La organización Acción Ciudadana (AC) aseveró que hay riesgos del reemplazo arbitrario de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y sugiere un cambio de procedimientos de selección de integrantes de estos organismos encargados de contar votos, hacia las elecciones de 2027.
Un informe sobre el «Estado de la integridad electoral en El Salvador» emitido por la oenegé y que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2025 critica la falta de sanciones para los ciudadanos que se negaron a integrar las JRV en las elecciones de 2024.
Según la organización, haber permitido en 2024 que la inasistencia de los miembros de las JRV no tenga consecuencias «podría poner en serios problemas a la autoridad para conformar las JRV» en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
La AC sostiene que, como ha ocurrido en las dos últimas dos elecciones, «no se avizora que los partidos que por ley tienen derecho a presentar propuestas, puedan hacerlo en su totalidad, a excepción de Nuevas Ideas», por lo que prevé que estos espacios podrían ser completados por dicho partido oficial en «sustituciones de última hora».
En el informe, la organización sugiere modificar el sistema de selección de miembros de JRV y pasarlo de uno que combina propuestas de partidos políticos con procedimientos aleatorios, a otro que, por ejemplo, utilice estudiantes universitarios para que sirvan en las JRV a cambio de cumplir su servicio social universitario.
El informe advierte, además, que la amenaza de cancelación de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por el delito de fraude electoral cometidos por sus miembros, genera «un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y el pluralismo del sistema de partidos de cara al proceso electoral de 2027».
«Esto implica que los partidos competirán bajo amenaza, afectando el normal desarrollo de sus campañas electorales, pues, por un lado, sus financistas puedan negar apoyo financiero ante la incertidumbre de su cancelación y, además, sus candidatos harán campaña bajo la duda de si podrán competir al final», indica el informe.
Según el informe, estas iniciativas de cancelación de partidos podrían afectar la equidad de las condiciones de competencia política y la misma confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además, el informe señala que persiste una ausencia de control del financiamiento de los partidos políticos para sus campañas ya que el TSE no les ha entregado informes sobre el financiamiento de los partidos políticos, alegando privacidad y falta de mandato legal, lo que considera podría «afectar la equidad de la competencia electoral» y posibilita que «la campaña electoral sera financiada por sectores de poder, sean lícitos o ilícitos».
En el estudio, se advierte que el anterior organismo colegiado dejó creada la Unidad de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y que desconocen si este funciona.
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