La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal para que, después de la detención de una persona, se realice una audiencia de imposición de la detención y de la medida cautelar dentro de 72 horas siguientes al arresto.
La propuesta también es realizar una audiencia de revisión de medida cautelar al menos cada 90 días mientras dure la detención provisional o audiencia dentro de cinco días siguietnes a las solicitudes de medidas alternas o sustitutivas.
De lo contrario, según el proyecto de reforma presentado, “se presumirá legalmente, para todos los efectos administrativos y de protección de derechos, que la persona se encuentra en situación de desaparición forzada en el ámbito de su custodia estatal”.
Luego de esta presunción, Vamos propuso que se activarían protocolos de búsqueda, localización y verificación de condiciones de la detención, se haría una notificación inmediata a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el juez tendría la obligación de informar diariamente sobre las condiciones del detenido.
“La presunción cesará cuando se celebren las audiencias correspondientes”, indica la reforma, que además no descarta “responsabilidades administrativas, civiles o penales que se hubieren generado por el incumplimiento de los plazos”. Ello consittuiría una falta grave del juez y el Estado sería “patrimonialmente responsable, de manera subsidiaria, por los daños y perjuicios materiales y morales” a la persona detenida o sus familiares.
Según el proyecto, la grabación audiovisual de las audiencias serían obligatorias para conservarlas durante 20 años y a las cuales tendrían acceso las partes, el Ministerio Público, la PDDH y la Corte Suprema de Justicia.
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