «desviar la atención de lo que es realmente importante en el día a día de los salvadoreños».
«Yo, como la gran mayoría, estoy a favor de la cadena perpetua… Pero el problema de fondo es otro: el gobierno está usando ese sentimiento —y sobre todo, el miedo— como una herramienta para montar una acción propagandística y desviar la atención», aseguró en X.
Arena dio sus dos votos al acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.
Según Lira, el gobierno busca «evitar rendir cuentas» sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, el debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país, en referencia al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se sostiene que en el régimen de excepción se han cometido delitos de lesa humanidad.
«Le están mintiendo descaradamente a la gente al aprovecharse de ese deseo de justicia y el miedo, sin reformar de fondo el sistema judicial», indicó.
Según el diputado, ya existía una pena de por vida en el país. «Ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida», sostuvo.
El legislador señaló que el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se contradicen «porque resulta que nos dicen que las penas estarán sujetas a revisiones periódicas».
«Es decir, en la práctica, nada cambia, más allá de la percepción que quieren instalar de que se está fortaleciendo la justicia», advirtió.
La reforma al Código Penal que acompaña la reforma constitucional de la pena de muerte establece que los condenados a la misma tendrán una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.
Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.
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